Sin estándares ni rendición de cuentas: el vacío de supervisión en las cárceles del condado de Washington

Washington sigue siendo uno de los pocos estados de Estados Unidos sin estándares estatales exigibles ni un organismo independiente con autoridad para supervisar las cárceles locales. La reciente muerte de un proyecto de ley —la SB 5005— que pretendía crear un órgano de supervisión penitenciaria a nivel estatal ha reabierto viejas heridas y dejado al descubierto un problema estructural: la vida y la salud de las personas encarceladas dependen, en gran medida, de un mosaico inconsistente de normas locales, muchas veces obsoletas o inexistentes.

Un proyecto diluido y su derrota

La versión original de la SB 5005 incluyó la palabra “oversight” (supervisión) 17 veces y exigía inspecciones periódicas, medidas de transparencia y estándares mínimos de atención. Tras intensas negociaciones y presiones de asociaciones de condados y de seguridad pública, la iniciativa fue recortada a su forma más limitada: un reemplazo que apenas menciona “oversight” una vez, elimina las inspecciones obligatorias cada tres años y sustituye la autoridad de un órgano independiente por un “jail council” consultivo con pocas facultades de cumplimiento. Esa versión diluida no sobrevivió en la Ways and Means Committee.

La senadora estatal Rebecca Saldaña, patrocinadora principal del proyecto, calificó la versión final como “tan delgada como puede ser”, pero defendió su impulso como un primer paso necesario frente a lo que describe como “un número verdaderamente horrible de lesiones y muertes” en las cárceles locales.

Un patrón de muertes y deficiencias

Los informes periodísticos y auditorías muestran que en los últimos años múltiples personas han perdido la vida en cárceles del estado por causas variadas: peleas, uso de fuerza por parte de custodios, síntomas graves de abstinencia por opioides o suicidios sin prevención adecuada. Investigaciones de medios regionales han documentado casos concretos que evidencian fallas sistémicas. Por ejemplo, el reportaje de InvestigateWest reseñó la muerte en 2023 de dos ciudadanos de la Confederated Tribes of the Colville Reservation en la cárcel del condado de Okanogan mientras se desintoxicaban de opioides, pese a que auditorías previas habían señalado problemas de seguridad sin resolver en esa instalación (InvestigateWest).

Datos citados en el debate legislativo indican que cerca del 80% de las personas detenidas en cárceles del estado esperan juicio y que la mayoría reporta condiciones de salud mental o física relevantes. Además, un informe de Columbia Legal Services encontró que, entre 2005 y 2016, 210 personas murieron en cárceles de Washington y que la mayoría de esas muertes ocurrieron durante las primeras dos semanas de encarcelamiento, a menudo vinculadas al consumo de sustancias o problemas de salud mental (Columbia Legal Services, 2019).

Un pasado con supervisión y por qué se perdió

Entre 1981 y 1987 existió en Washington la Corrections Standards Board —un organismo integrado por autoridades como el fiscal general estatal, legisladores y el director del Departamento de Correcciones— que inspeccionaba cárceles anualmente, recolectaba datos y hacía cumplir estándares establecidos por la legislatura desde 1979. En 1987, por presiones de fuerzas policiales y otras entidades, esa junta fue disuelta y sus funciones repartidas entre varias agencias, devolviendo a condados y ciudades la responsabilidad de establecer estándares locales.

Esa desaparición dejó al estado con una red fragmentada: en 2022, la oficina del fiscal general solicitó las normas de las cárceles y descubrió que solo 10 de 50 instalaciones habían producido estándares formales; siete de esos diez documentos databan de antes de 1995, y cuatro cárceles reconocieron no tener normas formales o no poder localizarlas.

Disparidades y riesgos para comunidades específicas

Las consecuencias son especialmente graves para poblaciones ya vulnerables. Datos del Departamento de Salud del estado han mostrado que las personas nativas americanas en Washington tienen hasta cinco veces más riesgo de morir por complicaciones relacionadas con el uso de opioides y están en mayor riesgo de suicidio (WA Dept. of Health). Asimismo, informes señalan que nativos americanos, personas negras y latinas son sometidas a confinamiento solitario a tasas desproporcionadas —una práctica asociada a daños psicológicos severos y mayor riesgo de autolesión y suicidio.

Organizaciones tribales, como las Affiliated Tribes of Northwest Indians, han exigido desde 2024 la limitación del uso de confinamiento solitario y el establecimiento de estándares mínimos de atención para personas que usan opioides, incluido el tratamiento y protocolos de prevención de suicidio.

El costo humano y económico de la ausencia de supervisión

Más allá del daño humano, la falta de estándares y de supervisión estatal también tiene consecuencias económicas considerables. Los condados pagan millones de dólares anuales en acuerdos por demandas interpuestas por familias de personas que murieron en custodia. Un ejemplo reciente: Kitsap County y su proveedor médico penitenciario acordaron pagar 2,75 millones de dólares a la familia de Nicholas Rapp, que se suicidó en la cárcel del condado en 2020.

La retirada de proveedores médicos privados de varios condados —citando en parte “veredictos civiles desproporcionados”— ha complicado aún más la capacidad de atender a las poblaciones detenidas y añade presión presupuestaria a nivel local.

Argumentos en contra de una supervisión estatal

Grupos como la Association of Counties y la Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs (WASPC) han argumentado en audiencias legislativas que, aunque no se oponen a las metas de seguridad y atención, la forma propuesta por SB 5005 era demasiado onerosa o venía con una carga financiera inasumible para condados y municipios. WASPC sostiene que preferiría estándares voluntarios y asistencia basada en mejores prácticas, y recalca que el estado debería financiar cualquier costo adicional derivado de nuevos requerimientos.

En sus comunicaciones, representantes de WASPC han resaltado la intención de promover estándares basados en organizaciones como la American Correctional Association o la National Commission on Correctional Health Care, aunque sus miembros no apoyaron la estructura de supervisión propuesta por la SB 5005.

Por qué la supervisión independiente importa

Expertos en supervisión carcelaria subrayan que la mera existencia de recomendaciones no es suficiente. Michele Deitch, directora del Prison and Jail Innovation Lab de la Universidad de Texas, ha dicho que un cuerpo de supervisión efectivo debe ser independiente y tener poderes de cumplimiento, como la capacidad de ordenar inspecciones periódicas y exigir remedios; de lo contrario se convierte en un mecanismo puramente simbólico que produce reportes, pero sin efectos reales sobre prácticas dañinas.

“No tener supervisión expone a ciudades y condados a litigios significativos”, señaló Deitch en el debate público. Desde esta perspectiva, la supervisión no es solo una cuestión ética sino fiscal: prevenir daños y establecer protocolos claros reduce la exposición a costosas demandas y mejora la seguridad para la comunidad y el personal.

Obstáculos políticos y financieros

El costo estimado de implementar la supervisión propuesta por la SB 5005 rondaba los 9 millones de dólares, un monto que resultó difícil de justificar ante un déficit presupuestario estatal creciente. Además, muchos condados expresaron preocupación por los costos futuros que implicaría adaptar infraestructuras y prácticas locales para cumplir estándares estatales.

La senadora Saldaña ha señalado que sus conversaciones con funcionarios de condados y fuerzas del orden continúan y que su decisión de dejar el Senado y volver a un puesto a nivel condal obedece, en parte, a su deseo de entender mejor las preocupaciones locales y construir consenso.

¿Qué sigue?

• Reforma gradual: defensores sugieren que avanzar por etapas —estableciendo primero estándares mínimos de salud y seguridad y un sistema de reportes centralizado— podría bajar la barrera política y financiera.
• Financiamiento estatal: para ganar apoyo local, muchos coinciden en que el estado debería financiar las mejoras necesarias en instalaciones y servicios, como ocurre con otras políticas estatales mandatadas.
• Transparencia inmediata: aunque un órgano con autoridad sea la meta final, medidas interinas como la recolección obligatoria de datos sobre muertes, suicidios, uso de fuerza y uso de aislamiento podrían ofrecer un diagnóstico claro y público.

La historia de la SB 5005 revela más que un déficit legislativo: demuestra una tensión profunda entre responsabilidades locales y estatales, entre costos inmediatos y consecuencias a largo plazo, y entre las voces de quienes claman por rendición de cuentas y quienes temen la carga regulatoria. Mientras tanto, las familias que han perdido a sus seres queridos en custodia, abogados y activistas siguen pidiendo no solo palabras, sino mecanismos reales que eviten que “la alfombra se siga barriendo” sobre las muertes y las condiciones inhumanas dentro de las cárceles.

Fuentes y lecturas recomendadas: Investigaciones de InvestigateWest sobre muertes en cárceles de Washington; informe de Columbia Legal Services (2019) sobre muertes en custodia; datos del Washington Department of Health sobre riesgo de mortalidad por opioides entre nativos americanos.