Cuando la ayuda humanitaria queda en entredicho: la disputa sobre las ONG operando en Gaza

El pulso entre seguridad y humanidad ha dado un giro que puede traducirse en una catástrofe práctica para cientos de miles de personas en Gaza. El anuncio de que el gobierno israelí planea prohibir a decenas de organizaciones no gubernamentales internacionales que operan en la Franja —por negarse a cumplir nuevas reglas administrativas— ha abierto un debate que combina derecho internacional, seguridad nacional y, sobre todo, vida o muerte para una población dependiente casi por completo de la asistencia externa.

Qué se ha decidido y por qué genera alarma

Las nuevas reglas impuestas exigen a las ONG registrar nombres y datos de contacto de su personal, así como detallar orígenes de financiación y el funcionamiento operativo. El cumplimiento de estas normas ha sido interpretado por el gobierno como un requisito de control y transparencia; las organizaciones que han rehusado, según las autoridades, corren el riesgo de ser dadas de baja y quedar impedidas de actuar en los territorios palestinos.

Organizaciones de la sociedad civil internacional consideran estos requisitos como invasivos y arbitrarios. En conjunto, 17 de ellas presentaron una petición ante el Tribunal Supremo de Israel solicitando una orden cautelar que suspenda el proceso de revocación de licencias hasta una decisión definitiva. En su escrito advierten que la paralización de su trabajo provocaría “colapso humanitario e daños irreparables” para cientos de miles de personas necesitadas.

El peso real de las ONG y la dependencia en Gaza

Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, con aproximadamente 2 millones de habitantes. Tras años de conflicto sostenido y una ofensiva devastadora, gran parte de la población depende de la asistencia internacional para alimentos, agua, atención sanitaria y refugio. Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), millones de personas requieren algún tipo de asistencia humanitaria, y una gran parte vive en condiciones de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad sanitaria (fuente: OCHA).

Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF), el Consejo Noruego para los Refugiados y Oxfam se cuentan entre las más conocidas afectadas por las medidas. MSF ha sido descrita como una de las principales proveedoras de suministros médicos no pertenecientes a agencias de la ONU o a la Cruz Roja, y la interrupción de su cadena de abastecimiento —antibióticos, anestésicos, vendajes, equipos quirúrgicos— tendría efectos inmediatos en la atención de personas con heridas traumáticas y enfermedades crónicas.

Precedentes legales: obligaciones del poder ocupante

Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, el concepto de “poder ocupante” incluye responsabilidades específicas. El Cuarto Convenio de Ginebra obliga a la potencia ocupante a velar por la seguridad y el bienestar de la población civil en territorios bajo su control. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) explica que entre esas obligaciones figuran garantizar el suministro de alimentos y medicinas a la población civil cuando los recursos locales no sean suficientes (CICR).

Así, la disputa legal no es solo administrativa: plantea si una autoridad puede, sin más, restringir o imponer condiciones a actores humanitarios cuya labor está cubierta por normativas internacionales que priorizan la protección de civiles en situaciones de conflicto.

Argumentos de seguridad vs. derechos y confidencialidad

El gobierno ha planteado argumentos de seguridad para defender la medida: según las autoridades, algunos operativos y elementos armados han intentado infiltrarse en estructuras humanitarias y, por tanto, es necesario establecer controles más estrictos. COGAT —el organismo militar encargado de asuntos civiles en la zona— afirmó que las organizaciones cuya licencia está en cuestión aportan menos del 1% del total de la ayuda que llega a la Franja, y que muchas ONG sí han aceptado las nuevas condiciones, con lo que la ayuda no se vería interrumpida en su conjunto.

Por su parte, las ONG rechazan la entrega de bases de datos con información personal de su personal local y extranjero por razones de seguridad: temen que esos datos puedan ponerse en riesgo o ser utilizados para perseguir o atacar a trabajadores humanitarios. El argumento no es teórico: cientos de trabajadores humanitarios han muerto o sido heridos durante las operaciones en entornos de conflicto, y la protección de la información del personal en campos de guerra es una preocupación mundialmente reconocida.

Impacto práctico: cadenas de suministro y acceso

Incluso cuando una organización mantiene reservas, la logística para reabastecer hospitales, clínicas móviles y centros de ayuda depende de la colaboración entre múltiples actores: ONG, agencias de la ONU, donantes internacionales y, en contextos restringidos, la propia administración local o la autoridad que controla los puntos de entrada. Cuando a un actor relevante se le impide operar, la cadena se tensiona: proveedores reorientan carga, grupos con licencia enfrentan presiones para no actuar en nombre de los no registrados, y los suministros pueden atrasarse o perderse.

MSF, por ejemplo, declaró que tenía reservas limitadas que podrían alcanzar hasta tres meses para ciertos insumos; pasado ese plazo, la continuidad de sus hospitales de campaña y clínicas quedaría comprometida. La potencial pérdida de servicios médicos —incluida la atención quirúrgica e interconsulta para pacientes crónicos— produciría una presión inmediata sobre las unidades restantes y sobre la población más vulnerable.

Consecuencias políticas y diplomáticas

Además de la emergencia humanitaria, la medida tiene implicaciones diplomáticas. Países donantes y gobiernos extranjeros que financian u hospedan a estas ONG podrían presionar políticamente o condicionar su cooperación. Organizaciones internacionales y estados que consideran vital la presencia de actores independientes para garantizar un acceso imparcial podrían elevar su voz en foros multilaterales, creando fricciones y potencialmente sanciones indirectas o repercusiones en la cooperación bilateral.

Qué está en juego para la población

• Acceso a la atención médica: si hospitales y clínicas pierden suministros esenciales, aumenta la mortalidad por traumas, complicaciones obstétricas y enfermedades crónicas.
• Seguridad alimentaria: el desvío o la interrupción de programas de distribución de alimentos puede incrementar la desnutrición en niños y grupos vulnerables.
• Servicios básicos: agua potable, saneamiento y refugio dependen de la coordinación de múltiples actores; su desarticulación eleva el riesgo de brotes y crisis sociales.

Escenarios posibles y soluciones pragmáticas

Frente a la tensión, se abren al menos tres caminos posibles:

1. Una resolución judicial o administrativa que obligue a suspender la revocación de licencias mientras se establece un marco más equilibrado entre seguridad y protección de datos.
2. Un acuerdo proporcional que permita auditorías y verificaciones de seguridad sin exigir la entrega indiscriminada de datos personales sensibles, mediante protocolos de custodia de información y garantías legales sobre su uso.
3. Una retirada parcial de algunas organizaciones y una centralización de la asistencia en agencias más grandes (por ejemplo, agencias de la ONU), lo que podría reducir la diversidad operativa y la capacidad de respuesta en áreas específicas.

La solución más sostenible parece ser la que combine transparencia y protección: mecanismos que permitan a las autoridades verificar el origen y destino de fondos y personal sin exponer a trabajadores a riesgos adicionales. Esto requiere participación tripartita: autoridades locales y militares, organizaciones humanitarias y mediadores internacionales que garanticen el cumplimiento y la confidencialidad.

El factor humano detrás de la estadística

Detrás de las cifras y las razones de seguridad hay historias concretas: familias que dependen de una clínica para atender a un niño con asma, pacientes que necesitan antibióticos tras cirugías de emergencia, ancianos que requieren insumos básicos que antes llegaban sin fricciones. La guerra y la postguerra convierten la logística en una cuestión ética: cada demora, cada trámite adicional, puede costar vidas.

El desafío consiste en encontrar un equilibrio que no ponga en peligro ni la seguridad legítima del Estado ni la supervivencia de la población civil. Mientras tanto, la petición ante la justicia y el debate público continuarán marcando el destino de una ayuda que, en muchos casos, es la última red de protección para una población agotada por años de conflicto.

Fuentes consultadas: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) — https://www.unocha.org; Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) — https://www.icrc.org