Hawái se blinda contra las tácticas migratorias federales: la legislatura responde a una administración agresiva

En menos de un año, el panorama legislativo en Hawái respecto a la inmigración dio un giro notable. Lo que en la sesión anterior no logró pasar —una serie de iniciativas destinadas a proteger a inmigrantes y restringir la colaboración entre autoridades locales y federales— hoy vuelve con fuerza y avances en comités. La causa principal, coinciden activistas y legisladores, ha sido la creciente dureza en la política migratoria federal que muchos perciben como una erosión de derechos civiles.

De la prudencia a la acción: qué cambió en un año

El año pasado, múltiples proyectos de ley relacionados con la justicia para inmigrantes murieron en etapas tempranas del proceso legislativo. Esta vez, los defensores adoptaron una estrategia distinta: en lugar de concentrar todo en una sola propuesta integral, presentaron más de 25 proyectos distintos, con la intención de que al menos algunos sobrevivieran a enmiendas y filtraciones.

«Tuvimos un año para ver qué iba a hacer esta administración, y quedó claro que nuestra actitud de esperar y ver no iba a funcionar», declaró el senador Karl Rhoads, presidente del Comité Judicial del Senado estatal, citado por Honolulu Civil Beat. «Teníamos que ser más agresivos si íbamos a proteger los derechos de nuestras comunidades en Hawái» (Honolulu Civil Beat).

¿Qué proponen las leyes en trámite?

Entre los proyectos que han obtenido tracción hay medidas variadas pero complementarias, diseñadas para reducir la participación de las agencias estatales y locales en la aplicación de la ley migratoria federal y para proteger derechos civiles básicos. Algunos ejemplos destacados:

• Prohibición de máscaras en operativos policiales: un proyecto que sanciona el uso de cubiertas faciales por parte de agentes, salvo excepciones como operaciones encubiertas. El objetivo declarado es aumentar la confianza pública y evitar la percepción de «policía secreta» en redadas relacionadas con inmigración.
• Prohibición de preguntas migratorias en paradas rutinarias: legislaciones que impedirían a la policía interrogar a personas sobre su estatus migratorio durante controles de tráfico u otras detenciones menores, evitando así que interacciones cotidianas deriven en procesos migratorios.
• Protección del derecho a grabar a la policía: medidas que defienden la capacidad de la ciudadanía para registrar actuaciones policiales en espacios públicos sin represalias, un mecanismo fundamental de supervisión y rendición de cuentas.
• Limitación de cooperación en "lugares financiados por el estado": proyectos como el House Bill 1870 buscarían impedir la colaboración con agentes federales en instalaciones sensibles financiadas por fondos estatales, tales como escuelas, hospitales y centros de servicios sociales —espacios que históricamente habían gozado de cierta protección federal bajo la política de "lugares sensibles" vigente desde 2011 y luego revocada por la administración federal en enero de 2025.
• Prohibición de acuerdos con agencias federales que conllevan aplicación migratoria civil: iniciativas que impedirían a agencias locales firmar convenios que autoricen a sus oficiales a participar en detenciones, deportaciones o procesos administrativos de inmigración.

Contexto nacional que empuja decisiones locales

La decisión de Hawái de endurecer su respuesta tiene precedentes y causas que exceden el archipiélago. Casos de redadas agresivas en ciudades como Chicago y Los Ángeles, así como incidentes trágicos en Minnesota —donde en enero agentes federales dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses que observaban protestas contra operativos migratorios— actuaron como catalizadores.

«Minnesota fue un evento que cristalizó la urgencia», señaló Rhoads (Honolulu Civil Beat). Para muchos legisladores hawaianos, esos episodios evidenciaron que la supervisión federal y los límites existentes no bastaban para proteger derechos civiles en territorios urbanos y comunidades vulnerables.

¿Qué pueden y qué no pueden hacer los estados?

La frontera legal entre competencia federal y estatal en materia migratoria es compleja. La Constitución y la jurisprudencia federal establecen que el control de fronteras e inmigración es competencia primaria del gobierno federal. Sin embargo, los estados disponen de facultades para regular actividades dentro de su territorio y para decidir con qué grado de cooperación se comprometen sus agencias locales.

Por ejemplo, si agentes federales presentan una orden judicial válida (warrant), las autoridades locales no pueden impedir su ejecución. En cambio, sí pueden aprobar leyes que prohíban a sus funcionarios participar activamente en tareas de inmigración civil —como detener a personas exclusivamente por su estatus migratorio o colaborar en programas de detención administrativa— cuando esa participación exceda lo requerido por la ley federal o por órdenes judiciales.

«Si Immigration and Customs Enforcement viene con una orden judicial, no hay ley estatal que pueda impedir que la ejecute», explicó Liza Ryan Gill, coordinadora de la Hawaiʻi Coalition for Immigrant Rights (Honolulu Civil Beat). «Este paquete de proyectos busca proteger a Hawái de ser arrastrado por acciones inconstitucionales de una agencia que consideramos ha actuado fuera de normas» (Honolulu Civil Beat).

Estrategia legislativa y obstáculos

La táctica de presentar múltiples proyectos persigue dos objetivos: diversificar posibilidades de éxito y crear mecanismos legales complementarios que, en conjunto, ofrezcan cobertura amplia a comunidades afectadas. No obstante, los defensores son conscientes de los retos: la Casa Blanca y agencias federales pueden recurrir a los tribunales, alegando preeminencia federal y planteando litigios que retrasen o anulen leyes estatales.

Mandy Fernandes, directora política de ACLU de Hawái, valoró la estrategia: «Fue hecha casi a la carta porque queremos ver varias vías avanzar», comentó, subrayando la intención de mantener en movimiento distintos frentes legislativos para preservar elementos clave aun si algunos proyectos mueren en el camino (Honolulu Civil Beat).

Asimismo, autoridades estatales como el presidente del comité en la Cámara, el representante David Tarnas, advierten que es preferible elaborar textos robustos y revisados que apresurarlos para un trámite exprés. «Esto es muy complicado; quiero trabajar con la Oficina del Fiscal General y abogados de inmigración para que el lenguaje sea sólido», dijo Tarnas (Honolulu Civil Beat).

Políticas concretas y la vida cotidiana de las comunidades

Más allá de la retórica, estas leyes buscan impactos directos en la vida diaria: que padres puedan acompañar a sus hijos a la escuela sin temor a redadas en el patio escolar; que pacientes acudan a hospitales sin ansiedad por la presencia de agentes migratorios; que la gente no evite buscar servicios sociales por miedo a ser detenida. Organizaciones comunitarias insisten en que incluso la percepción de riesgo reduce el acceso a servicios esenciales.

Un estudio publicado por el Urban Institute en 2019 mostró que las redadas y la retórica migratoria dura tienen efectos medibles en la utilización de servicios públicos por parte de inmigrantes y sus familias, incluyendo disminuciones en la búsqueda de atención médica y en la participación en programas sociales, con consecuencias para la salud pública y la cohesión comunitaria (Urban Institute, 2019).

¿Hasta dónde llegará la respuesta de Hawái?

El gobernador Josh Green ha mostrado apoyo público a la iniciativa de acelerar la tramitación de estas medidas. Tras una vigilia por personas muertas en centros de detención migratoria y por las víctimas del incidente en Minnesota, Green expresó su deseo de que un paquete de leyes fuera tramitado con prioridad. Su oficina ha reiterado que ese sigue siendo su enfoque.

Pese a ese respaldo, el calendario legislativo y las posibilidades de impugnación judicial significan que la concreción de todas las propuestas no está garantizada. Activistas insisten en que la prioridad es asegurar textos que protejan al máximo a las comunidades y que resistan desafíos legales.

Reflexión final: leyes locales frente a políticas federales

La respuesta legislativa en Hawái ilustra una tensión recurrente en Estados Unidos: la confrontación entre políticas federales de amplio alcance y medidas estatales que buscan proteger derechos civiles y servicios locales. En un contexto de mayor uso de tácticas de aplicación de la ley migratoria por parte del gobierno federal, Hawái opta por fortalecer barreras legales y protocolos de protección para sus residentes.

El debate plantea preguntas esenciales sobre el papel de los estados en la defensa de derechos y hasta qué punto pueden o deben actuar para contrarrestar decisiones federales percibidas como excesivas. Mientras tanto, comunidades, organizaciones y legisladores en Hawái siguen afinando su respuesta legislativa, conscientes de que sus decisiones tendrán impacto real en la seguridad, la confianza y el acceso a servicios de miles de residentes.

Fuentes: reportes y declaraciones recogidas por Honolulu Civil Beat; análisis del Urban Institute sobre el impacto de las políticas migratorias en servicios comunitarios (2019).