CARE Court en la cuerda floja: promesas, cifras y la presión del gobernador Newsom

El CARE Court, la iniciativa estrella del gobernador de California, Gavin Newsom, diseñada para llevar a tratamiento a personas con enfermedades mentales severas que viven en la calle, se ha convertido en un reflejo de las tensiones entre la ambición política y la complejidad operativa. Tras su lanzamiento en 2023 y su expansión estatal en diciembre de 2024, el programa promete cambiar vidas. Pero las cifras más recientes y la reacción del ejecutivo estatal muestran que la implementación está lejos de ser homogénea.

¿Qué es CARE Court y por qué importa?

CARE Court (Court Alcohol and Drug Recovery Enhancement o, en español, una corte de tratamiento para personas con enfermedades mentales graves) fue ideado como un mecanismo legal para que jueces, familias y servicios de salud mental puedan ordenar y supervisar planes de tratamiento para personas que, por su condición, no logran aceptar ayuda voluntaria. La idea central: intervenir antes de que la enfermedad se traduzca en riesgo mortal, degradación social o criminalidad, y conectar a esas personas con vivienda, medicación y servicios integrales.

Expectativas vs. realidad: las cifras que preocupan

La administración Newsom calculó inicialmente que entre 7,000 y 12,000 californianos podrían calificar para CARE Court. Sin embargo, hasta enero, el estado registró 3,817 peticiones para iniciar procesos bajo este mecanismo. De esas peticiones, solo 893 acuerdos de tratamiento fueron aprobados por jueces (según Kim Johnson, secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California) y apenas 32 personas han sido ordenadas en planes por decisión judicial cuando el acuerdo no fue voluntario (fuente: declaraciones oficiales en conferencia de prensa, citadas por CalMatters).

Estos números muestran una brecha importante entre la expectativa inicial y lo que el sistema ha logrado concretar. Además, la administración informó que más de 4,000 personas fueron derivadas fuera del programa CARE y sí recibieron servicios por otras vías, lo que sugiere que la intervención judicial no siempre es la vía más adecuada o necesaria.

La estrategia de la Casa del Gobernador: premiar y castigar

Frustrado por lo que describe como implementación desigual, Newsom publicó una lista de condados que, según su administración, están sobrecumpliendo y otra lista de los que están rezagados. Diez condados —entre ellos Los Ángeles, Orange y San Francisco— fueron señalados como “CARE ICU”, o sea, con bajo desempeño per cápita en la presentación de peticiones. Como respuesta, el gobernador amenazó con redirigir fondos estatales hacia los condados que demuestren resultados.

La administración acusó a los rezagados de excusas y prometió apoyo técnico y recursos adicionales a través de la CARE Improvement and Coordination Unit. Por otro lado, condados como Alameda, Humboldt y Marin fueron destacados como “CARE champions” por su mayor actividad relativa.

¿Son justos los criterios de evaluación?

La polémica central radica en la métrica que usa el estado: peticiones por cápita. Esa medida tiene ventajas —es simple, comparable entre condados— pero también limitaciones evidentes. No distingue entre peticiones que derivan en acuerdos efectivos y peticiones desestimadas; no incorpora el número de personas que completan con éxito el plan de tratamiento (graduaciones); ni mide cuánto esfuerzo local se hizo para ofrecer alternativas comunitarias distintas del péndulo judicial.

Por ejemplo, San Diego no apareció como “champion” pese a que, hasta el verano anterior, registraba la cifra más alta de graduaciones de CARE en el estado (10), según datos citados en reportes periodísticos. Riverside, con siete graduaciones, fue incluida en la lista de bajo desempeño. Este desajuste cuestiona la utilidad de penalizar o premiar únicamente por peticiones relativas a la población.

Voces locales y resistencia

Algunos condados pusieron el grito en el cielo. Orange County, por ejemplo, rechazó la acusación de inacción y señaló que había 231 peticiones y 79 participantes que ya recibían vivienda, medicación y servicios. «No se trata solo de cuántas peticiones hay, sino de los servicios que cambian la trayectoria de una enfermedad no tratada», afirmó el OC Health Care Agency en comunicación pública.

San Francisco, por su parte, dijo que da la bienvenida a la colaboración estatal. «Desde el primer día, nuestra administración usa todas las herramientas disponibles para abordar la crisis en las calles», afirmó Charles Lutvak, vocero del alcalde. La petición de apoyo muestra que, más allá de la retórica, muchos gobiernos locales piden recursos y coordinación técnica.

Inversión en vivienda y atención: el otro lado de la moneda

Newsom anunció que nuevos recursos estatales apoyarán esfuerzos vinculados a CARE Court. Entre esos fondos se incluyen $131.8 millones en premios Homekey+ (propiedad de Proposition 1) para construir 443 unidades destinadas a personas con problemas de uso de sustancias y salud mental, además de $159 millones adicionales en fondos de Homeless Housing, Assistance and Prevention —parte del paquete de $1,000 millones aprobado en el presupuesto 2024-25.

Estas inversiones son clave porque la experiencia y la evidencia muestran que el tratamiento clínico pierde efectividad sin un sostén estable de vivienda. Un informe del National Alliance to End Homelessness destaca que programas integrados que combinan vivienda con servicios de salud mental reducen hospitalizaciones y reincidencia en la calle (National Alliance to End Homelessness, 2020).

¿Por qué cuesta tanto implementar un programa así?

• Estigma y rechazo: Muchas personas con psicosis o trastornos severos desconfían de la intervención obligatoria.
• Capacidad del sistema: Escasez de camas, especialistas y programas de rehabilitación limitan las opciones reales.
• Coordinación jurídica y clínica: Integrar tribunales, servicios sociales, salubridad y vivienda exige procesos administrativos complejos.
• Alternativas comunitarias: Donde existen equipos de intervención en calle y recursos integrales, la necesidad de judicializar se reduce.

Lecciones y próximos pasos

Para transformar la promesa de CARE Court en resultados sostenibles, California necesita ajustar su enfoque. Algunas recomendaciones que surgen del debate público y de la evidencia son:

1. Refinar métricas: Evaluar no solo peticiones por cápita, sino acuerdos aprobados, peticiones desestimadas, graduaciones y servicios alternativos provistos.
2. Aumentar capacidad clínica y de vivienda: Sin camas, sin personal y sin viviendas, los acuerdos son meras resoluciones formales sin impacto real.
3. Fortalecer atención comunitaria: Equipo de intervención en calle, centros de día y programas de vinculación reducen la necesidad de medidas forzosas.
4. Monitoreo y transparencia: Publicar data granular y contextualizada por condado para entender cuellos de botella y buenas prácticas replicables.

Como dijo el gobernador, «se puede hacer cuando hay liderazgo que se preocupa por lograrlo». Esa afirmación contiene una verdad y una trampa: el liderazgo estatal puede movilizar recursos, pero la implementación efectiva ocurre en el cruce entre política, capacidad local y la atención humana y sostenida a las personas más vulnerables.

El desafío para California es doble: demostrar que la intervención judicial puede ser una herramienta legítima y eficaz sin convertirse en una respuesta punitiva, y asegurar que la ambición del programa se traduzca en servicios reales y en vidas transformadas. El tiempo y las cifras próximas dirán si CARE Court se consolida como una solución valiosa o como una iniciativa que necesita una seria reconfiguración.