La batalla de Uber en California: ¿reducción de costos o recorte a la justicia para víctimas de accidentes?

En noviembre, los votantes de California podrían enfrentarse a una de las contiendas legales y políticas más costosas y complejas de los últimos años: una iniciativa promovida por Uber que pretende limitar los honorarios de los abogados por contingencia y poner topes a la recuperación de gastos médicos tras accidentes de tránsito. Aunque la compañía la presenta como una reforma para favorecer a las víctimas, críticos de diverso signo advierten que el verdadero efecto podría ser reducir el acceso a la representación legal y trasladar costos al sistema público de salud.

¿Qué propone exactamente Uber?

La iniciativa de Uber busca que las víctimas de choques con vehículos conserven el 75% de cualquier acuerdo que reciban, limitando así la porción que corresponde a honorarios de los abogados que trabajan por contingencia. Además, establece topes para la recuperación de gastos médicos: para ciertos conceptos se fijan límites en torno al 125% de la tasa de reembolso de Medicare y 170% de la tasa de Medi-Cal. También prohíbe que despachos de abogados remitan clientes a proveedores de salud en los que los abogados tengan intereses financieros.

La empresa argumenta que estas medidas evitan el abuso de “ambulance chasers” y prácticas de sobrefacturación que, según Uber, aumentan los costos legales y, en última instancia, las primas de seguro y las tarifas para los usuarios.

Un pleito multimillonario

La campaña no es simbólica: Uber ha invertido aproximadamente 32,5 millones de dólares en la iniciativa desde el otoño pasado, mientras que la oposición (encabezada por grupos de abogados y proveedores médicos) ha comprometido alrededor de 55 millones para contrarrestarla y promover medidas alternativas (CalMatters, informe financiero de campañas).

Entre los que financian la oposición, Consumer Attorneys of California ha aportado cerca de 30 millones, más de 400 bufetes y abogados han sumado unos 20 millones y los proveedores médicos han recaudado alrededor de 5 millones hasta ahora, con la mira en alcanzar 10 millones.

Argumentos de expertos y riesgo de consecuencias no deseadas

Numerosos académicos y especialistas en políticas públicas han advertido sobre riesgos serios. La profesora Nora Engstrom, experta en litigio de la Universidad de Stanford, señaló que la propuesta tiene un atractivo de “calcomanía” pero que, en esencia, “capping contingency fees is equivalent to a price control, and economists generally agree that price controls hurt consumers” (CalMatters).

La advertencia es doble: limitar el porcentaje que reciben los abogados podría desincentivar la representación de víctimas de accidentes, especialmente de casos más complejos o de baja cuantía, y al mismo tiempo los límites a la recuperación médica podrían dejar sin cubrir tratamientos a personas sin seguro o mal aseguradas.

Pamela Lopez, representante del comité Providers for Patient Care, ha manifestado que los topes propuestos “podrían llevar a que proveedores rechacen tratar a sobrevivientes de accidentes por temor a no ser reembolsados” y que ello “podría aumentar los costos para todos” al desplazar la carga hacia Medi‑Cal u otros programas públicos.

¿Qué dicen los textos legales y por qué hay confusión?

Otro punto crítico es la redacción misma de la iniciativa. Opositores sostienen que la medida obliga a que los gastos médicos sean pagados desde la parte destinada a honorarios del abogado, lo que reduciría aún más el incentivo para tomar casos. Uber y sus portavoces disputan esa interpretación y sostienen que son los clientes quienes, en la práctica, pagarían sus propias facturas, por lo que necesitan “una garantía de que tendrán suficientes recursos para cubrir esos gastos” (declaraciones de la campaña en reportes de prensa).

La confusión con el lenguaje legal ha sido subrayada incluso por académicos que no participan formalmente en la batalla. Engstrom dijo que el texto es “bastante enrevesado” y se preguntó por qué, si Uber quería un carveout claro para gastos médicos, no lo planteó explícitamente (CalMatters).

Impacto fiscal y sanitario: lo dice la Oficina Legislativa

La Legislative Analyst’s Office (LAO), organismo no partidista de California, estimó que la iniciativa podría tener efectos contradictorios: por un lado, el estado podría enfrentar decenas de millones de dólares adicionales en costos de Medi‑Cal si víctimas sin seguro reciben menos compensación privada y requieren atención financiada públicamente; por otro lado, el estado podría ahorrar en costos judiciales si disminuye el número de juicios por accidentes (análisis de LAO).

En suma: la reforma podría reducir ciertas cargas privadas y judiciales, pero, al hacerlo, transferir costos al erario público y al sistema de salud.

Contexto histórico: precedentes y por qué importa

La ofensiva de Uber en California no es nueva. La compañía y sus pares en la economía de plataformas ya invirtieron fuertemente en 2020 para promover la Proposition 22, que creó una excepción a la legislación laboral para trabajadores de apps de reparto y transporte. En esa campaña, Uber y Postmates financiaron más de 70 millones de dólares de los más de 205 millones que costó la victoria (informes de financiamiento de la campaña 2020).

Ese antecedente demuestra dos cosas: primero, que las grandes plataformas están dispuestas a gastar sumas extraordinarias para forjar reglas a su favor; segundo, que las reformas votadas por iniciativa pueden producir efectos regulatorios de largo alcance que afectan mercado laboral, seguridad y derechos civiles.

¿Qué alternativas proponen los opositores?

Los grupos de abogados y consumidores han respondido con tres iniciativas propias: dos de ellas buscan tratar a empresas de ride‑hailing como transportistas comunes —con mayores responsabilidades civiles y medidas de seguridad adicionales— y otra pretende proteger la capacidad de los ciudadanos de contratar abogados libremente, lo que, de aprobarse, anularía la iniciativa de Uber si ambas llegan a votación y salen adelante.

Una de las medidas de los abogados requiere, por ejemplo, mayor transparencia sobre antecedentes sexuales de conductores y la obligación de reportes mensuales sobre incidentes, intentando obligar a plataformas a mejorar seguridad de pasajeros y conductores.

Perspectivas económicas: ¿bajarán realmente las tarifas?

Uber sostiene que reducir los costos legales permitirá bajar su gasto en seguros y, por tanto, reducir tarifas. La compañía reportó ingresos superiores a 14 mil millones de dólares el año pasado y ha apuntado repetidamente a la reducción de sus costos legales y de seguros como palancas de rentabilidad.

Sin embargo, hay dudas sobre cuánto de esa supuesta reducción de costos se trasladaría a los consumidores. Un estudio del comportamiento de tarifas muestra que, entre 2019 y 2025, la tarifa promedio de Uber en California aumentó desde aproximadamente 14,11 USD a 27,15 USD según Gridwise (datos de millones de viajes y miles de millones en ingresos rastreados por la app). Otros registros, como los de Obi, marcan subidas similares en esos años.

La relación entre menores costos corporativos y tarifas más bajas no es automática: empresas con posición de mercado pueden optar por aumentar márgenes en lugar de bajar precios.

¿Qué sigue y cómo puede votar la ciudadanía?

Para que la iniciativa de Uber aparezca en la boleta como enmienda constitucional se requieren más de 874.000 firmas antes del 8 de junio; a principios de febrero el texto contaba con cerca del 25% de ese umbral (informes de secretaria de estado). Las medidas de los abogados tienen distintos umbrales según su naturaleza legal (estatuto o enmienda) y también han juntado millones de firmas en la primera fase.

Si ambas partes alcanzan el voto, los votantes de California tendrán que sopesar una pregunta compleja: ¿quieren reducir lo que perciben como abusos legales y, quizá, bajar gastos de compañías y primas; o prefieren proteger el acceso a la justicia y a la atención médica adecuada para víctimas, aun si ello mantiene costos legales más altos?

Reflexión final: la democracia ante transformaciones tecnológicas

La disputa no es únicamente entre Uber y bufetes: es una pelea sobre cómo las democracias regulan empresas tecnológicas que transforman servicios públicos clásicos. Como dijo Veena Dubal, profesora de derecho en UC Irvine, “Uber is trying once again to misuse the democratic process and to disclaim legal responsibility” (declaración pública en debates sobre Prop 22 y posteriores). Más allá de consignas, la lección es que la política pública debe sopesar incentivos privados, salud pública y acceso a la justicia; decisiones tomadas con atajos legales o retóricas simples pueden generar externalidades importantes para la sociedad.

• Fuentes citadas: reportes y análisis de CalMatters; informes financieros públicos de campañas; análisis de la Legislative Analyst’s Office (LAO); datos de Gridwise y Obi sobre tarifas promedio de viajes.
• Dato clave: Uber ha invertido ~32.5M USD en su iniciativa; la oposición ha comprometido ~55M USD (datos de financiamiento de campaña).