La batalla legal por los aranceles de Trump: ¿puede la Sección 122 justificar gravámenes globales del 15%?

Contexto y conflicto: A comienzos de 2026, dos docenas de estados liderados por fiscales generales demócratas y gobernadores presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por la imposición de aranceles globales del 15%. Los demandantes sostienen que el Ejecutivo está excediendo sus facultades al recurrir a la llamada Sección 122 del Trade Act de 1974 para imponer gravámenes generalizados sobre bienes importados, después de que la Corte Suprema anulara un régimen previo de aranceles decretado bajo poderes de emergencia.

¿Qué es la Sección 122 y de dónde viene?

La Sección 122 del Trade Act de 1974 fue concebida en un contexto histórico específico: las turbulencias monetarias y de balanza de pagos que afectaron a los años posteriores al fin del sistema Bretton Woods. En aquella época, la convertibilidad del dólar en oro y los flujos internacionales de reservas generaban presiones que los legisladores querían poder abordar con herramientas excepcionales. El texto legal remite a la facultad presidencial para tomar medidas en casos de "fundamental international payments problems" (problemas fundamentales de pagos internacionales) (Trade Act of 1974, Section 122).

Sin embargo, el mundo cambió radicalmente desde la década de 1970. La relación del dólar con el oro terminó con la decisión de 1971 del presidente Nixon, y los mercados financieros y comerciales actuales operan sobre dinámicas muy distintas. Por ello, los críticos sostienen que la Sección 122 está desactualizada y que su aplicación a déficits comerciales —la diferencia entre lo que un país exporta y lo que importa— no es obvia ni coherente con el propósito original de la norma.

El hilo legal: emergencia vs. pagos internacionales

La administración Trump ya había intentado imponer aranceles amplios por medio de otra autoridad: la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley que otorga poderes al presidente en situaciones de emergencia nacional. Esa medida fue impugnada en los tribunales y, finalmente, la Corte Suprema anuló los aranceles basados en IEEPA. Cuatro días después del fallo, la Casa Blanca invocó la Sección 122 para imponer inicialmente aranceles del 10%, y anunció su intención de elevarlos al 15% (límite máximo previsto por la disposición).

Los estados demandantes argumentan que la Sección 122 no fue pensada para convertirse en un sustituto de los poderes de emergencia y que su formulación —orientada a "problemas de pagos internacionales"— no se aplica mecánicamente a los déficits comerciales modernos. Según ellos, usar esa cláusula para imponer aranceles expansivos y duraderos equivale a eludir el control del Congreso sobre la política comercial y fiscal.

¿Qué dice la administración y qué dicen los juristas?

La Casa Blanca y el Departamento del Tesoro han defendido la medida presentándola como una herramienta legítima para proteger la economía nacional frente a déficits persistentes que, según los argumentos oficiales, dañan industrias y empleos domésticos. Funcionarios han señalado que la Sección 122, aunque poco usada, confiere autoridad suficiente para imponer gravámenes de hasta el 15% por períodos de cinco meses, con posibilidad de extensión por el Congreso.

En contraste, algunos analistas jurídicos ven la maniobra como arriesgada. Es relevante recordar que, en un documento judicial anterior, el propio Departamento de Justicia reconoció que la Sección 122 "no tenía una aplicación obvia" para luchar contra déficits comerciales y que estos conceptos eran "conceptualmente distintos" de los problemas de pagos internacionales que motivaron la norma bajo el Trade Act (archivo judicial del caso anterior).

No obstante, hay voces que ponderan que los tribunales podrían ser más deferentes ahora que con la invocación previa de IEEPA. Peter Harrell, investigador visitante en el Institute of International Economic Law de la Universidad de Georgetown, señaló que "la realidad legal es que los tribunales probablemente conferirán al presidente una mayor deferencia respecto de la Sección 122 de lo que hicieron con sus aranceles previos bajo IEEPA" (comentario público de Peter Harrell, Georgetown University).

Implicancias económicas: quién paga la cuenta

Una constante en las críticas a los aranceles es su efecto redistributivo: los gravámenes encarecen las importaciones y, en la práctica, suelen trasladarse a consumidores y empresas. Estudios económicos clásicos muestran que, aunque los aranceles protegen a ciertos sectores domésticos, el precio general de bienes importados sube y reduce el poder adquisitivo de los consumidores. Un informe del Congressional Budget Office (CBO) sobre aranceles y comercio internacional indica que medidas proteccionistas elevan los precios internos y pueden generar pérdidas netas en el bienestar agregado cuando se consideran represalias y distorsiones productivas (Congressional Budget Office, análisis de políticas comerciales).

Para los estados demandantes, esto significa que los aranceles no son solo una disputa legal abstracta: representan un costo real para gobiernos estatales, empresas y familias. Gobernadores y fiscales han resaltado que los incrementos de precios y la incertidumbre comercial pueden afectar presupuestos estatales y cadenas productivas locales.

Contexto histórico y comparación con otras herramientas

Es útil comparar la Sección 122 con otras herramientas que la presidencia ha empleado históricamente. Durante períodos de tensión económica o geopolítica, las autoridades comerciales han utilizado diversas secciones del Trade Act y otras leyes para imponer tarifas o sanciones. Por ejemplo, la Sección 301 del Trade Act, invocada durante la administración anterior para imponer aranceles a productos chinos, ha sobrevivido a múltiples revisiones judiciales y sigue en vigor como herramienta legítima para responder a prácticas comerciales consideradas desleales.

Sin embargo, la Sección 122 nunca había sido aplicada a gran escala antes, lo que convierte su uso actual en un caso testigo sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial.

Escenario judicial: qué esperar del Tribunal de Comercio Internacional

La demanda de los estados se tramita ante la Court of International Trade en Nueva York, especializada en disputas comerciales. Ese mismo tribunal, en una decisión anterior relacionada con los aranceles basados en poderes de emergencia, señaló que la Sección 122 estaba disponible para enfrentar déficits comerciales, lo que introdujo una tensión interpretativa: ¿la Corte está invitando a los presidentes a usar la Sección 122, o simplemente señalaba su existencia como alternativa a IEEPA en un contexto limitado?

Los factores que pueden pesar en la decisión incluyen: la lectura literal del texto legal, el propósito histórico de la disposición, la naturaleza y alcance del déficit comercial invocado, la proporcionalidad de la medida (¿un arancel del 15% es razonable en relación con el problema planteado?) y consideraciones de política pública sobre delegación legislativa al Ejecutivo.

Consecuencias políticas y económicas a medio plazo

Más allá del pleito jurídico, la disputa por los aranceles abre un debate sobre la gobernanza comercial estadounidense. Si los tribunales respaldan el uso amplio de la Sección 122, futuros presidentes tendrán una palanca adicional para diseñar políticas comerciales sin pasar por un proceso legislativo pormenorizado en el Congreso. Eso podría acelerar respuestas ante crisis, pero también generar incertidumbre regulatoria y tensiones internacionales.

En términos económicos, la imposición sostenida de aranceles del 15% podría reconfigurar cadenas de suministro, beneficiar temporalmente a industrias protegidas y encarecer insumos para sectores que dependen de importaciones. Además, como recuerdan economistas y analistas, las contramedidas de socios comerciales pueden reducir la demanda de exportaciones estadounidenses, afectando empleos y regiones exportadoras.

Qué está en juego para los estados demandantes

Los fiscales generales y gobernadores que lideran la demanda no solo buscan frenar una política que consideran ilegal; también intentan proteger economías estatales concretas. Estados con grandes sectores manufactureros, minoristas o cadenas logísticas que dependen de importaciones de insumos ven en los aranceles una amenaza a la competitividad y a la estabilidad de precios.

La litigación plantea además una cuestión federal importante: ¿tienen los estados legitimidad para impugnar decisiones comerciales federales por razones de impacto económico directo? La respuesta del tribunal a esa pregunta también marcará precedentes para futuras contestaciones estatales a políticas federales.

Reflexiones finales: entre la ley, la política y la economía

El conflicto por los aranceles del 15% es a la vez jurídico, económico y profundamente político. En el plano jurídico se discute la interpretación de una ley de la década de 1970 en un mundo distinto; en el económico, se enfrentan costos y beneficios distributivos; y en el político, está en juego la capacidad del Ejecutivo para actuar unilateralmente en materia comercial.

Independientemente del resultado judicial, el caso subraya la necesidad de un debate público serio sobre la arquitectura de la política comercial estadounidense: qué poderes deben reservarse al Congreso, qué margen exige el Ejecutivo para reaccionar ante choques externos, y cómo equilibrar la protección de industrias estratégicas con los costos para consumidores y cadenas productivas. La Court of International Trade tendrá la última palabra en esta etapa, pero el debate más amplio continuará en esferas políticas y económicas durante años.

• Citas y referencias citadas en el texto:
• Trade Act of 1974, Section 122 (mencionado en la discusión sobre el alcance legal).
• Comentario de Peter Harrell, Institute of International Economic Law, Georgetown University (análisis público sobre la deferencia judicial frente a la Sección 122).
• Congressional Budget Office (CBO), análisis de políticas comerciales y efectos de aranceles en precios y bienestar (referencia para los efectos económicos generales).