Tigray en vela: Mekele entre la calma tensa y el miedo a un nuevo estallido
Turismo detenido, economías familiares al límite y un tejido social marcado por memoria de la guerra
Gebreegziabher Berehe, guía turístico de 37 años en Mekele, solía vivir de los visitantes que llegaban para ver iglesias excavadas en la roca y paisajes montañosos milenarios. Hoy sus reservas son escasas, los cajeros automáticos permanecen vacíos y contempla la posibilidad de abandonar la región porque “ya no puede permitirse vivir aquí”. Esa frase resume la ansiedad cotidiana en la capital de la región de Tigray, donde una calma tensa contrasta con el temor a que reaparezca la violencia que devastó la zona hasta 2022.
Memoria de la guerra y heridas abiertas
El conflicto que estalló en noviembre de 2020 y que terminó formalmente en noviembre de 2022 dejó tras de sí miles de muertos, desplazados y acusaciones generalizadas de crímenes de guerra, entre ellas ejecuciones, torturas y violencia sexual, además del uso de la privación de alimentos como arma de guerra (véase informes de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos). Según estimaciones de agencias humanitarias, cientos de miles fueron desplazados en su punto álgido y millones quedaron en situación de inseguridad alimentaria (Fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA).
La experiencia reciente ha marcado de forma profunda a la población: apagones de comunicaciones, restricciones de movimiento y presencia de fuerzas externas—en particular, tropas eritreas—generaron una sensación de aislamiento y vulnerabilidad que muchos no desean repetir. “Si la guerra vuelve, creo que será incluso más severa que antes”, dice Berehe, y añade que él y sus colegas enfrentan “una crisis económica y moral” aun antes de escuchar disparos.
Economía local al borde del abismo
El turismo en Tigray, aunque no masivo, representaba una fuente vital de divisas y empleo. Las iglesias monolíticas de Lalibela y los paisajes del norte atraían a viajeros interesados en patrimonio y trekking, y los ingresos turísticos ayudaban a sostener alojamientos, guías locales y pequeños comercios. Con la reducción drástica de visitantes, estas actividades han quedado paralizadas. Además, los problemas de suministro, como la escasez de combustible y fertilizantes, afectan la agricultura local: agricultores como Johannes Tesfay, de Debretsion, reportan bombas de riego sin combustible y dificultades para llevar sus productos al mercado.
Estas perturbaciones en la cadena de suministro tienen efectos en cascada: pérdida de ingresos, menores ingresos fiscales locales y mayor precariedad para familias que ya sufrieron el conflicto. Aunque es difícil cuantificar en tiempo real el impacto económico preciso, estudios comparativos sobre conflictos intrarregionales muestran que la recuperación económica puede tardar años y que la inversión privada huye ante la incertidumbre permanente (Banco Mundial; ver: World Bank, estudios sobre reconstrucción postconflicto).
La diplomacia rota y las acusaciones cruzadas
El reciente recrudecimiento de las tensiones se ha centrado en acusaciones mutuas: las autoridades de Tigray denuncian violaciones del acuerdo de paz mediante ataques con drones atribuidos a fuerzas federales; el gobierno federal de Etiopía, por su parte, acusa a Eritrea de movilizar y financiar grupos armados dentro de Tigray. En un escenario temido por observadores, Eritrea podría alinearse con la administración regional tigrayí en hostilidades contra fuerzas etíopes, algo que complicaría aún más un conflicto que antes incluyó la intervención eritrea.
Las relaciones entre Addis Ababa y Asmara han sido históricamente complejas. Eritrea se separó de Etiopía en 1993 tras décadas de lucha insurgente, y las tensiones por el acceso al Mar Rojo y el puerto de Assab han sido un punto sensible en la región. A inicios de 2026, el primer ministro etíope Abiy Ahmed expresó su ambición de que el Mar Rojo y Etiopía “no permanezcan separados para siempre”, una declaración que generó alarma en Asmara y que fue desestimada con dureza por responsables eritreos.
¿Qué podría encender otra guerra?
Varios factores podrían actuar como detonante:
- Incidentes militares localizados: Enfrentamientos en zonas disputadas como Tselemti han ya provocado cancelaciones de vuelos y bajas.
- Alianzas cambiantes: Movimientos diplomáticos entre Eritrea y líderes tigrayanos o la movilización de milicias podrían alterar el equilibrio de poder.
- Política interna: La necesidad del gobierno federal de afirmar control territorial frente a demandas regionales puede favorecer gestos militares.
La acumulación de fuerzas y la llamada a reservas por parte del gobierno federal elevan la probabilidad de un escalamiento accidental o deliberado. Organismos internacionales han pedido calma: el secretario general de la ONU ha instado a todas las partes a ejercer moderación, y la Unión Europea y el Reino Unido han advertido a sus ciudadanos sobre viajes a la región.
La gente intenta decidir: quedarse o partir
La memoria de los confinamientos y la pérdida de servicios básicos empuja a muchos a planear la salida. Para quienes no pueden migrar, la vida cotidiana se ha vuelto un ejercicio de contención y ajuste: venta de bienes, reducción de consumo y búsqueda de trabajos informales. Los agricultores, como Tesfay, deben lidiar con la escasez de insumos y con mercados inestables.
“¿Qué podemos hacer? Solo podemos rezar”, dice Tesfay, mirando hacia las montañas que alguna vez sirvieron de vía de paso a tropas eritreas. Es una frase que contiene frustración, resignación y una petición implícita: la necesidad de intervención y mediación para evitar otra tragedia.
¿Qué dicen los expertos?
Analistas de la región señalan que la fragilidad actual no solo es militar, sino también institucional y económica. La paz firmada en 2022 fue vista por muchos como un punto de partida, pero quedó sin mecanismos robustos de verificación y sin un plan integral de reconstrucción. Sin supervisión internacional sostenida y sin garantías para el retorno seguro de desplazados y el acceso humanitario, las capas de tensión pueden reactivarse con relativa facilidad.
Además, la presencia de actores regionales—como Eritrea, y la compleja política etíope que combina centralismo y pluralidad étnica—complica cualquier solución rápida. La experiencia comparada muestra que acuerdos de paz sin inclusión política y compensaciones económicas son proclives a quiebres posteriores (véase análisis del International Crisis Group y reportes del Instituto de Estudios de Seguridad).
Qué puede hacer la comunidad internacional
Las opciones de la comunidad internacional van desde la diplomacia preventiva hasta la asistencia humanitaria sostenida. Algunas medidas concretas pueden incluir:
- Mediación activa y verificación: Facilitadores neutrales para implementar mecanismos de verificación del cese de hostilidades y de uso de drones o armamento pesado.
- Asistencia económica dirigida: Programas que apoyen agricultura, combustibles y cadena logística para evitar que la población quede sin medios básicos.
- Protección de civiles y derechos humanos: Monitoreo y documentación independiente de posibles abusos para disuadir violaciones y asegurar responsabilidades.
- Soporte al tejido social: Iniciativas que fomenten diálogo local, reconciliación y reconstrucción del tejido comunitario.
Los llamados a la acción son urgentes porque, como recuerdan organizaciones humanitarias, la ventana para prevenir una nueva catástrofe cerró en muchos conflictos cuando se subestimó la peligrosidad de pequeños incidentes.
Historias cotidianas que humanizan la tensión
Más allá de análisis y estadísticas, las pequeñas historias traducen el impacto real: restaurantes que cierran sus puertas, guías turísticos sin clientes, campesinos sin combustible para bombas de riego, familias que deciden no enviar a sus hijos a la escuela por falta de dinero o por miedo a la inseguridad en los caminos. Estas vivencias conforman el paisaje social que cualquier política de paz debe tener en cuenta.
La situación en Tigray es, por ahora, una tensión que se respira en Mekele y en los pueblos del norte: la incertidumbre por delante y la certeza del daño pasado se combinan para crear una fragilidad que exige más que declaraciones oficiales. Requerirá voluntad local, presión internacional sostenida y estrategias que mezclen seguridad con desarrollo para evitar que la región vuelva a sumirse en el conflicto.
Fuentes consultadas:
- Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA): informes sobre desplazamiento e inseguridad alimentaria en el norte de Etiopía.
- World Bank: análisis sobre recuperación económica postconflicto y efectos de la inestabilidad en la inversión y empleo.
- Informes de organizaciones de derechos humanos y de investigación (documentación sobre abusos durante el conflicto de 2020-2022).
