Cuba a la espera del combustible: la vida en tiempos del ‘Ticket’ y la escasez energética

La necesidad hace ingenio, pero también revela fragilidades. En los últimos meses, los cubanos han visto cómo la escasez de combustibles y los cortes eléctricos se han intensificado, obligando al gobierno a introducir medidas tecnológicas y administrativas que buscan ordenar una crisis profunda. Entre esas soluciones figura la aplicación “Ticket”, un sistema que desde hace años servía para programar citas (notarías, servicios estatales) y que hoy se ha convertido en la puerta de acceso casi obligatoria para poder repostar en estaciones de servicio.

Una app para evitar el caos —y la desesperación—

El uso de la aplicación conocida como Ticket, desarrollada por la empresa estatal XETID, se ha extendido como mecanismo para «reservar» turnos de combustible. A simple vista, la idea tiene sentido: distribuir la demanda finita y evitar filas masivas que podrían convertirse en focos de conflicto. Sin embargo, en la práctica la medida ha dejado al descubierto la magnitud del problema. Ciudadanos reportan esperas de semanas o incluso meses para conseguir un cupo, y en estaciones con una oferta limitada —algunas otorgando apenas 50 citas diarias— los números asignados alcanzan varios miles.

Jorge Reyes, un conductor de 65 años, contó que obtuvo un turno con «el número siete mil y algo». La impotencia se mezcla con la planificación cotidiana: trabajadores que dependen del transporte público o particular, empresas pequeñas que necesitan movilizar mercancías, trabajadores de la salud que requieren desplazarse y familias que necesitan una reserva mínima por si surge una emergencia médica.

Restricciones, precios y la paradoja de la renta

La escasez no solo se manifiesta en la falta de estaciones abiertas o en citas lejanas: también impacta el precio y el acceso al combustible. Mientras el sistema estatal ha reducido la venta de gasolina subsidiada en moneda nacional, habilitando únicamente ventas en dólares estadounidenses a través de estaciones específicas, el mercado negro ha prosperado. Los precios oficiales se han acercado a 1,30 USD por litro en algunas estaciones, pero en la calle el litro puede alcanzar hasta 6 USD.

Este panorama es brutalmente desigual cuando se considera que el salario medio estatal, convertido al dólar usando tasas de mercado, es extremadamente bajo: muchos trabajadores perciben menos de 20 USD al mes. Frente a esa realidad, la compra de combustible en dólares es una imposibilidad para amplios sectores, lo que empuja el recurso hacia el mercado negro y alimenta redes de reventa.

Además, las restricciones por persona son severas: cuando se logra repostar en una estación, la cantidad permitida es de apenas 20 litros (unos 5,2 galones). Para un conductor que usa el vehículo para actividades laborales o para trayectos largos, esa cuantía se consume en cuestión de días.

Impactos en la movilidad y en la economía local

El efecto dominó es evidente. La limitada disponibilidad de combustible encarece el transporte de mercancías, reduce la frecuencia de los servicios públicos y obliga a empresas y particulares a reconfigurar rutas y horarios. Sectores como el turismo, que en años recientes fue una fuente clave de divisas, también se ven afectados: aunque algunos vehículos turísticos cuentan con privilegios para repostar en 44 estaciones designadas, las filas en esos puntos son largas y la limitación de 20 litros por vehículo sigue vigente.

En el corto y mediano plazo, la capacidad productiva del país también se ve mermada. Transporte agrícola, reparto de alimentos y logística interprovincial dependen del combustible. Menos combustible significa menor movimiento de bienes, mayor pérdida de productos perecederos y una inflación encubierta que presiona los precios internos.

¿Por qué ocurre ahora la escasez?

Las causas que explican la actual crisis energética son múltiples y se entrelazan. Entre las razones más citadas están:

• Reducción de suministros internacionales: Países que históricamente habían sido proveedores de petróleo o derivados han disminuido o interrumpido envíos por decisiones diplomáticas o por limitaciones propias de producción y logística.
• Sanciones y presiones externas: Las medidas económicas y políticas aplicadas por gobiernos extranjeros han aumentado los costos y riesgos de las transacciones energéticas con la isla.
• Limitaciones internas de refinación y logística: Plantas de refinación con maquinaria obsoleta, falta de repuestos y falta de inversión dificultan la producción doméstica de combustibles a partir de crudo importado.
• Problemas en la cadena financiera internacional: Dificultades para realizar pagos y asegurar contratos por el riesgo reputacional o por restricciones bancarias que afectan el comercio exterior.

En la práctica, estas causas se superponen: cuando un proveedor importante reduce envíos y, al mismo tiempo, los canales financieros para comprar petróleo se encarecen o cierran, la disponibilidad inmediata se reduce y los precios suben. El resultado es una presión inmediata sobre la ciudadanía y sobre los sectores productivos.

El factor geopolítico: un escenario de sanciones y rupturas

La geopolítica juega un papel central en este escenario. En los últimos años, la relación entre ciertos gobiernos y la isla ha atravesado momentos de tensión que han afectado el comercio de hidrocarburos. Venezuela, por ejemplo, fue históricamente uno de los proveedores principales de combustibles y asistencia energética para Cuba a precios preferenciales y mediante acuerdos bilaterales. Sin embargo, cambios internos y presiones externas han reducido la capacidad y disposición de Caracas para mantener esos envíos en los volúmenes previos.

Paralelamente, amenazas de sanciones y medidas punitivas contra terceros países por facilitar suministros a la isla han generado un efecto disuasorio. Cuando cualquier nación o empresa se enfrenta a la posibilidad de sanciones, aranceles o complicaciones bancarias por vender combustible a un país con tensiones diplomáticas, la oferta tiende a estrecharse.

Ese fenómeno no es exclusivo de Cuba; a lo largo de la historia contemporánea, las sanciones económicas han sido utilizadas como herramienta de presión política. Sin embargo, sus efectos en la vida cotidiana suelen recaer con mayor dureza sobre la población civil que sobre las élites políticas, creando un dilema ético y humanitario sobre su eficacia y legitimidad.

Las respuestas oficiales y la narrativa pública

Desde el gobierno, la narrativa oficial ha tratado de enmarcar la crisis como resultado de un «asedio energético» y de acciones coercitivas externas. El uso de términos como «bloqueo» o «asedio» busca explicar que la interrupción de suministros no proviene únicamente de fallas internas sino de factores externos que limitan la operatividad normal del país.

Al mismo tiempo, las autoridades han ofrecido medidas prácticas: implementación de sistemas de racionamiento, horarios reducidos en bancos para ahorrar electricidad, restringir el suministro a ciertas actividades no prioritarias e incentivar la compra de combustible con divisas. Aunque estas medidas apuntan a gestionar la crisis, muchas de ellas afectan la vida cotidiana y generan tensiones sociales, especialmente cuando se perciben como insuficientes o mal aplicadas.

La sociedad se organiza: redes, aplicaciones y economía informal

La improvisación ciudadana también ha sido notable. Los grupos de WhatsApp y redes vecinales han servido para compartir información sobre qué estaciones otorgan más citas, horarios menos concurridos o la apertura de surtidores para turistas. Ese «periodismo de barrio» y la coordinación informal permiten a muchos sortear, en parte, las limitaciones del sistema oficial.

Al mismo tiempo, el mercado negro se adapta: reventa de combustible, servicios de transporte alternativos y negocios que ofrecen soluciones paliativas a precios elevados. Aunque ilegales, estos mercados se alimentan de la necesidad y, en muchos casos, de la imposibilidad de acceder por vías regulares.

Datos y cifras para dimensionar la crisis

Contrariamente a la percepción de que se trata solo de un problema coyuntural, hay indicadores que muestran la magnitud del deterioro energético en la isla. Algunas cifras y observaciones relevantes:

• En diversos reportes de prensa y análisis económicos regionales se ha destacado la caída en las importaciones de combustibles de meses recientes, tras la reducción de suministros provenientes de países proveedores tradicionales.
• Encuestas locales y análisis del mercado informal muestran precios que multiplican por tres o cuatro el valor oficial del combustible —cuando se consigue— en función de la escasez y del riesgo asociado a su venta en la clandestinidad.
• Los límites de venta a 20 litros por vehículo, implementados en muchas estaciones, evidencian que la intención es diluir el stock disponible entre la mayor cantidad posible de usuarios, aunque a costa de limitar usos productivos.

Fuentes internacionales como Reuters y BBC han publicado crónicas y reportes que documentan cierres temporales de rutas aéreas por la imposibilidad de abastecer aeronaves en la isla y el aumento de paradas técnicas en países cercanos para reabastecimiento. Es decir: la crisis tiene impacto también en el turismo internacional y en la conectividad aérea regional (Reuters, BBC).

Historias cotidianas: entre la resiliencia y la resignación

Detrás de los números hay relatos personales que ilustran el coste humano de la crisis. Conductores que reservan una cita y deben esperar semanas, familias que guardan 5 litros por si un enfermo necesita traslado urgente, pequeños empresarios que ven reducida su capacidad de producir y distribuir. En muchos casos, los testimonios combinan inventiva y angustia: convertir vehículos en carpool, reorganizar rutas para ahorrar combustible, o decidir priorizar desplazamientos laborales sobre visitas familiares.

Un empresario de La Habana comentó que mantiene siempre una reserva mínima de 5 litros «para emergencias», mientras otro conductor expresó su frustración: «Esto no me va a durar mucho; tengo clientes que esperan que entregue mercancía y sin gasolina no puedo trabajar». Estas expresiones ponen en primer plano cómo la escasez agudiza la precariedad económica.

¿Qué se podría hacer para mitigar la crisis?

No existe una solución simple ni inmediata, pero varias líneas de acción podrían aliviar el problema en el corto y mediano plazo:

1. Negociaciones diplomáticas para asegurar suministros: Establecer canales con proveedores internacionales que permitan compras en condiciones aceptables, incluyendo mecanismos financieros que reduzcan el riesgo de sanciones para terceros.
2. Transparencia y gestión eficiente: Mayor transparencia en la distribución de combustibles y en los criterios para priorizar sectores (salud, transporte público, logística de alimentos) podría reducir percepciones de injusticia y mejorar la confianza ciudadana.
3. Inversión en energías alternativas: A mediano y largo plazo, diversificar la matriz energética con fuentes renovables (solar, eólica) y mejorar eficiencia en generación y distribución puede reducir la dependencia de importaciones.
4. Programas de ayuda focalizada: Implementar ayudas dirigidas a los sectores más vulnerables para compensar el encarecimiento del transporte y de los bienes básicos.
5. Cooperación internacional humanitaria: En situaciones en que la población civil sufre impactos críticos por sanciones o rupturas comerciales, existen marcos de cooperación y excepciones humanitarias que permiten el suministro de bienes esenciales.

El debate moral y jurídico de las sanciones

La discusión sobre la legitimidad y eficacia de las sanciones económicas es compleja. Instituciones de derechos humanos y organismos multilaterales han expresado en diferentes momentos preocupación por el impacto de medidas unilaterales que, sin un marco de excepción humanitaria, pueden afectar gravemente a la población civil. En ese sentido, el dilema es claro: si bien las sanciones buscan presionar a gobiernos, sus efectos colaterales suelen golpear servicios esenciales, comercio de alimentos y acceso a medicinas y combustibles.

El debate exige ponderar objetivos políticos con obligaciones humanitarias. En cualquier caso, la ausencia de canales seguros y garantizados para el acceso a bienes esenciales —incluido el combustible para servicios de salud y transporte de alimentos— convierte la medida en un asunto de urgencia internacional.

Miradas al futuro: resiliencia o declive

¿Qué puede esperarse en los próximos meses? Mucho dependerá de factores externos (disponibilidad de suministros, decisiones diplomáticas de terceros países) y de decisiones internas (priorización de recursos, inversiones en infraestructura). Si se abren canales de suministro y se logra estabilidad financiera, la crisis podría mitigarse; si persisten las restricciones, la presión sobre la economía y la calidad de vida continuará en aumento.

La experiencia reciente muestra que las soluciones tecnológicas —como la app Ticket— son útiles para ordenar procesos, pero no sustituyen al bien físico que falta: el combustible. En ausencia de gasolina suficiente, todo el andamiaje administrativo queda limitado por la falta de producto. Por eso, más allá de la digitalización de turnos, la prioridad debe ser garantizar el suministro de bienes esenciales y proteger a los sectores más vulnerables.

Reflexión final

La crisis del combustible en Cuba es una ventana a problemas más profundos de interdependencia, vulnerabilidad económica y decisiones políticas que trascienden las fronteras nacionales. Mientras las familias reorganizan sus vidas alrededor de la escasez, y los negocios adaptan sus operaciones a una nueva realidad, queda claro que las soluciones requerirán tanto acción local como cooperación internacional. Más que un problema técnico, se trata de una cuestión humana: cómo asegurar que el acceso a servicios básicos no dependa del azar ni de redes alternas que aumentan la desigualdad.

Para cualquier sociedad, enfrentar una crisis de esta magnitud es una prueba de resiliencia —pero también una oportunidad para reimaginar modelos energéticos, fortalecer la gobernanza y replantear prioridades para que la ciudadanía, antes que la política, sea el centro de la respuesta.