La herida silenciada: la trama de esterilizaciones forzadas a mujeres nativas en Estados Unidos y la búsqueda de verdad en Nuevo México

En las décadas de 1960 y 1970 centenares —y por algunas estimaciones, miles— de mujeres indígenas de Estados Unidos fueron sometidas a esterilizaciones sin consentimiento pleno o bajo presiones que anulaban la libre elección. Décadas después, el estado de Nuevo México ha decidido mirar hacia ese pasado para documentar la magnitud del daño, escuchar a las sobrevivientes y proponer acciones que puedan reparar, reconocer y prevenir futuras violaciones a los derechos reproductivos.

Un episodio sistemático y poco reconocido

Los relatos recopilados por activistas y las auditorías realizadas por agencias federales durante los años setenta revelan una práctica extendida dentro de hospitales y clínicas vinculadas al gobierno federal que atendían a comunidades indígenas. Aunque la documentación completa aún se desconoce, el impacto humano es nítido en testimonios familiares: mujeres que acudieron por una apendicitis, un parto o una consulta de control y salieron incapaces de tener más hijos, sin haber comprendido plenamente el procedimiento ni sus consecuencias.

Este fenómeno no emergió en el vacío. Forma parte de una historia más larga en la que políticas públicas y decisiones judiciales legitimaron la intervención estatal sobre la reproducción de personas consideradas “indeseables” o “incapaces” de criar. Un precedente jurídico clave fue la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Buck v. Bell (1927), en la que la corte avaló la esterilización obligatoria de personas consideradas “no aptas” para reproducirse. El caso sigue citado hoy como un oscuro capítulo legal que abrió la puerta a prácticas eugenésicas en el siglo XX (fuente: Oyez — Buck v. Bell, 1927).

Lo que las auditorías y los informes han encontrado

En 1976, una auditoría federal realizada por una oficina gubernamental halló que, solo entre 1973 y 1976, miles de esterilizaciones se practicaron en algunas áreas atendidas por la Indian Health Service (IHS). Ese estudio confirmó que en múltiples casos los formularios y procedimientos no alcanzaban el estándar de consentimiento informado exigido por las normas federales de la época, y que pacientes jóvenes fueron sometidas a procedimientos irreversibles sin entenderlo completamente.

Para muchas comunidades indígenas, esa cifra no es un simple dato técnico: representa familias fragmentadas, planes de vida interrumpidos y heridas intergeneracionales. La memoria oral y los relatos familiares han mantenido viva la percepción de que existió una política sistemática dirigida a limitar la reproducción indígena, lo que a su vez alimentó desconfianzas hacia los servicios de salud comunitarios que perduran hasta hoy.

Nuevo México toma el relevo: ¿qué busca la investigación estatal?

La reciente decisión del Legislativo de Nuevo México de encargar a su Departamento de Asuntos Indígenas y a la Comisión sobre la Condición de la Mujer un estudio integral responde a varias necesidades:

• Documentar la historia local: situar los episodios ocurridos dentro de las fronteras del estado y cuantificar su alcance.
• Recoger testimonios: proporcionar un espacio seguro para que las sobrevivientes y sus familias narren lo ocurrido sin revictimización.
• Evaluar impactos: analizar las consecuencias sanitarias, psicológicas, culturales y demográficas a largo plazo.
• Recomendar medidas: desde disculpas formales hasta acciones de reparación y políticas que garanticen consentimiento informado y seguridad reproductiva.

El informe final está programado para entregarse al gobernador a fines de 2027, y organizaciones locales han insistido en que todo el proceso incluya mecanismos de apoyo psicológico para quienes testifiquen y protocolos culturales que respeten tradiciones y procesos comunitarios.

El desafío de la investigación sin plena cooperación federal

Una dificultad central es la limitada cooperación de agencias federales. Históricamente, buena parte de la atención sanitaria de muchas comunidades indígenas ha sido provista por la Indian Health Service, una entidad federal cuya documentación puede ser parcial o difícil de acceder. Investigadores y defensoras de derechos temen que, sin acceso a archivos y expedientes completos, el alcance real de las esterilizaciones quede subestimado.

Sin embargo, la investigación estatal puede abrir vías alternativas de reconstrucción histórica: entrevistas orales, registros hospitalarios estatales, archivos de tribunales y la colaboración con organizaciones comunitarias que han custodiado testimonios durante décadas.

Impacto intergeneracional: más allá del dato médico

Las consecuencias de la esterilización forzada no son solo biológicas. Afectan los lazos familiares, la identidad cultural y la confianza en las instituciones. En comunidades donde la descendencia no es solo una cuestión personal sino también un pilar de continuidad cultural, las pérdidas reproductivas adquieren un peso social y simbólico enorme.

Además, la práctica dejó huellas en la conducta sanitaria: profesionales de la salud han documentado que mujeres jóvenes y de mediana edad desconfían de métodos anticonceptivos reversibles o evitan ciertos centros de salud por temor a procedimientos no consentidos. Esa desconfianza puede traducirse en peores indicadores de salud materna e infantil, así como en menor utilización de servicios preventivos.

Reparaciones, reconocimiento y medidas preventivas

La reparación por violaciones reproductivas puede adoptar diversas formas: disculpas oficiales, compensaciones económicas, programas de salud mental y apoyo social, cambios institucionales y garantías legales para proteger el consentimiento informado. En años recientes, varios estados y países han comenzado a aceptar su pasado y a ofrecer compensaciones o disculpas públicas; estos precedentes sirven como hoja de ruta.

Es crucial también establecer salvaguardas para que no se repitan estos abusos: protocolos de consentimiento con traducción culturalmente pertinente, registros auditables de procedimientos, comités de revisión formados por miembros de la comunidad y mecanismos de denuncia accesibles y confiables.

Mirar hacia el futuro: memoria, justicia y salud pública

Documentar lo sucedido en Nuevo México no es un acto meramente histórico; es una intervención sanitarista y ética con consecuencias prácticas. La investigación estatal puede validar testimonios, proporcionar datos que permitan políticas de reparación y, sobre todo, crear condiciones para que las nuevas generaciones recuperen la confianza en los servicios de salud.

Para que el proceso sea legítimo y útil, debe ser transparente, liderado por las comunidades afectadas y acompañado de apoyos tangibles. Recuperar la historia exige escuchar con respeto y actuar con justicia: solo así podrá transformarse una “herida silenciada” en una oportunidad para reconocer, reparar y prevenir.

Fuentes y contexto histórico adicional:

• Decisión Buck v. Bell (1927), caso que sentó un precedente jurídico sobre esterilizaciones forzadas: Oyez — Buck v. Bell.
• Investigaciones y auditorías de las décadas de 1970 que documentaron esterilizaciones en áreas atendidas por la Indian Health Service (IHS) y la insuficiencia de procedimientos de consentimiento informado, que motivaron demandas y activismo comunitario en ese período.