El presupuesto de Ned Lamont: ¿remedio temporal o estrategia fiscal sostenible?

Un año electoral lleno de decisiones fiscales arriesgadas

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, ha presentado un presupuesto estatal de $28,700 millones para el año fiscal que comienza el 1 de julio. Aunque uno de los puntos más destacados es una propuesta de reembolso electoral de $200 por persona, la propuesta va mucho más allá: plantea incrementos moderados en servicios clave, una reducción en la ayuda a la educación superior y una contención del crecimiento en transporte, además de un llamativo alivio tributario para pequeñas empresas.

Como análisis de este presupuesto, exploraremos sus principales componentes, el contexto político que lo rodea y sus posibles repercusiones a mediano y largo plazo en Connecticut, en un momento en que muchos estados enfrentan tensiones fiscales pospandemia.

Alivio tributario: ¿una maniobra política o ayuda real?

Lamont anunció un reembolso de impuestos de $200 para individuos que ganen menos de $200,000 al año y de $400 para parejas con ingresos conjuntos inferiores a $400,000. Esto representa una devolución de $500 millones que sería financiada por un ajuste temporal a los mecanismos de guardarraíl presupuestario que han generado superávits millonarios desde 2017.

“A diferencia de muchos otros estados que enfrentan recortes federales o déficits, Connecticut está protegiendo a los más vulnerables y haciendo la vida un poco menos costosa para las familias trabajadoras y la clase media que están siendo golpeadas por el aumento del costo de vida”, dijo Lamont en su discurso ante la Asamblea General.

Sin embargo, figuras como el líder republicano de la Cámara, Vincent J. Candelora, critican la medida por ser “hueca y táctica”, sosteniendo que Connecticut necesita un alivio fiscal estructural, no pagos únicos previos a elecciones.

El debate sobre los límites presupuestarios

Desde que fueron implementados en 2017, los límites al gasto derivados de los denominados fiscal guardrails han permitido ahorrar en promedio $1,800 millones anuales. Este dinero se ha destinado principalmente a reducir la abultada deuda por pensiones del estado. Pero muchos demócratas progresistas aseguran que esas restricciones han limitado las inversiones en atención médica, educación y asistencia municipal.

Ahora, Lamont busca usar parte de esos ahorros para financiar el reembolso sin afectar el equilibrio presupuestario.

Educación básica: modestas mejoras y desayuno gratuito universal

El presupuesto mantiene el plan previamente aprobado para incrementar gradualmente el Programa ECS (Education Cost Sharing), el cual financia las operaciones de las escuelas públicas. Para 2026-27 se asegurará un aumento de $95 millones.

• Además, se introducen $12 millones para garantizar desayunos escolares gratuitos en todo el estado.
• Un nuevo fondo de $10 millones buscará fomentar enfoques innovadores para la educación especial.

Se trata de avances con buenas intenciones pero que, según críticos como el Working Families Party, no se acercan ni remotamente a los cientos de millones de dólares necesarios para corregir décadas de desinversión en estas áreas fundamentales.

Educación superior: recortes que reflejan tensiones presupuestarias

Las universidades y colegios públicos enfrentarán una reducción modesta de fondos operativos del Fondo General. Esta decisión se toma tras revelarse que los Connecticut State Colleges and Universities (CSCU) poseían reservas por encima de $600 millones, aproximadamente la mitad de su presupuesto anual.

En contraste, la Universidad de Connecticut (UConn) y su centro médico en Farmington inician el año fiscal con reservas más limitadas (10%-18% del gasto operativo), lo cual podría generar tensiones en la distribución interna de recursos educativos.

Salud pública: ¿avance o parche?

Lamont propone eliminar los aumentos futuros al impuesto sobre proveedores de salud (hospitales), reduciendo la carga fiscal adicional de $375 millones anuales a $100 millones. Paralelamente, se conservará un aumento de $140 millones para pagos a hospitales.

Jennifer Jackson, CEO de la Connecticut Hospital Association, advirtió:

“Los hospitales ya pagan casi mil millones de dólares anuales en impuestos mientras enfrentan pérdidas de $1,500 millones por pagos insuficientes de Medicaid... El statu quo pone en peligro el acceso al cuidado.”

Inversión limitada en salud y servicios sociales

Los proveedores de servicios de salud mental y discapacidades seguirán lidiando con niveles de financiamiento que, ajustados por inflación, han quedado completamente desfasados. Aunque Lamont mantiene el compromiso de aumentar $150 millones respecto al nivel actual, esto está lejos de los más de $400 millones que se consideran necesarios.

“¿Permitiremos que enfermeros, docentes y trabajadoras sociales paguen más impuestos que los millonarios, mientras siguen luchando para pagar el alquiler?”, cuestionó Sarah Ganong, directora estatal del Working Families Party.

Transporte: más servicio, menos inversión

El fondo de transporte especial (STF), fundamental para infraestructura vial y ferroviaria, crecerá solo $114 millones el próximo año, un ajuste inferior a lo planeado previamente. Lamont propone limitar la venta de bonos para proyectos viales, alegando que los ingresos del impuesto a combustibles están estancados.

No obstante, se han incluido propuestas para ofrecer autobuses gratuitos a veteranos y descuentos del 50% a estudiantes, con un costo de $3.5 millones, lo cual apunta a mejorar la equidad en el sistema.

Licencias laborales y pequeños negocios: incentivos moderados

Una parte innovadora del presupuesto de Lamont es la eliminación de tarifas de licencias y renovaciones para electricistas, plomeros, técnicos HVAC y profesionales de salud. Según estimaciones oficiales, esto le ahorrará $15.9 millones anuales a más de 160,000 trabajadores.

También se amplían los créditos fiscales para I+D a pequeñas empresas que operan como LLC o estructuras sin impuesto corporativo, con un límite total de $25 millones al año y $1 millón por empresa.

“Esto ayudará a generar nuevos empleos y crecimiento económico estatal”, comentó Chris Davis, de la Connecticut Business and Industry Association.

¿Y la responsabilidad fiscal?

Lamont ha defendido su propuesta como un equilibrio entre cautela fiscal y necesidades sociales. Recalcó que no apoya iniciativas que, combinadamente, añadan $1,000 millones en recortes de impuestos sin una ruta clara para financiarlos.

“Muchos aquí quieren agregar $500 millones en recortes, y otros $500 millones en créditos. Eso nos llevaría al déficit. No más de eso”, declaró ante la Asamblea.

Sin embargo, los legisladores demócratas planean revivir propuestas más agresivas como un crédito de $600 por hijo que beneficiaría principalmente a familias de bajos y medianos ingresos con un impacto presupuestario de hasta $400 millones anuales.

¿Qué nos dice esto del futuro fiscal de Connecticut?

El presupuesto propuesto por Lamont refleja las tensas prioridades de un estado que busca mantener su estabilidad tras años de superar déficits sin renunciar del todo a su rol social. Con recursos considerables acumulados, la tentación de devolverlos al electorado en año electoral era inevitable.

De fondo, el mensaje es claro: cualquier alivio fiscal estructural deberá posponerse. Con elecciones a la vista, el gobernador opta por una maniobra políticamente atractiva —aunque limitada— mientras continúa consolidando su imagen de moderado fiscal con sensibilidad social.

La verdadera batalla, como de costumbre, se librará en la legislatura.