El horror en el-Fasher: el asalto del RSF en Darfur y la cuestión de la impunidad

El 26 de octubre marcó un antes y un después para la ciudad de el-Fasher y para gran parte de la región de Darfur. La ofensiva del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) para tomar la ciudad —único bastión del ejército sudanés en el norte de Darfur tras un prolongado asedio— se tradujo, según reportes de organismos internacionales, en una ola de violencia de una intensidad y brutalidad excepcionales. Más de 6.000 personas murieron en cuestión de días, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Los relatos incluyen matanzas masivas, ejecuciones sumarias, violencia sexual sistemática, secuestros, tortura y desapariciones forzadas.

Contexto histórico y el papel de Darfur en la crisis sudanesa

Para entender la magnitud de lo ocurrido en el-Fasher es imprescindible situarlo en el trasfondo histórico de Darfur y en la guerra civil sudanesa que se desató con fuerza en 2023. Darfur, región occidental de Sudán, fue escenario de otro ciclo de violencia masiva desde 2003, cuando enfrentamientos entre grupos rebeldes y las fuerzas gubernamentales desencadenaron campañas de represalia por parte de milicias árabes conocidas como Janjaweed. Aquella crisis produjo decenas de miles de muertos y millones de desplazados; además, la comunidad internacional calificó esas campañas como crímenes de lesa humanidad y en algunos análisis como genocidio.

La fractura que estalló en abril de 2023 entre el Ejército sudanés (las Fuerzas Armadas) y la RSF —un grupo con raíces en milicias árabes y que contó en su ascenso con el apoyo implícito o explícito de varios actores— transformó la dinámica nacional. El enfrentamiento por el control político y económico del país degeneró en un conflicto abierto en Jartum y en varios frentes regionales, reavivando viejas heridas en Darfur.

El resultado fue la peor crisis humanitaria a nivel global en términos de población desplazada y necesidades de protección: según distintas estimaciones humanitarias, millones de sudaneses fueron desplazados interna y externamente, y zonas enteras quedaron al borde de la hambruna. Organizaciones internacionales, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU, han repetido alarmas sobre la colosal escala del sufrimiento y la urgencia de respuestas de protección.

La ofensiva en el-Fasher: cifras, testimonios y evidencias

El informe de 29 páginas de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos documenta con entrevistas, imágenes de video y análisis de imágenes satelitales una secuencia de crímenes que abarcan al menos del 25 al 28 de octubre. La investigación encontró que al menos 4.400 personas fueron asesinadas dentro de la ciudad entre el 25 y el 27 de octubre, y otras 1.600 murieron al intentar huir de la violencia, sumando más de 6.000 víctimas en esos días. El informe advierte, además, que la cifra real probablemente es mucho más alta.

Entre los episodios más horrendos consignados hay relatos de disparos indiscriminados contra multitudes que buscaban refugio. En un caso documentado, combatientes del RSF abrieron fuego con armas pesadas contra alrededor de 1.000 personas que se habían refugiado en el dormitorio Rashid de la universidad de el-Fasher, matando aproximadamente a 500 de ellas. Un testigo describió la escena: “Vi cuerpos lanzados por el aire, como una escena salida de una película de terror”.

Otro episodio señaló la ejecución de aproximadamente 600 personas —incluyendo 50 niños— que se habían refugiado en instalaciones universitarias el 26 de octubre. Además, el asalto a un hospital materno por parte de las fuerzas paramilitares el 28 de octubre causó al menos 460 muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cifra que el informe de la ONU trata por separado pero que se suma al balance trágico.

La violencia no se limitó a ejecuciones masivas: la sistematicidad y el patrón étnico de los ataques son alarmantes. Testimonios recogen que mujeres y niñas de grupos no árabes —como los zaghawa y otros colectivos africanos— fueron objetivo de violencia sexual generalizada, incluyendo violaciones y violaciones en grupo. La Alta Comisionada señaló que la violencia sexual fue utilizada “sistemáticamente como arma de guerra”.

Detenciones, desapariciones y transformación de espacios civiles

El informe también documenta la utilización de al menos 10 instalaciones en el-Fasher como centros de detención operados por la RSF, entre ellas el hospital infantil, convertido en prisión. Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente, muchas desaparecidas desde entonces. Algunos detenidos fueron posteriormente liberados tras el pago de rescates.

La transformación de hospitales, escuelas y otros espacios civiles en sitios de detención o en escenarios de ataques deliberados agrava el colapso de la ya precaria infraestructura humanitaria. Cuando los espacios destinados a proteger a la población civil son convertidos en objetivos o en cárceles, la capacidad de respuesta humanitaria y médica queda severamente comprometida.

Responsabilidad y la acusación de crímenes de guerra y de lesa humanidad

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, declaró que los actos perpetrados por la RSF y sus milicias aliadas constituyen violaciones que probablemente equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La Corte Penal Internacional (CPI) ya había anunciado investigaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto del conflicto sudanés, y Estados Unidos ha llegado a acusar a la RSF de actos que se aproximan al genocidio en base a su patrón de violencia en Darfur.

La cuestión de la responsabilidad no solo implica a los ejecutores materiales sino también a los mandos y artífices políticos. Türk enfatizó la necesidad de que quienes ordenaron u omitieron obligaciones de prevención y control respondan ante la justicia: “La impunidad persistente alimenta ciclos continuos de violencia”. Es un punto crucial: la impunidad histórica en Darfur ha sido un factor recurrente que ha permitido la repetición de violencia masiva.

Implicaciones legales y mecanismos de rendición de cuentas

En términos legales, la calificación de los crímenes y la atribución de responsabilidad conllevan procedimientos complejos. La CPI tiene jurisdicción sobre crímenes internacionales graves —genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra— cuando el Estado nacional es incapaz o no está dispuesto a investigar y enjuiciar. La Corte ha investigado y presentado cargos contra actores sudaneses en el pasado, como es el caso del expresidente Omar al-Bashir, acusado por la CPI por crímenes en Darfur.

No obstante, los procesos internacionales suelen ser lentos y enfrentan obstáculos prácticos y políticos: recolección de pruebas en entornos inseguros, protección de testigos, cooperación de terceros Estados y acceso a los sospechosos. Mientras tanto, las víctimas y las comunidades siguen expuestas y el daño se prolonga. Por eso, expertos y defensores exigen mecanismos complementarios: tribunales híbridos, comisiones de la verdad con mandatos de reparación, medidas de justicia transicional y sanciones dirigidas a actores responsables.

El efecto de la impunidad y el riesgo de radicalización local

La sensación de impunidad no solo priva de justicia a las víctimas; también tiene efectos estratégicos y de seguridad. Cuando actores armados observan que sus crímenes no acarrean consecuencias, se incentiva el recurso a la violencia como forma de resolución de disputas o de acumulación de poder. En Darfur, ese círculo vicioso ha contribuido a décadas de conflicto y fragmentación social.

Además existe un alto riesgo de radicalización y proliferación de grupos armados locales que, en ausencia de un monopolio legítimo de la fuerza y de expectativas de justicia, optan por recurrir a la violencia para proteger intereses o vengar agravios. Esto genera una espiral en la que cada agresión produce represalias y alimenta más conflictos interétnicos y territoriales.

Consecuencias humanitarias: desplazamientos, hambre y colapso social

El impacto humanitario directo de la ofensiva en el-Fasher es enorme. Las muertes masivas y las destrucciones forzaron a cientos de miles a huir; muchos se dirigieron a campamentos ya superpoblados o a áreas fronterizas en condiciones precarias. La crisis alimentaria, agravada por la interrupción de cultivos, comercialización y ayuda humanitaria, colocó a amplias zonas en riesgo de hambruna. En 2023 y 2024, agencias de la ONU y ONG alertaron sobre millones de personas que requerían asistencia urgente para sobrevivir.

Las consecuencias a largo plazo son igualmente severas: hogares destruidos, pérdida de medios de vida, traumatización masiva y destrucción del tejido social. La recuperación será costosa y lenta, requiriendo no solo asistencia humanitaria, sino también iniciativas de reconstrucción, programas de salud mental, y medidas de reconciliación social y económica.

La (insuficiente) respuesta internacional

La comunidad internacional reaccionó con condenas y llamados a la investigación. Organismos multilaterales, gobiernos y organizaciones humanitarias han exigido acceso seguro para entregar ayuda y han pedido el fin de los ataques contra civiles y la protección de los trabajadores humanitarios. Pero la capacidad de imponer sanciones efectivas o acciones coercitivas se topa con límites políticos: intereses geopolíticos, la dinámica de alianzas regionales y la voluntad de los Estados miembros de actuar con decisión.

Estos límites muestran una tensión recurrente en la política internacional: la retórica de derechos humanos frente a la realpolitik. Para muchas víctimas, las declaraciones de condena no sustituyen la justicia ni la protección inmediata. El llamado de la ONU a la rendición de cuentas necesita, por tanto, un respaldo práctico: sanciones focalizadas, congelamiento de activos, prohibiciones de viaje para los responsables y mayor apoyo a mecanismos judiciales internacionales y locales.

Voces desde Darfur: testimonios que exigen ser escuchados

Los testimonios recogidos por investigadores y periodistas describen escenas de horror que son difíciles de asimilar: familias enteras masacradas en sus hogares, refugios comunitarios bombardeados, mujeres violadas públicamente como forma de castigo y humillación colectiva. Un sobreviviente citaría, en palabras recogidas por investigadores, que “la ciudad que conocíamos dejó de existir en dos días”.

Estas voces reclaman no solo justicia penal, sino verdad, reparación y garantías de no repetición. Eso implica, entre otras cosas, exhumaciones y documentación forense de fosas comunes, mecanismos para identificar a los desaparecidos, programas de atención sanitaria y psicológica, y garantías de seguridad para que las poblaciones desplazadas puedan retornar con dignidad y protección.

Qué medidas podrían ayudar: pasos prácticos hacia la protección y la justicia

Para que el horror en el-Fasher no quede en un número más en un informe, se requieren acciones coordinadas a corto, medio y largo plazo:

• Acceso humanitario inmediato: corredores seguros y protección para personal humanitario; despliegue de equipos médicos y de saneamiento para prevenir brotes y atender a los heridos.
• Protección y seguridad: presión internacional para garantizar la retirada de fuerzas paramilitares de áreas civiles y la creación de zonas seguras bajo supervisión internacional imparcial si fuese necesario.
• Documentación y preservación de pruebas: apoyo a equipos independientes para recolectar testimonios, evidencias forenses y registros que permitan futuras investigaciones y prosecuciones.
• Sanciones y medidas diplomáticas: sanciones dirigidas a comandantes y a actores económicos que financian a grupos responsables, así como restricciones de movimiento y congelamiento de activos.
• Justicia internacional y nacional: coordinación entre la CPI, cortes regionales y sistemas de justicia nacionales o híbridos para asegurar procesos justos y efectivos.
• Programas de reparación y reconstrucción: iniciativas para la rehabilitación de infraestructuras, apoyo a medios de vida y programas psicosociales masivos.

Un llamado a recordar: por qué importa la respuesta global

Lo ocurrido en el-Fasher es, a la vez, una tragedia humana y una prueba de la eficacia de la arquitectura internacional de derechos humanos. La respuesta que la comunidad internacional —Estados, organismos multilaterales y sociedad civil— dé a estos hechos tendrá implicaciones más allá de Sudán: enviará un mensaje sobre si los crímenes masivos pueden permanecer sin castigo o si los perpetradores enfrentarán consecuencias tangibles.

Permitir la normalización de la violencia de escala masiva erosionaría normas internacionales y consolidaría la idea de que la violencia étnica y la impunidad son herramientas políticas válidas. Por el contrario, una acción decidida, coordinada y sostenida podría contribuir a frenar futuros atropellos, ofrecer reparación a las víctimas y sentar precedentes de rendición de cuentas.

Referencias y datos citados

Las cifras y hallazgos mencionados en este artículo se basan en reportes oficiales y declaraciones públicas de organismos internacionales que han investigado los hechos:

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): informe sobre la ofensiva en el-Fasher y documentación de violaciones de derechos humanos (octubre-noviembre, 2025). [Documento público emitido por la ACNUDH].
• Organización Mundial de la Salud (OMS): informe sobre el ataque al hospital materno en el-Fasher y registro de víctimas (octubre, 2025).
• Corte Penal Internacional (CPI): investigaciones en curso sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán (comunicados públicos y fases investigativas, 2023-2025).

Además, para comprender el contexto histórico de Darfur se pueden consultar estudios académicos y reportes de derechos humanos sobre la crisis de 2003 en adelante, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a Darfur.

El recuerdo de las víctimas y la exigencia de justicia son imperativos morales y políticos. El caso de el-Fasher debe servir de impulso para reenergizar los mecanismos de protección y rendición de cuentas, y para recordar que la dignidad humana no puede negociarse con la impunidad.