Una adopción prohibida: cómo un infante de marina se llevó a una niña afgana en contra del gobierno de EE. UU.

Cuando una guerra destruye familias, ¿quién debe decidir el futuro de un niño?

Septiembre de 2019. Una operación militar estadounidense en Afganistán termina con la vida de varios presuntos insurgentes y deja a una bebé de apenas dos meses huérfana, con lesiones considerables. Las tropas estadounidenses la rescatan del escombro y la llevan al hospital militar de Bagram. Esa niña, sin saberlo, se convertía en el foco de una batalla legal e internacional que pondría a prueba la ética de la adopción, los límites del Estado de derecho y el poder de la narrativa personal.

Este es el análisis de cómo el infante de marina Joshua Mast y su esposa, Stephanie, lograron adoptar a esta niña afgana en un proceso plagado de irregularidades, mentiras parciales y omisiones legales, desafiando no solo a una nación entera, sino también al gobierno federal de los Estados Unidos.

Un sistema en ruinas: decisiones judiciales improvisadas

El juez Richard Moore, de un tribunal en el condado rural de Fluvanna, Virginia, fue el instrumento judicial para esta adopción. En sólo días —y, de forma insólita, durante un fin de semana— aprobó una solicitud de adopción de una menor que se encontraba a 11.000 kilómetros de distancia, que ni siquiera había pisado suelo estadounidense, mucho menos su tribunal.

Moore aceptó por válido el argumento de los Mast de que la niña era "una huérfana sin país, sin familia ni futuro". Según los documentos judiciales revelados tras tres años de lucha legal por acceso, el juez jamás fue informado de que el Departamento de Estado y el gobierno afgano estaban en proceso de reunir a la menor con su familia biológica.

“Probablemente pensaré en esto por el resto de mi vida”, reconoció Moore en una audiencia, remarcando su incertidumbre sobre si su decisión fue la adecuada.

Un acto de amor... ¿o un secuestro?

Los Mast —cristianos evangélicos y padres de tres hijos— conocieron a la bebé cuando Joshua Mast prestaba servicio en Afganistán como abogado militar. A pesar de que existía un mandato internacional para reunificar a niños en situación de guerra con su familia extendida, decidieron emprender una cruzada personal para adoptar a la menor.

Pero no lo hicieron solos. Correos electrónicos internos muestran que, bajo el pretexto de evacuar afganos que ayudaron a EE. UU., Mast logró incluir en las listas de evacuación a la familia afgana que cuidaba a la menor. Una vez en territorio estadounidense, y con papeles de adopción firmados por Moore, logró que personal del Departamento de Estado le entregara a la niña mientras la mujer afgana se desmoronaba emocionalmente.

“Por favor, devuélveme a mi hija”, suplicó la mujer afgana, según testimonio ante el tribunal. Fue ignorada.

El papel desconcertante del gobierno estadounidense

Esta tragedia legal expone una desconexión profunda entre las diferentes agencias del gobierno de EE. UU. Mientras la administración de Trump había acordado con autoridades afganas mantener a la menor en el país y reubicarla con familiares, otras ramas del gobierno facilitaron —voluntaria o accidentalmente— que los Mast concretaran la adopción.

“La mano izquierda del Estado hacía una cosa, mientras la derecha hacía otra completamente diferente”, dijo un juez sobre las contradicciones interinstitucionales. Al menos tres agencias federales (Departamento de Estado, Defensa y Salud) participaron de algún modo en permitir la entrega de la niña a los Masts, sin verificar la legalidad ni tener en cuenta las decisiones de tribunales federales que ya habían negado su petición.

¿Justicia o imperialismo judicial?

En medio de una lucha legal prolongada, otro juez —Claude Worrell— abordó el caso y lo examinó bajo una luz diferente. Worrell consideró que el Estado afgano había asignado legalmente la custodia de la niña a una familia local, y que los tribunales de EE. UU. no debían imponer jurisdicción en un asunto internacional tan delicado.

“Afganistán es su país. De ellos era la decisión”, dijo el juez Worrell. En marzo de 2023, anuló la adopción.

La instrumentalización del trauma y la esperanza

Los Mast, por su parte, insisten en que actuaron por amor. “Vimos a la niña como una víctima vulnerable de la guerra, y quisimos salvarla”, declaró Stephanie Mast. Incluso llegaron a inscribirla en el sistema de salud militar como su hija, alegando que estaba en Virginia desde septiembre de 2019, cuando en realidad nunca había salido de Afganistán.

Esta apropiación del trauma como justificación legal ha sido duramente criticada por abogados, ONGs y activistas de derechos humanos. No se puede "salvar" a un niño robándolo de su contexto cultural, religioso y familiar, argumentan juristas internacionales.

Un caso que sacude los cimientos del derecho internacional

Este caso tiene profundas implicaciones diplomaticas. Afganistán (ahora bajo el régimen talibán) acusó a EE. UU. de haber permitido la sustracción ilegítima de una menor afgana y exigió su devolución. ONGs y expertos en derechos del niño han alertado que de no corregirse esta situación, podría sentar un precedente peligroso en futuras intervenciones humanitarias.

¿Puede una corte local en Virginia ignorar la soberanía de una nación extranjera? ¿Puede un individuo usar los canales institucionales del Estado para avanzar una agenda personal, por muy bien intencionada que sea? Este caso nos obliga a repensar los límites del altruismo, el alcance de la ley y la fragilidad de las estructuras estatales ante decisiones individuales vestidas de heroísmo.

Lo que dice la Convención de La Haya sobre adopciones internacionales

El convenio internacional más relevante en este punto es la Convención de La Haya sobre Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional (1993). Entre sus principios clave, se establece:

• La adopción internacional es subsidiaria: sólo puede ocurrir si han fracasado los intentos de adopción dentro del país del niño.
• Se requiere el consentimiento informado del país de origen.
• Las decisiones judiciales deben pasar por instancias administrativas que regulen el procedimiento para proteger al menor.

Estados Unidos es signatario del tratado, pero en la práctica, en este caso, se violaron estos principios de manera sistemática.

¿Y ahora qué?

Desde la anulación de la adopción, los Mast han continuado apelando las decisiones. El paradero de la menor es actualmente privado por orden judicial, bajo cláusulas de protección de identidad. La familia afgana ha permanecido en EE. UU., enfrentando además el desafío de demostrar biológicamente su relación con la niña, algo complicado dada la naturaleza extendida de los lazos familiares en Afganistán y la costumbre de criar hijos de parientes fallecidos sin registro legal.

No se trata sólo de quién ama más a la niña, sino de quién tiene el derecho legal e institucional de cuidarla. Un derecho que parecería, según convenios internacionales y la propia lógica del interés superior del niño, pertenecer a su entorno de origen salvo prueba de negligencia o peligro.

Este caso, más allá de sus protagonistas, representa una advertencia: cuando las decisiones legales se apuran, cuando los jueces creen versiones incompletas sin evidencia, y cuando la burocracia de un país se contradice a sí misma, las consecuencias pueden ser desgarradoras.

Una niña que sobrevivió a la guerra fue arrastrada a una nueva batalla, esta vez en nombre de su "bienestar".