Cuando la justicia se convierte en excepción: el caso del asesinato de Awdah Hathaleen y la violencia de colonos en Cisjordania

La noticia de que la fiscalía israelí planea imputar a un colono por la muerte del activista palestino Awdah Hathaleen ha encendido un debate que va más allá de un solo caso judicial. Es, para muchos, la rara apertura de una vía de rendición de cuentas en un escenario donde las agresiones por parte de colonos y las demoliciones de viviendas por las autoridades han aumentado de forma notable en los últimos años. Pero este proceso penal, impulsado por imágenes que captaron el enfrentamiento, también se inserta en un contexto más amplio: iniciativas administrativas que aceleran la usurpación legal de tierras, tensiones crecientes tras la visibilidad internacional del cortometraje ganador del Oscar que documenta la resistencia de aldeas palestinas, y la persistente percepción —y medida— de impunidad.

Un disparo que quedó registrado y un camino judicial inusual

En julio, durante un incidente en la comunidad de Umm al-Khair, Awdah Hathaleen falleció tras recibir disparos en medio de una confrontación con el colono Yinon Levi. Lo que distingue a este caso es que varios fragmentos de video —algunos, según la familia, filmados por el propio Hathaleen— muestran a Levi disparando hacia la persona que sostiene la cámara y moviéndose con un arma en alto durante la disputa. Videos adicionales, difundidos por organizaciones de derechos humanos, muestran la dinámica tensa entre el grupo de palestinos y el colono cuando estalló la violencia.

En marzo de 2026, la oficina del Fiscal General de Israel inició un proceso que podría llevar a la imputación formal de Levi por homicidio imprudente. La figura de “homicidio imprudente” ha provocado malestar entre los allegados de la víctima, que la consideran insuficiente: “Fue un asesinato intencional a plena luz del día, con intención previa y premeditación”, declaró Khalil Hathaleen, hermano de Awdah.

Desde la perspectiva judicial israelí, este caso es inusual: las investigaciones y los procesos penales contra colonos por agresiones a civiles palestinos en Cisjordania han sido, históricamente, poco frecuentes y a menudo criticados por su escasa eficacia. Organizaciones como Yesh Din han documentado un descenso en la apertura de investigaciones y en las diligencias que terminan en cargos luego de incidentes de violencia por parte de colonos. Según informes de esa ONG, durante años se han observado patrones de demora, cierre de casos por “falta de pruebas” y exenciones que alimentan la sensación de impunidad entre las comunidades palestinas.

Las imágenes como prueba y como catalizador de atención internacional

El valor probatorio y simbólico de las grabaciones en este episodio no puede subestimarse. En un conflicto donde las narrativas compiten por legitimidad, la existencia de material visual que documente la acción del agresor marca una diferencia práctica en investigaciones y un efecto político en la opinión pública internacional.

Organizaciones de derechos humanos israelíes, como B’Tselem, difundieron videos en los que se ve a Levi disparando un arma. Aunque en algunas tomas no es posible identificar exactamente la trayectoria de los proyectiles, los testimonios familiares —y la correlación temporal entre los disparos y la caída de Hathaleen— alimentaron la investigación. La familia aportó estas grabaciones a las autoridades y a organizaciones civiles; su difusión ayudó a que el caso trascendiera las fronteras de los territorios ocupados y recibiera atención mediática internacional.

Sin embargo, la existencia de grabaciones no garantiza un veredicto condenatorio ni implica que los cargos formales se transformen en sentencia. En muchos sistemas judiciales, incluidas las instituciones que actúan en territorios en disputa, las pruebas audiovisuales deben complementarse con ballística, testimonios, peritajes forenses y la cadena de custodia adecuada para sostener una acusación frente a los tribunales.

Contexto: un incremento de ataques y una política de tierra en transformación

Los hechos que rodearon la muerte de Hathaleen forman parte de un patrón más amplio: en los últimos dos años se ha registrado un aumento significativo de incidentes violentos perpetrados por colonos contra comunidades palestinas, así como un incremento en las demoliciones administrativas de viviendas y estructuras palestinas en Cisjordania.

Según datos consolidados por organizaciones locales e internacionales, más de 3.4 millones de palestinos residen en Cisjordania y Jerusalén Este, convivendo en un territorio en el que también viven aproximadamente 700,000 colonos israelíes (fuente: Naciones Unidas, datos demográficos estimativos para territorios ocupados). La expansión de asentamientos y el congelamiento simultáneo de opciones políticas han convertido la cuestión de la tierra en uno de los ejes centrales del conflicto.

En paralelo, el gobierno israelí anunció la reanudación de un proceso de registro de la propiedad —un sistema probatorio de titularidad— en toda Cisjordania. El objetivo oficial planteado es regularizar reclamaciones y armonizar registros; no obstante, opositores y organizaciones de derechos alertan que el procedimiento podría facilitar la confiscación de tierras a comunidades palestinas que han poseído y trabajado esas parcelas durante generaciones pero carecen de documentación formal aceptada por las autoridades que administran el registro. Grupos internacionales y diplomáticos han advertido que esta medida podría consolidar una “realidad legal y administrativa” que erosionaría aún más las posibilidades de un acuerdo territorial aceptable para ambas partes.

El fenómeno cultural que puso foco en Umm al-Khair

La aldea de Umm al-Khair, escenario del incidentes que terminaron con la vida de Hathaleen, ganó relevancia internacional después del estreno de “No Other Land”, documental que narra la lucha de los campesinos de la localidad por permanecer en su tierra frente a la presión de colonos y de medidas administrativas. La película ganó un Oscar en 2025, lo que multiplicó la visibilidad del caso y, según algunos de los protagonistas y cineastas, aumentó las agresiones y el acoso en el terreno: “Después del Oscar las agresiones se intensificaron de manera significativa. A diario vienen colonos a destruir los campos, los árboles y los cultivos alrededor de la casa”, dijo Hamdan Ballal, uno de los directores del documental y vecino de la comunidad.

La exposición internacional logró lo que muchas denuncias locales no habían conseguido: poner el foco global en prácticas, documentos y dinámicas que, para los habitantes de la región, son parte de su cotidianidad. Al mismo tiempo, la atención puede resultar ambivalente: por un lado visibiliza, por otro puede intensificar la presión sobre comunidades ya vulnerables.

Percepción de impunidad y respuestas institucionales

Para muchos palestinos y observadores internacionales, el caso de Hathaleen representa no solo un crimen aislado sino un síntoma de la falta de responsabilidad ante la violencia de los colonos. Según Yesh Din y otras ONG israelíes y palestinas, las investigaciones oficiales han sido insuficientes en muchos episodios. La llegada al poder de ministros con posturas abiertamente procolonos ha alimentado la percepción de una política estatal que tolera o incluso incentiva la expansión de asentamientos y una actitud laxa frente a las agresiones.

Los defensores de una actuación más estricta afirman que la iniciativa judicial en el caso de Levi, aunque limitada (la imputación prevista es por homicidio imprudente según abogados de la familia), puede constituir un precedente en un sistema donde las condenas por violencia de colonos contra palestinos son raras. “La aplicación de la ley en casos como este es muy rara, así que esto es único”, declaró Eitan Peleg, abogado de la familia Hathaleen. Para la familia, sin embargo, la acusación por imprudencia no alcanza: exigen que se reconozca la supuesta intención del agresor y que el proceso refleje la gravedad del acto.

La política de registros de tierras: ¿legalidad o expropiación encubierta?

La reactivación del registro de propiedad —que exige documentación formal para acreditar titularidad sobre parcelas en Cisjordania— ha sido justificada por funcionarios como una medida administrativa para ordenar la situación legal de terrenos y evitar duplicidades. No obstante, expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos han advertido que el mecanismo podría convertirse en una herramienta de transferencia de tierras si los criterios y procedimientos no reconocen formas tradicionales de posesión y uso.

Históricamente, en contextos coloniales o de ocupación, los procesos de formalización catastral han tenido consecuencias profundas: en muchos casos, la falta de documentos formales generó pérdida de derechos de comunidades campesinas y pueblos indígenas frente a reclamaciones estatales o privadas. En Cisjordania, donde numerosas familias palestinas han vivido y trabajado parcelas durante generaciones sin documentación registral moderna, la exigencia de pruebas formales puede resultar en una desposesión efectiva.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación. Voces diplomáticas, incluida la del Secretario General de la ONU, han descrito medidas similares como “desestabilizantes” y contrarias al derecho internacional que rige territorios ocupados, citando decisiones del derecho consuetudinario que protegen a poblaciones civiles y limitan la transferencia de población desde la potencia ocupante.

Impacto humanitario y económico en las comunidades locales

Más allá de la carga simbólica y política, la violencia de los colonos y las políticas de tierra tienen efectos concretos sobre la vida diaria de miles de palestinos: pérdida de cultivos, destrucción de olivos —un activo económico y cultural de primer orden en la región—, interrupción del acceso a pasturas y a fuentes de agua, y restricciones a la movilidad. Organizaciones locales han documentado episodios de saqueo de cosechas, daños a infraestructuras y actos de intimidación que disminuyen la seguridad alimentaria y los ingresos de familias enteras.

El impacto acumulado se traduce en desplazamientos internos, aumento de la pobreza y menor acceso a servicios básicos. Estos efectos no se limitan a hogares puntuales: afectan la estructura misma de comunidades agrícolas que han existido por generaciones.

El marco jurídico internacional y las reacciones exteriores

Desde la perspectiva del derecho internacional, la situación en Cisjordania incluye elementos sensibles: la Cuarta Convención de Ginebra establece protecciones para poblaciones civiles en territorios ocupados, y numerosas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU han condenado la construcción de asentamientos y las prácticas que alteran la situación demográfica y territorial. Además, la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado en ocasiones sobre cuestiones conexas, reafirmando la importancia de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos fundamentales de las poblaciones bajo ocupación.

Las reacciones internacionales ante la política de registros de tierras han incluido críticas de estados árabes, de instituciones multilaterales y de actores regionales que ven en esas medidas una estrategia para consolidar hechos consumados sobre el terreno. La preocupación central es que la administración de registros, combinada con las prácticas de asentamientos y demoliciones, puede crear una nueva realidad irreversible que complicará cualquier acuerdo futuro sobre estatus y fronteras.

¿Qué puede significar la imputación para el futuro?

Si la fiscalía avanza hacia la imputación formal y el caso llega a juicio, habrá varias implicancias potenciales. En primer lugar, un proceso judicial transparente y riguroso podría mostrar que las instituciones pueden investigar y sancionar la violencia de colonos, ayudando a restaurar cierta confianza en la aplicación de la ley entre las víctimas. En segundo lugar, una condena podría convertirse en precedente, alentando una mayor rendición de cuentas en casos similares.

Por otro lado, si el proceso fracasa o la acusación se reduce —por ejemplo, manteniéndose en la figura de “homicidio imprudente” sin mayores consecuencias—, el resultado podría reforzar la percepción de impunidad y exacerbar tensiones. Para la familia de Hathaleen y para las comunidades afectadas, la dimensión simbólica del veredicto será tan relevante como su efecto legal y punitivo.

Lecciones y recomendaciones desde la sociedad civil

Organizaciones de derechos humanos y activistas proponen varias líneas de intervención que pueden contribuir a mitigar la violencia y proteger derechos:

• Fortalecimiento de mecanismos independientes de investigación que garanticen imparcialidad y que no dependan exclusivamente de las fuerzas que operan en el terreno.
• Protección de testigos y preservación adecuada de pruebas audiovisuales y forenses para evitar que materiales clave sean despreciados por formalismos procesales.
• Reconocimiento legal de formas tradicionales de tenencia de la tierra en procesos catastrales, para evitar que la falta de documentación moderna signifique pérdida de derechos para familias que han habitado la tierra por generaciones.
• Mayor transparencia en las decisiones administrativas que afectan la tierra, con participación de las comunidades locales y supervisión internacional cuando corresponda.
• Programas de protección y asistencia humanitaria destinados a comunidades vulnerables, con enfoque en la seguridad alimentaria, la reparación de daños y la resiliencia económica.

Mirada final: justicia, visibilidad y la lucha por la tierra

El caso de Awdah Hathaleen pone en evidencia la tensión entre la visibilidad mediática, la acción judicial y las decisiones administrativas que configuran el mapa real de la ocupación. Cuando la evidencia queda registrada en video y se hace pública, la presión para una respuesta estatal aumenta; sin embargo, la respuesta institucional puede ser sólo parcial, simbólica o incluso insuficiente para cambiar procesos estructurales.

La lucha por la tierra en Cisjordania no es únicamente una disputa legal: es un conflicto por la memoria, la supervivencia económica y la dignidad de comunidades que ven cómo su entorno y sus vidas son transformados por decisiones políticas y por acciones violentas. Que un caso como el de Hathaleen llegue a un proceso de imputación es, en sí mismo, un dato relevante. Pero más importante aún será el resultado y las consecuencias institucionales que de él se deriven: ¿será el comienzo de un cambio real en la rendición de cuentas, o una excepción que confirme la regla?

Si las instituciones quieren recuperar legitimidad y contribuir a una solución durable, tendrán que demostrar que la ley se aplica con igualdad, que la protección de civiles es prioritaria y que los procedimientos administrativos que afectan la propiedad no vulneran derechos consagrados en el derecho internacional. Mientras tanto, las familias afectadas, los cineastas que cuentan estas historias y las organizaciones de derechos continúan registrando, filmando y denunciando para que los relatos que llegan desde el terreno no se pierdan en un archivo más.