Investigación en Minnesota: la fiscalía local apunta a agentes federales tras la operación Metro Surge

La decisión de la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, de investigar posibles delitos cometidos por agentes federales en el marco de la llamada "Operation Metro Surge" ha puesto otra vez sobre la mesa el conflicto entre autoridades estatales y federales en materia de control migratorio y uso de la fuerza. La pesquisa, anunciada en una conferencia de prensa el lunes, se centra en al menos 17 incidentes documentados en los que se alega conducta indebida por parte de agentes federales desplegados en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul. Entre esos casos figura uno en el que el oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino arrojó un bote de humo hacia manifestantes el 21 de enero y otro en el que fuerzas federales realizaron un arresto frente a una escuela secundaria el 7 de enero y deployaron agentes químicos en presencia de estudiantes y personal.

Qué investiga la fiscalía y por qué importa

Moriarty declaró con firmeza: “Make no mistake, we are not afraid of the legal fight, and we are committed to doing this correctly” —palabras pronunciadas en su rueda de prensa según el registro público de su oficina—, y subrayó que la operación causó “daños incalculables” en la comunidad. Su equipo habilitó además un portal en línea para que residentes suban fotos, videos y testimonios sobre cualquier hecho ocurrido durante la operación, con la intención de centralizar evidencia que pueda ser utilizada en la investigación.

La fiscalía ha indicado que examinará posibles delitos que incluyen agresión, daños a la propiedad y otros actos en los que agentes federales podrían haber excedido sus facultades legales. Rachel Moran, profesora de derecho penal y políticas de policía en la University of St. Thomas School of Law, señaló que incidentes como el uso injustificado de agentes químicos, arrojar a personas al suelo o romper ventanas de vehículos son ejemplos de conductas que, de probarse, podrían constituir delitos estatales.

El papel de Greg Bovino y la respuesta federal

Bovino se consolidó como una figura central en las operaciones migratorias del gobierno federal durante la administración anterior, promoviendo tácticas agresivas en ciudades como Minneapolis-St. Paul, Chicago y Los Ángeles. En Chicago, por ejemplo, se documentó el uso frecuente de irritantes químicos para controlar multitudes en barrios residenciales; en ese caso, un juez llegó a ordenar que Bovino llevase cámara corporal y se presentara diariamente en la corte para rendir cuentas, una medida que luego fue revocada antes de su primera comparecencia diaria.

Hasta el momento del anuncio de Moriarty, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni la Patrulla Fronteriza respondieron públicamente a las solicitudes de comentarios emitidas por autoridades locales y medios. La fiscalía advirtió que, de no recibir la cooperación necesaria para acceder a pruebas en poder del gobierno federal, está dispuesta a demandar para obtenerlas.

Muertes que encendieron la protesta pública

La investigación estatal también abarca las muertes de dos civiles ocurridas en enero: Renee Good, de 37 años, y Alex Pretti, también de 37 años. Ambas muertes, en días distintos, desataron protestas a nivel nacional y elevaron el debate sobre las políticas de uso de la fuerza del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Tras los fallecimientos, Bovino fue apartado de su puesto de liderazgo en el operativo local.

La Oficina del Fiscal General federal abrió una investigación de derechos civiles respecto a la muerte de Pretti, mientras que, según comunicados oficiales, no se encontró motivo para iniciar la misma línea de investigación respecto a Good. Por su parte, el FBI ha limitado el acceso de investigadores estatales a pruebas en al menos uno de los casos, una circunstancia que Moriarty dijo evidenciaría, a su juicio, obstáculos a la transparencia.

Desafíos legales y jurisdiccionales

Proseguir cargos penales contra agentes federales plantea obstáculos jurídicos complejos. Existen protecciones y prerrogativas vinculadas al trabajo federal que han sido invocadas en el pasado para limitar la intervención estatal. Moriarty reconoció esas dificultades en su anuncio, pero también enfatizó la determinación de su oficina de avanzar “correctamente” y con transparencia. “¿Deberíamos presentar cargos en la corte federal? ¿Esperamos que el gobierno federal nos obstruya? Diría que ya lo están haciendo”, declaró, señalando tensiones previas en la cooperación intergubernamental.

Abogados y exfuncionarios consultados han subrayado que, más allá de la vía penal, las fiscalías locales cumplen un rol de “decir la verdad” sobre lo ocurrido. Mark Osler, exdirector de la división criminal bajo Moriarty y hoy profesor de Derecho en la University of St. Thomas, afirmó: “Uno de los roles más importantes que tiene la persecución… es contar la verdad, sacar a la luz qué sucedió realmente en un momento dado. Todos sabremos más que los videos iniciales cuando ella termine. Estoy seguro de eso”.

El componente civil y la búsqueda de pruebas

Además de la posible acción penal, la fiscalía ha dejado abierta la posibilidad de litigio contra el gobierno federal para obtener grabaciones, registros operativos y otra evidencia que considere esencial. Este tipo de demandas no son inéditas: en varias ocasiones las autoridades estatales han litigado contra agencias federales por acceso a materiales probatorios cuando la cooperación voluntaria no llega.

La disponibilidad de videos ciudadanos y registros de cámaras de seguridad ha jugado un papel central en la documentación de incidentes policiales y federales en todo el país; la creación del portal de Moriarty busca justamente consolidar ese material para su revisión por parte de fiscales e investigadores independientes.

Implicaciones políticas y sociales

El anuncio llega en un contexto de fuerte polarización sobre la política migratoria y la función de las fuerzas federales en las ciudades. Para comunidades afectadas por las redadas, la investigación representa una demanda de rendición de cuentas y un intento de limitar prácticas que algunos describen como militarización de la seguridad interior. Para sectores que priorizan una aplicación estricta de la ley migratoria, la actuación federal durante la operación fue, en su versión, una respuesta necesaria frente al crimen y a la inmigración irregular.

La fiscalía de Hennepin ha recibido apoyo de ciudadanos que piden claridad y justicia, pero también enfrentará críticas y potenciales recursos jurídicos si decide presentar cargos contra efectivos federales. El resultado de esta investigación marcará un precedente para la relación entre las autoridades locales y las federales en operaciones de inmigración y para los límites del uso de la fuerza en manifestaciones y en zonas civiles como escuelas y barrios residenciales.

Qué sigue y cómo seguirlo

1. La fiscalía continúa revisando las 17 carpetas iniciales y cualquier nueva evidencia que llegue a través de su portal público.
2. Si no hay cooperación federal para entregar registros clave, Hennepin anunció su disposición a demandar al gobierno para obtenerlos.
3. Las investigaciones paralelas del Departamento de Justicia y del FBI sobre algunas muertes relacionadas pueden o no superponerse con la pesquisa estatal, lo que añadirá complejidad jurídica a la eventual determinación de responsabilidades.

Para las comunidades locales, la pregunta fundamental es si el proceso conducirá a sanciones y a cambios en las prácticas operativas, o si terminará consolidando un patrón de tensión interinstitucional sin resoluciones claras. Como dijo Moriarty en la rueda de prensa, la oficina no busca el enfrentamiento por el enfrentamiento mismo, sino “hacer esto correctamente” y garantizar que se conozca la verdad sobre lo sucedido.

Fuentes citadas: declaración pública de la oficina de la fiscal del condado de Hennepin, rueda de prensa de Mary Moriarty; declaraciones de la University of St. Thomas School of Law y del exdirector Mark Osler en foros públicos relacionados con la investigación.