¿Seguridad o criminalización? El dilema de las operaciones 'Safe City' frente a la crisis de personas sin hogar

La madrugada en un estacionamiento de Tucson se convirtió en un microcosmos de un debate mayor: oficiales que arrestan a personas por merodeo y paraphernalia, equipos de enlace que prometen servicios y una sala de audiencias por video montada en una camioneta. Esta escena, parte de las llamadas operaciones "Safe City" que combinan aplicación y recursos, plantea preguntas difíciles sobre la eficacia, la ética y el coste humano de usar la ley para abordar la falta de vivienda y el consumo de sustancias.

¿Qué son las operaciones "Safe City"?

En esencia, las operaciones "Safe City" son despliegues coordinados en los que la policía trabaja con agencias sociales, proveedores de salud y jueces comunitarios para identificar a personas en situación de calle o consumo en la vía pública, ofrecerles servicios y, al mismo tiempo, aplicar ordenanzas que prohíben conductas como acampar en zonas públicas, ocupar medianas o merodear en estacionamientos.

Según funcionarios locales en Tucson, el programa formalizó en octubre de 2025 prácticas que en distintos formatos venían realizándose por años: paradas puntuales en áreas con concentraciones de personas sin hogar, detenciones por infracciones menores y la presencia simultánea de 13 organizaciones de apoyo en un punto estratégico —todo diseñado para que quien sea arrestado pueda pasar por una audiencia inicial vía video y, potencialmente, ser referido a programas de tratamiento o vivienda.

La promesa y la realidad: servicios contra coerción

Para los promotores del modelo, la mezcla de aplicación y recursos incrementa la posibilidad de que personas vulnerables acepten ayuda. Justin Hamilton, coordinador interinstitucional del municipio, afirmó que durante despliegues integrados la tasa de aceptación sube: en una operación reciente, 21 de 35 personas aceptaron asistencia. Ese dato sugiere que cuando los servicios están disponibles inmediatamente, la fricción para el acceso disminuye.

No obstante, la realidad es ambivalente. Observadores registraron numerosas detenciones por cargos de merodeo y posesión de parafernalia; la mayoría fueron citadas y liberadas tras una breve audiencia por video, pero ya habían sido ingresadas al sistema penal. Como advierte el investigador Keith Bentele, de la Universidad de Arizona, "usar a la policía para conectar a personas vulnerables con tratamiento es, en muchos casos, el mecanismo menos exitoso", porque la coerción tiende a reducir la efectividad de intervenciones en adicciones y salud mental.

Estadísticas y contexto nacional

La situación local debe entenderse en el marco de una problemática nacional profunda. Según el recuento puntual (Point-in-Time Count) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) para 2023, había aproximadamente 582,000 personas experimentando sin hogar en todo el país (HUD, 2023). Ese volumen sobrepasa ampliamente la capacidad instalada de muchas ciudades para ofrecer vivienda de transición, tratamiento de salud mental y programas sostenibles a largo plazo.

En ciudades medianas y grandes, la presión por visibilizar y abordar la presencia en la vía pública ha llevado a respuestas que oscilan entre invertir en vivienda y servicios, y endurecer ordenanzas. En Tucson, como en otros lugares, las nuevas ordenanzas que penalizan acampar en arroyos o permanecer en medianas crean "mecanismos" legales que los gestores municipales dicen usar para conectar personas con recursos; críticos sostienen que producen apenas más vigilancia y riesgo de criminalización.

Costes de entrar en el sistema penal

Aun cuando la consecuencia inmediata sea una multa o una citación, ingresar al sistema penal puede tener efectos acumulativos: pérdida de documentos, dificultades para acceder a empleo o vivienda, y el riesgo —por omisión de una comparecencia— de órdenes de arresto. "Un fallo en presentarse a una audiencia puede convertir una infracción menor en una situación que termine en detención", explica un oficial que participa en las operaciones. Ese rasgo convierte en alto riesgo lo que en apariencia son sanciones blandas.

Modelos alternativos: deflexión y "Housing First"

La literatura sobre políticas de respuesta a la falta de vivienda y consumo de sustancias recomienda enfoques menos coercitivos. Programas de deflexión —donde agentes al punto de contacto derivan inmediatamente a personas a servicios en lugar de arrestarlas— muestran mejores resultados en salud mental y estabilidad de vivienda. Estudios sobre programas tipo "Housing First", que priorizan la vivienda segura sin condiciones previas, también han demostrado reducciones significativas en la estancia en calles y mejoras en salud y empleo.

Un ejemplo internacional destacado es el programa "At Home/Chez Soi" llevado a cabo en Canadá (2009-2013), que evidenció que brindar vivienda junto con apoyo clínico reduce el uso de servicios de emergencia y mejora la calidad de vida de personas con problemas de salud mental y adicciones. Estos enfoques parten de la idea de que la coerción suele ser contraproducente cuando se busca la recuperación sostenida.

El argumento práctico de los defensores locales

Autoridades locales y la alcaldía argumentan que la ausencia de recursos obliga a combinar herramientas: cuando solo hay recursos limitados —camas subrogadas, plazas en programas de tratamiento, transporte— la ley se utiliza como palanca para asegurar que quien necesita ayuda la reciba. "La meta no es incarcerar sino conectar a la gente con recursos", declaró la alcaldesa durante una visita a un despliegue; al mismo tiempo reconoció que las capacidades municipales son insuficientes.

Este argumento es pragmático: en un contexto donde la oferta de servicios no alcanza la demanda, los gestores públicos buscan alternativas para priorizar casos o forzar la atención. No obstante, muchos expertos insisten en que la herramienta equivocada puede empeorar el problema al generar desconfianza hacia los servicios y aumentar la rotación entre la calle y el sistema penal.

La percepción comunitaria y el papel de las ONG

En Tucson coexisten esfuerzos oficiales y metodologías comunitarias menos punitivas. Por ejemplo, organizaciones locales realizan "paseos de vecindario" donde la prioridad es el contacto humanitario, la entrega de comida y la derivación voluntaria a servicios, sin la presencia policial. Estas iniciativas suelen gozar de mayor aceptación entre las personas sin hogar y generan vínculos de confianza que facilitan intervenciones a mediano plazo.

Proveedores de salud comunitaria presentes en los despliegues opinan que el principal valor de las operaciones integradas es la posibilidad de ofrecer in situ una gama de servicios y de articular a múltiples actores. Sin embargo, alertan que la presencia policial puede condicionar la voluntad de aceptar ayuda: la alternancia entre apoyo y coerción es psicológicamente compleja para personas con trayectorias de exclusión.

Implicaciones éticas y recomendaciones prácticas

Las operaciones "Safe City" exponen tensiones éticas: el deseo legítimo de mantener espacios públicos seguros y accesibles frente al deber de proteger a poblaciones vulnerables de daños mayores. Para equilibrar ambos objetivos, la evidencia sugiere algunas recomendaciones prácticas:

• Priorizar modelos de deflexión que eviten el arresto y faciliten la derivación inmediata a servicios voluntarios.
• Incrementar inversiones sostenidas en vivienda asequible y en programas de tratamiento accesibles, para reducir la necesidad de respuestas basadas en el control público.
• Crear protocolos claros que separen la presencia policial de la provisión de servicios, garantizando que el acceso a ayuda no dependa de la voluntad de someterse a una sanción.
• Monitorear y auditar impactos: recabar datos sobre cuántas personas entran al sistema, cuántas aceptan servicios voluntariamente y los resultados a 6 y 12 meses.
• Fortalecer alianzas con organizaciones comunitarias que puedan ejercer funciones de mediación y seguimiento, reduciendo la carga sobre la policía.

Una decisión política con consecuencias humanas

En última instancia, elegir cómo responder a la visibilidad de la pobreza y la adicción es una decisión política que marca la vida de miles. Las operaciones que combinan aplicación y servicios prometen atajos: la posibilidad de ofrecer ayuda rápida y, al mismo tiempo, gestionar molestias públicas. Pero cuando la aplicación funciona como puerta de entrada al sistema penal, las promesas pueden convertirse en trampas burocráticas.

Para ciudades como Tucson, la opción realista es invertir en estrategias que reduzcan la necesidad de coerción: aumentar la capacidad de vivienda, fortalecer programas de salud mental y adicciones, y apoyar iniciativas comunitarias de alcance, mientras se reservan medidas de orden público para casos que realmente pongan en riesgo a terceros. Convertir la ayuda en una consecuencia de la detención es, según la evidencia y los especialistas, un atajo peligroso. La pregunta que queda es política y moral: ¿queremos políticas que reduzcan la vulnerabilidad o procedimientos que la perpetúen bajo la bandera de la seguridad?