Cuando la Corte Suprema decide sobre el clima: la batalla legal entre ciudades y la industria de los combustibles fósiles

El caso de Boulder ante el tribunal más alto de EE. UU. plantea preguntas sobre jurisdicción, responsabilidad y el papel de los estados frente a daños climáticos

La decisión de la Corte Suprema de aceptar revisar demandas locales contra compañías petroleras marca un punto de inflexión en la estrategia legal para responsabilizar a los emisores de combustibles fósiles por los costos derivados del calentamiento global. El caso originado en Boulder, Colorado, representa apenas una de varias iniciativas municipales y estatales que buscan que la industria compense daños vinculados a incendios forestales, aumento del nivel del mar, inundaciones y otros impactos asociados al cambio climático.

Un conflicto sobre jurisdicción y alcance del derecho estatal

Las empresas petroleras involucradas —incluyendo actores como ExxonMobil y Suncor Energy en la demanda de Boulder— han apelado ante la Corte Suprema tras el fallo del máximo tribunal de Colorado que permitió que la demanda siguiera en la órbita de la justicia estatal. Estas compañías sostienen que las cuestiones sobre emisiones y la regulación de gases de efecto invernadero son un asunto de alcance nacional y, por tanto, deben ser resueltas en tribunales federales, donde demandas similares han sido desestimadas.

En su argumentación escrita, los abogados de las compañías afirmaron que “el uso de la ley estatal para abordar el cambio climático global representa una seria amenaza para uno de los sectores más críticos de nuestra nación” (presentado en escritos legales de las empresas ante los tribunales).

Por su parte, los representantes de Boulder defendieron que la demanda está en etapas iniciales y que los estados tienen autoridad constitucional para remediar daños ocurridos dentro de sus fronteras causados por conductas originadas fuera del estado. En sus alegatos escribieron: “No existe una prohibición constitucional para que los estados atiendan los daños en su territorio causados por conductas fuera del estado, ya sea por el diseño negligente de un automóvil o la venta de asbestos” (argumentación presentada por la ciudad ante el tribunal).

¿Por qué importa la jurisdicción?

La cuestión de jurisdicción no es meramente técnica: determina el cuerpo de leyes aplicables, los precedentes que los jueces considerarán y la posibilidad de que las demandas prosperen. Tribunales federales han mostrado, hasta ahora, reticencia a admitir demandas por daños climáticos contra empresas cuando entienden que las reclamaciones implican cuestiones políticas o regulaciones nacionales que corresponden al Congreso. Si la Corte Suprema decide que estos casos deben trasladarse al ámbito federal, muchas de las estrategias municipales y estatales podrían verse bloqueadas. Si, por el contrario, permite que sigan en tribunales estatales, se abriría la puerta a una oleada de litigios locales buscando reparación por costos de adaptación y reconstrucción.

El fondo del conflicto: costos del daño climático

Los demandantes municipales y estatales reclaman miles de millones de dólares para cubrir gastos pasados y futuros relacionados con la adaptación a eventos climáticos extremos: defensas costeras, remoción de escombros tras incendios, refuerzo de infraestructura, y otras medidas. Estas demandas sitúan en el centro del debate la responsabilidad civil por actividades económicas que, aunque legales en su momento, han contribuido a la acumulación de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.

Para dimensionar el impacto, basta recordar que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el nivel medio global del mar ha aumentado aproximadamente 20–25 centímetros desde 1880, cifra que se ha acelerado en las últimas décadas (NOAA - Sea Level Rise). Asimismo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) concluye que la actividad humana es la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX (IPCC AR6).

Argumentos legales y económicos de las compañías

Las petroleras y otras empresas del sector insisten en que las reclamaciones por daños climáticos plantean asuntos de política pública que deben resolverse a través del proceso legislativo nacional y no por sentencias judiciales de alcance local o estatal. Sostienen que imponer responsabilidad retroactiva por emisiones históricas podría generar inseguridad jurídica y un efecto en cascada sobre contratos, inversiones y empleo en sectores energéticos.

Además, advierten que permitir demandas estatales contra prácticas comerciales pasadas podría tener implicaciones para empresas que operan a escala internacional, abriendo la posibilidad de litigios en múltiples jurisdicciones por la misma conducta.

Contraargumentos: reparación, adaptación y precedentes históricos

Los defensores de las demandas contra las petroleras señalan que existen precedentes de responsabilidad civil por daños ocasionados por actividades que, aunque generalizadas y legales en su momento, resultaron perjudiciales para la salud pública o el ambiente. Casos históricos como las causas contra fabricantes de tabaco o demandas por contaminación industrial muestran que la vía judicial ha sido utilizada para compensar daños y forzar cambios en prácticas industriales cuando la regulación fue insuficiente o tardía.

Asimismo, desde la perspectiva municipal, la imposición de costos de reconstrucción y adaptación a los presupuestos locales pone en riesgo la prestación de servicios esenciales. Cuando los incendios, inundaciones y tormentas se tornan más intensos y frecuentes, las ciudades deben decidir entre elevar impuestos, recortar servicios o demandar a terceros que, según alegan, contribuyeron significativamente al problema.

Implicaciones prácticas y simbólicas

Más allá de la sentencia que eventualmente emita la Corte Suprema sobre la cuestión de jurisdicción, este tipo de litigios cumple una función política y social: colocan en la agenda pública la responsabilidad histórica de los grandes emisores y ejercen presión para cambios regulatorios y de mercado. Una decisión favorable a los demandantes podría incentivar acuerdos extrajudiciales y fondos de compensación, mientras que una resolución que cierre la puerta a tribunales estatales probablemente empujará la disputa de nuevo al plano legislativo.

La administración federal, en ocasiones, ha intervenido para respaldar a las empresas en estos casos, argumentando riesgos de un mosaico de decisiones estatales que podrían generar incertidumbre para el comercio y la política energética nacional. Esa intervención política intensifica la discusión sobre si la respuesta al cambio climático debe ser coordinada y uniforme a nivel federal o permitir soluciones desiguales dependiendo de la capacidad de litigio y regulación de cada estado o municipio.

Mirando hacia adelante: ¿qué puede esperarse?

La Corte Suprema, con mayoría conservadora, tendrá que equilibrar principios de federalismo, precedentes judiciales y consideraciones prácticas. Su decisión sentará un precedente que podría cambiar la estrategia de demandantes y defensores en todo el país. Si el alto tribunal ordena que los casos se tramiten en cortes federales, muchas demandas locales podrían fracasar por la interpretación que los jueces federales han dado hasta ahora. Si permite que los tribunales estatales sigan con estos pleitos, podríamos ver un aumento en las reclamaciones y, potencialmente, acuerdos millonarios para financiar reconstrucción y adaptación.

Como observación final, esta disputa jurídica no solo decide sobre quién paga la cuenta; define también el mapa político y económico de cómo Estados Unidos enfrentará las consecuencias del cambio climático: mediante legislación federal, mediante decisiones judiciales, o mediante una combinación de ambas. En cualquiera de los escenarios, la discusión pública continuará, alimentada por datos científicos, decisiones judiciales y presión social.