Hospitales en Gaza bajo presión: el choque entre atención médica y seguridad en medio del conflicto

La tensión entre la protección de instalaciones médicas y las exigencias de seguridad en zonas de conflicto ha vuelto a encender el debate internacional. El reciente episodio en torno al Hospital Nasser de Khan Younis, en la franja sur de Gaza, donde la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) suspendió operaciones no críticas citando riesgos por la presencia de hombres armados, pone en evidencia cómo la guerra reconfigura la función de los hospitales: de espacios de cuidado a escenarios con amenazas múltiples que ponen en peligro tanto al personal sanitario como a los pacientes.

Un hospital entre la atención y la inseguridad

Los hospitales son, por norma y derecho internacional humanitario, espacios protegidos. Sin embargo, en conflictos asimétricos y prolongados esa protección suele desdibujarse. Nasser Hospital es uno de los pocos grandes centros médicos en el sur de Gaza que permanecen operativos para atender a cientos de personas diariamente, incluidos heridos de guerra y pacientes con necesidades crónicas.

MSF anunció la suspensión de sus operaciones no críticas en el hospital debido, según su comunicado, a “un patrón de actos inaceptables incluyendo la presencia de hombres armados, intimidación, detenciones arbitrarias de pacientes y una reciente sospecha de movimiento de armas” (Médicos Sin Fronteras, comunicado oficial). La organización subrayó que esas situaciones suponían una amenaza “grave” para sus equipos y para las personas atendidas.

Por su parte, el propio Hospital Nasser respondió públicamente que la presencia de lo que describió como “policía civil” tenía como objetivo proteger a pacientes y personal ante ataques y amenazas, y calificó las alegaciones de MSF de “inexactas e irresponsables”. Estas divergencias públicas entre dos proveedores sanitarios —uno internacional y el otro local— ilustran la complejidad del terreno: cuando la misma realidad es evaluada desde ópticas distintas, las medidas de operación y los mensajes a la comunidad pueden entrar en conflicto.

¿Qué implican, en la práctica, las amenazas dentro de un hospital?

Cuando hay presencia de combatientes armados o milicias en instalaciones sanitarias, se multiplican riesgos concretos: acceso limitado de pacientes a ciertas áreas, interrupción de procedimientos quirúrgicos, coacción o detenciones de pacientes o acompañantes, intimidación de trabajadores sanitarios y dificultades para la entrega y resguardo de suministros médicos esenciales. MSF, con experiencia en múltiples frentes, ha documentado en otras crisis cómo la militarización de hospitales conduce a una caída significativa en la capacidad de atención y a un aumento de la mortalidad evitable.

Además, la percepción de que un hospital alberga elementos combatientes convierte la instalación en objetivo militar. Fuerzas que consideran que hay uso militar de infraestructura civil pueden justificar ataques en base a esa lógica, poniendo en riesgo a la población que depende del centro. En Gaza, informes de distintas organizaciones apuntan a ataques previos contra hospitales, lo que crea un círculo vicioso: la inseguridad atrae a guardias armados para proteger, y su presencia aumenta el riesgo de ser atacado.

El efecto en la población: cifras y relatos

Las consecuencias para la población local son inmediatas y dramáticas. Los hospitales que permanecen operativos sufren sobrecarga de pacientes; los que cierran o reducen servicios convierten los cuidados esenciales en un recurso aún más escaso. Según datos reportados por autoridades sanitarias en Gaza durante el periodo posterior al cese de hostilidades, el número total de víctimas mortales del conflicto y las operaciones militares había alcanzado cifras en el orden de varios centenares a lo largo de meses de hostilidades. Estas cifras, aunque variables según la fuente, muestran un impacto sanitario sostenido que se traduce en mayor mortalidad por trauma, pero también por enfermedades tratables que no reciben atención oportuna.

Un ejemplo concreto: cuando MSF suspende operaciones no críticas, esto puede incluir cirugías programadas, atención ambulatoria y seguimiento de pacientes crónicos. Para miles de personas que dependen de ese tipo de cuidados, la interrupción implica deterioro de salud, complicaciones y, en algunos casos, riesgo de muerte a medio plazo. Además, la suspensión crea un efecto dominó: otras organizaciones y personal local se ven obligados a reajustar su trabajo, y la confianza de la comunidad en la capacidad del hospital para proteger a sus enfermos disminuye.

Legalidad y ética: normas que se enfrentan a la realidad

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) protege las instalaciones médicas y prohíbe su uso con fines militares. Sin embargo, cuando grupos armados utilizan hospitales como refugio, cuartel o depósito de armas, esa protección puede perder eficacia práctica. El DIH contempla que, si una instalación médica se emplea para actos hostiles, puede dejar de ser protegida, pero también exige una proporcionalidad y una necesidad militar claras antes de atacar.

En términos éticos, las organizaciones sanitarias enfrentan decisiones complejas: permanecer y arriesgar al personal y pacientes, o suspender operaciones y abandonar a la población a su suerte. MSF suele argumentar que no puede aceptar condiciones que pongan en riesgo a sus equipos o que comprometan la neutralidad de la atención sanitaria. Su principio de neutralidad exige que los pacientes sean tratados sin discriminación y que el personal no sea coaccionado.

La neutralidad y la percepción local

La neutralidad no solo es un principio operativo; es también una percepción. Cuando comunidades locales ven presencia de fuerzas o milicias en un hospital, pueden dejar de percibirlo como un espacio seguro. Eso relaja el cumplimiento de normas de protección y puede generar rechazo hacia organizaciones internacionales que critican esa presencia, como sucedió con la censura pública del Hospital Nasser a las afirmaciones de MSF.

Por otro lado, la insistencia de equipos internacionales en denunciar amenazas puede ser interpretada por autoridades locales como una falta de apoyo político, aun cuando su objetivo sea la seguridad de su personal y pacientes. Esta tensión entre rendición de cuentas internacional y autoridades locales complica la coordinación humanitaria.

Historias que lo explican: voces desde el terreno

En conflictos anteriores, testimonios similares han mostrado cómo los trabajadores sanitarios deben negociar su presencia con actores armados para continuar operando. Un cirujano en un hospital en zona de conflicto suele relatar jornadas interminables, improvisación por falta de insumos y la angustia de ver pacientes que no llegan a ser atendidos por miedo a entrar en instalaciones “militarizadas”. Estas historias, repetidas en distintos escenarios internacionales, confirman que el problema no es nuevo, pero sí cambiante en intensidad y forma.

En el caso de Nasser, el personal médico ha denunciado en ocasiones ataques directos y amenazas por parte de grupos enmascarados que, según el hospital, justifican la necesidad de una fuerza civil de protección. MSF, por su lado, ha documentado incidentes de intimidación y detenciones arbitrarias dentro del recinto. Ambas narrativas reflejan visiones distintas de la misma realidad caótica.

Impacto en la ayuda humanitaria: logística y recursos

La interrupción de operaciones en hospitales clave afecta la logística humanitaria de toda la región. Los centros remotos deben asumir pacientes que no pueden ser tratados localmente; las evacuaciones médicas se complican; la cadena de suministro de medicamentos y equipamiento se ve alterada por restricciones de acceso y por el deterioro de la seguridad. Esto incrementa los costos operativos y obliga a priorizaciones de vida o muerte.

Además, la percepción de inseguridad puede disuadir a personal internacional de entrar o permanecer en la zona, reduciento la capacidad técnica disponible. La pérdida de personal cualificado repercute en la calidad del tratamiento y en la formación de personal local, con efectos que perduran mucho después de que la violencia disminuya.

La política y la geopolítica detrás de los hospitales

En conflictos donde existen múltiples actores —fuerzas estatales, grupos insurgentes, milicias locales y actores externos—, los hospitales se convierten en puntos estratégicos no solo por su valor médico sino por su simbolismo. Controlar o influir sobre un hospital puede ofrecer legitimidad política, control sobre poblaciones desplazadas y acceso a recursos valiosos.

Estas dinámicas complican la labor de mediación internacional. Los acuerdos que permiten la entrada de ayuda, el intercambio de prisioneros o la liberación de heridos suelen implicar negociaciones delicadas en las que los hospitales figuran como moneda de cambio o garantía. El resultado: las directrices humanitarias chocan con intereses militares y políticos, y los pacientes quedan atrapados en medio.

Propuestas y medidas para proteger la atención sanitaria

Frente a esta realidad, la comunidad humanitaria ha planteado varias medidas para reforzar la protección de instalaciones sanitarias:

• Refuerzo de la documentación y monitorización: registrar incidentes, recopilar evidencia y emitir informes públicos ayuda a presionar por responsabilidad y a diseñar respuestas más eficaces.
• Acuerdos locales de neutralidad: negociar con actores armados la exclusión de hospitales de operaciones militares y el respeto por la seguridad del personal y pacientes.
• Mejoras en seguridad física: reforzar muros, rutas de evacuación y protocolos para la gestión de amenazas sin militarizar el centro.
• Capacitación y apoyo a personal local: invertir en formación para gestionar crisis, triage masivo y protección psicosocial.
• Canales humanitarios protegidos: crear corredores médicos con garantías internacionales que faciliten el paso de insumos y la evacuación de heridos.

Estas medidas no son exhaustivas ni garantizan el éxito, pero constituyen un marco de acción que combina prevención, respuesta y rendición de cuentas.

Responsabilidad y transparencia: un llamado a actores locales e internacionales

La protección de la atención sanitaria exige compromiso de todas las partes: autoridades locales, actores armados, organizaciones internacionales y donantes. La transparencia sobre incidentes y la voluntad de investigar alegaciones de violaciones de protección son esenciales para reconstruir confianza.

Organizaciones como MSF y la Organización Mundial de la Salud han insistido en la necesidad de mecanismos de investigación independientes en casos de ataques o interferencias con instalaciones médicas. La aplicación de sanciones y medidas diplomáticas ante violaciones persistentes también forma parte del repertorio de respuestas posibles.

Reflexión final: el costo humano de perder hospitales

Más allá de la retórica y las cifras, la disputa alrededor de instalaciones como el Hospital Nasser representa rostros y vidas concretas: madres que no obtienen atención obstétrica, niños que no reciben vacunas o pacientes crónicos que pierden seguimiento. Cuando la infraestructura sanitaria se convierte en un campo de negociación o en un objetivo militar, la comunidad civil paga el precio más elevado.

Proteger la atención médica en conflictos no es solo una obligación legal; es una inversión en la resiliencia social y en la posibilidad de reconstrucción post-conflicto. A medida que el mundo observa episodios como el de Nasser, el desafío es traducir denuncias y documentación en medidas operativas y políticas que impidan que los hospitales vuelvan a ser, en la práctica, teatro de violencia.

Fuentes y citas:

• Médicos Sin Fronteras (MSF), comunicado sobre la suspensión de actividades en Nasser Hospital (declaración pública de MSF).
• Informes y datos consolidados por autoridades sanitarias en Gaza y organismos internacionales sobre víctimas y operaciones en la franja de Gaza (registro de incidentes y estadísticas públicas).