Tensión en el Capitolio: el cierre del gobierno de EE.UU. y la pulseada entre Johnson, Trump y los extremos del Congreso

La Cámara de Representantes enfrenta una votación crítica mientras el presidente de la Cámara, Mike Johnson, intenta cumplir con la 'jugada' de Trump para evitar un nuevo cierre del gobierno

El Congreso de los Estados Unidos vuelve a ser protagonista de una de sus crisis recurrentes: el cierre parcial del gobierno federal. A medida que se agota el tiempo y resurge el riesgo de una paralización completa de operaciones federales, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, camina por una cuerda floja política tratando de sostener un acuerdo que resume la tensión entre las facciones extremas del Partido Republicano, la Casa Blanca y las expectativas de Donald Trump, de quien recibe instrucciones públicas.

Una jugada política impulsada por Trump

El actual cierre parcial comenzó el sábado y afecta sectores clave del gobierno. El paquete legislativo que se espera votar busca financiar la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de septiembre y proveer fondos temporales por dos semanas para el Departamento de Seguridad Nacional, mientras se discuten posibles reformas a la agencia de inmigración ICE.

Pero el proceso para aprobar esa legislación es todo menos sencillo. Johnson apenas cuenta con un margen mínimo para maniobrar: si todos los diputados están presentes, solo puede perder un voto entre los republicanos. Algunos legisladores conservadores amenazan con bloquear el proceso si no se incluyen sus propias propuestas, como el controvertido proyecto SAVE Act, que exigiría prueba de ciudadanía para votar.

En medio de este intrincado ajedrez político, Trump no se ha mantenido en silencio. Desde su red Truth Social, publicó: “No podemos tener otro cierre largo, inútil y destructivo que perjudique tanto a nuestro país —uno que no beneficiará ni a republicanos ni a demócratas. ¡Espero que todos voten SÍ!”

Según Johnson, seguir el “play call” de Trump es crucial. Lo dijo en Fox News Sunday: “Fue su jugada, y él quiere bajar el volumen, por así decirlo”. Pero esa jugada choca con la fricción interna de su propio partido, incapaz de alinearse incluso con el exmandatario como árbitro.

Una Cámara fracturada y sin red

La realidad legislativa complica más la tarea. El bloque republicano, después de una elección especial en Texas, mantiene una mayoría de apenas 218 a 214. Cualquier ruptura —por mínima que sea— puede hundir cualquier iniciativa.

Además, la votación que Johnson enfrenta este martes va más allá del fondo del proyecto: es una votación procesal, la que establece los términos del debate. Y aquí las cosas se ponen más difíciles, porque los demócratas se niegan a ayudar en este paso inicial. Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara, dijo claramente: “Si tienen ese mandato masivo... entonces aprueben ustedes la regla, que incluye proyectos tóxicos que no apoyamos”.

La regla incluiría resoluciones que buscarían declarar en desacato al expresidente Bill Clinton y a Hillary Clinton en relación con la investigación de Jeffrey Epstein, un gesto que enfurece a los demócratas.

Diferencias con el último cierre

Este nuevo cierre parcial no tiene la misma magnitud que el ocurrido en el otoño pasado, que se extendió por 43 días —el más largo en la historia de EE.UU.— e interrumpió más agencias federales. En aquel entonces, el tema principal fue la extensión de subsidios COVID al seguro médico, algo que finalmente no se incluyó.

Ahora, el Congreso ha avanzado aprobando seis de los 12 proyectos anuales de apropiaciones que financian programas federales clave, desde ayuda nutricional hasta parques nacionales. Pero los proyectos restantes —que representan cerca de tres cuartos del gasto federal, incluyendo al Departamento de Defensa— aún no han sido aprobados.

Si el cierre se extiende, miembros del ejército y trabajadores federales dejarán de recibir pagos.

El drama del SAVE Act: ¿defender elecciones o suprimir voto?

Uno de los puntos clave de conflicto es la propuesta SAVE Act, impulsada por la congresista Anna Paulina Luna (R-Fla.), que buscaría exigir pruebas de ciudadanía como pasaporte o partida de nacimiento para poder registrarse y votar. Según el Brennan Center for Justice, al menos 21 millones de estadounidenses no tienen acceso fácil a esos papeles, lo que generaría una fuerte reducción en la participación, especialmente de comunidades desfavorecidas.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, fue categórico: “Este proyecto no es sobre asegurar nuestras elecciones. Es sobre suprimir votantes. Incluirlo en el paquete llevaría a otro cierre prolongado del gobierno de Trump”.

Finalmente, Luna pareció relajar su posición después de hablar con Trump, buscando una “ruta alternativa” para llevar el proyecto al Senado. Pero el hecho de que este tema haya tensionado al límite las negociaciones ilustra cómo ciertos sectores del Partido Republicano quieren usar el poder presupuestario como ariete para reformas de gran calado.

¿Gobernabilidad Trump-dependiente?

La influencia de Trump sigue siendo central, no solo como figura electoral sino como director ideológico del partido en el Congreso. Mike Johnson no toma decisiones aisladas: cada paso parece consultado o guiado por el exmandatario. Se trata de una forma de “corresponsabilidad ejecutiva” sin ocupar ningún cargo formal, lo que para muchos representa una amenaza al equilibrio legal e institucional estadounidense.

El hecho de que Johnson cite abiertamente a Trump como fuente de autoridad para tomar decisiones parlamentarias no tiene precedentes recientes. Es el reflejo de un Congreso republicano donde la disciplina de partido ha sido desplazada por la lealtad individual al expresidente.

El impacto real del cierre

Más allá del espectáculo político, hay consecuencias inmediatas. Durante los cierres previos, más de 800,000 empleados federales pararon actividades o trabajaron sin paga. Agencias clave como la NASA, el Departamento de Estado y la Oficina de Asuntos de Veteranos vieron interrumpidas operaciones. Las estadísticas muestran, por ejemplo, que el cierre de 2018-2019 costó a la economía estadounidense al menos $11 mil millones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

¿Qué sucedería ahora si no se aprueba la medida? Se interrumpirían servicios esenciales, habría retrasos en pagos de beneficios, y el Pentágono podría verse afectado justo cuando EE.UU. sostiene compromisos militares crecientes en varias regiones del mundo.

Una estrategia que apela al caos

Para algunos sectores republicanos, sin embargo, lo que puede verse como caos es parte de la estrategia. El cierre del gobierno se convierte en una carta de presión para forzar concesiones, especialmente en temas como inmigración y votación. Es una forma de gobernar por colapso, una técnica peligrosa que, aunque eventualmente entregue algún resultado legislativo, erosiona la confianza del público en las instituciones.

En palabras de Norman Ornstein, analista del American Enterprise Institute: “Usar el cierre como táctica política ha sido normalizado por algunos miembros del Congreso, lo que implica que la gobernabilidad se convierte en rehén de las minorías extremas”.

Es un modelo de política que no aspira a la eficiencia, sino al espectáculo. Y como todo espectáculo político moderno, tiene un guionista omnipresente: Donald Trump.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press