Represión sostenida en Bielorrusia: el castigo a periodistas independientes y la consolidación del miedo

El fallo reciente contra dos periodistas independientes —Uladzimir Yanukevich y Andrei Pakalenka— y las duras penas de prisión que les han sido impuestas son otro eslabón en la cadena de represión que Bielorrusia viene consolidando desde 2020. Más allá de los nombres y las cifras, el episodio expone técnicas de control estatal que apuntan a silenciar la información local y a enviar un mensaje claro: informar puede ser castigado con largas condenas.

Una estrategia de intimidación sistemática

Las sentencias de 14 y 12 años, respectivamente, dictadas en un tribunal regional en Brest y celebradas a puerta cerrada, no son hechos aislados. Desde las protestas masivas de 2020, impulsadas por unas elecciones que la oposición y observadores internacionales consideraron fraudulentas, las autoridades bielorrusas han aplicado una batería de recursos legales y administrativos para desarticular medios, organizaciones sociales y canales de disenso.

El uso de cargos graves como el de alta traición o la etiqueta de “extremismo” ha servido para justificar detenciones, clausuras y confiscaciones. Acusar a periodistas de vínculos con embajadas extranjeras o de favorecer intereses foráneos es una táctica recurrente que busca deslegitimar el trabajo informativo ante una audiencia doméstica sometida a un flujo constante de propaganda oficial.

El efecto en las redacciones locales

Medios como Intex-Press y BAR24, que fundó Yanukevich, fueron durante años fuente destacada de noticias regionales, investigaciones y cobertura que las cabeceras oficiales no deseaban publicar. La detención de siete periodistas de Intex-Press en diciembre de 2024 y las condenas parciales de agosto de 2025 —cuando cuatro de ellos recibieron penas asociadas a supuestas “actividades extremistas”— evidencian cómo el aparato estatal pulveriza la capacidad operativa de medios independientes.

Las consecuencias son prácticas y simbólicas: despidos forzados, cierre de salas de redacción, autocensura entre los periodistas que permanecen en Bielorrusia y una diáspora informativa que debe operar desde el exilio para evitar represalias.

Salud, edad y derechos humanos: la dimensión personal del castigo

Uladzimir Yanukevich, de 65 años, enfrenta problemas de salud que, según organizaciones de prensa bielorrusas, no han recibido la atención médica adecuada durante su detención. Negar cuidados médicos a detenidos, especialmente a personas mayores o con condiciones crónicas, es una forma de castigo que ha sido documentada por múltiples grupos de derechos humanos y que agrava la gravedad de las condenas.

Las cifras que reportan grupos locales e internacionales ayudan a medir la magnitud del fenómeno: según la organización Viasna, Bielorrusia tenía alrededor de 1.143 presos políticos en el momento más reciente de sus conteos. La Asociación de Periodistas de Bielorrusia informó que, actualmente, 28 periodistas permanecen en prisión por su labor informativa. Estas cifras ofrecen un mapa inquietante sobre hasta qué punto el Estado recurre a la encarcelación selectiva para neutralizar voces críticas.

Contexto político: tres décadas de autoridad personalista

Alexander Lukashenko gobierna Bielorrusia desde principios de los años noventa mediante una acumulación de poder que ha erosionado contrapesos institucionales: parlamentos subordinados, jueces dependientes y fuerzas de seguridad con amplias competencias. La protesta popular de 2020, que congregó a cientos de miles de personas en las calles, fue respondida con detenciones masivas —se calcula que más de 65.000 personas fueron arrestadas durante las semanas de movilización— y episodios de violencia policial que dejaron centenares de heridos.

La respuesta estatal incluyó el cierre de ONG y medios independientes, la imposición de restricciones a Internet y la instrumentalización de procesos judiciales para transformar la disidencia en delito. Aunque Lukashenko en distintos momentos ha intentado mostrar gestos de distensión —por ejemplo, liberando a algunos presos políticos en intercambios que buscaban relajar la presión internacional—, la maquinaria represiva no ha cesado de funcionar a escala local.

Reacciones internas y desde el exilio

La condena de Yanukevich y Pakalenka suscitó palabras duras de figuras del exilio y de asociaciones de periodistas. Andrei Bastunets, líder de la Asociación de Periodistas de Bielorrusia, declaró que las sentencias son una muestra de la persistente intención de las autoridades de “detener las repressions más amplias contra los periodistas en Europa”, y añadió que “cualquier disidencia es castigada con dureza”. Estas declaraciones han sido recogidas por agencias internacionales y por organizaciones que siguen el caso bielorruso de cerca.

Desde el liderazgo opositor en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya calificó a los periodistas condenados como “víctimas de las autoridades que construyen un Estado totalitario”, y subrayó que “el régimen de Lukashenko teme más a la verdad que a cualquier otra cosa”. Las voces del exilio cumplen la función doble de denunciar abusos y de articular apoyo a familiares y colegas que permanecen en el país.

El mapa internacional y las presiones externas

Bielorrusia ha sufrido aislamiento y sanciones por parte de Occidente desde 2020, sobre todo por la represión interna y por su cooperación con Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Aun así, Minsk ha buscado equilibrar su relación con el bloque occidental mediante gestos puntuales —como la liberación selectiva de presos— que a menudo funcionan como moneda de negociación diplomática.

Sin embargo, estas maniobras no han revertido la estrategia de control interno. Las sanciones han limitado ciertos contactos, pero no han impedido que las fuerzas de seguridad y la judicatura sigan operando con impunidad para perseguir a periodistas y activistas.

Qué está en juego para la sociedad bielorrusa

La persecución de periodistas no solo castiga a individuos; desmantela el ecosistema informativo que permite a la ciudadanía conocer realidades locales, formular demandas y construir actores cívicos. Cuando las coberturas sobre corrupción, violaciones de derechos o mal gobierno desaparecen, se reduce la capacidad de la sociedad para fiscalizar, impugnar decisiones y generar alternativas políticas.

Además, la criminalización del periodismo provoca un éxodo de talento: reporteros experimentados se ven forzados a salir al exilio, donde trabajan desde la distancia, con limitaciones operativas y riesgos de seguridad digital. El resultado es una pérdida de memoria institucional y una menor producción de periodismos de investigación que puedan ejercer presión social a largo plazo.

Respuestas posibles y señales de resiliencia

Frente a la represión, algunos elementos de resiliencia se observan en la creatividad de medios independientes y en el activismo internacional. Plataformas en el exilio, iniciativas de verificación de información, redes de cooperación transnacional y campañas de denuncia en organismos internacionales sirven para mantener el foco sobre Bielorrusia y para ofrecer cierto amparo a periodistas perseguidos.

No obstante, la sostenibilidad de estas respuestas depende de factores externos (apoyo diplomático y financiero) e internos (capacidad de organización y comunicación). La protección efectiva de periodistas exige medidas más allá de la condena verbal: asistencia legal, presiones diplomáticas coherentes y mecanismos de protección para familiares y colegas que permanecen en el país.

Reflexión final: preservar la posibilidad de informar

El caso de Yanukevich y Pakalenka es un recordatorio doloroso de que la libertad de prensa no es un logro irreversible. Requiere vigilancia constante, cooperación internacional sostenida y la determinación de ciudadanos y profesionales para no naturalizar la criminalización del periodismo. Proteger a quienes informan es proteger el derecho de la sociedad a ser informada, base indispensable de cualquier idea de soberanía democrática.

Fuentes citadas en reportes y declaraciones públicas: Asociación de Periodistas de Bielorrusia; organización Viasna; declaraciones de Sviatlana Tsikhanouskaya recogidas por medios internacionales.