Millones en disputa: cómo Maine está gastando —y retrasando— los fondos del acuerdo por los opioides

En 2022 comenzaron a fluir los pagos derivados de los grandes acuerdos legales contra fabricantes y distribuidores de opioides que buscaron reparar, al menos parcialmente, el daño causado por la epidemia en Estados Unidos. Maine recibió una porción significativa de esos fondos: más de 230 millones de dólares que, según la distribución acordada, se dividen en tres partes entre la oficina del fiscal general, el Maine Recovery Council y 39 subdivisiones locales (condados, ciudades y pueblos) conocidas como "direct share subdivisions".

El saldo actual: gastado, comprometido y por decidir

Hasta el último reporte público analizado por el Maine Opioid Settlement Support (MOSS) Center en la Universidad de Southern Maine, las subdivisiones locales habían gastado apenas alrededor de 3 millones de dólares durante un año de reporte, dejando más de 19 millones sin tocar y con otros ~50 millones que ingresarán en los próximos doce años. Estos números muestran una realidad compleja: fondos abundantes sobre el papel, pero dificultades reales para convertirlos en programas efectivos en el terreno.

El volumen total de los pagos federales a Maine —más de 230 millones— proviene de acuerdos con compañías como Purdue Pharma, McKesson y cadenas de farmacias que, según la demanda colectiva, promovieron y distribuyeron opioides de forma que contribuyó directamente a la adicción, las sobredosis y la fragmentación social en muchas comunidades.

¿A qué se destina el dinero? Tendencias y prioridades locales

• Aplicación de la ley y prisiones: Más del 40% del dinero gastado por las subdivisiones locales fue destinado a departamentos policiales y cárceles. Muchas jurisdicciones han utilizado estos recursos para financiar personal y programas que antes no estaban cubiertos por presupuestos locales.
• Tratamiento en centros carcelarios: Condados como Androscoggin, Hancock, Knox y Penobscot invirtieron en tratamiento para el trastorno por uso de sustancias dentro de cárceles, incluyendo programas de tratamiento asistido por medicación (MAT).
• Centros de recuperación y organizaciones comunitarias: Un tercio de los beneficiarios fueron organizaciones comunitarias —por ejemplo, Mid-Coast Recovery Coalition y Aroostook Community Action Program— que reciben fondos para servicios directos, recuperación y reinserción.
• Prevención y programas escolares: Aunque existe financiación para prevención en jóvenes, este rubro recibió relativamente menos recursos. Proyectos como "Building Resilient Families" en Oxford recibieron apoyos, pero fueron la excepción más que la regla.
• Asistencia directa a personas en recuperación: Becas para viviendas de recuperación, tarjetas de supermercado, transporte y otros insumos han sido financiados en varios distritos.

El debate: ¿seguir financiando a la ley o invertir en soluciones comunitarias?

Una de las tensiones más evidentes es la preferencia de muchos gobiernos locales por usar el dinero para sostener funciones que habitualmente corresponderían al presupuesto público, en vez de financiar proyectos innovadores basados en la comunidad. Courtney Gary-Allen, directora ejecutiva de Maine Recovery Access Project, expresó su preocupación: "Me gustaría ver que las personas con experiencia vivida tengan voz real en cómo se gasta este dinero" (Maine Monitor).

Gary-Allen subraya que estos fondos son, en esencia, "dinero recogido con la sangre y el dolor" de quienes fueron objeto de campañas agresivas de comercialización de opioides. Para muchos defensores, ello implica una obligación moral de priorizar intervenciones centradas en la recuperación comunitaria y la prevención, no en sostener instituciones que, a su juicio, ya deberían estar financiadas por el Estado.

El caso de las cárceles: respuesta a una orden judicial y un "mandato no financiado"

Desde una orden judicial en 2019, todas las cárceles y prisiones de Maine deben ofrecer tratamiento para trastornos por uso de sustancias, incluyendo la continuidad de programas de medicación como metadona cuando una persona entra en reclusión. Muchos alguaciles han calificado esta exigencia como un "mandato no financiado", y por ello han recurrido a los fondos del acuerdo para cubrir servicios y medicación. Penobscot County, por ejemplo, destinó 181.000 dólares para tratamiento asistido por medicación en la cárcel y ha dedicado recursos a liaisons (enlaces) que aseguren continuidad de atención.

Esta decisión despierta una pregunta clave: ¿deberían los acuerdos por daños compensar deficiencias estructurales del sistema penitenciario o deben destinarse prioritariamente a programas comunitarios que eviten la criminalización de la adicción?

Transparencia y gobernanza: desafíos administrativos

La ley de Maine que exige reportes anuales sobre el gasto forzó a las subdivisiones a abrir sus procesos —al menos en papel—, pero la implementación no ha sido homogénea. El MOSS Center recibió datos con errores, descripciones poco claras y discrepancias contables; más de la mitad de las presentaciones requirieron limpieza y verificación. El propio centro señaló que el corto lapso entre el cierre del año calendario y la fecha límite del 15 de enero dificultó la rendición precisa.

Asimismo, la estructura de toma de decisiones varía enormemente: en la mayoría de los casos, los comisionados del condado o los concejos municipales toman la decisión final; en algunas jurisdicciones, el jefe de policía o el administrador municipal decide. Solo alrededor de una cuarta parte de las subdivisiones adoptaron políticas formales orientadoras y solo 18 cuentan con comités u órganos consultivos específicos.

El MOSS Center ha atendido más de 100 solicitudes de asistencia por parte de subdivisiones que necesitaban orientación para diseñar procesos más transparentes y eficaces. Este apoyo se financió con 2,5 millones de dólares procedentes de la porción del fiscal general destinada a asistencia técnica.

Historias locales: prioridades que reflejan urgencias distintas

Algunas experiencias ilustran por qué las prioridades divergen. York County planifica dedicar todo su presupuesto local a un centro de recuperación de 21 millones de dólares en Alfred, mientras que Kennebec County opta por utilizar los fondos en tratamiento para personas dentro de la cárcel. En Portland y otras ciudades, el dinero se empleó para contratar behavioral health liaisons que acompañan a la policía en intervenciones donde hay problemas de salud mental o consumo.

Otras iniciativas, más pequeñas pero con impacto directo, incluyeron compras de transporte para personas en recuperación, apoyo para reinserción laboral, van móvil para atención en la calle, y programas de prevención escolar. Estas diferencias muestran que, aunque la suma global sea la misma, las respuestas locales se adaptan a contextos muy distintos.

Recomendaciones y caminos a seguir

1. Implementar estándares claros de transparencia: dashboards públicos y reportes uniformes facilitan la rendición de cuentas y la comparación entre jurisdicciones.
2. Priorizar la participación de personas con experiencia personal en decisiones clave: la inclusión de quienes han transitado la adicción mejora el diseño y la aceptabilidad de los programas.
3. Equilibrar la inversión entre respuesta inmediata (tratamiento en cárceles, servicios de crisis) y soluciones a largo plazo (prevención escolar, centros de recuperación, vivienda de transición y empleo para personas en recuperación).
4. Evitar que los fondos se conviertan en sustitutos permanentes de presupuestos estatales o locales para funciones públicas esenciales; los acuerdos son recursos extraordinarios, no una solución estructural indefinida.
5. Facilitar asistencia técnica y capacitación para que las pequeñas jurisdicciones puedan gestionar proyectos con impacto comprobable.

Una oportunidad que exige decisión

Los acuerdos por opioides representan una de las pocas oportunidades financieras significativas para invertir de forma sostenida en la respuesta a la crisis de adicciones. Sin embargo, la brecha entre la disponibilidad de fondos y su aplicación eficaz revela problemas administrativos, políticos y conceptuales: ¿cómo balancear la urgencia de financiar servicios inmediatos con la necesidad de construir soluciones comunitarias duraderas? ¿Quién debe decidir y cómo garantizar que las voces más afectadas sean escuchadas?

Como recordó Courtney Gary-Allen, este dinero no es un ingreso ordinario: es una compensación por daños concretos que requiere, además de eficacia técnica, sensibilidad ética y participación democrática. Si Maine y sus subdivisiones logran articular procesos transparentes y priorizar inversiones centradas en las personas y la comunidad, estos millones podrían marcar una diferencia real y medible en la trayectoria de la epidemia a nivel local. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en recursos subutilizados o mal dirigidos, una oportunidad perdida en una crisis que sigue cobrando vidas.

Fuentes: informes del Maine Opioid Settlement Support (MOSS) Center, reportes del Maine Monitor y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA sobre los acuerdos con fabricantes y distribuidores de opioides.