La avalancha eléctrica de la era IA: ¿quién pagará la cuenta por los centros de datos en California?

El crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y la demanda de potencia informática necesaria para entrenar y ejecutar modelos de IA colocan a los centros de datos en el centro de una disputa decisiva: ¿deben los ciudadanos pagar las ampliaciones de la red necesarias o los grandes usuarios —las empresas del sector tecnológico— asumir el costo total de la infraestructura que requieren?

La magnitud del problema

Hace poco, Pacific Gas & Electric (PG&E), la mayor empresa eléctrica de California, advirtió que los proyectos de centros de datos que solicitan energía podrían sumar hasta 10 gigavatios (GW) de demanda durante la próxima década —una cifra equivalente a casi cuatro veces la capacidad de generación de la central nuclear de Diablo Canyon— y que supera con creces la demanda pico de regiones como Sacramento, que ronda algo más de 3 GW.

Para ponerlo en perspectiva, 10 GW representan una ciudad entera de consumo sostenido y, si se concretara buena parte de esos proyectos, obligarían a inversiones masivas en subestaciones, líneas de transmisión y reservas de generación. Además, la naturaleza intermitente de la carga y la necesidad de refrigeración intensiva añaden complejidad al diseño de la red.

Transparencia: el primer paso para planificar

Uno de los puntos centrales del informe de la Little Hoover Commission —un organismo independiente de California— es la necesidad de datos confidenciales a nivel de instalación sobre el consumo eléctrico real de los centros de datos. Sin ese detalle, los planificadores energéticos no pueden estimar con precisión dónde habrá capacidad disponible ni qué inversiones serán necesarias para mantener la fiabilidad del sistema.

La Comisión recomienda que los reguladores exijan reportes con datos de consumo reales, aunque manteniendo confidencialidad comercial, para proyectar la demanda y valorar impactos ambientales y de confiabilidad. Como dijo Pedro Nava, presidente de la Little Hoover Commission, “Los costos que los centros de datos imponen en la red eléctrica deberían ser pagados por los propios centros, no por las familias californianas” (Little Hoover Commission report, 2024).

¿Quién paga la factura?

En la práctica, buena parte del debate gira en torno a cómo distribuir los costos entre consumidores residenciales, empresas locales y los nuevos megaconsumidores. Si los centros de datos se conectan a la red y se solicitan ampliaciones, la inversión en infraestructura muchas veces se refleja en las tarifas o en cargos distribuidos entre todos los clientes. Eso ha encendido las alarmas de consumidores y defensores de tarifas justas.

La Little Hoover Commission propone una categoría tarifaria especial para usuarios extremadamente grandes que incluya requisitos como prepago de infraestructura, aportes a costos de seguridad para incendios y compromisos para financiar parte de la capacidad solicitada. Mark Toney, director ejecutivo de The Utility Reform Network, resumió el riesgo: “El crecimiento de centros de datos tiene tanto potencial para aumentar las tarifas como para disminuirlas si no se regula correctamente” (CalMatters, 2024).

El problema del «paper park» y la previsibilidad

Un problema adicional es que muchas empresas presentan proyectos con grandes capacidades en solicitudes regulatorias sin la obligación de construirlos inmediatamente. El fenómeno del “paper park” (proyectos presentados que nunca alcanzan su máxima capacidad o no se construyen) complica la planificación porque los planificadores deben considerar que no todos esos megaproyectos llegarán a operar al 100 %.

Sin embargo, la simple posibilidad de que una fracción significativa se materialice obliga a considerar inversiones preventivas que, de no repartirse de forma justa, pueden terminar siendo costeadas por consumidores residenciales.

Impactos ambientales y locales

Más allá del coste económico, los centros de datos imponen desafíos ambientales concretos. El informe apunta a tres preocupaciones principales:

• Emisiones y calidad del aire: Muchos centros usan generadores diésel de respaldo que, en episodios de corte de suministro o pruebas, generan emisiones locales significativas.
• Agua: La refrigeración de instalaciones a gran escala puede requerir cantidades considerables de agua, un recurso crítico en varias regiones de California afectadas por sequías recurrentes.
• Huella de carbono: Si la electricidad consumida proviene de fuentes fósiles, el crecimiento de centros de datos podría complicar el cumplimiento de los objetivos climáticos del estado.

La propia Comisión recomienda limitar la contaminación de los generadores de respaldo, promover soluciones de respaldo más limpias y obligar a reportes que permitan estimar la huella ambiental real de cada instalación.

Modelos de pago: quién asume el riesgo

Existen varios enfoques posibles para asignar costes:

1. Tarifas generales: repartir el coste entre todos los clientes, lo que suaviza el impacto pero puede resultar injusto para familias con bajos ingresos.
2. Cargo por contribución a la infraestructura: que el solicitante pague directamente por la capacidad y las mejoras necesarias.
3. Tarifas especiales para grandes consumidores: crear una categoría tarifaria con obligaciones de prepago, compromisos de uso y contribuciones a costos de emergencia.

La Little Hoover Commission y defensores del consumidor favorecen las opciones 2 y 3 porque aseguran que los grandes beneficiarios del despliegue tecnológico internalicen los costos que imponen a la red.

Lecciones de otros lugares y números globales

A escala global, los centros de datos ya representan una parte notable del consumo eléctrico. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), en 2021 los centros de datos consumieron aproximadamente el 1% del uso final de electricidad a nivel mundial, cifra que puede crecer en función del desarrollo de la IA y la computación en la nube (IEA, 2021).

Sin medidas de eficiencia energética, uso de fuentes renovables y pagos justos por la infraestructura, ese 1% podría aumentar y ejercer presión tanto sobre las emisiones como sobre las tarifas locales.

Propuestas prácticas: reglas, incentivos y transparencia

Para mitigar riesgos y equilibrar incentivos, es posible combinar varias medidas:

• Reportes obligatorios y confidenciales: exigir datos de consumo detallados a los reguladores para planificar con precisión sin comprometer secretos industriales.
• Categoría tarifaria especial: diseñar tarifas que requieran contribuciones a la infraestructura, pagos anticipados y garantías por parte de los nuevos grandes consumidores.
• Estándares ambientales y de respaldo: limitar emisiones de generadores, fomentar soluciones de respaldo basadas en baterías o hidrógeno verde y promover el uso de agua eficiente.
• Incentivos para eficiencia y energía limpia: bonificaciones regulatorias o fiscales para instalaciones que demuestren uso intensivo de renovables y medidas avanzadas de eficiencia en refrigeración.
• Coordinación regional: planificación conjunta entre distribuidores, municipios y el sector privado para evitar cuellos de botella y duplicidades.

¿Qué sucede si no se actúa?

Si el Estado y los reguladores no implementan reglas claras, hay dos riesgos concretos: primero, que la necesidad de inversiones adicionales en la red termine trasladándose a todas las tarifas domésticas; segundo, que la falta de supervisión cause impactos locales negativos (aire, agua, ruido) y conflictos con comunidades anfitrionas.

Por el contrario, una política proactiva puede convertir los centros de datos en aliados para la transición energética: si los proyectos pagan por la capacidad, invierten en eficiencia y coordinan su demanda con la disponibilidad de renovables, pueden facilitar la integración de más energía renovable y tecnologías de almacenamiento.

Reflexión final

La expansión de la inteligencia artificial ofrece oportunidades enormes para la economía y la innovación, pero trae consigo una factura física: megavatios, líneas y transformadores. La pregunta clave es de justicia y eficiencia: ¿pagará el contribuyente por la nueva infraestructura o la pagarán quienes la generan con fines comerciales? La respuesta que adopte California en los próximos meses tendrá efectos no solo en las tarifas y la fiabilidad, sino en la forma en que sociedades enteras gestionan la transición tecnológica y climática.

Fuentes citadas y referencia: Little Hoover Commission, “Report on Data Centers and the Electrical Grid” (2024); CalMatters, cobertura sobre la recomendación de la Little Hoover Commission (2024); Pacific Gas & Electric (PG&E) declaraciones a reguladores; Agencia Internacional de la Energía (IEA), estimaciones de consumo de datos y centros de datos (2021).