Mansiones ilegales en el Parque Nacional que protege Freetown: una bomba ambiental y política
Construcciones de lujo dentro del Western Area Peninsula National Park amenazan el suministro de agua, aumentan el riesgo de deslizamientos y exponen fallos institucionales en Sierra Leone
Freetown — En las laderas boscosas que durante décadas sirvieron como amortiguador ecológico para la capital de Sierra Leone, se levantan hoy decenas de mansiones de lujo. Muchas fueron construidas ilegalmente dentro del Western Area Peninsula National Park, un área protegida que el gobierno ha propuesto para su inscripción como Patrimonio Mundial de la UNESCO. La expansión de estas urbanizaciones no es solo una cuestión estética o de legalidad registral: pone en riesgo el agua de la ciudad, exacerba la erosión y aumenta la probabilidad de desastres humanos como deslizamientos de tierra.
Una investigación que nunca llegó al público… hasta ahora
En 2022, el presidente Julius Maada Bio encargó una investigación oficial para determinar cómo se permitió la ocupación indiscriminada de tierras estatales dentro del parque. El comité investigador, integrado por policías, abogados, trabajadores de ONG y miembros de la comisión anticorrupción, analizó imágenes satelitales y documentos públicos. Su conclusión fue lapidaria: la deforestación dentro del parque era "una bomba ambiental que debe desactivarse de inmediato" y existió la participación, directa o indirecta, de altos funcionarios en la entrega de títulos y permisos a particulares.
El caso de Bio Barray: mansiones sobre bosque reciente
El mayor foco de ocupación ilegal se identifica en Bio Barray, un barrio donde al menos 50 residencias han sido construidas o siguen en obra dentro de los límites oficiales del parque. Según imágenes satelitales comparadas entre 2019 y fechas posteriores, áreas que eran bosque tropical húmedo han sido transformadas rápidamente en parcelas edificadas. Desde la carretera principal que baja desde Freetown hacia el sur, las nuevas casas son visibles, como recordatorio tangible de un proceso de ocupación acelerado.
Agua en peligro: el embalse sobre el que descansa la ciudad
Por encima de Bio Barray se ubica un embalse que provee aproximadamente el 90% del agua para los habitantes de Freetown. La pérdida de cubierta forestal por tala y construcción aumenta la escorrentía, reduce la infiltración y eleva la probabilidad de turbiedad y colmatación del embalse. Maada Kpenge, exdirector de la compañía de agua de Freetown, advirtió que las actividades en el parque amenazan la integridad del suministro hídrico al aumentar el riesgo de deslizamientos y erosión del suelo.
Lecciones de tragedias pasadas
La región no es ajena a las consecuencias de la deforestación en terrenos empinados. Un deslizamiento masivo en 2017 en la periferia de Freetown provocó la muerte de más de 1,100 personas y dejó a miles sin hogar, un recordatorio brutal de la vulnerabilidad humana ante cambios ambientales y uso inadecuado del suelo. Fuentes sobre aquel desastre recuerdan la magnitud de la tragedia y la relación entre la pérdida de cobertura vegetal y la severidad del siniestro (BBC, reportes de 2017).
Impunidad institucional: permisos y títulos otorgados
El comité investigador documentó que el Ministerio de Tierras, Vivienda y Ordenamiento Territorial conocía la ocupación ilegal de grandes extensiones de tierra, pero actuó con "reticencia a tomar medidas robustas por razones desconocidas". La investigación señala que el entonces ministro Denis Sandy firmó al menos 175 documentos de traspaso o arrendamiento de tierras estatales, conducta que los investigadores calificaron como una "violación flagrante" de la ley, dada la prohibición expresa de construir dentro de un parque nacional bajo la Ley Forestal.
Según el informe, algunos funcionarios no solo ignoraron la ilegalidad sino que facilitaron la ocupación, lo que sugiere un patrón de corrupción o captura de instituciones. Aunque la investigación recomendó sanciones contra Sandy y 16 funcionarios más, esos hallazgos no han demostrado consecuencias públicas claras y la ocupación continúa.
¿Por qué es tan grave la tala en un parque urbano?
- Regulación hídrica: Los bosques montanos regulan la escorrentía y ayudan a recargar acuíferos; su pérdida implica disminuciones en la calidad y disponibilidad de agua.
- Estabilidad del terreno: Las raíces y la cubierta vegetal reducen la erosión y la susceptibilidad a deslizamientos.
- Biodiversidad: El Western Area Peninsula alberga especies endémicas y es un corredor ecológico crítico para la fauna y flora locales.
- Servicios ecosistémicos para la ciudad: Protección contra inundaciones, regulación del microclima y turismo natural, entre otros beneficios.
Respuestas oficiales y contradicciones
Tras la entrega del informe a instancias gubernamentales en septiembre de 2022, y una foto publicada por la oficina presidencial que mostraba la recepción formal de los hallazgos, el presidente Bio afirmó públicamente que se tomarían medidas: "Actuaremos muy pronto y haremos lo que sea necesario". No obstante, la acción concreta brilló por su ausencia: análisis posteriores con imágenes satelitales muestran nuevas construcciones y continuidad de obras meses después de la recepción del informe.
El actual jefe de gabinete, David Sengeh, aseguró en una entrevista que distintos organismos habían actuado y se comprometió a remitir el asunto a la Comisión Anticorrupción si correspondía. Entretanto, la propia Comisión Anticorrupción (ACC) declaró no haber iniciado una investigación formal y dijo no haber visto el informe original, lo que aumenta la percepción de fragmentación institucional y falta de coordinación.
Quiénes habitan las mansiones: un patrón preocupante
Una encuesta puerta a puerta identificó 46 viviendas dentro de la franja del parque; al menos 14 de los propietarios, según testimonios de residentes y vigilantes, trabajan en empleos gubernamentales, en oficinas vinculadas al presidente, al ministerio de tierras o a la agencia de protección ambiental. El informe identificó 876 poseedores de títulos registrados dentro del parque, pero solo 301 respondieron a solicitudes de documentación que acreditara sus reclamaciones. Esta opacidad hace difícil deslindar responsabilidades y establecer prioridades de recuperación y reubicación.
Riesgos para el candidato ambientalista y el debate político
Yvonne Aki-Sawyerr, alcaldesa de Freetown y figura con perfil ambientalista, afirmó que el gobierno conoce perfectamente lo que ocurre y que el asentamiento de Bio Barray alberga a personas con influencia que han sido permitidas para eludir la ley. Sus declaraciones reflejan cómo la problemática ambiental trasciende lo técnico y se convierte en tema central del debate político y electoral, en un país donde la gestión de recursos naturales y la corrupción han sido ejes recurrentes de la agenda pública.
¿Qué opciones existen para revertir el daño?
La solución exige medidas simultáneas en diversos frentes:
- Acción legal y administrativa inmediata: Revisiones de títulos y arrendamientos, suspensión de nuevas construcciones y procedimientos sancionadores para funcionarios que facilitaron la ocupación.
- Restauración ecológica: Programas de reforestación en pendientes críticas que prioricen especies nativas y técnicas de conservación de suelos.
- Plan de reubicación humana con enfoque social: Cuando la demolición o la retirada sea inevitable, ofrecer soluciones habitacionales dignas a afectados, con participación comunitaria y criterios de equidad.
- Fortalecimiento institucional: Transparencia en la emisión de títulos, digitalización de registros catastrales y mayor coordinación entre ministerios, agencias ambientales y la comisión anticorrupción.
- Protección del abastecimiento de agua: Medidas urgentes de impermeabilización de márgenes del embalse, limpieza de sedimentos y monitoreo continuo de calidad.
Un recurso público en juego
Lo que está en juego va más allá de terrenos y casas: es la resiliencia de una ciudad costera que depende de su entorno natural. Las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán si Freetown puede reducir su vulnerabilidad frente a sequías, incendios, erosión y deslizamientos, o si seguirá replicando patrones de ocupación que ya en el pasado han terminado en tragedia.
Proteger un parque nacional urbano requiere voluntad política sostenida, transparencia administrativa y participación ciudadana informada. Sin ello, la expansión de mansiones en Bio Barray podría convertirse en un precedente para futuras invasiones de tierras valiosas, con costos ambientales, sociales y económicos que pagará la población general, no quienes se benefician de la ilegalidad.
Fuentes citadas: reportes satelitales y la investigación gubernamental entregada en 2022; cobertura mediática sobre el deslave de 2017 (ver BBC: https://www.bbc.com/news/world-africa-40899752).
