¿Quién responde por las señales ignoradas? La masacre en Lewiston y el juicio contra el gobierno de EE.UU.

El 25 de octubre de 2023, la ciudad de Lewiston, Maine, quedó marcada indeleblemente en la memoria colectiva de Estados Unidos. Un reservista del Ejército, Robert Card, abrió fuego en un boliche y un restaurante, asesinando a 18 personas e hiriendo a más de una docena. Poco después fue encontrado muerto por suicidio. Lo que parecía ser otro acto trágico de violencia armada pronto se convirtió en una cuestión legal y ética de gran envergadura: ¿hasta qué punto el gobierno de los EE.UU., en concreto el Ejército, puede ser considerado responsable de no haber prevenido la catástrofe?

Una demanda que cuestiona los fundamentos de responsabilidad estatal

En 2024, más de 100 víctimas y sobrevivientes, representados por los abogados Travis Brennan y Ben Gideon, interpusieron una demanda federal dirigida al gobierno de Estados Unidos. El argumento central: negligencia institucional del Ejército al no actuar frente a señales claras y continuas del deterioro mental de Card. La acusación se basa en que el Ejército conocía los antecedentes de salud mental del asesino y no actuó, incumpliendo así su deber de proteger a la sociedad.

La defensa del gobierno no se hizo esperar. Este 2025, apeló a una moción para desestimar el caso, alegando que los tribunales no están facultados para intervenir y que la culpa recae únicamente en el tirador. ¿Es esto una simplificación de una situación compleja? ¿O una estrategia para evitar un precedente peligroso para el sistema militar?

¿Quién era Robert Card?

Según los testimonios entregados a la comisión independiente creada por la gobernadora de Maine, Janet Mills, Robert Card, de 40 años, atravesaba un proceso crítico de salud mental deteriorada: sufría de paranoia, alucinaciones auditivas y delirios de persecución. Fue internado en una clínica psiquiátrica y generó lo que los demandantes llaman una "lista de objetivos". Entre los blancos anotados, según los abogados, no solo figuraban nombres, sino también lugares que efectivamente visitó el día del tiroteo.

La afirmación más fuerte: Card hizo amenazas explícitas de cometer un tiroteo masivo, amenazas conocidas por miembros del Ejército y del hospital militar Keller Army Community Hospital. En palabras de los abogados: “El gobierno falló en responder a señales de advertencia y a una amenaza explícita de cometer una masacre”.

Los indicios ignorados y el patrón de omisión

La gravedad del caso no solo radica en la acción del tirador, sino en lo que pudo haberse evitado. Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa reveló que el Ejército falló en su deber de reportar adecuadamente amenazas de violencia por parte de su personal en múltiples ocasiones. En otras palabras, el caso de Card no fue una excepción.

Este hallazgo reforzó el argumento legal de que los hechos violentos podían haberse anticipado. No solo eso: revela un problema estructural en el sistema militar norteamericano vinculado a la salud mental, el reporte de amenazas y el seguimiento de individuos en riesgo.

La dimensión legal: ¿puede el gobierno ser culpable?

La doctrina legal en Estados Unidos otorga al Estado cierta inmunidad en casos de negligencia, sobre todo cuando se trata de actos cometidos por terceros. Para que la demanda proceda, los jueces deben determinar que el Ejército incumplió funciones específicas que legalmente debía ejecutar y que esta omisión tuvo conexión directa con el ataque.

En este escenario, la defensa de los familiares choca contra un muro jurídico crucial: establecer responsabilidad más allá de lo moral y demostrar que las omisiones tienen consecuencias legales tangibles.

El Ejército: ¿en la mira o en evasión?

Mientras tanto, la respuesta oficial ha sido una negación sistemática. En su moción de desestimación, el gobierno describe a Card como “único responsable del ataque” e insiste en que las instituciones militares no pueden ser responsabilizadas por los actos individuales de sus miembros, incluso en circunstancias tan preocupantes como las evidentes en este caso.

La población, sin embargo, comienza a cuestionar este tipo de respuestas. En una nación donde el debate por la salud mental, el acceso a armas y la responsabilidad institucional está más presente que nunca, este caso podría sentar precedentes preocupantes… o convertir el dolor en justicia.

Violencia armada en EE.UU.: estadísticas y realidades

En 2023, según el portal Gun Violence Archive, hubo más de 600 tiroteos masivos en Estados Unidos. Esto equivale a casi dos por día. Estos eventos dejaron miles de muertos y heridos, afectando comunidades enteras y fomentando una sensación de vulnerabilidad social que ninguna potencia mundial debería tolerar.

El caso Lewiston no solo es el más letal en la historia del estado de Maine, sino uno de los más sonados por su trasfondo institucional. A diferencia de muchas otras tragedias, aquí la figura del atacante no es un civil cualquiera, sino un integrante activo del Ejército estadounidense. Esto obliga moral y políticamente a un examen más profundo.

¿Qué sigue para las víctimas y sus familias?

Los abogados de los demandantes esperan responder a la moción del gobierno próximamente. En su declaración más reciente, señalaron: “La moción del gobierno era previsible. Pero no elimina la necesidad de rendición de cuentas”.

Más allá del litigio, muchas familias buscan algo más que compensación económica: quieren una explicación, una admisión de culpa y cambios reales para evitar que otras familias pasen por lo que ellos han vivido. “Nos rompieron el corazón, y ahora nos dicen que nadie era responsable”, dijo uno de los padres de las víctimas. “¿Entonces qué tipo de país somos?”

El veredicto más importante, quizá, no sea el que emita el juez, sino el que emita la sociedad estadounidense. Frente a las cifras, los patrones y las omisiones, la pregunta no es solo a quién se puede juzgar legalmente, sino a quién se le debe exigir responsabilidad moral.

Maine responde con reformas, pero ¿son suficientes?

Tras la masacre, el estado de Maine impulsó nuevas regulaciones sobre el acceso a armas, incluyendo la ampliación de los mecanismos de verificación de antecedentes y la implementación de leyes de alerta ante conductas sospechosas. Estas medidas, si bien consideradas avances, enfrentan resistencia por parte de defensores de derechos de armas que ven en estos cambios una amenaza a libertades constitucionales.

Por su parte, organizaciones de derechos civiles han comenzado a alinearse con las familias de las víctimas, señalando que el caso ilumina fallas sistémicas en salud mental, notificación de amenazas y monitoreo de personal de alto riesgo.

No es un hecho aislado, es un llamado de atención

El tiroteo en Lewiston, como muchos otros en la historia reciente de EE.UU., abre una caja de Pandora que incomoda. Pone de manifiesto los vacíos legales, la falta de acción administrativa y una alarmante desconexión entre los sistemas militares y las comunidades que supuestamente deben proteger. ¿Podría haberse evitado esta masacre si las señales se hubieran tomado en serio? Todas las evidencias apuntan a que sí.

Y si podía evitarse, alguien tiene que responder.