Apagones preventivos y escuelas en la cuerda floja: cuando cortar la luz también corta el aprendizaje

Una mañana ventosa de diciembre de 2024, docentes de Orange Vista High School hicieron formar a los estudiantes en una fila que llegaba hasta la calle. Southern California Edison (SCE) había cortado el suministro en zonas del condado de Riverside para evitar que su infraestructura provocara un incendio. Las clases se interrumpieron, los salones quedaron a oscuras y padres angustiados en Perris esperaron para recoger a sus hijos. Un mes después, la luz se fue nuevamente, apenas unos días después de que los incendios Eaton y Palisades arrasaran barrios enteros en el condado de Los Ángeles.

Un mecanismo con historia: ¿por qué se apaga la luz?

Desde 2012, la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) autorizó a las compañías eléctricas de propiedad privada a cortar el suministro en eventos meteorológicos severos como medida preventiva para reducir el riesgo de incendios forestales. Estas acciones se conocen como Public Safety Power Shutoffs (PSPS) o apagones por seguridad pública. La CPUC revisa cada cierre y puede imponer sanciones si las empresas no cumplen protocolos de notificación y otros estándares. En el invierno 2024-2025, esas desconexiones volvieron a poner en tensión a comunidades y escuelas del sur de California.

El impacto en las escuelas: más que una jornada perdida

Para muchas familias de la región, sobre todo en distritos con limitados recursos, perder un día de clases es mucho más que un hueco en el calendario académico. Las escuelas son centros de servicios: ofrecen comidas, cuidado infantil y apoyo a estudiantes con discapacidades. Catalina Chrest, directora de Skyview Elementary en Perris, lo expresó con crudeza: perder acceso a la escuela significa también perder agua, calefacción o aire acondicionado, y poner en riesgo la seguridad física de los niños en aulas a oscuras.

En distritos como Perris Elementary, más del 90% de los estudiantes son considerados de bajos ingresos. En esos contextos, la comida que reciben en la escuela “podría ser una de las más nutritivas del día”, dijo Chrest en reportes locales (fuente: CalMatters).

Asistencia y financiación: la factura de los apagones

El financiamiento estatal a las escuelas en California se basa en parte en la asistencia diaria del alumno. Cuando una escuela cierra —o cuando la asistencia cae porque los padres deciden mantener a sus hijos en casa—, ese ingreso se reduce. Las escuelas pueden solicitar al Departamento de Educación estatal exenciones (waivers) para proteger su financiamiento ante emergencias, pero el proceso implica trámites, espera y una incertidumbre sobre cuánto dinero se conservará.

En el ciclo 2024-2025, al menos ocho distritos del condado de Riverside presentaron solicitudes de exención tras cierres o bajas significativas de asistencia durante los episodios de viento y humo. Val Verde Unified, por ejemplo, reportó que tres de sus escuelas perdieron 13 días de instrucción por eventos de viento en ese lapso (fuente: CalMatters).

Adaptación con recursos escasos: generadores, baterías y prioridades

Ante la amenaza de más apagones, algunos distritos optaron por invertir en soluciones locales. Val Verde Unified redirigió cerca de $500,000 del presupuesto de instalaciones escolares para comprar unidades de almacenamiento de baterías destinadas a que, ante una nueva desconexión, Orange Vista High pudiera mantener las luces encendidas. Jurupa Unified gastó más de $364,000 en dos generadores capaces de alimentar una escuela primaria cada uno y está invirtiendo en infraestructuras para facilitar su despliegue.

Sin embargo, muchos superintendentes señalan que este tipo de inversión no resuelve el problema de raíz. Garrick Owen, subsuperintendente de Val Verde, lo resumió: “Si tuviera una varita mágica, ¿gastaría todo el dinero para fortalecer nuestras escuelas contra apagones o lo gastaría para reforzar la infraestructura de las líneas eléctricas y evitar los apagones?” (fuente: CalMatters).

Para distritos más pequeños como Perris Elementary, comprar generadores o baterías es una decisión difícil. Los recursos son limitados y hay necesidades más inmediatas: seguridad en los planteles, modernización de instalaciones, equipamiento tecnológico. ¿Invertir en equipos que quizá se usen pocos días al año y pueden costar millones para proteger a todo un distrito? Para muchos administradores, la respuesta es no.

Notificaciones defectuosas y responsabilidad

Otro ingrediente que agravó la situación fue la falta de aviso oportuno. Las normas de la CPUC requieren que las compañías eléctricas equilibrien los daños potenciales de cortar la energía con los beneficios de reducir el riesgo de incendios, y que notifiquen con antelación a las zonas afectadas. No obstante, durante los apagones invernales muchos distritos recibieron avisos tardíos o contradictorios. En algunos casos, como narraron funcionarios de Jurupa Unified y Orange Vista, la escuela supo del corte apenas cuando ya había ocurrido; en otros, la advertencia llegó con menos anticipación de la anunciada por la empresa.

Tras los apagones que afectaron a Riverside County en enero, la CPUC multó a Southern California Edison con $7.8 millones por violaciones relacionadas con los requisitos de notificación (fuente: CPUC).

¿Qué ofrecen las eléctricas y por qué no basta?

Southern California Edison defiende los apagones preventivos como una medida necesaria para proteger vidas y comunidades ante condiciones meteorológicas que aumentan el riesgo de incendios. “Nuestra misión es mantener la energía cuando es seguro hacerlo”, dijo el portavoz Jeff Monford en comunicados públicos (fuente: SCE).

La compañía ha ofrecido apoyo: préstamo de generadores a escuelas más afectadas, planes piloto de baterías prestadas y participación en coordinaciones diarias de emergencia con algunos distritos. Pero estos programas alcanzan solo a unos cuantos planteles. Además, críticos señalan que la evaluación de riesgo de las empresas se ha centrado en probabilidades de ignición y en modelos meteorológicos, sin valorar adecuadamente el costo social y humano de dejar comunidades sin electricidad.

Melissa Kasnitz, directora legal del Center for Accessible Technology, advirtió que se invirtió mucho en calcular la probabilidad de que una chispa provoque un incendio, pero poco en evaluar “qué pasa cuando se apaga la energía de la gente” (fuente: reportes locales).

Una cuestión de equidad: quién carga con la adaptación

El debate que asoma es tanto técnico como político y moral: ¿quién debe pagar la adaptación al aumento de riesgos climáticos que generan más eventos extremos y, por ende, más apagones preventivos? Los distritos escolares sostienen que no deberían ser los únicos responsables de financiar soluciones ante una falla sistémica que proviene de la infraestructura energética regional.

Varias propuestas han emergido desde administradores y expertos en educación: mayor flexibilidad en las reglas que vinculan la financiación a la asistencia diaria, fondos estatales o federales destinados a resiliencia escolar (generadores, baterías, micro-redes), y una revisión de las obligaciones de las empresas eléctricas para priorizar suministros a instalaciones críticas como escuelas y hospitales.

Bruce Bivins, superintendente del Perris Elementary School District, propuso que el estado financie las escuelas por matrícula y no por asistencia diaria, de modo que emergencias fuera del control del plantel no pongan en riesgo su presupuesto (fuente: CalMatters). Otra voz es la de Paula Ford, asistente del superintendente de negocios en Jurupa Unified, quien reclama mayor claridad y celeridad en las notificaciones a los distritos para poder tomar decisiones informadas y seguras.

¿Qué soluciones son realistas?

• Inversión en infraestructura de la red: reforzar líneas, soterramiento selectivo en zonas de alto riesgo y mejoras en reconocimiento meteorológico y gestión de vegetación. Estas medidas reducen la necesidad de PSPS, pero requieren inversiones estatales y regulatorias de gran escala.
• Fondos estatales para resiliencia escolar: creación de líneas presupuestarias dedicadas a equipar escuelas con generadores, baterías y micro-redes, priorizando distritos de bajos recursos.
• Mejoras en notificación y coordinación: protocolos claros que obliguen a las compañías a avisar con tiempo suficiente y a coordinar con autoridades educativas locales para proteger niños y servicios críticos.
• Reformas en la financiación educativa: evaluar fórmulas que aten parte del financiamiento a la matrícula, o simplificar y acelerar los procesos de exención de asistencia por emergencias.

En última instancia, la experiencia reciente en Riverside County evidencia que las medidas puntuales —comprar algunos generadores o baterías— alivian problemas inmediatos pero no sustituyen una estrategia de largo plazo. Como señaló Garrick Owen, la pregunta no es solo cómo endurecer las escuelas, sino por qué no se invierte más en evitar que la infraestructura energética falle en primer lugar.

Mientras tanto, los directores y maestros seguirán improvisando bajo la presión de vientos y humo; los padres seguirán preocupados por la seguridad y la comida de sus hijos; y los distritos con menos recursos continuarán enfrentando decisiones presupuestarias angustiosas. Si el cambio climático trae más episodios extremos, estos dilemas —técnicos, económicos y de justicia social— no se van a resolver solos.

Fuentes y lecturas: CalMatters (cobertura sobre apagones y escuelas en Riverside County), CPUC (información sobre regulaciones y sanciones), Southern California Edison (comunicados públicos sobre PSPS). Para más contexto sobre PSPS y su evolución desde 2012, ver materiales de la Comisión de Servicios Públicos de California y análisis periodísticos en CalMatters.