Centros migratorios secretos: ¿un ICE en cada esquina?

Un nuevo rostro para la maquinaria migratoria de ICE

En medio del creciente escrutinio hacia las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha comenzado a adquirir silenciosamente bodegas industriales en múltiples estados del país para transformarlas en centros de detención y procesamiento migratorio. Este movimiento ha despertado preocupación en autoridades locales, defensores de derechos humanos e incluso funcionarios federales.

¿Qué hay detrás de esta estrategia? ¿Por qué las compras se han hecho con tan poco aviso previo a las comunidades? Y lo más importante: ¿cuáles son las implicaciones democráticas, sociales y legales de esta expansión encubierta?

Una estrategia silenciosa, pero millonaria

Desde Arizona hasta Nueva Hampshire, pasando por Florida, Texas y Minnesota, ICE ha completado o intentado compras de instalaciones sin consultar ni informar previamente a los gobiernos locales. El patrón se repite: la agencia federal adquiere o evalúa comprar naves industriales –en algunos casos de más de 500,000 pies cuadrados– para convertirlas en nuevos centros migratorios.

El caso de Surprise, Arizona destaca por los $70 millones invertidos en una sola propiedad. En Maryland, ICE pagó $102.4 millones por una bodega similar. En Pensilvania, la suma asciende a $87.4 millones. Estas transacciones están siendo documentadas por organizaciones como Project Salt Box y medios locales, no por anuncios formales de las autoridades federales.

El problema: Jurisdicciones invisibilizadas

Una y otra vez, las ciudades afectadas han declarado lo mismo: se enteran de las compras de ICE después de que se concretan. En Orlando, el alcalde Buddy Dyer dijo que no había sido notificado por el gobierno federal, algo que repiten funcionarios en Kansas City, Roxbury (Nueva Jersey), Merrimack (Nueva Hampshire) y muchos más.

Esto se debe a que los proyectos federales no están obligados a respetar la normativa local, incluida la zonificación. En palabras de la abogada municipal de Orlando, Mayanne Downs: “ICE es inmune a cualquier regulación local que interfiera de algún modo con su mandato federal.”

La respuesta local: desde resoluciones hasta moratorias

Frente a la impotencia legal, muchas autoridades han optado por medidas simbólicas y políticas para mostrar su rechazo:

• Kansas City impuso una moratoria de cinco años contra centros de detención no operados por el municipio.
• Merrillville, Indiana y Hanover County en Virginia emitieron resoluciones en contra de los centros.
• En estados como Utah, Texas y Minnesota, la presión ciudadana logró que los propietarios cancelaran las negociaciones con ICE.

El caso de Kansas City es particularmente ilustrativo: cuando un funcionario local, Manny Abarca, intentó ingresar a una de las naves para inspección, inicialmente fue amenazado con cargos de allanamiento. Posteriormente fue autorizado a entrar y descubrió que la agencia buscaba habilitar una instalación con capacidad de 7,500 camas. ¿Un simple centro de procesamiento? Lo dudamos.

¿Qué dice ICE?

ICE ha sido escueto en sus declaraciones oficiales. Insiste en que estas instalaciones no serán “bodegas”, sino “centros de detención bien estructurados”. También ha citado la necesidad de expandir la capacidad ante el “aumento histórico de arrestos migratorios”.

En un comunicado, la agencia afirmó que está “revisando su estructura de detención y estrategia de adquisiciones” y que no ha tomado decisiones definitivas sobre nuevas locaciones.

Sin embargo, los contratos y compras ya firmados contradicen esta narrativa y muestran que el desarrollo ya está en marcha.

Aspectos legales: una zona gris que favorece al poder federal

La legalidad detrás de estos desarrollos se ampara en la tradicional supremacía federal de EE.UU., consagrada en la Constitución, que permite al gobierno federal operar por encima de las regulaciones municipales. Esto deja a gobiernos locales y estatales sin herramientas efectivas para detener o siquiera condicionar estos proyectos.

Como señaló el presidente del consejo de Hanover County, Sean Davis: “El gobierno federal está exento de nuestras regulaciones de zonificación.”

La dimensión económica: impuestos perdidos y tensiones fiscales

Otra preocupación importante es fiscal. Muchos de estos almacenes estaban antes siendo usados como centros logísticos o comerciales, aportando sustanciales ingresos vía impuestos. Convertidos en centros migratorios federales, quedarían exentos de impuestos locales.

Por ejemplo, en Merrimack, Nueva Hampshire, se estima una pérdida anual de más de $500,000 en la base impositiva local. Estos ingresos deberán ser cubiertos por otros residentes mediante aumentos impositivos o recortes de servicios, lo que agrava el enojo ciudadano.

¿Centros seguros o cárceles encubiertas?

La opacidad del proceso y el diseño “industrial” de estas instalaciones despiertan dudas sobre su verdadera finalidad. La experiencia previa en centros similares, como el célebre y polémico Centro para Detención Familiar de Dilley (Texas), muestra condiciones que han sido catalogadas por defensores de derechos humanos como inhumanas y degradantes.

La ACLU y otros organismos denuncian que las detenciones migratorias en EE.UU. actualmente permiten detenciones indefinidas, falta de acceso a defensores legales y separación de familias. Al aumentar la infraestructura de detención, se teme que se esté ampliando un sistema punitivo más que un sistema de justicia migratoria con estándares humanitarios.

El precedente de 2020-2021

Durante la administración Trump, ICE multiplicó su capacidad de detención, llegándose a registrar más de 55,000 personas detenidas en un solo día. Aunque esos números decrecieron en 2021 y 2022, en 2023 volvieron a ascender a más de 36,000 detenidos diarios, según datos oficiales de ICE.

La inversión en nueva infraestructura sugiere que ICE está anticipando o proyectando una nueva alza de detenciones, contradictoriamente en un momento donde el debate político apunta hacia medidas más humanizantes y políticas de inmigración integrales.

¿Qué podemos esperar?

Hay una batalla legal, política y cívica en desarrollo. Mientras ciudadanos y concejos municipales organizan protestas, firman peticiones y cuestionan la falta de transparencia, ICE avanza con su plan inmobiliario. Todo indica que la lucha se trasladará cada vez más a los tribunales, donde se decidirá si estas instalaciones pueden o no abrirse, y bajo qué condiciones.

Las preguntas clave que aún siguen sin respuesta son:

• ¿Cuántas instalaciones está ICE desarrollando en total?
• ¿Cuáles son los estándares de derechos humanos que regirán estas detenciones?
• ¿Cómo puede la ciudadanía participar o influir en decisiones que se toman sin consulta?

Mientras tanto, la presencia creciente (y muchas veces invisible) de ICE se expande, sembrando desconfianza y miedo en muchas comunidades.

Porque cuando las decisiones federales se disfrazan de inversiones inmobiliarias, los derechos civiles corren el riesgo de quedar encerrados entre paredes de concreto y alambradas.