Infraestructuras energéticas en guerra: ¿Crímenes de guerra o estrategia militar legítima?
El ataque sistemático de Rusia contra la red eléctrica de Ucrania plantea serias preguntas sobre los límites legales y éticos del conflicto armado
Por: Análisis Especial
Apagar el invierno: el nuevo frente de batalla
En el tercer invierno consecutivo de guerra, Ucrania enfrenta un enemigo silencioso pero letal: el frío extremo combinado con la destrucción sistemática de su infraestructura energética. Con temperaturas cercanas a los -20°C en ciudades como Kyiv, millones de civiles han quedado sin electricidad, calefacción ni agua potable debido a los intensos ataques con misiles y drones por parte de Rusia.
“Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que la diplomacia”, denunció el presidente Volodymyr Zelenskyy, subrayando que estos ataques vulneran directamente el bienestar de la población civil.
¿Qué dice el derecho internacional?
Contrario a lo que algunos podrían suponer, las leyes internacionales no prohíben totalmente atacar infraestructura energética si esta cumple un propósito militar directo. Esta salvedad ha sido explotada, interpretada y manipulada en conflictos modernos donde las distinciones entre objetivos militares y civiles se difuminan.
Sin embargo, de acuerdo con David Crane, exfiscal del Tribunal Especial para Sierra Leona:
“La destrucción indiscriminada y generalizada no se acerca a lo que se considera legal según las normas de guerra.”
Además, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha enfatizado que partes de los sistemas energéticos calificados como esenciales para los civiles “son en principio objetos civiles, y como tales, están protegidos contra ataques directos y represalias”.
Una acusación formal desde La Haya
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en 2024 órdenes de arresto contra los altos mandos rusos Sergei Shoigu (exministro de Defensa) y Valery Gerasimov (jefe del Estado Mayor), acusándolos de ordenar ataques masivos contra instalaciones eléctricas.
El tribunal declaró que había “motivos razonables para creer que los ataques se dirigieron contra objetivos civiles” y que incluso “cuando estos pudieran haber sido objetivos militares, el daño civil resultante fue claramente excesivo en relación con cualquier ventaja militar anticipada”.
La postura de Rusia: visión militarizada de la infraestructura
Desde Moscú, el Kremlin argumenta que los ataques son parte de una campaña estratégica destinada a disminuir la capacidad operativa del ejército ucraniano. Dmitry Peskov, portavoz del gobierno, insiste en que:
“Nuestro ejército está atacando los blancos que considera vinculados con el complejo militar del régimen de Kyiv.”
No obstante, imágenes, testimonios y organismos de derechos humanos contradicen esta afirmación, documentando impactos directos en zonas residenciales y en infraestructura pública sin valor estratégico evidente.
Impacto en la población y consecuencias económicas
Según estimaciones conjuntas del Banco Mundial, la Comisión Europea y la ONU, los daños directos a la red energética ucraniana superan los $20.000 millones de dólares. Subestaciones, transformadores, turbinas y centrales térmicas han sido blanco de al menos nueve ataques masivos solo desde octubre de 2025.
DTEK, la mayor empresa energética privada del país, denuncia una campaña sistemática para colapsar completamente el sistema energético nacional. Los apagones prolongados han generado:
- Tensiones sociales por falta de servicios básicos.
- Frenos en la producción industrial de bienes esenciales.
- Éxodo temporal e incluso permanente de familias que no pueden vivir en condiciones invernales sin calefacción.
Dimensión humanitaria: ¿arma de guerra o castigo colectivo?
Muchos expertos consideran que estos ataques constituyen una forma de castigo colectivo, una práctica prohibida por los Convenios de Ginebra. Cuando el objetivo principal no es el dominio militar per se, sino quebrantar la moral, la salud y la resistencia de una sociedad, estaríamos hablando de una violación grave del derecho humanitario internacional.
“La estrategia rusa busca erosionar el espíritu de lucha ucraniano a través del sufrimiento de la población civil”, afirma la analista Ksenia Illikina del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.
¿Un crimen de guerra en proceso?
La respuesta está en la interpretación del equilibrio entre ventaja militar y daños colaterales civiles. Para que un ataque sea considerado legítimo bajo el derecho internacional humanitario, los daños civiles resultantes no deben ser “excesivos” en comparación con la ganancia militar esperada —un estándar difícil de cuantificar y claramente sujeto a interpretación.
La Corte Penal Internacional comienza a construir un marco de jurisprudencia que podría rendir cuentas a los responsables. No obstante, Rusia no reconoce su jurisdicción y no colaborará en extradiciones. Esto complica cualquier intento de enjuiciamiento real en el corto plazo.
Guerra energética: una nueva doctrina bélica
Los conflictos armados del siglo XXI han demostrado que la guerra ya no se libra únicamente con tanques y soldados. Las infraestructuras críticas —red eléctrica, internet, sistemas de agua y transporte— se han convertido en objetivos legítimos, dependiendo del encuadre narrativo estratégico.
El caso de Ucrania refuerza una tendencia global: la militarización de los servicios básicos. La energía ya no es sólo un recurso, sino una línea de frente.
Precedentes históricos e implicaciones
Durante la Guerra del Golfo (1991), EE.UU. bombardeó repetidamente instalaciones eléctricas iraquíes. También en los conflictos en los Balcanes, la OTAN justificó ataques similares por su conexión con comunicaciones militares. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se evitó afectar centros energéticos que proveen exclusivamente a hospitales y viviendas civiles. En Ucrania, esos límites parecen desdibujados.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional?
La reacción internacional ante estos ataques ha sido limitada. Aunque la CPI ha actuado, no hay mecanismos eficaces para detener en tiempo real este tipo de prácticas. Las resoluciones de condena de organismos como la ONU, la OSCE y el Consejo de Europa carecen de poder coercitivo.
Expertos proponen:
- Mayores sanciones a empresas e individuos vinculados a la campaña de ataques.
- Una hoja de ruta clara para reforzar la protección de infraestructura civil bajo tratados internacionales.
- Documentación exhaustiva de daños, indispensable para procesos de justicia futura.
La resiliencia ucraniana: entre la crisis y la esperanza
A pesar del asedio, Ucrania ha logrado mantener operativas partes clave de su red eléctrica gracias a alianzas con países europeos que han provisto equipos, generadores y ayuda técnica. La ciudadanía también ha aprendido a adaptarse: bancos de energía, estufas de leña, refugios cálidos temporales y hasta app móviles para alertas de apagones.
En palabras de la ministra ucraniana de Energía, Herman Halushchenko:
“Cada subestación reconstruida es una victoria. Esta guerra no solo es por territorios, sino por el futuro mismo de la vida en Ucrania.”
Con la guerra aún lejos de resolverse, la pregunta ética sigue viva: ¿Hasta dónde puede llegar una potencia militar en tiempos de guerra sin cruzar la línea hacia el crimen deliberado?
