La secta, el silencio y el poder: el caso Word of Faith en Carolina del Norte vuelve a agitar la justicia

¿Puede una iglesia evadir la justicia durante más de una década? En un caso que expone las fisuras del sistema judicial estadounidense y vuelve a poner en debate los límites de la libertad religiosa, el grupo eclesiástico Word of Faith Fellowship en Carolina del Norte enfrenta renovada atención mediática y legal.

La víctima principal, Matthew Fenner, hoy de 31 años, ha impulsado que un fiscal especial tome las riendas del proceso tras años de dilaciones, un juicio anulado, y presuntas irregularidades que apuntan a una relación turbia entre el fiscal del distrito y los líderes religiosos acusados. Esta historia, de tintes inquietantes, mezcla religión, poder político, abuso institucional y la eterna pelea entre fe y justicia.

Una iglesia temida: Word of Faith Fellowship

Fundada en 1979 por Sam y Jane Whaley en Spindale, Carolina del Norte, Word of Faith Fellowship (WFF) se presenta como una iglesia cristiana protestante no denominacional. Pero, según decenas de exmiembros, detrás de esa apariencia se esconde una organización cerrada y coercitiva donde el abuso físico y psicológico es justificado como disciplina religiosa.

En 2017, una investigación exhaustiva publicada por AP (Associated Press) reveló testimonios impactantes: golpizas, gritos, sesiones de 'exorcismo', control total sobre la vida de los fieles —incluyendo con quién podían casarse, si podían estudiar y qué podían leer—. Según exmiembros, los ataques eran comúnmente parte de sesiones conocidas como “blasting”, donde los fieles oraban a gritos para expulsar supuestos demonios.

Matthew Fenner y la noche que lo cambió todo

Fenner se unió a la iglesia en 2010 junto a su madre, a la edad de 19 años. En enero de 2013, durante una reunión, afirma haber sido rodeado por varios miembros —entre ellos Brooke Covington, una líder de alto nivel dentro de la congregación— y sometido a una brutal sesión durante dos horas: lo retuvieron contra su voluntad, lo estrangularon, lo golpearon, y gritaron oraciones para expulsar los 'demonios homosexuales' que supuestamente lo poseían.

La denuncia de Fenner llevó a cargos penales contra Covington y otros miembros, con acusaciones que incluyeron secuestro en segundo grado y agresión física simple. Covington se declaró inocente, y durante su primer juicio en 2017, la causa fue anulada debido a que el jurado accedió a información externa al expediente.

Más de una década de bloqueos y retrasos

11 años después del incidente, Covington todavía no ha sido juzgada. El fiscal del distrito, Ted Bell, fue acusado por Fenner de proteger los intereses de la iglesia. Existen múltiples factores detrás de los retrasos: renuncias de abogados, problemas de salud, la pandemia del COVID-19 que paralizó los tribunales, y ahora, un cambio trascendental: Bell ha sido reemplazado por un fiscal especial, a solicitud del propio Bell, luego de que Fenner pidiera su recusación por parcialidad.

Sin embargo, un investigador independiente no encontró pruebas suficientes de favoritismo por parte del fiscal. De hecho, Bell aportó evidencia que rechazó reuniones indebidas con los líderes de la iglesia al respecto del caso.

Fenner, por su parte, asegura que Bell parecía cada vez menos interesado en el caso a medida que se acercaba el juicio planeado —aunque ya postergado hasta 2025—. Incluso se ofreció inicialmente un acuerdo de culpabilidad leve (delito menor), pero Fenner se retractó poco después, declarando que eso no representaba una verdadera justicia.

¿Libertad religiosa o abuso disfrazado?

La defensa de WFF ha esgrimido que cualquier práctica dentro del templo está amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza la libertad de religión. Jane Whaley ha negado todas las acusaciones de abuso y ha dicho que los exmiembros que declararon en contra de la iglesia mienten por venganza personal.

No obstante, las pruebas recogidas son numerosas: horas de grabaciones secretas, documentos oficiales, y más de 40 testimonios que narran una cultura de miedo, expulsión social, violencia física y sumisión total a las decisiones de Whaley, considerada una profeta por sus seguidores.

«Era un sistema de control total», dijo en su momento Sarah Anderson, exmiembro de WFF. «Hasta los pensamientos eran vigilados. Si dudabas, eras un rebelde; si te quejabas, estabas poseído».

Una comunidad en retroceso

Hace una década, Word of Faith contaba con cerca de 700 miembros en Carolina del Norte. Hoy, se estima que rondan entre 300 y 400, según exlíderes que han desertado. Parte de esa disminución se atribuye a la visibilidad pública generada por testimonios como el de Fenner y a investigaciones periodísticas implacables que han expuesto a la organización.

“La iglesia arruinó generaciones enteras de familias”, dijeron varios exmiembros. “Hijos contra padres, hermanos que nunca volvieron a hablarse, todo por seguir las órdenes desde el púlpito”.

El peso de la impunidad institucional

Más allá del escándalo espiritual, el caso Word of Faith también desnuda fallas sistémicas en la justicia local. La propia investigación oficial admitió una sobrecarga de casos tras la pandemia, pero ¿cómo se justifica una espera de más de 8 años para reanudar un proceso judicial en un caso tan grave de supuesta tortura y secuestro?

“Los casos de abuso religioso son extremadamente complejos”, explica Cynthia McAllister, especialista en sociología de religiones en la Universidad de Duke. “Se entremezclan con política local, financiamiento, e interpretaciones legales sobre el derecho a la práctica religiosa. Y muchas veces, como aquí, hay temor a enfrentarse a organizaciones con poder social dentro de sus comunidades”.

Un camino incierto pero aún con esperanza

La llegada de un fiscal especial al caso es vista como una posible vía de rehabilitación del proceso y una oportunidad para que Fenner vea justicia. Pero no hay fecha concreta para un nuevo juicio, y cada mes de retraso suma años de frustración para una víctima que ha denunciado amenazas, represalias e incomprensión desde su comunidad natal.

En medio de este escenario, crecen las voces de activistas por los derechos humanos y la defensa de víctimas de abuso espiritual, exigiendo leyes más estrictas que regulen a grupos religiosos cerrados que operan como sectas bajo la protección constitucional.

La historia de Fenner es también un llamado a examinar, una vez más, dónde trazamos los límites entre religión y abuso. Y si acaso, tras más de 10 años, la justicia estará finalmente lista para escucharlo.

“Este caso es un testimonio vivo de que la fe mal entendida puede convertirse en una prisión”, dijo recientemente LaTonya Perkins, abogada de derechos civiles en Carolina del Norte. “Y que el Estado, en su obligación de proteger a sus ciudadanos, no puede seguir ignorando lo que ocurre dentro de estas instituciones, por difíciles que sean de abordar”.

¿Y tú? ¿Dónde crees que termina la libertad religiosa… y empieza el abuso?