Código penal afgano: un retroceso legal que legitima la desigualdad y la violencia doméstica

En enero de 2026 el liderazgo de facto en Afganistán firmó el Decreto No. 12, el primer código penal completo emitido por el régimen desde su regreso al poder en 2021. Más allá de su retórica sobre orden y moral pública, el texto legaliza prácticas que institucionalizan la desigualdad entre hombres y mujeres, normalizan la violencia corporal dentro del hogar y establecen un sistema de justicia de dos (o más) velocidades según la posición social del acusado.

¿Qué establece el decreto y por qué alarma?

El cuerpo normativo comprende 119 artículos distribuidos en 60 páginas y contiene varias disposiciones que, según organizaciones internacionales, contravienen obligaciones internacionales de derechos humanos. Entre los puntos más preocupantes destacan:

• Penalizaciones para mujeres que visiten a sus parientes sin el permiso del esposo.
• Facultad otorgada al jefe de hogar o al cónyuge para imponer castigos "en su casa" por incumplimientos de conducta.
• Uso explícito de castigos corporales para diversos delitos, incluyendo penas aplicables "en diferentes partes del cuerpo" cuando se ordenan latigazos.
• Tratamiento diferencial del mismo delito de acuerdo con la categoría social: desde una simple advertencia para clérigos y académicos hasta golpes corporales para quienes son considerados de las "clases bajas".

En este marco, la violencia doméstica queda desdibujada como delito grave. Por ejemplo, el decreto contempla que un hombre que golpee severamente a su esposa causando corte, herida o moretón visible podría enfrentar hasta 15 días de prisión, y solo si su esposa logra probar el maltrato ante un juez. En cambio, una mujer que se quede en la casa de su padre sin la autorización de su esposo enfrenta tres meses de prisión; sus familiares también pueden ser encarcelados si no la devuelven al marido.

Reacciones internacionales y alegatos de ilegalidad

La comunidad internacional no tardó en condenar el decreto. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló en declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que el nuevo código contiene "varios delitos y penas que contravienen las obligaciones internacionales de Afganistán" y urgió a las autoridades a anular el texto. En sus palabras: "Proporciona el uso del castigo corporal para numerosos delitos, incluso en el hogar, legitimando la violencia contra mujeres y niños" (declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, 2026).

Por su parte, la Representante Especial de ONU Mujeres en Afganistán, Susan Ferguson, afirmó que el decreto "elimina formalmente la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley" y colocó a los esposos en una posición de autoridad que limita la capacidad de las mujeres para buscar protección o justicia (comunicado de ONU Mujeres, 2026).

Un sistema penal con clases: la estratificación legal

Una seña llamativa del decreto es la diferenciación de sanciones según la categoría social del infractor. El texto prescribe:

1. A académicos y «personas de alta jerarquía»: advertencia del juez.
2. A líderes tribales y comerciantes: advertencia y citación judicial.
3. A la «gente promedio de la sociedad»: prisión.
4. A las «clases bajas»: castigos corporales, incluyendo azotes.

Este esquema cristaliza una jerarquía punitiva que refuerza desigualdades ya existentes y erosiona principios básicos de derecho penal como la igualdad ante la ley y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Penas capitales y libertad de expresión

El decreto mantiene la pena de muerte para los homicidios y para quien insulte al profeta Mahoma, aunque en este último caso se prevé la posibilidad de conmutar la pena por seis años de prisión si el reo se arrepiente. Además, el texto criminaliza la crítica al liderazgo de facto y a sus políticas, atentando contra las libertades de expresión y reunión.

Contexto histórico y pasos previos del régimen

Desde la toma del poder por los talibán en agosto de 2021 se han impuesto numerosas restricciones que afectan en particular a mujeres y niñas: prohibiciones en la educación secundaria y superior para mujeres en ciertos periodos, limitaciones laborales y reglas estrictas sobre la vestimenta y la movilidad. Estas medidas han sido documentadas por organismos internacionales y ONG de derechos humanos. La promulgación del Decreto No. 12 supone el primer intento formal del régimen por consolidar una estructura penal completa que integre esas prohibiciones en el derecho interno.

Impacto real en la vida cotidiana de las mujeres

Las consecuencias prácticas de este marco son profundas y múltiples:

• Reducción de espacios de autonomía: al criminalizar actos cotidianos como visitar la casa de los padres sin permiso, se restringe la libertad de movimiento y de asociación de las mujeres.
• Obstáculos a la denuncia: con penas simbólicas o leves para agresores y cargas probatorias difíciles para las víctimas, es menos probable que las mujeres busquen protección en el sistema judicial.
• Normalización de la violencia: al permitir castigos físicos dentro del hogar, se legitima la violencia doméstica como herramienta de disciplina familiar.
• Mayor riesgo para las clases más vulnerables: las sanciones corporales y la estigmatización social golpean con mayor dureza a quienes ya enfrentan precariedad económica y menor acceso a recursos legales.

¿Qué alternativas y recursos existen para la comunidad internacional?

Frente a esta realidad, la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos cuentan con varias vías de acción, aunque todas presentan límites y riesgos:

• Presión diplomática multilateral: exhortos públicos, resoluciones en organismos como el Consejo de Derechos Humanos y sanciones selectivas dirigidas a responsables de violaciones graves.
• Asistencia a la sociedad civil afgana: apoyo logístico y financiero a organizaciones locales (cuando es posible) que brindan ayuda legal, refugio y servicios a mujeres en riesgo.
• Protección consular y programas de reasentamiento: facilitar la evacuación o reasentamiento de activistas y mujeres amenazadas que soliciten protección a Estados extranjeros.
• Documentación y registro: mantener un registro fidedigno y constante de violaciones para sustentar futuros procesos de accountability y para informar a la opinión pública global.

No obstante, cualquier medida externa debe calibrarse cuidadosamente para evitar consecuencias contraproducentes que empeoren la situación de la población civil o sean utilizadas por el régimen para afirmar narrativas de injerencia.

Reflexiones finales: derechos humanos en juego

El Decreto No. 12 no es solo un conjunto de leyes técnicas; es un manifiesto sobre qué tipo de sociedad se quiere imponer: una en la que la autoridad doméstica prevalece sobre la protección individual, en la que la ley no es igual para todos y en la que la crítica política se convierte en delito. Como recordó Volker Türk en Ginebra, "las mujeres y las niñas son el presente y el futuro, y el país no puede prosperar sin ellas" (Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 2026). Esa máxima subraya que la erosión de derechos de la mitad de la población no solo es una tragedia humana, sino también un obstáculo al desarrollo económico, social y cultural de largo plazo.

Vigilancia internacional, solidaridad con las afectadas y estrategias sostenibles de apoyo serán esenciales para contrarrestar los efectos de este retroceso. En última instancia, la defensa de los derechos en Afganistán exige combinar denuncia, protección y políticas que empoderen a las voces locales que aspiran a una justicia verdaderamente igualitaria.