La factura de la impunidad: cuánto le cuesta a Nueva York la mala conducta policial

En 2025 la ciudad de Nueva York destinó más de $117 millones para resolver demandas por mala conducta policial, que abarcaron desde detenciones violentas de manifestantes en 2020 hasta errores policiales que condujeron a condenas erróneas en los años ochenta. Ese total forma parte de casi $800 millones pagados en los últimos siete años para zanjar litigios relacionados con el comportamiento de agentes de la policía municipal.

Un problema crónico con rostro humano

Detrás de cada cifra hay historias personales devastadoras. Dos hombres, Eric Smokes y David Warren, recibieron acuerdos por $13 millones y $11,1 millones, respectivamente, tras pasar más de 20 años en prisión por una condena derivada de un robo mortal en 1986. En otra resolución, la ciudad pagó $5,75 millones a un hombre que aseguró haber quedado ciego de su ojo izquierdo por el uso de una pistola eléctrica por parte de la policía. Estas cifras no solo representan salidas de caja: simbolizan la acumulación de daño social, pérdida de años de vida y confianza quebrada en las instituciones.

Como lo señala Jennvine Wong, supervisora del Cop Accountability Project de The Legal Aid Society: “This analysis is really about transparency around what the NYPD is costing us” (The Legal Aid Society). La organización que publicó el análisis subraya que los acuerdos no responden únicamente a incidentes recientes: aproximadamente $42 millones de los pagados el año pasado correspondieron a condenas erróneas, y cerca de $28 millones se relacionaron con hechos ocurridos hace más de dos décadas.

Las cifras en contexto

• 1,044 demandas por mala conducta policial fueron resueltas en 2025, la cifra más alta desde 2019 (1,276).
• En 2024 la ciudad pagó $206.4 millones en 980 causas; en 2020 pagó $62.1 millones por 929 acuerdos.
• Desde 2019, el total desembolsado por la municipalidad para resolver este tipo de demandas asciende a cerca de $796 millones.

Es importante comprender que los montos que publica The Legal Aid Society corresponden a acuerdos judiciales y no incluyen reclamaciones resueltas antes de llegar a juicio por la oficina del contralor de la ciudad, lo que sugiere que el costo total real para los contribuyentes podría ser mayor.

¿De dónde provienen estos pagos?

Los acuerdos derivan de un abanico de situaciones: condenas injustas por pruebas manipuladas o testimonios falsos; uso excesivo de la fuerza en protestas; tácticas de control como el stop-and-frisk mal aplicadas; y casos de corrupción o negligencia investigativa. Por ejemplo, el caso conocido como los Exonerated Five sigue dejando secuelas: otro hombre, Steven Lopez, obtuvo un acuerdo de $3.9 millones por su vinculación a los hechos que marcaron ese proceso de 1989.

Además, el pago de $5.2 millones a nueve personas estuvo relacionado con acusaciones de que dos oficiales falsificaron testimonios o documentación entre 2014 y 2016, lo que evidencia que problemas de conducta y manipulación de pruebas no son solo episodios aislados del pasado.

La respuesta institucional y sus limitaciones

Desde el NYPD se ha insistido en que la institución ha tomado medidas para incrementar la rendición de cuentas y actualizar políticas que representaban riesgos. En palabras del departamento: “Under Police Commissioner Jessica Tisch, the NYPD has taken significant steps to increase accountability, compliance, and change outdated policies that might create greater risk” (NYPD statement).

No obstante, los observadores independientes y los defensores de derechos civiles argumentan que las acciones internas no bastan mientras persista una cultura de impunidad. La crítica de Jennvine Wong lo sintetiza: “I think it means that meaningful accountability has been lacking in the police department. It’s a chronic problem that needs to be addressed” (The Legal Aid Society).

Un punto clave es el papel de los mecanismos externos: jueces, fiscalías y monitores independientes. El monitor designado por la corte para supervisar prácticas policiales en Nueva York, Mylan L. Denerstein, ha señalado deficiencias importantes en la supervisión del uso de tácticas como el stop-and-frisk y en la precisión de los reportes. El antecedente judicial es claro: en 2013 un tribunal federal concluyó que la aplicación frecuente del stop-and-frisk por el NYPD violó derechos civiles de neoyorquinos negros e hispanos (caso Floyd v. City of New York, 2013).

¿Por qué este problema no desaparece?

Varias razones estructurales explican la persistencia de altos montos por acuerdos:

1. Inercia institucional: cuando prácticas y normas internas permanecen sin cambios profundos, los mismos errores se repiten.
2. Barrera a la supervisión efectiva: la falta de investigaciones independientes y sanciones consistentes reduce el costo personal para oficiales que actúan indebidamente.
3. Retrasos en la rendición de cuentas: muchos casos resueltos en 2025 se refieren a conductas ocurridas hace décadas, lo que muestra cómo procesos judiciales y administrativos prolongados postergan la resolución y la reparación.
4. Costos políticos y fiscales: en un contexto de crisis presupuestaria —la ciudad enfrenta un déficit multimillonario—, los montos de los acuerdos compiten con necesidades públicas como educación y salud, generando tensiones políticas sobre la asignación de recursos.

Impacto social más allá de los dólares

Los acuerdos monetarios no reparan completamente el daño psicológico, la estigmatización social o los años de vida perdidos por quienes fueron encarcelados injustamente o maltratados por autoridades. Jennvine Wong subraya que estos pagos costean no solo dinero sino “real human trauma that they carry with them” (The Legal Aid Society). El costo para las comunidades afectadas, especialmente comunidades negras y latinas que han sido desproporcionadamente vigiladas y procesadas, incluye la erosión de la confianza en el sistema de justicia y la pérdida de capital social.

Qué funciona: prácticas y reformas con evidencia

Para reducir los acuerdos y, más importante, la mala conducta misma, diversas medidas han mostrado eficacia en contextos comparables:

• Monitoreo civil independiente: organismos con autoridad real para investigar, auditar y sancionar tienden a aumentar la transparencia y disminuir malos comportamientos.
• Entrenamiento centrado en desescalada: programas que priorizan evitar confrontaciones físicas han reducido el uso de fuerza en departamentos que los implementaron con rigor.
• Mejoras en la investigación forense y supervisión de testigos: protocolos para documentar pruebas y verificar testimonios reducen el riesgo de condenas erróneas.
• Políticas claras sobre uso de equipo, como pistolas eléctricas, con supervisión y registro sistemático de incidentes.

Una política pública eficiente combina prevención, supervisión y sanción, así como reparación integral a víctimas —no solo acuerdos monetarios— que incluyan servicios de salud mental, apoyo para reinserción social y garantías de no repetición.

Implicaciones para la ciudad y el debate público

La persistencia de acuerdos millonarios plantea preguntas difíciles para autoridades y ciudadanos. ¿Cómo equilibrar la financiación de la seguridad pública con la necesidad de transparencia y responsabilidad? ¿Deben los acuerdos pagarse desde el presupuesto general o desde partidas específicas del NYPD? En la práctica, Nueva York carga estos pagos desde una sección distinta del presupuesto municipal, mientras que en otras jurisdicciones los desembolsos salen del presupuesto operativo de la propia policía, lo que crea incentivos distintos para la rendición de cuentas.

El debate público también requiere mirar hacia atrás: casos emblemáticos del pasado —desde el stop-and-frisk hasta condenas erróneas documentadas— muestran que las intervenciones deben ser sostenidas en el tiempo y supervisadas por actores externos. Como subraya el monitor judicial Mylan L. Denerstein, las mejoras técnicas no bastan si la supervisión y la cultura organizacional no cambian de forma profunda.

¿Qué pueden esperar los neoyorquinos?

En el corto plazo, la ciudad continuará registrando pagos por acuerdos mientras los procesos judiciales y administrativos sigan su curso. En el mediano y largo plazo, la combinación de presión pública, demandas por transparencia y reformas institucionales podría reducir tanto la frecuencia de la mala conducta como el monto de los acuerdos. Sin embargo, lograrlo requiere voluntad política, recursos para auditorías independientes y un compromiso real con la reparación integral de las víctimas.

Mientras tanto, las cifras de 2025 son un recordatorio incómodo: la cuenta de la impunidad se sigue pagando, y no solo en términos financieros. La verdadera pregunta es si la ciudad —y sus instituciones— transformarán esas lecciones en cambios estructurales que eviten futuros daños y restauren la confianza de las comunidades afectadas.

Fuentes citadas: análisis de The Legal Aid Society sobre acuerdos por mala conducta policial (2025); declaración del NYPD y observaciones del monitor judicial Mylan L. Denerstein (citas y datos incluidos en reportes públicos y comunicados oficiales).