Perú en vilo: la inestabilidad política, el juicio a José Jerí y las raíces de una crisis recurrente

La convocatoria del Congreso peruano para votar la destitución del presidente interino José Jerí —a solo cuatro meses de haber asumido el cargo— es la última manifestación visible de una crisis política profunda y persistente en el país andino. Lejos de ser un episodio aislado, este proceso se inserta en una secuencia de convulsiones institucionales que han convertido a Perú en un laboratorio desafiante para la gobernabilidad democrática en América Latina.

¿Qué se vota y por qué importa?

La moción para destituir a José Jerí se basa en acusaciones derivadas de un informe filtrado que apunta a reuniones no declaradas entre el presidente interino y dos empresarios chinos, uno con contratos activos con el Estado y otro investigado por presunta tala ilegal. El núcleo de la acusación es doble: por un lado, falta de transparencia y, por otro, posible conflicto de intereses que comprometería la imparcialidad del ejercicio presidencial. Si el Congreso consigue mayoría simple o la mayoría requerida según el régimen parlamentario peruano, Jerí sería removido y los legisladores deberán designar a un nuevo presidente congresal que asuma la presidencia interina hasta el 28 de julio, cuando finaliza el mandato actual y se produzca la transferencia al ganador de las elecciones generales del 12 de abril.

Breve cronología: siete presidentes en una década

Desde 2016, Perú ha visto una sucesión vertiginosa de presidentes. En apenas diez años se han alternado figuras que dejaron el cargo por procesos de vacancia, renuncias o sentencias judiciales, lo que ha provocado una percepción pública de “gobernabilidad débil” y ha tensionado la estabilidad institucional. Esta rotación de jefes de Estado no solo representa un problema de liderazgo, sino que también mina la capacidad de planificación a medio y largo plazo en políticas públicas críticas como seguridad ciudadana, inversión y reforma del sector justicia.

Las acusaciones contra Jerí: transparencia versus explicación pública

Jerí ha negado cualquier irregularidad y ha explicado que las reuniones con los empresarios chinos tenían un propósito cultural: la organización de una festividad peruano-china. Sin embargo, la naturaleza clandestina del encuentro y la relación de uno de los asistentes con contratos estatales han encendido las alarmas en sectores políticos y de la opinión pública. La confianza es un bien frágil en momentos de descontento ciudadano; la percepción de favoritismo o tráfico de influencias suele repercutir con rapidez en la legitimidad de la autoridad.

El mecanismo constitucional: vacancia y nombramiento

La Constitución peruana contempla mecanismos de control político y de remoción del Presidente por razones como “incapacidad moral” o “incapacidad permanente”. En la práctica, estos procedimientos han sido utilizados con frecuencia en los últimos años como instrumentos políticos, lo que genera un debate sobre su adecuación y posibles reformas. Si Jerí fuera destituido, el Congreso elegiría a un nuevo presidente dentro de sus miembros para que ejerza la jefatura del Estado hasta la transferencia de poder tras las elecciones. Ese proceso, lejos de estabilizar, suele abrir un nuevo periodo de incertidumbre mientras la dinámica partidaria y congresal se reorganiza.

Contexto electoral: dos meses antes de las presidenciales

La votación del Congreso llega a solo dos meses de las elecciones generales del 12 de abril, un calendario que incrementa la tensión. En un país donde la confianza en las instituciones está erosionada, la alternancia de mandatarios a corto plazo podría influir en la campaña electoral, en la percepción internacional y en la asignación de recursos públicos. Además, la cercanía electoral hace que los actores políticos interpreten cada movimiento como una jugada estratégica con miras a ganar adhesiones o desacreditar rivales.

Actores políticos: Fuerza Popular y la sombra de Keiko Fujimori

Jerí ha contado con el respaldo del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, figura polarizante de la política peruana y candidata presidencial. El apoyo de Fuerza Popular introduce una dinámica adicional: el partido, aún con una imagen contaminada por el legado y la figura de Alberto Fujimori y los procesos judiciales asociados, mantiene una base electoral significativa. La alineación entre el Poder Ejecutivo interino y fuerzas parlamentarias con intereses marcados puede generar interpretaciones sobre la imparcialidad y la instrumentalización de las instituciones.

Persistencia de la economía: ¿resiliencia o vulnerabilidad?

Curiosamente, pese a la inestabilidad política, la economía peruana ha mostrado resiliencia relativa. En 2024 el ratio de deuda externa respecto al Producto Interno Bruto (PIB) fue cercano al 32%, una cifra de las más bajas en América Latina, lo que ha facilitado que el país atrajera inversión extranjera, especialmente en minería e infraestructura. No obstante, esta estabilidad macroeconómica convive con desafíos microeconómicos y sociales: desigualdad, informalidad laboral y desafíos en seguridad ciudadana que impactan la vida cotidiana de millones de peruanos.

Seguridad ciudadana y percepción pública

El aumento de la violencia y la criminalidad ha sido una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía y uno de los factores que precipitaron cambios presidenciales recientes. Cuando la percepción de inseguridad se amplifica, la paciencia pública respecto a las instituciones se reduce: la ciudadanía exige respuestas inmediatas, medidas visibles y un liderazgo que cohesione políticas intersectoriales. En ese escenario, la alternancia frecuente en la jefatura del Estado complica la continuidad de políticas de seguridad y el diseño de estrategias de largo plazo.

Corrupción y confianza: un diagnóstico estructural

La corrupción en Perú no es un problema nuevo ni exclusivo de un partido o un gobierno. Desde grandes escándalos que involucraron a exmandatarios hasta irregularidades en contrataciones públicas, la percepción de corrupción ha calado en el imaginario colectivo. El uso de mecanismos como la destitución presidencial por supuesta “incapacidad moral” ha buscado responder a esta demanda ciudadana de rendición de cuentas, pero su aplicación reiterada puede llevar a efectos contraproducentes: desgaste institucional, judicialización de la política y un círculo vicioso de crisis tras crisis.

Comparaciones regionales: ¿es Perú un caso extremo?

Perú no es el único país latinoamericano con altos niveles de inestabilidad política, pero la secuencia de siete presidentes en diez años es, sin duda, llamativa. Otros países de la región han enfrentado rupturas institucionales, golpes de Estado o crisis prolongadas, cada una con sus particularidades. El caso peruano resalta por la alternancia rápida y por la interacción entre crisis de gobernabilidad y procesos judiciales que envuelven a figuras políticas de alto nivel.

El papel de la justicia: independencia, velocidad y percepción

La justicia peruana, en particular el sistema de investigación y enjuiciamiento de altos funcionarios, ha desempeñado un rol central en la vida política nacional. La prosecución de casos de corrupción ha llevado a condenas de exmandatarios y a procesos que han alterado el mapa político. Sin embargo, hay reclamos sobre la velocidad, la selectividad y la posible politización de procedimientos judiciales. Para la sociedad, la clave no solo es que existan sanciones, sino que los procesos sean percibidos como equilibrados, transparentes y conformes a estándares de debido proceso.

Medios y opinión pública: narrativas que moldean decisiones

Los medios de comunicación y las redes sociales actúan como amplificadores de la crisis. La circulación de informes filtrados, rumores y versiones contrapuestas complica la construcción de una narrativa común sobre lo que realmente sucede. Cuando la opinión pública se polariza y la información se fragmenta, las decisiones políticas —como una moción de vacancia— se toman en un clima de alta exposición y presión mediática. La demanda ciudadana por verdad y transparencia choca con la propensión política a explotar cada información para fines partidarios.

Escenarios posibles tras la votación

• Destitución y nueva presidencia interina: si Jerí es removido, el Congreso nombrará un sucesor entre sus miembros. Ese gobierno transitorio deberá mantener la normalidad institucional hasta la instalación del nuevo presidente elegido el 12 de abril y la asunción del nuevo Congreso el 28 de julio.
• Fracaso de la moción: si los votos no alcanzan, Jerí seguiría en funciones hasta julio. Sin embargo, su gobernabilidad podría quedar seriamente debilitada y la polarización aumentaría, con posibles movilizaciones y confrontaciones políticas.
• Impacto en el proceso electoral: cualquiera sea el resultado, la incertidumbre podría influir en las campañas, en la participación electoral y en la percepción internacional sobre la estabilidad del país.

¿Qué reformas podrían reducir la volatilidad institucional?

La recurrente crisis peruana invita a la reflexión sobre cambios estructurales que podrían aportar mayor estabilidad:

1. Revisión del mecanismo de vacancia: establecer condiciones más claras y estrictas para la remoción del Presidente, evitando su uso como herramienta política coyuntural.
2. Fortalecimiento de la transparencia en contrataciones públicas: sistemas más robustos de declaración de intereses, litigiosidad y control ciudadano sobre contratos estatales, especialmente en sectores sensibles como minería y obra pública.
3. Reforma judicial: mejorar la capacidad investigativa y garantizar independencia para evitar percepciones de uso político de la justicia.
4. Educación cívica y cultura política: fomentar una ciudadanía informada capaz de exigir rendición de cuentas sin depender exclusivamente de medidas extremas como la destitución presidencial.

La encrucijada ética: gobernabilidad vs. rendición de cuentas

Existe una tensión inevitable entre la demanda de rendición de cuentas y la necesidad de gobernabilidad. Por un lado, es legítimo que la sociedad exija transparencia y sanciones cuando existen evidencias de corrupción. Por otro, la instrumentalización de mecanismos constitucionales para fines partidarios puede minar la gobernabilidad y generar una inestabilidad que socava la capacidad del Estado para responder a problemas urgentes. Encontrar el equilibrio es el desafío central para Perú.

Voces y reacciones

Los actores políticos, la sociedad civil y observadores internacionales observan con atención. La reacción de los mercados ha sido moderada hasta ahora, gracias a los fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos. Sin embargo, la política es un factor de riesgo que los inversionistas evalúan rápidamente. A nivel ciudadano, organizaciones de la sociedad civil han pedido procesos transparentes y que se priorice el interés público por encima de cálculos partidarios.

Lecciones para la región

La experiencia peruana ofrece enseñanzas para otras democracias: la importancia de instituciones robustas, la necesidad de mecanismos claros y despolitizados para investigar y sancionar la corrupción, y la urgencia de fortalecer consensos básicos sobre reglas de juego democráticas. La estabilidad democrática no proviene únicamente de economías fuertes, sino de instituciones creíbles y de una cultura política que privilegie la superación de crisis mediante diálogo y reformas institucionales de fondo.

Reflexión final: más allá del episodio

La votación contra José Jerí será, sin duda, un hito más en la historia reciente de Perú. Lo relevante, sin embargo, es que este episodio se observe como un síntoma y no como un destino. Si la nación logra transformar la repetición de crisis en un impulso para reformas estructurales —en el sistema político, en la justicia y en la transparencia administrativa—, entonces la sucesión de presidentes podrá devenir en una oportunidad para consolidar una democracia más resistente. Si no, la inestabilidad seguirá siendo la constante, con costos sociales y económicos que terminarán pagando los ciudadanos comunes.

En el corto plazo, los peruanos esperan una decisión que privilegie la legalidad, la claridad y la protección del interés público. En el mediano y largo plazo, lo que busca el país es algo más ambicioso: instituciones capaces de evitar que la alternancia política se convierta en sinónimo de fragilidad estatal.