Cuando los sheriffs dejan de ser brazos de ICE: la batalla por los acuerdos 287(g) en Estados Unidos

Palabra clave: Analysis

Un giro legislativo y sus ecos

En febrero de 2026, el gobernador de Maryland, Wes Moore, firmó una ley que prohíbe a las jurisdicciones estatales y locales celebrar acuerdos de cooperación que permitan a oficiales locales ejercer funciones de inmigración federal bajo la sección 287(g) del Código de Inmigración. La medida pone fin, de forma inmediata, a prácticas que en condados como Frederick habían estado vigentes por 18 años: preguntar a los detenidos sobre su ciudadanía y nacimiento y, si la respuesta no era "Estados Unidos", permitir que agentes locales actuaran bajo la autoridad federal para investigar estatus migratorio y, en muchos casos, transferir a la persona a la custodia de ICE.

La aprobación de esta ley no es un hecho aislado. En el último año varias entidades estatales y locales lideradas por demócratas han adoptado políticas que limitan o prohíben la cooperación con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Estados como Nueva México y Maine han aprobado restricciones similares, y legisladores en Nueva York y Virginia avanzan en ese camino.

¿Qué es 287(g) y por qué es controvertido?

La sección 287(g) del Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1996 autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a firmar acuerdos con agencias estatales y locales para delegar funciones de inmigración a oficiales municipales, de condado o estatales. En la práctica, esto permite que policías y sheriffs —con la formación y el respaldo administrativo de ICE— interroguen, detengan y remitan a inmigrantes sospechosos de estar indocumentados.

El programa fue utilizado de forma más limitada durante la administración de Joe Biden —principalmente en prisiones y cárceles— pero fue reactivado y ampliado por la administración de Donald Trump, que impulsó su uso fuera de instalaciones carcelarias, creando equipos de tareas capaces de arrestar en la vía pública. Según cifras difundidas por el propio DHS/ICE, el número total de acuerdos pasó de alrededor de 135 antes de 2024 a más de 1,400 en 41 estados y territorios en 2026, con cerca de 800 entidades que firmaron pactos de tipo "task force" con facultades más amplias (fuentes: reportes del DHS/ICE).

Incentivos y expansión: la economía de los acuerdos

Más allá de la capacidad operativa, ICE ha usado incentivos financieros para promover la adhesión. Reglamentos y prácticas internas ofrecen a los departamentos locales beneficios materiales: por ejemplo, fondos para vehículos, el pago de salarios y beneficios para oficiales formados y asignaciones para equipo —en algunos casos, se reportó que se ofrecían hasta $100,000 por nuevos vehículos y $7,500 por equipo para cada oficial entrenado—.

Además, la expansión de la aplicación federal ha venido acompañada de un incremento en los recursos presupuestarios federales. Recientes piezas legislativas federales y asignaciones han destinado montos significativos a la ampliación de la capacidad de inmigración, incluyendo contrataciones de agentes y expansión de centros de detención. Esto, a ojos de las administraciones que favorecen mano dura en inmigración, convierte a 287(g) en una herramienta escalable y relativamente barata para extender la presencia de enforcement en comunidades locales.

Argumentos a favor: seguridad y eficacia

Los defensores de los acuerdos 287(g), entre ellos sheriffs republicanos en varios condados, argumentan que la colaboración permite identificar con eficacia a personas que pueden representar un riesgo para la seguridad pública y facilita la transferencia a custodia federal sin esperar procesos más largos. El sheriff Charles Jenkins, de Frederick County, comentó tras la firma de la ley de Maryland: "Estoy extremadamente decepcionado con la legislación... realmente y verdaderamente va a poner al público en riesgo de muchas maneras" (declaración pública del sheriff Charles Jenkins).

Otros sheriffs sostienen que, sin la cooperación, ICE enviará agentes federales adicionales para operar directamente en sus jurisdicciones, lo que —según su lógica— podría resultar en operaciones más invasivas y menos coordinadas con la policía local. "Creo que lo que verán es más enforcement de inmigración, no menos", señaló el sheriff Jeffrey Gahler de Harford County, cuya agencia remitió alrededor de 430 personas a ICE en los últimos nueve años (declaración pública del sheriff Jeffrey Gahler).

Argumentos en contra: derechos civiles, confianza y efectos colaterales

Los críticos de 287(g) denuncian que delegar funciones federales a fuerzas locales fomenta la discriminación, el perfilado racial y la erosión de la confianza entre comunidades inmigrantes y las autoridades. Para muchos defensores de los derechos civiles, preguntar a los detenidos por ciudadanía o lugar de nacimiento se convierte en una puerta de entrada a detenciones y deportaciones que fragmentan familias y disuaden a víctimas y testigos de delitos de cooperar con la policía.

Maryland House Speaker Joseline Peña-Melnyk —quien llegó a Estados Unidos siendo niña— defendió la ley en términos de valores: "Valoramos los derechos civiles, la empatía y las contribuciones de las personas" (declaración pública de Joseline Peña-Melnyk). El argumento central es que la función de la policía local debe concentrarse en la seguridad pública general y no en la aplicación migratoria federal, tarea que corresponde a una autoridad con mandato y salvaguardas constitucionales específicas.

¿La prohibición local reduce la deportación o la desplaza?

Un punto clave en el debate es si las leyes estatales y locales que limitan 287(g) realmente disminuyen la deportación o simplemente cambian las tácticas y el reparto de carga. Algunos analistas sostienen que la restricción de la cooperación puede reducir incautaciones arbitrarias y deportaciones masivas en áreas urbanas, protegiendo la integración comunitaria y la seguridad pública a largo plazo. Otros creen que ICE puede compensar enviando más agentes federales o priorizando redadas y arrestos fuera del sistema de cárceles locales, lo que podría llevar a enfrentamientos más visibles y politizados, como ya ha ocurrido en ciertas operaciones federales.

La experiencia reciente muestra señales mixtas. En ciudades donde han existido "pueblos santuario" o políticas de no cooperación, la evidencia sugiere que la coyuntura local puede mejorar la confianza comunitaria y la denuncia de delitos. Sin embargo, también hay casos donde ICE ha intensificado operativos federales en respuesta a restricciones locales, generando tensión política y mediática.

Casos extremos y su impacto en la opinión pública

Operativos federales de alto perfil han generado una oleada de críticas y han influido en políticas locales. Las muertes causadas por agentes federales en operaciones recientes —cuyos nombres y circunstancias han encendido el debate— han impulsado el escepticismo público. Según encuestas recientes, aproximadamente 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos consideran que la administración ha "ido demasiado lejos" al enviar agentes federales de inmigración a ciudades; esta percepción es particularmente fuerte entre independientes y votantes demócratas (encuestas de opinión pública sobre acciones federales en inmigración, 2025-2026).

Ese clima ha generado una ventana política para leyes como la de Maryland: legisladores estatales encuentran apoyo social y político para limitar la cooperación local como respuesta a lo que perciben como abusos o exceso de autoridad por parte de ICE.

Balance de poder: estados, condados y federalismo

El conflicto alrededor de 287(g) es también una disputa de federalismo. El Gobierno federal afirma su prerrogativa para ejecutar leyes migratorias, mientras que estados y localidades reivindican su derecho a determinar cómo se desempeñan las agencias locales en interés de su comunidad. Las cortes han sido escenario de disputas legales sobre si los estados pueden restringir la colaboración con agencias federales; varios casos han llegado a tribunales federales, con resultados variados según la jurisdicción y las particularidades de cada ley estatal.

Asimismo, la dinámica política importa: en estados con gobiernos republicanos se ha visto la adopción obligatoria de 287(g) en cárceles locales; Arkansas, Florida, Georgia y Texas han legislado en ese sentido, representando aproximadamente la mitad de los acuerdos 287(g) existentes. En contraste, estados con mayor control demócrata han adoptado marcos restrictivos o de guardrails para limitar la delegación de funciones federales a fuerzas locales.

Consecuencias prácticas: efectividad, costos y riesgo comunitario

¿Funcionan los acuerdos 287(g) para reducir crimen? Los resultados son inciertos. Los defensores sostienen que permiten identificar a delincuentes extranjeros y retirar a los más peligrosos de la calle. No obstante, los detractores argumentan que la mezcla de funciones puede distraer a la policía de prioridades locales y fomentar prácticas que dañan la cooperación comunitaria, reduciendo denuncias y asistencia ciudadana en investigaciones.

Además, la implementación de 287(g) tiene costos: capacitación, supervisión, cumplimiento de leyes civiles y potenciales litigios por violaciones de derechos civiles. Cuando los acuerdos son usados sin salvaguardas adecuadas, surgen demandas por perfilado racial y detenciones indebidas, con el consiguiente precio económico y reputacional para las jurisdicciones implicadas.

¿Qué evidencia existe sobre impactos en seguridad?

La literatura académica y los estudios empíricos ofrecen hallazgos mixtos. Algunos trabajos muestran que las políticas de cooperación aumentan las deportaciones y removidas administrativas, pero no necesariamente reducen índices de crimen a mediano plazo. Otros documentos sugieren que las políticas de no cooperación mejoran la disposición de inmigrantes a colaborar con policías locales, resultando en mayor denuncia de delitos y mayor captura de delincuentes.

Un análisis riguroso requiere datos locales comparativos: tasas de denuncia, perpetración delictiva, deportaciones, movimientos migratorios y medidas de confianza comunitaria antes y después de la adopción o terminación de estos acuerdos. La ausencia de estudios longitudinales comprensivos sigue dificultando conclusiones definitivas.

Alternativas y reformas posibles

Entre las alternativas planteadas están:

• Limitación clara de funciones: permitir que oficiales locales recolecten información migratoria únicamente en contextos muy específicos (por ejemplo, tras condenas por ciertos delitos graves) y con supervisión judicial.
• Sistemas de salvaguardas: auditorías independientes, registro público de detenciones referidas a ICE y canales de rendición de cuentas para evitar abusos y perfilado.
• Cooperación condicionada: mantener colaboración operativa en casos criminales graves pero prohibir la delegación de facultades generales de inmigración que impliquen arrestos en vía pública.
• Políticas centradas en víctimas y testigos: protocolos que protejan a inmigrantes víctimas o testigos para garantizar que busquen ayuda sin temor a transferencia a autoridades de inmigración.

Observaciones sobre la retórica política y la comunicación pública

El debate público suele polarizarse: para algunos, el término "cooperación con ICE" es sinónimo de seguridad y cumplimiento; para otros, equivale a instrumentalizar la policía para fines de deportación masiva. Por eso la narrativa y la claridad en la comunicación pública son vitales. Legisladores que promueven restricciones insisten en que protegen derechos y fomentan la cooperación comunitaria; opositores alertan sobre riesgos de impunidad y presión federal agravada.

Impacto inmediato en Maryland y posibles repercusiones

En Maryland, la nueva ley obliga a terminar acuerdos en nueve condados con sheriffs republicanos que mantenían convenios con ICE. En Frederick County, donde desde 2008 se habrían hecho 1,884 transferencias a ICE según datos del sheriff Jenkins, la norma significa una reconfiguración inmediata de procedimientos. Jenkins expresó su preocupación por la seguridad pública y afirmó que la terminación de convenios obligará a liberar a personas que, a su juicio, podrían reincidir (declaración pública del sheriff Charles Jenkins).

Pero el efecto a mediano plazo dependerá de la respuesta federal. Si ICE opta por intensificar la presencia de agentes propios en el estado, veremos conflicto político y operativo; si, en cambio, la agencia reevalúa prioridades y reduce operativos locales, la ley podría moderar la tasa de deportaciones en jurisdicciones específicas. Todo dependerá de decisiones de asignación de recursos, prioridades federales y capacidad de coordinación entre agencias.

¿Qué nos dice esto sobre la política migratoria en general?

La pugna sobre 287(g) expone una tensión fundamental: el intento de centralizar la política migratoria a nivel federal versus el derecho de los gobiernos locales a decidir prioridades de seguridad. Además, revela cómo las crisis políticas, los incidentes de alto perfil y la opinión pública moldean leyes estatales y locales. Las administraciones federales que optan por una línea dura en inmigración encontrarán resistencia política y legal a nivel estatal, generando un panorama fragmentado donde la experiencia de un inmigrante puede variar drásticamente según el condado o el estado donde se encuentre.

Preguntas abiertas y recomendaciones para responsables públicos

Al evaluar políticas sobre 287(g), las autoridades deberían considerar:

1. Implementar auditorías independientes y mecanismos de transparencia para cualquier acuerdo que delegue funciones federales.
2. Priorizar protocolos que protejan la colaboración de víctimas y testigos con la policía local.
3. Evaluar el impacto real en seguridad mediante estudios locales comparativos antes y después de la firma o terminación de acuerdos.
4. Fomentar canales de diálogo entre autoridades estatales, locales y federales para diseñar soluciones de aplicación que respeten derechos civiles y optimicen recursos.

Reflexión final

La ley de Maryland que prohíbe acuerdos 287(g) marca un capítulo más en la larga disputa estadounidense sobre inmigración, derechos y seguridad. No esperemos soluciones simples: la evidencia empírica está lejos de ser concluyente, y las consecuencias prácticas dependerán tanto de decisiones políticas como de la implementación técnica y la supervisión efectiva. Lo que sí es claro es que, en un país tan descentralizado como Estados Unidos, la política migratoria no sólo se define en Washington; se negocia barrio por barrio, sheriff por sheriff y asamblea estatal por asamblea estatal.

Al final, la pregunta que deberán responder los votantes y legisladores es si desean una arquitectura de política migratoria que delegue autoridad a las fuerzas locales con incentivos y supervisión federal, o si prefieren reglas que limiten esa delegación para priorizar la confianza comunitaria y los derechos civiles. La respuesta moldeará no sólo cuántas personas son remitidas a ICE, sino la naturaleza misma de la relación entre comunidades inmigrantes y quienes deberían protegerlas.