Cuando la ley criminaliza el embarazo: el caso de Patience Rousseau y la anacronía legal de Nevada

Patience Rousseau pasó años peleando contra una ley que, en pleno siglo XXI, seguía declarando delito el acto de intentar terminar un embarazo pasadas las 24 semanas. Su historia —un parto de un feto sin vida, cargos por homicidio involuntario, una condena que luego fue anulada y una compensación económica— ilustra la confluencia peligrosa entre leyes obsoletas, falta de acceso a servicios reproductivos y estigmatización social.

Una ley centenaria con consecuencias modernas

La estatuta de Nevada, promulgada en 1911, establece que quien ingiera drogas con la intención de provocar la terminación de un embarazo más allá de las 24 semanas comete un delito de homicidio involuntario. En 2018, Patience (entonces identificada como Patience Frazier) vivía en Winnemucca y, tras un parto en el que nació un feto sin vida al que llamó Abel, fue arrestada y acusada bajo ese precepto.

El caso llamó la atención porque, según grupos defensores del derecho a la salud reproductiva, Nevada quedó como el único estado con una ley en sus códigos que explícitamente criminaliza el hecho de que una persona termine su propio embarazo. Como dijo la abogada y defensora Farah Diaz-Tello: "Even in the states with the most draconian abortion bans, there is language explicitly saying that a person who has an abortion has not committed a crime. Not Nevada." (The Indy / citas públicas)

Un proceso judicial que dañó más que reparó

Los hechos relatados muestran una cadena de fallos estructurales: Rousseau no estaba segura de la fecha de gestación, tenía una historia de trastorno por uso de sustancias y no pudo llegar a una clínica por una avería del automóvil. En ese contexto, optó por buscar remedios caseros y consumió cantidades elevadas de canela y realizó esfuerzos físicos que, aunque culturalmente asociados a mitos de aborto, carecen de respaldo científico como métodos eficaces para terminar un embarazo.

Los fiscales interpretaron su consumo de metanfetamina y marihuana como un intento deliberado de provocar un aborto, lo que desembocó en cargos de homicidio. Aconsejada por su defensora pública, Rousseau se declaró culpable y fue encarcelada en 2019. Más adelante, en 2021, una juez anuló la condena por considerar que su defensa fue ineficaz; el caso fue finalmente cerrado en 2025 y, en 2026, el Estado aprobó un pago de 100.000 dólares como compensación por los años vividos bajo la carga de la acusación y la condena.

Acceso, estigma y salud pública

Rousseau ha hablado de las secuelas del proceso: trauma, estigma en su comunidad y la lucha cotidiana como madre soltera para sostener a sus hijos. "He perdido mucha esperanza que todavía estoy tratando de recuperar", declaró en entrevistas públicas tras el acuerdo. Su experiencia pone en evidencia cómo la criminalización de conductas en el ámbito reproductivo actúa como un disuasivo para buscar ayuda médica o social: en contextos rurales y con escasos servicios, la consecuencia puede ser que las personas embarazadas eviten tratamientos o intervenciones por miedo a repercusiones legales.

La abogada Laura FitzSimmons, quien representó a Rousseau y ha sido activa en casos de derechos reproductivos en Nevada, destacó que la ley puede llegar a castigar a quienes toman medicamentos abortivos incluso cuando estos son legales en otros contextos, si se interpretan bajo el viejo precepto de 1911. "En estos condados rurales donde no tenemos atención médica abortiva... si una mujer tiene un problema con drogas, no va a buscar ayuda si está embarazada", dijo, subrayando la intersección entre salud pública y políticas punitivas.

Un panorama nacional tras la caída de Roe

El contexto nacional cambió radicalmente en junio de 2022 con la decisión del Tribunal Supremo en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que revocó la protección constitucional federal a la interrupción voluntaria del embarazo establecida en Roe v. Wade (1973). Desde entonces, la regulación del aborto ha quedado en manos de los estados, generando una diversidad de marcos legales: desde estados que protegen el acceso a la interrupción voluntaria hasta otros que imponen prohibiciones severas y, en ocasiones, penalizaciones indirectas.

Un informe de la organización Pregnancy Justice, publicado en septiembre de 2025, documentó que en los dos años posteriores al fallo de Dobbs se registraron 412 enjuiciamientos relacionados con embarazos. De esos casos, sólo nueve involucraban acusaciones directamente vinculadas a obtener un aborto o medicación abortiva; el resto generalmente invocaba otros estatutos para perseguir comportamientos gestacionales o postparto. La cifra sugiere que, aun sin leyes explícitas, la criminalización puede operar por vías colaterales, usando normas sobre abuso infantil, ocultamiento de parto o conductas relacionadas con el consumo de sustancias durante el embarazo (Pregnancy Justice, Septiembre 2025).

Debates legislativos y respuestas políticas en Nevada

En 2025 se intentó en la legislatura de Nevada derogar la disposición de 1911 mediante el proyecto SB139, pero el texto no fue sometido a audiencia y murió en el trámite. Según reportes, la dirección del Senado demócrata y algunos grupos pro-elección prefirieron enfocar recursos en una enmienda constitucional —la Pregunta 6— que garantizara el derecho al aborto hasta las 24 semanas. Esa propuesta fue aprobada por los votantes en noviembre de 2024 por cerca de dos tercios, aunque requiere una nueva aprobación en 2026 para incorporarse definitivamente a la Constitución estatal.

La senadora Rochelle Nguyen (D-Las Vegas), promotora del proyecto SB139, señaló: "Creo que el sistema legal de Nevada no debería castigar a las mujeres por situaciones médicas o resultados de embarazo". Sin embargo, la política legislativa demuestra la dificultad de conciliar estrategias: mientras unos buscan reformas estatutarias inmediatas, otros priorizan cambios constitucionales de mayor alcance, con el riesgo de que las leyes vigentes sigan afectando la vida de las personas en el plazo intermedio.

Implicaciones éticas y legales

El caso Rousseau plantea preguntas fundamentales sobre la justicia penal, la ética médica y la equidad. Cuando una ley del siglo pasado se aplica a realidades de hoy —donde el acceso a servicios, la pobreza, la salud mental y el uso de sustancias son factores presentes—, la respuesta punitiva suele agravar vulnerabilidades en lugar de ofrecer soluciones de salud.

Los críticos advierten además que la ambigüedad legal y la falta de protección explícita pueden derivar en selectividad persecutoria: comunidades rurales, personas con menos recursos y quienes enfrentan problemas de salud mental o de adicción pueden ser más propensas a terminar en el sistema penal que aquellas con recursos para acudir a servicios seguros y silenciosos.

Qué aprender del caso y qué debería cambiar

1. Revisar y modernizar códigos penales: Las legislaturas deben auditar disposiciones arcaicas que penalizan conductas reproductivas y evaluar su impacto actual, priorizando la salud pública sobre la punitividad.
2. Expandir el acceso a servicios de salud reproductiva: la falta de clínicas, transporte y recursos empuja a las personas a soluciones inseguras; invertir en servicios rurales es una política preventiva.
3. Protecciones legales claras: cuando se define con precisión que la persona que busca un aborto no es criminal, se reduce la discrecionalidad persecutoria que ha llevado a casos como el de Rousseau.
4. Servicios integrales para poblaciones vulnerables: programas de salud mental, tratamiento de adicciones y redes de apoyo social pueden disminuir riesgos y evitar que situaciones de crisis terminen en procedimientos penales.

Rousseau, que hoy trabaja y cría a sus hijos, expresó que la compensación económica le ofrece un alivio temporal, pero no borra el daño psicológico y social que le dejó el juicio ni la etiqueta que aún persiste en su comunidad. Su historia no es sólo la de una mujer que fue injustamente procesada: es un llamado a repensar cómo las sociedades regulan el cuerpo, la maternidad y la vulnerabilidad. La experiencia de Nevada es una advertencia: cuando las leyes no se aggiornano a la realidad humana, son las personas más frágiles quienes pagan el precio.

Referencias citadas en el texto: reporte de Pregnancy Justice (septiembre de 2025) sobre 412 procesamientos relacionados con embarazos; declaraciones públicas recogidas por The Nevada Independent y The Indy sobre la interpretación y efectos de la ley de Nevada.