La acusación a Rodrigo Duterte en La Haya: justicia internacional, memoria y el desafío de la rendición de cuentas

La apertura ante la Corte Penal Internacional (CPI) de la fase en la que la Fiscalía comenzará a exponer pruebas contra Rodrigo Duterte marca un momento crucial en la búsqueda de responsabilidades por la letal "guerra contra las drogas" que sacudió a Filipinas durante su mandato. Aunque la audiencia no es un juicio —los jueces tendrán 60 días para decidir si confirman los cargos—, la presentación oficial de evidencia relanza preguntas acerca de cómo la comunidad internacional aborda crímenes presuntamente cometidos en campañas internas de seguridad y qué papel puede jugar la memoria colectiva en la exigencia de justicia.

Un caso que mezcla política local y jurisdicción internacional

Rodrigo Duterte enfrenta tres cargos por crímenes de lesa humanidad por campañas letales contra presuntos traficantes y consumidores de drogas, acciones que, según los fiscales, comenzaron cuando fue alcalde de Davao y se intensificaron durante su presidencia (2016-2022). La causa ante la CPI no solo compite con narrativas políticas internas —donde seguidores apelan a la eficacia en la reducción de delitos—, sino que también somete a escrutinio los límites de la soberanía cuando se alega que autoridades han estado implicadas en ejecuciones extrajudiciales masivas.

La Fiscalía de la CPI abrió una investigación preliminar en febrero de 2018; apenas un mes después, Filipinas anunció su retirada del Estatuto de Roma en lo que muchos activistas interpretaron como un intento de frustrar la acción internacional. Sin embargo, los jueces de la Corte han dejado claro que un Estado no puede valerse de la retirada para eludir la responsabilidad por crímenes ya bajo examen: esa lógica fue parte del razonamiento que rechazó la petición de la defensa de Duterte para anular la jurisdicción de la Corte sobre el caso.

Las voces de las víctimas y de sus familiares

El proceso ha tenido un componente profundamente humano: familias que buscan respuestas y reparación. Llore Pasco, familiar de dos hermanos asesinados en mayo de 2017, expresó antes de la audiencia: “Hemos esperado esto por tanto tiempo, pero no nos rendimos”. Otra voz que llegó al corazón del debate fue la de Sheerah Escudero, cuya familia perdió a un joven en 2017; Escudero manifestó su temor de que, si un nuevo gobierno afín a Duterte regresa al poder, las políticas de violencia “continúen”.

Estas declaraciones recuerdan que, más allá de términos jurídicos y procedimientos, en el centro están víctimas que exigen que se recuerde lo ocurrido y que no se repita. La memoria colectiva, afirmada por testimonios, fotografías y relatos, es una de las herramientas más poderosas para sostener procesos de justicia transicional.

Dimensiones cuantitativas: el debate sobre el número de víctimas

Una de las discusiones más controvertidas es la del número de muertos atribuibles a la campaña antidroga. Las cifras oficiales de la policía filipina reportan más de 6.000 decesos durante la presidencia de Duterte, mientras que organizaciones de derechos humanos han estimado hasta 30.000. La disparidad entre esos rangos no es solo una cuestión estadística: impacta la percepción pública del fenómeno y la forma en que se prioriza la investigación. Cifras más altas sugieren una política sistemática y coordinada; cifras más bajas podrían dar pie a interpretaciones de violencia aislada o derivada de enfrentamientos.

Para los investigadores, la tarea es compleja: requiere cruzar registros oficiales, documentos forenses, testimonios presenciales y análisis de patrones para establecer si existe una política de Estado que facilite o incentive ejecuciones extrajudiciales. Ese es precisamente el eje sobre el que la Fiscalía deberá convencer a los jueces en los 60 días que seguirán a la presentación de pruebas.

Salud y presencia en la sala: el expresidente ausente

Duterte decidió no asistir a la audiencia en La Haya, alegando edad y fragilidad en una carta donde afirmó que no quería participar en procedimientos “que olvidaré en minutos”. Su ausencia plantea dilemas prácticos y simbólicos. En lo práctico, la presencia del acusado facilita la confrontación directa de pruebas y testimonios; en lo simbólico, la ausencia puede interpretarse como una forma de minimizar la gravedad de las imputaciones o, alternativamente, como una estrategia legítima basada en razones de salud.

Meses antes, los jueces evaluaron su aptitud para continuar el proceso y determinaron que, pese a las preocupaciones por su estado físico, Duterte estaba en condiciones de afrontar la fase de presentación de pruebas. Esa decisión equilibró el derecho del acusado a un proceso justo con la necesidad de no permitir que cuestiones de salud sirvan de cortina de humo para eludir la justicia.

Implicaciones políticas internas: polarización y futuro electoral

La detención y traslado a la CPI ha agudizado las tensiones políticas en Filipinas. Partidarios de Duterte han criticado al gobierno de Ferdinand Marcos Jr. —quien autorizó la entrega del exmandatario— acusándolo de traición o de responder a presiones internacionales. Al mismo tiempo, figuras próximas a Duterte, incluida su hija Sara Duterte, actual vicepresidenta y aspirante presidencial para 2028, han prometido continuar defendiendo la reputación del clan frente a lo que describen como “persecución política”.

Esta dinámica complica la gobernabilidad: un proceso penal internacional puede volverse combustible electoral y puede influir en la percepción pública de seguridad y legitimidad. Además, la posibilidad de retorno de figuras afines a las políticas de Duterte mantiene viva la inquietud de las familias de víctimas, que temen la reversión de avances en investigación y memoria.

El reto de la rendición de cuentas internacional

La causa contra Duterte es un ejemplo nítido de las limitaciones y fortalezas del sistema penal internacional. Por un lado, la CPI ofrece un foro que, cuando los sistemas nacionales fallan o se muestran incapaces, permite perseguir a quienes puedan haber cometido crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, la eficacia de ese mecanismo depende de la cooperación de Estados, la disponibilidad de pruebas y la voluntad política para impulsar procesos que, inevitablemente, se politizan.

Además, existe un desafío metodológico: probar ante jueces internacionales que hubo una política generalizada o sistemática implica demostrar coordinación, directrices, cadenas de mando o tolerancia institucional frente a ejecuciones extrajudiciales. Esa demostración recae en la recopilación rigurosa de documentación, revelaciones internas, peritajes forenses y testimonios que vinculen decisiones de alto nivel con los hechos.

Memoria, reparación y prevención

Más allá del veredicto que eventualmente emitan los jueces, la apertura de este proceso tiene efectos en las dinámicas de memoria y reparación en Filipinas. Un reconocimiento judicial de responsabilidades podría abrir la puerta a procesos de reparación para las familias y contribuir a reformas institucionales que prevengan la repetición de patrones de violencia.

La sociedad civil juega aquí un rol central: documentando, preservando testimonios y presionando por reformas en fuerzas de seguridad y mecanismos de control. Como dijo una familiar antes de la audiencia: “No nos rendimos”. Esa frase resume una demanda que no se limita a un veredicto: busca reconocimiento, verdad y garantías de no repetición.

¿Qué sigue tras la presentación de pruebas?

1. Evaluación judicial: Tras la exposición de la Fiscalía, los jueces tendrán hasta 60 días para decidir si confirman los cargos y permiten que la causa avance a juicio.
2. Posibles apelaciones: La defensa puede impugnar decisiones sobre jurisdicción, admisión de pruebas o cuestiones procesales, lo que puede dilatar plazos.
3. Impacto político: En Filipinas, la atención pública y las reacciones políticas condicionarán el ambiente en torno a futuras elecciones y reformas institucionales.

Sea cual sea el resultado jurídico, el proceso frente a la CPI ya ha puesto de relieve la tensión entre soberanía nacional y mecanismos internacionales de rendición de cuentas. Ha devuelto la voz a quienes perdieron a sus seres queridos y ha confrontado a la comunidad internacional con la necesidad de responder de manera coherente a alegaciones de violencia estatal masiva.

La historia de este caso no estará determinada únicamente por la sentencia de un tribunal. Estará escrita también por las iniciativas de memoria, por la solidaridad transnacional de organizaciones de derechos humanos y por la capacidad de la sociedad filipina para transformar el dolor en políticas que garanticen seguridad sin renunciar a la dignidad y la vida de su población.