Drones y vigilancia policial en Waikīkī: ¿Seguridad innovadora o amenaza a la privacidad?

En marzo de 2026, Waikīkī podría convertirse en el epicentro de un nuevo experimento tecnológico en Estados Unidos: usar drones como primeros respondedores en escenarios de emergencia y vigilancia en espacios públicos. Mientras los funcionarios insisten en que el objetivo es cubrir deficiencias de personal y aumentar la seguridad, surgen preocupaciones legítimas sobre la privacidad, el uso indebido de la tecnología y la falta de regulación clara en torno a estas prácticas.

Una solución “inteligente” ante la escasez de personal

La falta de agentes de policía en Hawái es un problema real: la tasa de vacantes del Departamento de Policía de Honolulu (HPD) ronda el 20%, mientras que la del Departamento de Aplicación de la Ley del Estado (DOLE) supera el 25%. En palabras de Mike Lambert, director del DOLE, “tenemos escasez de oficiales. Estamos tratando de compensar esta brecha mediante estas tecnologías”.

Con este espíritu, planifican el despliegue de al menos cuatro plataformas de despegue de drones en Waikīkī, incluida una en el techo del condominio hotelero Waikīkī Grand Hotel, desde donde podrían vigilar eventos masivos y patrullar zonas de alto flujo turístico como la Avenida Kapahulu.

¿Cómo funcionarán?

Los drones, arrendados a la empresa californiana Skydio por $30,000 anuales, estarán equipados con cámaras de alta definición y altavoces bidireccionales. Ante una emergencia o llamada de servicio, serían lanzados al sitio en menos de 30 segundos, transmitiendo imágenes en tiempo real que ofrecen una visión completa del entorno para quienes acuden físicamente.

Según Lambert, estos dispositivos pueden incluso disuadir crímenes en proceso: “Su sola presencia podría intimidar a quienes están cometiendo actos ilegales o prevenir que sucedan”. Además, se apunta a integrar sistemas como lectores automáticos de matrículas y detectores de disparos (como ShotSpotters) en un paquete tecnológico cuya implementación anual costaría unos $500,000, equivalente a contratar a cuatro policías más.

La experiencia de Chula Vista: ¿un modelo a seguir?

La ciudad de Chula Vista, California, fue la pionera en implementar un programa de drones como primera respuesta en 2018. Desde entonces, los drones han participado en más de 20,000 misiones, optimizando la respuesta policial. Un ejemplo clave fue en 2019, cuando una llamada reportó a un hombre armado en un local de tacos. El drone confirmó que se trataba de un encendedor, permitiendo una intervención segura y sin violencia.

Roxana Kennedy, jefa policial de Chula Vista, señaló: “Ese tipo de información cambia completamente la forma en que respondes”.

Pero... ¿y la privacidad?

La resistencia de la comunidad no se ha hecho esperar. Jacob Wiencek, miembro del Comité de Seguridad del Barrio de Waikīkī, expresó una preocupación compartida por muchos: “Los estadounidenses tenemos una expectativa de privacidad. Aunque no esté haciendo nada ilegal, no quiero que el gobierno ‘accidental o intencionalmente’ esté observando dentro de mi unidad desde un drone”.

En 2021, Chula Vista enfrentó una demanda por parte del medio La Prensa, que buscaba acceder a videos no relacionados con investigaciones. Tras un proceso judicial extenso, la Corte Suprema de California dictaminó que los departamentos policiales deben publicar los videos recopilados por drones que no formen parte de casos abiertos.

Historia de sensibilidades en Hawái

Las preocupaciones sobre la vigilancia aérea en Hawái no son nuevas. Ya en 2016 se propuso una ley para prohibir el uso de drones sin orden judicial, salvo en circunstancias como búsqueda y rescate o situaciones de alta emergencia. La medida no prosperó, aunque desde entonces la legislación ha evolucionado.

Una nueva ley aprobada en junio de 2025 permite que grabaciones de drones policiales sirvan como prueba para arrestos si son capturadas sobre propiedades públicas durante la comisión de un acto ilegal, como el uso de fuegos artificiales. Este fue el enfoque usado por HPD en Año Nuevo, cuando se abrieron procedimientos civiles contra ocho hogares en base a imágenes recompiladas.

¿Tecnología al servicio de quién?

La implementación de drones también ha sido criticada por organizaciones como la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles). En un informe de 2023, alertaron sobre la proliferación “con poca supervisión” de más de 1,400 departamentos policiales que ya utilizan estos dispositivos en EE. UU.

“No es difícil imaginar cómo, una vez normalizada su presencia, los drones se conviertan en una herramienta de vigilancia masiva, continua y sin sospechas específicas”, advirtió el documento.

La preocupación central radica en su potencial para emplear tecnologías más invasivas, como el reconocimiento facial y la vigilancia de manifestaciones. Según Lambert, los drones Skydio alquilados sí tienen capacidad de reconocimiento facial, aunque asegura que no ha activado aún esta función “por su naturaleza polémica”.

¿Un camino sin retorno?

En junio de 2022, la empresa Axon propuso armar drones con tasers como medida contra tiroteos masivos. Nueve miembros de su comité ético renunciaron en protesta, y el proyecto fue descartado. Por otra parte, tras las protestas de Black Lives Matter en 2020, la ACLU demandó a agencias federales por vigilar manifestaciones con drones. La causa fue finalmente resuelta en 2024 con la publicación de información en algunos casos.

El experto Jesse Woo del Policing Project en NYU lo resume así: “Los drones pueden ser herramientas útiles para el trabajo policial, pero necesitan controles fuertes y deben operar bajo una transparencia total. Es vital que las comunidades sepan cuándo, cómo y por qué se usan”.

¿Y el turismo?

En Waikīkī, donde el turismo es el alma económica, investigaciones previas muestran que la percepción de seguridad es clave para mantener el flujo de visitantes. Crime rates han descendido: en 2024 se reportaron 71 agresiones agravadas, 70 robos y 1,781 hurtos, una mejora respecto a 2019 (123 agresiones, 95 robos y 2,756 hurtos).

Esto no ha evitado que la presión aumente para mantener la imagen de un Waikīkī seguro y moderno. Lambert ve el programa como piloto no solo para Honolulu, sino para otras islas, e incluso ha propuesto extenderlo a tierras administradas por los nativos hawaianos. Según él, si logra disuadir delitos y mejorar la respuesta de emergencias, el impacto positivo podría ser “inmediato”.

La tensión entre derechos y tecnología

El debate en torno a los drones ejemplifica un tema mucho más amplio: ¿hasta qué punto aceptamos vigilancia para sentirnos más seguros? La historia muestra que las herramientas tecnológicas tienen consecuencias impredecibles si no se las regula adecuadamente.

Waikīkī se prepara para convertirse en el epicentro de esta dualidad. Mientras unos celebran la eficiencia que promete esta iniciativa, otros recuerdan que la seguridad no debe comprarse al precio de la privacidad ciudadana. Y quizá aún haya tiempo para encauzar este proyecto con leyes claras y participación comunitaria verdadera.