Serbia entre corrupción, patrimonio y política: la tormenta del caso Kushner
Un análisis apasionado del juicio contra el ministro de Cultura serbio por facilitar ilegalmente un megaproyecto inmobiliario vinculado a Jared Kushner, y lo que revela sobre el autoritarismo y la lucha por la herencia cultural en los Balcanes
Belgrado se encuentra una vez más en el centro de una tormenta política, legal y cultural. ¿La razón? Un juicio de alto perfil contra el ministro de Cultura, Nikola Selakovic, y otros tres funcionarios acusados de abuso de poder y falsificación de documentos. El epicentro del escándalo: un controvertido proyecto inmobiliario financiado por la empresa de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, que pretendía transformar un sitio protegido del patrimonio cultural serbio en un complejo comercial de lujo. Lo que sigue es un vistazo crítico a este caso, profundamente simbólico, que confronta las aspiraciones de poder del régimen serbio con el legado de su historia moderna.
Un proyecto con aroma imperial
La idea parecía sacada del manual del urbanismo neoliberal: construir un hotel de gran altura, residencias lujosas, oficinas y tiendas en el corazón de Belgrado. Para hacerlo, se usaría un terreno donde actualmente se encuentra una compleja estructura bombardeada durante la intervención de la OTAN en 1999. El edificio, diseñado por Nikola Dobrović, es considerado un emblema de la arquitectura modernista yugoslava.
El desarrollador tras la idea fue una empresa relacionada con Jared Kushner. No es una sorpresa: Kushner ha buscado oportunidades inmobiliarias en Europa del Este que puedan alinearse con objetivos económicos y diplomáticos de su círculo político. La conexión con Kushner no es solo simbólica, añade una capa geopolítica a una trama nacional profundamente trastocada por el autoritarismo, la corrupción y una pregunta incómoda: ¿Puede el capitalismo borrar el dolor histórico?
El ministro de Cultura en el banquillo
El miércoles 4 de febrero de 2026, Selakovic y tres funcionarios más acudieron a juicio. Se les acusa de haber falsificado documentos oficiales en 2024 para revocar la condición de protección patrimonial del edificio, eliminando así un obstáculo legal clave que impedía la ejecución del proyecto.
El gobierno del presidente Aleksandar Vucic, conocido por su estilo autocrático y su capacidad para controlar las instituciones estatales, defendió el proyecto en su momento como una forma de estrechar lazos con Estados Unidos. Sin embargo, la oposición pública fue inmediata y feroz: expertos en patrimonio, organizaciones internacionales y numerosos ciudadanos denunciaron que se trataba de un atentado contra la memoria urbana y cultural de Serbia.
Proteger o vender el alma de la ciudad
El antiguo cuartel bombardeado no es solo una estructura abandonada; es un espejo del sufrimiento y la resistencia serbia. Construido antes de la Segunda Guerra Mundial y reformado en los años 60 por Dobrović, fue objetivo directo de los bombardeos de la OTAN, lo que lo elevó como símbolo del trauma nacional.
La idea de demolerlo para construir un centro comercial occidentalizado activó las alarmas sobre la mercantilización de la historia, alimentando la sospecha de que los vínculos políticos y económicos podían más que el interés común.
La organización internacional Europa Nostra advirtió en 2025 que la remoción del estatus protegido del edificio sería una violación del acuerdo europeo sobre patrimonio cultural. Aun así, el gobierno avanzó hasta que empezó la marea judicial.
Un juicio en medio del autoritarismo
Mientras se desarrolla el juicio, Serbia atraviesa una crisis democrática sostenida: cambios legales recientes amenazan la independencia judicial, especialmente del departamento de crimen organizado, lo que ha generado protestas de los fiscales y de ciudadanos. La Comisión Europea ha calificado estas reformas como un "grave retroceso" en el camino de Serbia hacia la Unión Europea.
Vucic ha sido acusado no solo de controlar los medios, sino de intensificar la presión sobre manifestantes y críticos. Más de un año de protestas juveniles, iniciadas tras el colapso mortal de una estación de tren por negligencia estatal, han cuestionado su autoridad como nunca antes.
Según el periodista investigativo serbio Dragan Djilas, "el caso Kushner no es un caso aislado, sino un símbolo del modo en que Vucic utiliza al Estado y sus instituciones para favorecer intereses particulares, incluso en detrimento de la identidad nacional".
Una historia de memoria y poder
Este no es el primer caso en que el patrimonio histórico es arrasado para dar paso a la modernización forzada. En muchas ciudades poscomunistas, desde Bucarest hasta Kiev, los edificios históricos han sido demolidos en nombre del "progreso". Pero en Serbia, donde las cicatrices de la guerra son aún visibles en las calles, la afrenta resulta más profunda.
La manipulación de Selakovic resuena con un patrón de uso del Estado como herramienta de lucro político. Y no es menor la figura de Kushner, sobre quien aún hoy pesa el recuerdo de cómo, en la era Trump, se instrumentalizó la diplomacia para facilitar negocios en Medio Oriente, especialmente con Arabia Saudita e Israel.
Una protesta por justicia e identidad
El juicio ha generado una oleada de movilización en Belgrado. Decenas de personas se manifestaron frente al tribunal coreando "¡ladrones!", en una declaración pública de hartazgo contra la corrupción sistemática y el desdén por el valor cultural. La protesta no es solo contra Selakovic, sino contra todo un esquema de impunidad institucional.
En palabras de Andjela Markovic, historiadora de arte en la Universidad de Belgrado: "No defendemos solo un edificio; defendemos la idea de que nuestra memoria no está en venta".
¿Y ahora qué?
Kushner, tras la controversia, se retiró del proyecto, una victoria moral parcial, pero el daño ya estaba hecho: la protección patrimonial había sido revocada, los documentos falsificados y los procesos judiciales lanzados. Si bien los acusados se declararon inocentes, la presión internacional y local sugiere que este no será un juicio cualquiera.
El futuro del edificio sigue en el limbo, pero su historia es ahora aún más significativa: ya no solo representa un recuerdo material de la guerra, sino un testimonio de la lucha entre memoria y poder. Será el tribunal, y quizás la calle, quienes decidan si Serbia puede resistir la tentación de entregar su alma al mejor postor.
¿Una nueva oportunidad para Europa?
La respuesta de la Unión Europea ante este caso será crucial. Serbia aspira a integrarse al bloque europeo, pero este tipo de retrocesos podrían ser determinantes. La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ya ha advertido sobre las implicaciones negativas de las reformas judiciales promovidas por Vucic.
Si Bruselas quiere mantener su credibilidad en la defensa de los valores democráticos y del estado de derecho, deberá tomar medidas concretas en este caso. Caso contrario, corre el riesgo de seguir perdiendo influencia en una región donde Rusia y China se han vuelto actores cada vez más presentes.
Lo cierto es que el juicio contra Selakovic no es solo legal: es político, cultural y simbólico. Y su desenlace podría marcar el destino del alma misma de Serbia en su encrucijada entre olvido y memoria.