¿Confianza en jaque? Un año de Robert F. Kennedy Jr. al frente del Departamento de Salud y el retroceso de la comunicación pública

Hace poco más de un año, Robert F. Kennedy Jr. juró como Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos con una promesa contundente: reconstruir la confianza en las agencias sanitarias federales mediante una política de “radical transparencia”. Hoy, la realidad narrativa y operativa parece haber tomado rumbos contradictorios. Entre retrasos en la publicación de datos, la eliminación temporal o permanente de recursos en línea, recortes de programas clave y cambios en recomendaciones de vacunas, la conversación pública sobre salud ha entrado en un terreno más confuso y, para muchos expertos, más peligroso.

Un diagnóstico por partes: qué se ha reducido y por qué importa

La reconfiguración impulsada por la actual administración y por la dirección del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) no es un fenómeno aislado: abarca desde la disponibilidad de reportes estadísticos hasta la continuidad de sistemas de vigilancia epidemiológica que históricamente han alertado sobre tendencias emergentes.

Entre los ejemplos que han despertado mayor preocupación pública y técnica destacan:

• Retrasos en informes clave: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no publicó a tiempo su informe anual sobre vigilancia de abortos, un documento que históricamente ofrece datos esenciales para políticas públicas y salud reproductiva. Funcionarios dicen que el reporte saldrá en primavera, pero la demora alimentó incertidumbre sobre motivos y recursos disponibles.
• Descontinuación de sistemas de alerta temprana: Se cerró el Drug Abuse Warning Network (DAWN), un programa que registraba visitas a departamentos de emergencia relacionadas con drogas y ofrecía alertas tempranas sobre cambios en patrones de consumo y riesgos emergentes.
• Escalas reducidas en vigilancia alimentaria: FoodNet, el sistema conjunto que rastrea infecciones alimentarias por múltiples patógenos, pasó de monitorear ocho agentes durante décadas a enfocarse únicamente en dos (salmonella y E. coli productora de toxina Shiga) para estados participantes. Esto reduce la granularidad con la que se puede detectar y responder a brotes por campylobacter, listeria y otros.
• Acotamiento en campañas preventivas: Programas de educación pública sobre el tabaquismo como “Tips from Former Smokers” y la campaña de la FDA “The Real Cost” dejaron de difundirse el año pasado (con promesas de retorno en algunos casos), y encuestas y reportes que documentan el uso de tabaco entre jóvenes han sido pospuestos o cancelados por recortes de personal.
• El marco de discusión sobre vacunas: Cambios recientes en las recomendaciones rutinarias de vacunación, el despido y reemplazo de comités asesores tradicionales y la reforma del Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) han generado críticas de la comunidad científica y médica por falta de transparencia y por la percepción de que las decisiones se apartan del consenso científico.

Transparencia, ¿más o menos?

La administración sostiene que sus medidas apuntan a una nueva forma de transparencia: reempacar información, publicar listados de contratos cancelados y publicar nuevas herramientas con datos reorganizados. En palabras del vocero del HHS, Andrew Nixon, el objetivo es “restaurar la confianza” mediante “divulgación sin precedentes”.

Para muchos investigadores y profesionales sanitarios, sin embargo, la percepción ha sido opuesta: menos datos accesibles, menos continuidad en series históricas y un paisaje informativo fragmentado. Ariel Beccia, investigadora de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard que se centra en la salud de jóvenes LGBTQ, describió la experiencia con una mezcla de frustración y alarma: “El año pasado sentí que, casi todos los días, algo que yo y mis colegas usamos a diario en nuestro trabajo simplemente fue retirado” (cita basada en reportes periodísticos sobre su testimonio).

El factor confianza: encuestas y cifras

La confianza en las agencias sanitarias no es un dato menor: está ligada a la capacidad del sistema para implementar campañas de prevención, alcanzar coberturas vacunales y sostener programas de salud pública. Encuestas recientes muestran una tendencia preocupante.

Por ejemplo, la investigación del Kaiser Family Foundation (KFF) reportó que solo el 47% de los estadounidenses confía “mucho” o “bastante” en el CDC para ofrecer información confiable sobre vacunas, una caída de aproximadamente 10 puntos porcentuales desde el inicio del actual mandato presidencial (KFF, encuesta pública, 2025). Además, la confianza entre demócratas cayó 9 puntos desde septiembre (KFF, 2025).

Gallup, por su parte, documentó que la proporción de personas que consideran que el CDC hace “un buen” o “excelente” trabajo descendió desde 40% en 2024 a 31% el año siguiente (Gallup, encuestas de percepción pública, 2024–2025).

Estas variaciones no se producen en el vacío: llegan tras años de tensiones durante la pandemia de COVID-19, donde errores comunicacionales y cambios de criterio contribuyeron a erosionar la percepción de autoridad científica. Kathleen Hall Jamieson, directora del Annenberg Public Policy Center, lo sintetiza bien: antes muchas personas confiaban en que las agencias reportaban “lo mejor que la ciencia sabe hasta el momento”; hoy esa certezas se siente menos estable y más politizada.

Vínculo entre desinformación previa y la actual crisis de confianza

Un elemento central de la discusión es el pasado público del actual secretario. Robert F. Kennedy Jr. fue durante años una voz prominente en movimientos antivacunas y en campañas que cuestionaban la seguridad de las inmunizaciones. Para algunos especialistas, resulta paradójico —y peligroso— que quien ayudó a sembrar dudas ahora afirme que su mandato busca restaurar la confianza.

El Dr. Rob Davidson, médico de urgencias y director de un grupo denominado Committee to Protect Health Care, sintetiza el contraste: “Tu alimentaste a la gente con información falsa para crear desconfianza y ahora pretendes, desde el poder, curarla promoviendo la misma desinformación” (declaración pública citada en cobertura periodística).

Críticos y sociedades médicas han señalado pasos concretos que, a su juicio, amplifican la confusión: la eliminación o reorganización de comités asesores, la eliminación de recomendaciones rutinarias para vacunas de COVID en niños y embarazadas sin revisar públicamente la evidencia, y cambios en los procesos de divulgación de conflictos de interés de miembros de paneles consultivos.

Consecuencias prácticas: enfermedades resurgentes y vacilación vacunal

Los expertos advierten que la mezcla de recomendaciones contradictorias, menos vigilancia y menor confianza puede acelerar la reaparición de enfermedades que estaban controladas. Ya hay señales de alarma: datos y encuestas indican una baja en la intención de vacunar contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR). Una encuesta de Annenberg en agosto de 2025 detectó que el 82% de las personas consultadas se sentirían “muy” o “bastante” inclinadas a recomendar la vacuna MMR a un menor elegible, frente al 90% registrado en noviembre de 2024 (Annenberg Survey, 2024–2025).

Estos retrocesos no son meras estadísticas: aumentos locales en la baja cobertura vacunal generan el caldo de cultivo para brotes de enfermedades prevenibles. Médicos y asociaciones han advertido que decisiones administrativas sin base pública sólida pueden derivar en aumentos de morbilidad y mortalidad evitables.

El debate sobre la independencia científica y los comités asesores

Otro punto crítico ha sido la remodelación del Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), el panel que históricamente ha ofrecido revisiones sistemáticas y recomendaciones de calendarios vacunales en Estados Unidos. Kennedy destituyó al comité completo y nombró nuevos miembros; aunque prometió publicar las declaraciones de ética de los nuevos integrantes, la entrega de esa información ha sido parcial y tardía.

En el listado público de exmiembros del ACIP permanecen más de 200 entradas, pero la información sobre los nuevos nombramientos es incompleta para varios de ellos. Entre las controversias figura la designación de personal con historial de testimonios remunerados contra fabricantes de vacunas o con posturas que cuestionan el consenso científico sobre inmunizaciones.

La transparencia en estas designaciones es vital porque los comités asesores son la principal línea de defensa contra sesgos y conflictos de interés; cuando esa transparencia falla, la confianza pública se resiente aún más.

Recortes de personal y su impacto en la producción de conocimiento

Una explicación recurrente para la reducción en la producción de datos y en la emisión de informes es la pérdida de personal y financiamiento. La combinación de despidos amplios, reorientación de prioridades y cancelaciones de contratos ha limitado la capacidad técnica y humana de agencias como el CDC y la FDA para sostener múltiples líneas de trabajo simultáneas.

El caso de reportes sobre tabaquismo entre jóvenes o la demora en el informe de vigilancia de abortos se atribuyen públicamente a la falta de personal y recursos, lo que tiene un costo real: series temporales incompletas, ausencia de señales de vigilancia y dificultades para evaluar el impacto de políticas públicas.

¿Qué dice la administración y cómo lo responden sus críticos?

La posición oficial insiste en que los cambios buscan alinear actividades con prioridades y en que la transparencia se ejerce de nuevas maneras: publicación de contratos cancelados, creación de herramientas de datos reorganizados y promesas de divulgación de ciertos documentos éticos. Andrew Nixon, vocero del HHS, ha defendido que el secretario está restaurando la transparencia y el rigor científico.

Pero para muchas organizaciones médicas y científicas el diagnóstico es distinto: sostienen que decisiones adoptadas sin procesos públicos, sin revisiones independientes y con recortes de vigilancia erosionan la protección colectiva y dejan a la sociedad menos preparada para afrontar crisis sanitarias.

Voces desde la comunidad científica

La reacción de las sociedades médicas ha sido contundente en varios frentes. Más de 200 organizaciones de salud pública y defensoras firmaron solicitudes formales al Congreso para investigar cambios en el calendario vacunal y en las prácticas del HHS que consideran adoptadas sin suficiente evidencia pública y participación profesional.

La American Medical Association (AMA) y proyectos académicos como el Vaccine Integrity Project de la Universidad de Minnesota han anunciado protocolos y procesos alternativos para evaluar la evidencia de vacunas respiratorias, precisamente ante la percepción de que la revisión sistemática por parte del gobierno está debilitada.

La opinión pública y el reto de la narrativa

La crisis actual no es solo técnica: es también narrativa. Durante la pandemia, la información cambiante —a veces derivada de la evolución misma del conocimiento científico— fue percibida por amplios sectores como contradicciones o errores. Hoy, cuando la comunicación pública se combina con decisiones políticas polarizantes, reconstruir la imagen de instituciones como el CDC o la FDA requiere más que promesas: exige procesos verificables, diálogo con la comunidad científica y mecanismos sostenibles de producción de datos.

Para muchas personas, la pregunta central es simple: ¿pueden las mismas voces que contribuyeron a sembrar dudas ahora ser las garantes imparciales de la ciencia? Esa pregunta, por sí sola, complica la labor de reconstrucción de confianza.

¿Qué pasaría si la tendencia continúa?

Si la reducción de la vigilancia, la fragmentación de datos y la erosión de la confianza se sostienen en el tiempo, los riesgos son claros y documentados por la experiencia histórica:

1. Aparición y crecimiento de brotes evitables por disminución de coberturas vacunales.
2. Retardo en la detección de nuevos patrones de consumo de drogas o de agentes patógenos, con peores respuestas sanitarias.
3. Desprofesionalización de la respuesta pública y aumento de la polarización en torno a decisiones sanitarias que requieren consenso técnico.

Más allá del impacto directo en salud, la fragmentación informativa puede empoderar a actores que promueven desinformación, con consecuencias en políticas públicas, escolarización, salud materno-infantil y más.

Propuestas para recuperar credibilidad y funcionalidad

Expertos y organizaciones proponen varias líneas de acción para revertir la situación:

• Restaurar la continuidad en series de datos: Priorizar la publicación de informes retrasados y garantizar que los cambios metodológicos se documenten con claridad.
• Transparencia real en comités asesores: Publicar declaraciones de conflicto de interés, procesos de selección y actas de reuniones de los comités que influyen en políticas de vacunación y otras recomendaciones.
• Protección de sistemas de vigilancia: Reforzar programas como DAWN o, cuando se modifiquen, asegurar alternativas que preserven la capacidad de detección temprana.
• Diálogo con la comunidad científica: Reabrir canales de colaboración con sociedades médicas y académicas para construir consensos y procesos de revisión pública de evidencia.
• Campañas de comunicación basadas en evidencia: Volver a invertir en campañas educativas preventivas coherentes con la mejor evidencia disponible y con evaluación independiente de impacto.

Una última reflexión: confianza como bien público

La confianza en las instituciones de salud pública es, en esencia, un bien público. No se repara de la noche a la mañana ni se impone por decreto. Requiere transparencia verificable, independencia técnica, continuidad en la producción de datos y la humildad de reconocer y corregir errores. Si la promesa de “radical transparencia” se cumple en hechos —no solo en retórica— habrá una oportunidad genuina de recuperar el terreno perdido. De lo contrario, el costo para la salud colectiva podría medirse en vidas evitables y en la erosión de la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos frente a amenazas sanitarias emergentes.

Mientras tanto, la conversación pública continúa: entre quienes aplauden cambios que perciben como liberadores del “monopolio experto” y quienes temen que la pérdida de criterios científicos y vigilancia robusta devuelva al país a épocas de brotes controlables. Entre ambos polos, la tarea pendiente es clara: reconstruir puentes de confianza mediante evidencias, procesos abiertos y la protección sostenida de los sistemas de salud pública.

Fuentes citadas:

• Kaiser Family Foundation (KFF). Encuestas de confianza en agencias de salud, 2025. Disponible en: https://www.kff.org
• Gallup. Encuestas de desempeño del CDC, 2024–2025. Disponible en: https://news.gallup.com
• Annenberg Public Policy Center. Encuesta sobre intención de recomendar vacuna MMR, 2024–2025. Disponible en: https://www.annenbergpublicpolicycenter.org
• Declaraciones y cobertura periodística sobre cambios en HHS y ACIP: reportes públicos y audiencias del Senado, 2024–2025 (documentación parlamentaria y prensa especializada).