Gas lacrimógeno, jurisdicción y derechos civiles: ¿Quién controla a las fuerzas federales?

La represión federal en Portland: ¿exceso de fuerza o práctica estándar?

En julio de 2025, un juez federal en Oregón emitió una orden de restricción temporal contra el uso de gas lacrimógeno y municiones no letales por parte de oficiales federales en las protestas frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Portland. La restricción llegó días después de que estos agentes lanzaran gas lacrimógeno a una multitud de manifestantes pacíficos —incluidos niños pequeños— que, de acuerdo con testigos y autoridades locales, no representaban ningún peligro inminente.

El juez Michael Simon sentenció que el uso de estos métodos está prohibido a menos que el objetivo represente una amenaza inmediata, concreta y física. Además, prohibió el uso de proyectiles dirigidos a la cabeza, cuello o torso, a menos que el agente tenga motivos legales para utilizar fuerza letal.

“Estamos en una encrucijada como nación”, escribió Simon en su resolución. “En una república constitucional democrática bien funcional, la libertad de expresión, el periodismo independiente y la protesta pacífica no solo se permiten, sino que deben celebrarse”.

La demanda detrás de la resolución

La decisión judicial se produjo como resultado de una demanda presentada por la ACLU de Oregón (Unión de Libertades Civiles de América), en representación de manifestantes y periodistas independientes. Acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su entonces directora Kristi Noem de actuar con represalias que suprimen derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.

Entre los casos documentados en la querella:

• Una pareja octogenaria, Richard y Laurie Eckman, recibió impactos de municiones menos letales durante una marcha pacífica; Laurie fue alcanzada en la cabeza con una bola de pimienta y tuvo que ser hospitalizada.
• Un manifestante disfrazado de gallina, Jack Dickinson, fue repetidamente objetivo de agresiones físicas por parte de los oficiales, a pesar de no mostrar conducta violenta.
• Periodistas independientes como Hugo Ríos y Mason Lake fueron impactados con gas lacrimógeno mientras estaban identificados claramente como prensa.

“El Estado no puede comportarse como si los ciudadanos fueran combatientes enemigos por documentar o participar en protestas”, alegó la ACLU.

¿Fuerza federal sin límites?

Este no es un caso aislado. Diversas cortes federales en EE.UU. han tenido que intervenir en disputas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agencias como ICE, DHS, e incluso la Policía de Asuntos Indígenas (BIA). Y si de violencia e impunidad policial se trata, el caso de Cody Whiterock, un ciudadano Shoshone-Paiute desarmado asesinado por la BIA en Idaho, es especialmente alarmante.

El caso Cody Whiterock: asesinato sin jurisdicción

Según una demanda civil federal presentada por la familia de Whiterock, dos agentes de la BIA lo persiguieron fuera de su jurisdicción durante 80 minutos por áreas nevadas del suroeste de Idaho. Finalmente, Whiterock fue ejecutado a quemarropa con múltiples disparos en el rostro, la espalda y el pecho. No se encontró arma alguna cerca de su cuerpo.

“Fue esencialmente una ejecución tras una persecución agotadora”, afirma la demanda. Lo más alarmante: el cuerpo de Whiterock fue hallado a tan solo 200 metros de la carretera, cuestionando el relato oficial sobre una persecución extensa y violenta.

¿Qué hacía la BIA fuera de su territorio?

La Oficina de Asuntos Indígenas (dependiente del Departamento del Interior) tiene autoridad para patrullar dentro de las reservas tribales, pero no fuera de ellas, a menos que exista un acuerdo formal con las autoridades locales. En este caso, no había tal acuerdo. Según el abogado de la familia, T. Jason Wood, “es la primera vez en mi carrera en la que tengo un caso donde los agentes ni siquiera tenían jurisdicción legal alguna”.

Tampoco hubo autopsia, ni investigación del FBI

De acuerdo con la legislación federal (Death in Custody Reporting Act), las muertes bajo custodia federal deben reportarse al Departamento de Justicia. Sin embargo, la de Whiterock no fue notificada. Ni siquiera el FBI investigó el caso. En cambio, fue la policía estatal de Idaho la que condujo una investigación superficial que no ha establecido responsabilidades.

“Ni siquiera nos entregaron el reporte de autopsia”, sostiene Wood. “Es más, sin el reportaje de InvestigateWest, esta demanda no hubiera sido posible”.

La larga lista de abusos de la BIA

El caso de Cody Whiterock no es la excepción. En 2021, una auditoría interna reveló fallas graves en la forma en que la BIA rastrea y reporta muertes bajo su custodia. Ese mismo año, la agencia resolvió una demanda por la muerte de Arlin Bordeaux, un hombre que fue taseado, rociado con gas pimienta, golpeado con una porra y posteriormente disparado tres veces por la espalda.

Uno de los policías responsables, Murrell Deela, no solo escapó sin sanción penal, sino que meses después fue acusado de agresión sexual contra una menor de la comunidad Northern Cheyenne. Después de múltiples denuncias, finalmente fue vetado de esa reserva tribal.

“Mataron a mi hijo como a un perro”

Kenneth Bordeaux, padre de Arlin y expolicía tribal en Pine Ridge, expresó su desesperación: “Mataron a mi hijo como a un perro. No puede haber justicia mientras esta agencia siga operando sin control, sin supervisión y sin consecuencias”.

Un patrón sistemático de abuso

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que protege a sus agentes y a la propiedad federal “con la mínima fuerza necesaria”. No obstante, la evidencia acumulada en múltiples cortes sugiere un uso indiscriminado de la fuerza para reprimir manifestaciones legítimas y protestas civiles, socavando derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y de prensa.

Desde la protesta pacífica en Portland hasta la muerte de ciudadanos nativos americanos en zonas rurales, emerge un patrón de impunidad, jurisdicción ambigua y tácticas militarizadas por parte de las agencias federales.

Una democracia constitucional en juego

La declaración del juez Simon no fue extraordinaria por su tono judicial, sino por su urgencia filosófica y su resonancia en las bases fundacionales de EE.UU.: “Encontrar nuestra brújula constitucional es una responsabilidad que el poder judicial no puede evadir”.

Pero, ¿y el resto de las instituciones? ¿Quién vigila a los que dicen protegernos? Tal vez haya llegado el momento no solo de mirar hacia un espejo, como pidió el alcalde de Portland, sino de revisar en profundidad las estructuras que permiten estos abusos antes de que sea demasiado tarde.