¿Exportar CO2 al extranjero? El polémico plan de Japón para enterrar emisiones en Malasia

En los últimos años la captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) ha pasado de ser una promesa técnica marginal a ocupar un lugar central en algunos planes nacionales de descarbonización. La idea de capturar dióxido de carbono en fuentes industriales, transportarlo y depositarlo bajo tierra parece ofrecer una solución rápida para emisiones difíciles de eliminar. Sin embargo, cuando ese concepto se traslada más allá de las fronteras —como plantea un proyecto piloto entre Japón y Malasia para enviar y almacenar emisiones japonesas en yacimientos marinos malayos— emergen debates profundos sobre eficacia, equidad y soberanía ambiental.

¿En qué consiste el plan entre Japón y Malasia?

El proyecto contempla tres pasos básicos: captura de CO2 en instalaciones industriales japonesas (como centrales eléctricas, refinerías o acerías), licuefacción y transporte marítimo del gas comprimido en embarcaciones especializadas, y finalmente la inyección en formaciones geológicas costeras o offshore de Malasia, posiblemente en campos de hidrocarburos agotados frente a Sarawak, en la isla de Borneo. Empresas niponas junto a agencias estatales habrían identificado varios posibles sitios de almacenamiento y existen planes para desarrollar hasta nueve emplazamientos relacionados, con al menos tres en Malasia.

Según estimaciones preparatorias citadas por autoridades japonesas, estos sitios podrían almacenar hasta 20 millones de toneladas de CO2 por año hacia 2030, una cifra que equivaldría aproximadamente al 2% de las emisiones anuales de Japón si se cumple la proyección mencionada por los promotores del proyecto.

¿Por qué Japón considera esta opción?

Japón es uno de los países desarrollados con mayor dependencia de combustibles fósiles —trascesión energética marcada por la reducción de la generación nuclear después de 2011— y empresas de sectores intensivos en carbono (acero, cemento, refinerías) enfrentan costes y retos enormes para reducir emisiones rápidamente. Para las autoridades y muchas compañías, la CCS ofrece una forma de limar las emisiones más complejas sin paralizar la actividad industrial.

El argumento técnico es claro: algunas emisiones son difíciles o costosas de eliminar con las tecnologías actuales; capturarlas en la fuente y aislarlas geológicamente permitiría seguir usando infraestructuras existentes mientras se desarrolla la transición energética. Además, el concepto de transferencia transfronteriza de emisiones (que una nación emita pero pague para almacenarlas en otro país) plantea una solución de mercado que encaja con acuerdos comerciales y estrategias corporativas.

Malasia: entre oportunidad económica y riesgos ambientales

Malasia ha promovido una ley para atraer inversiones en el sector de captura y almacenamiento, y la petrolera estatal Petronas lidera un proyecto offshore valorado en más de 1.100 millones de dólares para crear lo que se anuncia como la mayor instalación de almacenamiento marino del mundo. El gobierno malayo proyectó —sin detallar supuestos técnicos en público— que el incipiente sector CCS podría añadir hasta 250.000 millones de dólares a la economía en tres décadas, según documentos gubernamentales y declaraciones públicas.

Para Malasia existe un claro incentivo económico: ingresos por almacenamiento por tonelada, creación de empleos en servicios especializados, y la posibilidad de posicionarse como hub regional. Sin embargo, activistas locales y ONG ambientales advierten que esos beneficios podrían venir acompañados de cargas sociales y ambientales: monitoreo insuficiente, litigiosidad futura, riesgos de fuga de CO2 y la transformación de ciertas regiones en zonas de almacenamiento industrial con poco beneficio local.

Críticas: “carbon colonialism” y el desplazamiento de responsabilidades

Una de las críticas más fuertes al plan nace de la noción de “carbon colonialism” o colonialismo del carbono: la idea de que países con gran capacidad industrial y grandes emisiones externalizan el problema hacia naciones menos poderosas, donde el almacenamiento resulta más barato o políticamente más factible.

Activistas de organizaciones como Friends of the Earth Japan y el Center for International Environmental Law han advertido que exportar emisiones permite a países contaminantes mantener altos niveles de actividad fósil mientras delegan el riesgo al otro Estado. Rachel Kennerley, especialista en captura de carbono del Center for International Environmental Law, ha calificado el enfoque como una forma de trasladar la carga de la contaminación a Malasia, haciendo del país receptor un “vertedero de carbono” para la industria extranjera.

La crítica política y ética plantea preguntas difíciles: ¿Quién asume la responsabilidad si hay fugas o problemas a largo plazo? ¿Cómo se garantizan los derechos de comunidades costeras o indígenas afectadas por operaciones geológicas? ¿Puede un contrato de almacenamiento verdaderamente proteger a generaciones futuras frente a riesgos sísmicos, corrosión de sellos geológicos o errores técnicos?

Eficacia real: ¿puede la CCS marcar una diferencia climática significativa?

El entusiasmo por la CCS se basa en su potencial técnico, pero la evidencia sobre su contribución real a la reducción de emisiones es ambigua. El International Energy Agency (IEA) ha incluido la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) en modelos de estabilización climática, pero estima que la CCS representará una fracción modesta de la reducción global necesaria: en su escenario Net Zero, la CCUS contribuiría con menos del 5% de la mitigación total hacia 2050 (fuente: International Energy Agency, Net Zero by 2050 roadmap).

Además, los proyectos de CCS han enfrentado retos prácticos: costos elevados por tonelada capturada (dependiendo de la pureza del flujo y la tecnología), problemas de escala, fugas localizadas y la necesidad de un monitoreo a largo plazo que puede extenderse por siglos. Todo eso sin contar los costos energéticos adicionales para capturar, licuar y transportar el CO2, que reducen la eficiencia energética global del proceso.

Lecciones de proyectos previos

En Europa y Norteamérica existen proyectos pioneros: Noruega ha liderado almacenamiento en yacimientos marinos por años (ejemplo: Sleipner y Snøhvit), y la Unión Europea ha desarrollado iniciativas de transporte transfronterizo de CO2 desde países como Dinamarca hacia reservorios en el Mar del Norte. La UE planea arrancar su primer gran proyecto offshore de inyección en el Mar del Norte hacia mediados de 2026.

Estas experiencias muestran que la técnica es viable cuando hay condiciones geológicas favorables y marcos regulatorios estrictos. No obstante, también revelan que la complejidad legal, el coste de infraestructura y la política pública pueden ralentizar la implementación y encarecer el servicio por tonelada almacenada.

Aspectos legales y de responsabilidad a largo plazo

El almacenamiento geológico de CO2 plantea retos legales inéditos: ¿cuál es la duración de la responsabilidad estatal por un yacimiento? ¿Cómo se asegura la financiación para vigilancia y reparación de daños dentro de décadas o siglos? En muchos países estos marcos aún no están clarificados y los acuerdos internacionales sobre traslado de emisiones son rudimentarios.

Para proyectos transfronterizos, las cláusulas contractuales pueden obligar al país emisor a pagar por vigilancia y reparaciones, pero la viabilidad de reclamar responsabilidades en el largo plazo es incierta. Además, el problema jurídico se complica por la posible existencia de reclamaciones indígenas o comunitarias por el uso de espacios marinos que tradicionalmente sustentan modos de vida locales.

Costos y economía del negocio del carbono

La economía del CCS depende de varios factores: el precio pagado por tonelada almacenada, los costes de captura (los más altos cuando el CO2 está diluido en flujos de combustión), transporte y la construcción de infraestructuras portuarias y de inyección. Las estimaciones de costo por tonelada varían ampliamente: la captura en plantas industriales con corrientes concentradas de CO2 puede costar entre 30 y 80 dólares por tonelada; en procesos difusos, los costes pueden superar los 200 dólares por tonelada. El transporte marítimo y la inyección añaden más costes, que dependen de distancias y complejidad del reservorio.

Para Malasia, la proyección de 250.000 millones de dólares en tres décadas suena atractiva pero requiere un marco realista de inversiones continuas, acceso a clientes internacionales y precios por tonelada suficientes para justificar la construcción y operación de instalaciones de monitoreo permanente.

Perspectiva regional: ¿podría el sudeste asiático convertirse en un hub de CCS?

Indonesia, Tailandia y Malasia poseen en algunos sectores condiciones geológicas favorables —yacimientos de hidrocarburos agotados que pueden ser reutilizados— y experiencia técnica en offshore por sus industrias petroleras. Sin embargo, la región también enfrenta desafíos: financiación, gobernanza, aceptación local y la necesidad de alinear la estrategia con transiciones energéticas nacionales que prioricen la expansión renovable.

Si Malasia logra consolidar infraestructura eficiente y establecer garantías de seguridad ambiental, podría atraer proyectos similares de otros países emisores regionales. No obstante, esa atracción depende en buena medida de precios de almacenamiento competitivos y de marcos legales sólidos que garanticen responsabilidad y transparencia.

Alternativas y prioridades: ¿dónde invertir para reducir emisiones?

Los críticos del enfoque señalan que recursos públicos y privados destinados a CCS podrían generar mayor impacto si se invirtieran en soluciones conocidas y probadas: despliegue masivo de energías renovables, modernización de redes eléctricas, electrificación del transporte, eficiencia energética en la industria y apoyo a tecnologías de hidrógeno verde.

Eqram Mustaqeem, activista que ha liderado campañas contra la CCS en Malasia, sostiene que invertir en captura representa una distracción costosa frente a la expansión de energía solar y la mejora de la infraestructura eléctrica. Desde la perspectiva climática, reducir emisiones en la fuente es siempre preferible a depender de soluciones de contención que introducen riesgos a terceros.

Transparencia, participación y derechos comunitarios

Para que cualquier proyecto transfronterizo sea ético y sostenible es necesario un proceso transparente que incluya: evaluaciones ambientales rigurosas, consultas con comunidades afectadas, acuerdos claros sobre beneficios y mecanismos de supervisión independientes. Sin estas garantías, la desigualdad y la asimetría de poder entre empresas internacionales, gobiernos y comunidades locales pueden profundizarse.

Muchos expertos insisten en que las negociaciones bilaterales deben incluir cláusulas de compensación claras, fondos de garantía para contingencias futuras y participación ciudadana real. Además, la ciencia del monitoreo debe ser pública y verificable por observadores independientes para evitar conflictos de credibilidad.

¿Qué dicen los organismos internacionales?

El International Energy Agency (IEA) reconoce el papel potencial de la CCUS como herramienta entre muchas para limitar el calentamiento global, pero advierte que no debe ser una excusa para retrasar la reducción inmediata de emisiones y el despliegue de energías limpias. Como referencia, el IEA ha señalado que las contribuciones de CCUS en escenarios de net-zero son limitadas en porcentaje, lo que refleja la necesidad de combinar medidas de mitigación intensas con tecnologías de captura cuando sea necesario (fuente: International Energy Agency, Net Zero by 2050 report).

Escenarios futuros: del piloto a la normalización

Si el proyecto Japón-Malasia avanza desde piloto a escala comercial, podría impulsar la creación de un mercado regional de servicios de almacenamiento de CO2. Ello implicaría cadenas de suministro nuevas: buques especializados, puertos acondicionados, instalaciones de compresión y acuerdos regulatorios transfronterizos.

Pero la normalización también conlleva riesgos de dependencia: países emisores podrían optar por persistir en modelos económicos altos en carbono apoyados por el recurso de almacenar emisiones externamente, lo que relega los esfuerzos de descarbonización interna a un segundo plano y perpetúa la explotación de recursos fósiles.

¿Cómo evaluar si el proyecto es deseable?

Una evaluación rigurosa debe considerar múltiples dimensiones: huella neta de emisiones (incluyendo energía para captura y transporte), costos comparativos frente a alternativas de mitigación, equidad intergeneracional, solidez del marco legal y capacidad de monitoreo permanente.

En términos prácticos, un proyecto responsable requeriría:

• Evaluaciones de impacto ambiental y social independientes y públicas.
• Mecanismos financieros que aseguren fondos para vigilancia y reparación a largo plazo.
• Acuerdos bilaterales claros sobre responsabilidad en caso de fugas o daños.
• Transparencia técnica y acceso de la sociedad civil a datos de monitoreo.
• Políticas complementarias que impulsen la reducción absoluta de emisiones en los países emisores.

Reflexión final: tecnología, ética y política climática

El debate sobre exportar emisiones a Malasia condensa preguntas mayores sobre la arquitectura de la gobernanza climática: ¿las soluciones técnicas pueden sustituir la transformación estructural de economías fósiles? ¿En qué medida los países ricos pueden delegar responsabilidades a naciones con menor capacidad institucional y quién protege a las comunidades receptoras?

Una respuesta equilibrada reconoce que la CCS puede tener un papel puntual para emisiones residuales difíciles de eliminar, pero subraya que su implementación debe estar subordinada a ambiciosos planes de reducción en origen y a salvaguardas robustas. Sin esas condiciones, existe el riesgo real de que la captura y el almacenamiento se conviertan en una forma de posponer decisiones difíciles que la transición energética exige hoy.

Mientras Japón y Malasia negocian pasos concretos, la comunidad internacional, las instituciones financieras y la ciencia deben exigir transparencia, rendición de cuentas y prioridades climáticas claras: la tecnoutopía no puede borrar la necesidad de transformaciones sociales y energéticas inmediatas.