ELN y la encrucijada de la paz: ¿puede una comisión independiente desactivar la tensión alrededor del narcotráfico?

El anuncio del presidente colombiano Gustavo Petro de aceptar la propuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para permitir que una comisión independiente verifique las afirmaciones del grupo sobre su supuesta no relación con el narcotráfico ha reavivado un debate complejo y de larga data en Colombia: ¿cómo construir confianza suficiente para reanudar negociaciones de paz cuando una de las acusaciones más graves contra la insurgencia es su presunta implicación en economías ilícitas que financian la violencia?

El mensaje que lo reavivó todo

El 20 de enero de 2026, Antonio García, máximo líder del ELN, publicó un video en el que aseguró: “La ELN no tiene relación con el narcotráfico”, y desafió al gobierno a permitir una verificación independiente de esa afirmación. En respuesta, el presidente Gustavo Petro anunció mediante un mensaje en X que aceptaba la propuesta, condicionando la verificación a una agencia “científica e independiente de los gobiernos” y proponiendo que los resultados fueran presentados ante las Naciones Unidas (mensaje en X de Gustavo Petro, febrero de 2026).

Estas declaraciones no sólo son relevantes en sí mismas, sino que abren la puerta a preguntas prácticas y políticas: ¿qué organismos podrían cumplir con los requisitos de independencia y rigor científico? ¿Qué metodología permitiría determinar si un grupo armado se limita a imponer un «impuesto» sobre economías ilícitas o si participa activamente en el tráfico de drogas (rutas, laboratorios, comercialización)? ¿Qué efectos tendría la verificación sobre la voluntad real de negociar por parte de las dos partes, y sobre la percepción pública de legitimidad?

Contexto histórico breve del ELN y su relación con economías ilícitas

El ELN se fundó a principios de la década de 1960, inspirado por la Revolución Cubana y por un discurso nacionalista y liberador que mezclaba elementos marxistas, cristianos y comunitarios. A diferencia de las FARC, que llegaron a tener una estructura más centralizada y controles territoriales extensos, el ELN históricamente se organizó en columnas y frentes más autónomos, lo que lo hizo más fragmentario y, en muchos casos, más permeable a economías locales de supervivencia.

Tras la desmovilización de las FARC en 2017, varios vacíos territoriales y cadenas ilícitas en zonas rurales —como el Catatumbo, el sur de Antioquia y el sur del país— fueron ocupadas por grupos armados residuales, bandas criminales (BACRIM) y estructuras del ELN. Según informes periódicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, con variaciones anuales en hectáreas cultivadas y en los procesos de transformación. Por ejemplo, el World Drug Report de la UNODC (2024) estimó que Colombia concentra una parte sustancial de la coca a nivel mundial y explicó cómo la dinámica de actores armados influye en la cadena de producción y tráfico.

Históricamente, la relación entre actores armados y economías ilícitas no es monolítica: puede variar desde extorsiones e impuestos locales, pasando por proveer seguridad a cultivos y rutas, hasta participar en la producción y comercialización. Esa diversidad es central para la discusión actual: una verificación independiente tendría que distinguir esos niveles y ofrecer pruebas robustas para cada tipo de vínculo.

¿Qué significaría una comisión “científica e independiente”?

Cuando se habla de una comisión científica e independiente, se busca algo más que una investigación periodística o una auditoría política. Implica:

• Expertos interdisciplinarios: criminólogos, especialistas en narcotráfico, sociólogos rurales, economistas, analistas forenses financieros, y antropólogos que conozcan dinámicas territoriales.
• Metodología abierta y replicable: uso de fuentes primarias (intervenciones financieras verificables, incautaciones, testimonios judicializados), análisis de inteligencia forense (seguimiento de flujos financieros, cadenas de suministros químicas y logísticas), y verificación de campo con protocolos de seguridad.
• Independencia institucional: garantías contra la interferencia estatal o de actores armados. Por eso Petro propuso que los resultados se presenten ante Naciones Unidas, lo que añadiría legitimidad internacional.
• Protección a denunciantes y testigos: en contextos de conflicto, la seguridad física y legal de quienes cooperen con la investigación es crucial.

Una comisión con estas características podría ser similar a misiones técnicas que la ONU ha desplegado en otros contextos para verificaciones específicas, aunque con adaptaciones a la complejidad del narcotráfico, que combina factores estatales, transnacionales y económicos.

¿Qué indicadores debería verificar la comisión?

Para evitar ambigüedades, la comisión tendría que distinguir claramente entre distintos tipos de relación con el narcotráfico:

1. Extorsión e impuesto: cobros por permitir cultivos o por tránsito local. Indicadores: testimonios de comunidades, registros de pagos, actas o comprobantes falsificados, patrones de enriquecimiento local.
2. Participación operativa: control directo de laboratorios, rutas o venta. Indicadores: incautaciones vinculadas a unidades del ELN, interceptaciones que muestren tráfico organizado, documentación logística.
3. Cooperación o alianzas: acuerdos puntuales con actores criminales para intercambio de servicios (protección, transporte). Indicadores: comunicaciones interceptadas, testimonios corroborados, coordinación comprobada en hechos delictivos.
4. Beneficio financiero indirecto: recepción de dinero de economías ilícitas sin participación operativa. Indicadores: transferencias financieras, bienes adquiridos con dineros ilícitos, pagos a estructuras locales.

La verificación requiere reglas claras de evidencia. En muchos casos, el gran desafío no será la falta de indicios, sino la fragmentación: ¿qué ocurre si unos frentes del ELN están implicados y otros no? La comisión deberá entonces mapear por frentes y tomar decisiones diferenciales.

Dificultades prácticas y políticas

Hay varios obstáculos que no pueden subestimarse:

• Seguridad en campo: movilizar investigadores en territorios controlados por grupos armados implica riesgos y exige protocolos de seguridad y negociación previa para garantizar acceso y protección.
• Fragmentación del ELN: al ser una organización con alta autonomía de sus frentes, una verificación que culmine en una respuesta general puede resultar insuficiente o incompleta.
• Instrumentalización política: el riesgo de que los hallazgos sean utilizados como arma política por sectores contrarios al proceso de paz, o inversamente, que el ELN intente usar la comisión para legitimar su actuación sin cambios reales.
• Capacidad técnica: identificar pruebas que vinculen a líderes con redes de tráfico internacional exige cooperación transnacional (intercambio de inteligencia con países de la región, análisis forense financiero internacional).

Además, cualquier verificación que muestre la implicación de frentes o individuos en el narcotráfico deberá dar pie a medidas procesales: investigación judicial, embargoes, sanciones administrativas y, en caso de avanzar, acuerdos de desmovilización con condiciones claras. Si la comisión determina ausencia de vinculación en ciertos frentes, eso no equivale a impunidad: debe complementarse con mecanismos de verificación continua.

Impacto en la negociación y en la gobernabilidad

Petro ha sido categórico en su postura: solo retomará negociaciones con la ELN si esta renuncia al narcotráfico. En la práctica, una verificación independiente podría tener varios impactos:

• Si confirma ausencia de vínculos relevantes: abriría el camino a una reapertura de negociación con menores condiciones preliminares, pero también plantearía la necesidad de construir protocolos de transparencia económica y control territorial.
• Si confirma relaciones significativas: reforzaría la versión gubernamental y justificará exigencias de desarme o desarticulación antes de cualquier diálogo; al mismo tiempo, podría complicar la política pública al incrementar la presión militar y judicial en territorios sensibles.
• Si muestra un panorama mixto: con frentes implicados y otros no, la opción más sensata sería negociaciones diferenciales: acuerdos territoriales y procesos de reincorporación por frentes, con obligaciones específicas sobre cultivos y control del crimen organizado.

Es relevante tener presente el factor social: millones de colombianos viven en territorios donde la economía ilícita es la principal fuente de ingresos. Según la UNODC, medidas de reducción de cultivos que no vayan acompañadas de alternativas económicas sostenibles suelen fracasar y perpetuar el círculo del conflicto (UNODC).

La cuestión de la sustitución de cultivos en Catatumbo

Petro, al aceptar la verificación, urgió además al ELN a respaldar procesos de sustitución de cultivos en el Catatumbo, una de las zonas más afectadas por la violencia y por la presencia de economías ilícitas. La experiencia colombiana con programas de sustitución ha sido desigual: el acuerdo con las FARC incluyó medidas para sustituir cultivos, pero la implementación fue lenta y a menudo insuficiente, lo que permitió la persistencia de la coca en varias regiones.

La lección es clara: cualquier verificación sobre el vínculo ELN-narcotráfico debe ser simultánea a un plan de desarrollo alternativo, inversión social y acceso a mercados legales. De lo contrario, la mera demostración de la presencia o ausencia de vínculos será insuficiente para transformar realidades materiales.

Actores internacionales y cooperación transfronteriza

La naturaleza transnacional del narcotráfico necesita respuestas igualmente transnacionales. Para que la comisión pueda identificar flujos financieros y rutas, requerirá colaboración con autoridades de países vecinos y, en particular, con aquellos por donde circula la cocaína: países del Caribe, Centroamérica y naciones receptoras en Norteamérica y Europa.

Además, las acusaciones de que el ELN opera desde o tiene escondites en Venezuela complican el escenario. La credibilidad y la independencia de la comisión aumentaría si se logra cooperación técnica internacional, por ejemplo, con la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), y agencias especializadas en derecho penal internacional y lucha contra el narcotráfico.

Modelos comparados: ¿qué lecciones pueden aplicarse?

En América Latina existen antecedentes de verificaciones y comisiones que, aunque no idénticas, ofrecen lecciones relevantes:

• Comisiones de la verdad (Perú, Colombia, otros): muestran la importancia de la independencia, el enfoque en víctimas y la necesidad de recomendaciones vinculantes.
• Misiones técnicas anticorrupción que incluyen análisis forense financiero: han probado la utilidad de equipos mixtos con expertos internacionales para rastrear flujos opacos.
• Procesos de verificación de desarme en procesos de paz (por ejemplo, en Centroamérica): subrayan la necesidad de protocolos graduales y verificables, que vinculen pasos concretos a incentivos políticos y económicos.

La combinación de esos modelos sugiere que la verificación del ELN debe ser técnica, gradual y ligada a medidas de construcción de paz verificables en el terreno.

Posibles escenarios a corto y mediano plazo

Podemos imaginar al menos tres trayectorias plausibles tras la aceptación de la comisión:

1. Acuerdo técnico y reinicio controlado de negociaciones: la comisión se conforma, investiga y determina un mapa por frentes. Si buena parte del ELN queda libre de pruebas de participación operativa, se inician diálogos sectoriales y se implementan pilotajes de sustitución de cultivos.
2. Informe mixto y negociaciones condicionadas: la comisión identifica frentes implicados; el gobierno exige desarticulación de esos frentes como condición para diálogo, mientras ofrece rutas de reintegración para estructuras no implicadas.
3. Informe que confirma implicaciones mayores y recrudecimiento: si la comisión documenta vínculos profundos con el narcotráfico, la reacción pública y política podría inclinar la balanza hacia respuestas judiciales y militares, complicando la posibilidad real de negociar a corto plazo.

La respuesta final dependerá tanto de los hallazgos como de la gestión política: comunicación transparente, apoyo a las víctimas y articulación con programas de desarrollo serán determinantes para cualquiera de esos escenarios.

¿Qué pedirían las comunidades y las víctimas?

No es posible pensar la verificación sin incluir la voz de las comunidades afectadas. Las víctimas de la violencia y los desplazados del Catatumbo, por ejemplo, requieren tres cosas básicas: verdad, reparación y garantías de no repetición. Una verificación que determine responsabilidades sin proponer rutas de reparación y transformación territorial sería, en el mejor de los casos, incompleta.

Además, la confianza de las comunidades en la comisión dependerá de su capacidad para garantizar seguridad y anonimato cuando sea necesario, y de que sus recomendaciones se traduzcan en políticas públicas con recursos y plazos claros.

Reflexión final: ¿es la verificación el fin o el comienzo?

Aceptar una investigación independiente es un paso relevante, pero debe entenderse como el inicio de un proceso mayor. La verificación puede clarificar responsabilidades y abrir oportunidades para reiniciar diálogos, pero no reemplaza el trabajo político, social y económico que la paz exige.

Si la comisión cumple con estándares técnicos rigurosos, y si el Estado complementa el proceso con políticas de desarrollo, sustitución de cultivos y garantías de seguridad y justicia, existe la posibilidad real de transformar el conflicto en un proceso de reconstrucción territorial. Si, por el contrario, la comisión se percibe como instrumental o sus resultados no se articulan con planes concretos para las comunidades, el gesto podría convertirse en otro episodio más de desconfianza entre partes y víctimas.

Como señaló el propio Antonio García en su video, la afirmación central del ELN es que “no tiene relación con el narcotráfico” (declaración de Antonio García, líder del ELN, 20 de enero de 2026). Ese enunciado, si quiere convertirse en una base para la paz, exige pruebas y transformaciones tangibles. La propuesta de Petro de llevar los resultados ante la ONU apunta, en parte, a responder a la necesidad de objetividad e imparcialidad en un asunto que toca intereses nacionales e internacionales.

El desenlace aún no está escrito. Lo que está claro es que la verificación —bien planteada y ejecutada— puede ser una herramienta útil, pero solo si se integra en una estrategia integral que combine justicia, desarrollo y reconciliación. El reto de Colombia no es únicamente demostrar si el ELN participa o no en el narcotráfico; es transformar las condiciones estructurales que han convertido a la economía ilícita en un actor persistente del conflicto.

Para quienes seguimos el proceso, la atención inmediata debe centrarse en la conformación técnica de la comisión, la definición de su mandato, los mecanismos de protección a testigos y comunidades, y en la voluntad política para traducir sus hallazgos en pasos verificables hacia la paz.