Irán en la encrucijada: sucesión del liderazgo y la crisis internacional
Análisis profundo sobre la vacante del liderazgo supremo, las candidaturas emergentes y las implicaciones legales y geopolíticas para Europa y el orden internacional
La muerte del ayatolá Ali Khamenei en un ataque sorpresa atribuido a fuerzas de Estados Unidos e Israel ha abierto una fase crítica en la historia contemporánea de Irán. Tras 37 años de liderazgo casi absoluto —desde que asumió el poder después de la Revolución Islámica de 1979—, la ausencia de Khamenei obliga a Teherán a acelerar un proceso de sucesión que, por su naturaleza institucional y política, tendrá repercusiones en toda la región y más allá.
El mecanismo de sucesión y el papel de la Asamblea de Expertos
La Constitución iraní confiere a la Asamblea de Expertos la facultad de designar al nuevo Líder Supremo. Se trata de un órgano compuesto por 88 clérigos chiíes, elegidos por votación popular pero previamente vetados por el Consejo de Guardianes. En la práctica, este procedimiento combina elementos de legitimidad popular con un robusto control institucional por parte de estructuras clericales y de seguridad.
Históricamente, la Asamblea ha actuado de manera relativamente rápida cuando ha sido necesario: la primera transición trascendental tras la Revolución de 1979 ocurrió en 1989, cuando el fundador Ruhollah Jomeini falleció y fue sucedido por Ali Khamenei. Sin embargo, la dinámica actual es distinta: Khamenei dejó una impronta duradera sobre las instituciones clericales y de control, incluida la propia Asamblea y el Consejo de Guardianes, lo que reduce la posibilidad de una ruptura radical con la línea política precedente.
Los principales candidatos: continúan las incertidumbres
El mapa de aspirantes combina figuras de línea dura, moderados y nombres con un amplio capital simbólico. Entre los perfiles que han emergido públicamente figuran:
- Mojtaba Khamenei: hijo del fallecido Líder Supremo, clérigo de rango medio y con vínculos fuertes con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Su candidatura plantearía un dilema político: la República Islámica se ha construido discursivamente contra la lógica dinástica, por lo que la elección de un heredero directo sería políticamente incómoda, aunque no imposible si las élites de poder lo consensúan.
- Ayatolá Ali Reza Arafi: miembro del consejo provisional que gobierna temporalmente y figura posicionada por el propio Khamenei mediante nombramientos en el Consejo de Guardianes y la Asamblea de Expertos. Dirige redes de seminarios y tiene experiencia institucional que lo hace atractivo para la continuidad clerical.
- Hassan Rouhani: ex presidente (2013–2021) y uno de los moderados del espectro político iraní. Responsable de las negociaciones que llevaron al acuerdo nuclear de 2015, su perfil representa una posibilidad de acercamiento diplomático con Occidente, aunque su descalificación de la política electoral reciente muestra límites claros en la práctica.
- Hassan Khomeini: nieto icónico de Ruhollah Jomeini, con capital simbólico elevado. Aunque no ha ocupado cargos ejecutivos, su apellido y presencia en espacios religiosos le dan cierto atractivo entre moderados y parte de la opinión pública conservadora que valora la continuidad simbólica.
- Ayatolá Mohammed Mehdi Mirbagheri: clérigo cercano a las posturas más duras; popular entre sectores de los conservadores y con antecedentes de rechazo a medidas sanitarias durante la pandemia por considerarlas conspiraciones. Representa la corriente que prioriza resistencia y confrontación.
Cualquiera que sea la elección, el nuevo Líder Supremo deberá afrontar una legitimidad interior dañada por años de represión, crisis económicas y protestas sociales, y una presión exterior intensificada por operaciones militares directas en el territorio iraní.
Consejo provisional y gobernanza en tiempos de emergencia
Mientras se define la sucesión, un consejo provisional integrado por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial Gholamhossein Mohseni Ejei y el ayatolá Ali Reza Arafi está administrando la coyuntura. Ese trío busca mantener la cohesión institucional y coordinó la respuesta política tras los ataques. La rapidez del nombramiento del nuevo líder depende tanto de las presiones internas de los cuerpos clericales como de las necesidades de estabilidad frente a la escalada militar.
La ofensiva externa: legalidad y precedentes
La operación que produjo la muerte de Khamenei ha reavivado debates sobre la legalidad internacional del uso de la fuerza y las normas que rigen la conducta entre Estados. El Secretario General de la ONU, António Guterres, declaró ante el Consejo de Seguridad que los bombardeos de Estados Unidos e Israel constituyen violaciones del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que condenó las represalias iraníes por atentar contra la soberanía de otras naciones (discurso ante el Consejo de Seguridad, fecha reciente).
Por su parte, autoridades estadounidenses y aliadas sostienen que se trata de medidas defensivas y preventivas frente a amenazas vinculadas a programas militares y nucleares. Este argumento remite a la doctrina de la autodefensa en el artículo 51 de la Carta de la ONU, pero su aceptación exige prueba de un ataque armado en curso o de una amenaza inminente. Marieke de Hoon, profesora de derecho penal internacional en la Universidad de Ámsterdam, ha señalado que las operaciones contra Irán difícilmente encajan en la justificación de autodefensa preceptuada por la Carta y que, a falta de autorización del Consejo de Seguridad, las acciones podrían constituir delitos de agresión (comentarios públicos, Universidad de Ámsterdam).
La figura del crimen de agresión y la jurisdicción internacional
El Estatuto de Roma enmendado define el crimen de agresión como «el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado». Entre los actos que enumera figuran el bombardeo por fuerzas armadas de un Estado contra el territorio de otro. No obstante, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) queda limitada por la adhesión de los Estados: Estados Unidos, Israel e Irán no son parte del Estatuto de Roma, lo cual implica que la CPI no tiene competencia automática para investigar estos hechos a menos que exista una remisión por parte del Consejo de Seguridad o la aceptación voluntaria de jurisdicción por parte de alguno de los involucrados.
Esta realidad jurídica resalta una tensión central: la existencia de normas y tribunales internacionales no siempre se traduce en mecanismos efectivos de rendición de cuentas cuando los actores principales rechazan su jurisdicción o cuando el Consejo de Seguridad está politizado por veto y alineamientos estratégicos.
Asesinatos selectivos: ¿excepciones en tiempos de guerra?
El debate sobre si es legal asesinar a líderes extranjeros varía según el contexto. En tiempos de paz, la doctrina de inmunidad personal protege a jefes de Estado y de gobierno frente a ataques. Marko Milanovic, profesor de derecho internacional en la Universidad de Reading, ha afirmado que en situaciones de paz sería una clara violación del derecho internacional atacar a la cabeza de Estado de otro país. Sin embargo, en tiempo de guerra, si los líderes actúan como miembros de las fuerzas armadas o participan directamente en operaciones militares, pierden esa inmunidad y pueden ser considerados combatientes (comentarios públicos, Universidad de Reading).
La línea divisoria entre paz y guerra, no obstante, puede ser deliberadamente difusa en conflictos contemporáneos que combinan ataques lejanos, operaciones encubiertas y acciones asimétricas, complicando la evaluación legal y ética.
Impacto en Europa: seguridad, economía y evacuaciones
La escalada militar está arrastrando a Europa a una posición delicada. Aunque los gobiernos europeos han evitado participar directamente en el conflicto, varios aliados occidentales han ofrecido apoyo logístico y acceso a bases. Reino Unido, Francia y Alemania han afirmado su cooperación para contrarrestar ataques iraníes en la región, pero han subrayado su intención de no involucrarse en una guerra a gran escala.
Los riesgos son concretos:
- Seguridad militar: ataques con drones y misiles tipo Shahed, desarrollados por Irán, ya han alcanzado instalaciones militares fuera de la región, y su empleo incrementa la sensación de vulnerabilidad en bases y activos europeos en proximidad geográfica.
- Rutas comerciales: el Estrecho de Hormuz sigue siendo crítico para el transporte energético mundial; históricamente por ahí ha transitado cerca del 20% del petróleo comercializado globalmente (International Energy Agency, informes sectoriales). Perturbaciones prolongadas suelen impulsar al alza los precios del crudo y tensar mercados energéticos.
- Evacuaciones: miles de ciudadanos europeos y turistas se han quedado varados en países del Medio Oriente. Alemania ha estimado que decenas de miles de sus nacionales están afectados, especialmente turistas y cruceristas que dependen de conexiones aéreas a través de hubs en el golfo Pérsico.
Frente a estos desafíos, la Unión Europea ha movilizado una respuesta centrada en la protección de civiles, la cooperación diplomática con actores regionales y la posible modificación de operaciones navales como la Operación Aspides, cuya misión es proteger el tráfico marítimo en zonas adyacentes al Mar Rojo y el Golfo de Adén.
La política europea: prudencia y divergencias
La reacción europea ha sido, en gran medida, prudente. Muchos gobiernos occidentales comparten el interés en reducir la influencia iraní en la región y han denunciado prácticas represivas del régimen contra disidentes y manifestantes. No obstante, la mayoría evita respaldar de forma explícita las operaciones militares que implican la violación de la soberanía iraní.
España ha adoptado una postura crítica sobre la intervención militar afirmando que, aunque un gobierno pueda ser condenable por su política interna, eso no legitima una intervención exterior que vulnere el derecho internacional. Otras capitales, en cambio, han optado por la ambigüedad diplomática, priorizando la seguridad energética y la protección de nacionales.
Implicaciones regionales: un tablero más volátil
La muerte de Khamenei y la respuesta militar que la desencadenó aumentan la incertidumbre en un mapa regional ya fracturado. Varios vectores de riesgo deben considerarse:
- Proxies y escalada indirecta: Irán dispone de redes de actores proxy en Irak, Siria, Líbano, Yemen y Gaza. La posibilidad de que estos actores intensifiquen operaciones contra aliados de Estados Unidos o Israel puede convertir el conflicto en un mosaico descentralizado de frentes menores pero persistentes.
- Seguridad energética y económica: una interrupción sostenida en las rutas del Golfo o restricciones en el suministro pueden elevar los precios del petróleo y el gas, afectando a economías europeas aún frágiles tras años de incertidumbres postpandemia y tensiones inflacionarias.
- Flujos migratorios: la historia muestra que convulsiones prolongadas en Oriente Medio suelen traducirse en olas migratorias hacia Europa, creando presiones políticas y sociales adicionales en un continente ya polarizado en temas de inmigración.
Legitimidad interna y oportunidades políticas
En lo interno, la crisis puede desencadenar dos tendencias contrapuestas. Por un lado, la repetición de procesos autoritarios y purgas podría reforzar la hegemonía de las facciones duras que controlan las fuerzas de seguridad y la economía. Por otro lado, la visibilidad de fallas en la gobernanza, la respuesta militar externa y la presión socioeconómica podrían alimentar nuevas demandas de cambio, tanto en la calle como en franjas de la élite que buscan estabilizar el régimen mediante reformas limitadas.
La Unión Europea, al declararse partidaria de los derechos humanos y las aspiraciones democráticas del pueblo iraní, se enfrenta al dilema práctico: apoyar a movimientos populares sin instrumentalizarlos desde el exterior, evitando así alimentar narrativas de injerencia que el régimen pueda explotar para justificar represión.
¿Qué sigue? Tres escenarios probables
Ante la incertidumbre, resulta útil bosquejar escenarios plausibles para los próximos meses:
- Continuidad controlada: la Asamblea de Expertos elige a un líder afín a las estructuras existentes (por ejemplo, una figura clerical institucional como Arafi). Este resultado prioriza la estabilidad y la continuidad política, a costa de prolongar la confrontación internacional y las sanciones.
- Jornada de apertura limitada: la elección de un moderado con capital simbólico, como un Khomeini o incluso un político reformista con respaldo clerical, podría abrir una ventana para una diplomacia renovada. Sin embargo, la tolerancia de las fuerzas armadas y la IRGC sería decisiva para la viabilidad de cualquier apertura.
- Fragmentación y contestación: la nominación de un candidato percibido como impuesto por la Guardia o por linajes dinásticos podría provocar fracturas internas, mayor represión y potencial violencia de baja intensidad por diversos actores domésticos y regionales.
Reflexión final: el imperativo de la diplomacia y el derecho
Más allá de los nombres y las intrigas internas, la situación subraya la fragilidad del orden internacional cuando los mecanismos de gobernanza colectiva se encuentran debilitados por intereses geopolíticos. El uso de la fuerza como herramienta de política exterior, sin una base sólida en el derecho internacional o en mandatos multilateralmente acordados, deja un legado peligroso: normaliza la unilateralidad y erosiona la confianza en instituciones diseñadas para evitar precisamente estos desenlaces.
Como advirtió el jurista David Crane en análisis sobre precedentes similares, incluso si el resultado práctico de una intervención puede ser valorado por algunos como positivo, la erosión de las normas legales y constitucionales establece precedentes que socavan la estabilidad global y las propias bases del Estado de Derecho (comentarios públicos, análisis académico). Por ello, la respuesta más responsable de la comunidad internacional —y en particular de Europa— pasa por fortalecer canales diplomáticos, ampliar esfuerzos humanitarios y proteger la vida y los derechos de civiles mientras se trabaja para restaurar marcos de responsabilidad y evitar una espiral de represalias.
La sucesión en Irán será, por tanto, mucho más que una decisión clerical: es un punto de inflexión con impacto directo sobre la seguridad regional, el comercio mundial y la credibilidad de las instituciones internacionales. La forma en que actores externos y las propias élites iraníes manejen este momento definirá, en buena medida, la estabilidad del Oriente Medio en los meses y años por venir.
Fuentes y referencias:
- Declaración del Secretario General António Guterres ante el Consejo de Seguridad de la ONU, comunicaciones públicas de la Secretaría General (UN.org).
- Marieke de Hoon, comentarios sobre el uso de la fuerza y el crimen de agresión, Universidad de Ámsterdam, publicaciones y entrevistas académicas (University of Amsterdam, departamento de Derecho Penitenciario Internacional).
- Marko Milanovic, análisis sobre inmunidades y ataques a jefes de Estado en tiempos de paz y guerra, Universidad de Reading, publicaciones académicas (University of Reading).
- Estadísticas sobre el tránsito de petróleo por el Estrecho de Hormuz: International Energy Agency (IEA) y reportes sectoriales históricos.
- Análisis sobre jurisdicción de la Corte Penal Internacional y crimen de agresión: Estatuto de Roma y enmiendas relativas al crimen de agresión (ICC.int).
