Memphremagog en la cuerda floja: la batalla del Northeast Kingdom contra los ‘forever chemicals’

En el noreste de Vermont, comunidades rurales y defensores ambientales libran una pelea que combina salud pública, turismo y justicia ambiental. La discusión gira en torno al vertedero de Coventry —el único en operación en el estado— y su potencial impacto sobre el lago Memphremagog, un cuerpo de agua internacional que conecta Vermont con la provincia de Quebec.

Un vertedero, muchas preocupaciones

El vertedero de Coventry recibe gran parte de los residuos del estado y, aunque la región produce menos del 10% de la basura de Vermont, sus habitantes cargan con “toda la responsabilidad”, según vecinos y activistas locales. La preocupación central hoy son los compuestos PFAS (por sus siglas en inglés, per- y polifluoroalquil sustancias), conocidos como “forever chemicals” por su persistencia en el ambiente y en organismos vivos.

PFAS se utilizan en aplicaciones como recubrimientos impermeables, espumas contra incendios y utensilios antiadherentes. Son una familia de miles de compuestos sintéticos difíciles de degradar y asociados a problemas de salud como alteraciones inmunológicas, problemas de tiroides y ciertos cánceres, según agencias sanitarias internacionales.

La iniciativa legislativa: H.652

Vecinos y legisladores presentaron el proyecto H.652 con el objetivo de prohibir la descarga de residuos procedentes del vertedero —en especial el lixiviado— hacia el lago Memphremagog. El lixiviado es el líquido que atraviesa los desechos y recoge sustancias disueltas o suspendidas; en vertederos modernos se acumula y trata para evitar fugas al entorno.

“El vertedero está fuera de la vista y de la mente de los municipios de Vermont que generan la mayoría de los residuos”, dijo Peggy Stevens, miembro de un colectivo local conocido como DUMP (Don’t Undermine Memphremagog’s Purity), al testificar ante la legislatura (VTDigger).

¿Qué se hace hoy con el lixiviado?

Durante años, el lixiviado del vertedero se enviaba a la planta de tratamiento de aguas residuales de Newport. Sin embargo, un permiso estatal impuso una moratoria de cinco años a esa práctica mientras permitía la expansión del vertedero; la moratoria está por expirar. En ese periodo, el lixiviado se transportó a plantas en Montpelier y Plattsburgh (Nueva York), donde finalmente terminó en la cuenca del lago Champlain.

Desde 2023, la empresa que opera el vertedero, Casella Waste Systems, ha invertido más de 6 millones de dólares en un sistema de pretratamiento localizado en el propio sitio con el fin de reducir las concentraciones detectables de PFAS en el lixiviado. Según representantes de la compañía, casi a diario se concentran PFAS en una espuma que luego se elimina, dejando detrás un líquido con niveles más bajos que se transporta fuera del condado.

No obstante, ese proceso no aborda todos los residuos: los PFAS concentrados se solidifican en bloques de cemento y se vuelven a enterrar en el vertedero. Casella informó que recibe alrededor de 14,000 toneladas de residuos por semana y que aproximadamente una tonelada semanal acaba convertida en esos bloques PFAS; según estimaciones internas, llenarían una sala de comité en cuatro meses (VTDigger).

Tecnología experimental y preocupaciones comunitarias

Recientemente, el Departamento de Conservación Ambiental autorizó un permiso preliminar para pilotar una tecnología denominada Surface Active Foam Fractionation (SAFF), una versión modificada del sistema de espuma que pretende mejorar la remoción de PFAS de las aguas residuales. Casella sostiene que el proceso remueve casi por completo las concentraciones de los cinco PFAS regulados en Vermont para agua potable, y lo presenta como una de las pocas soluciones probadas en el estado (VTDigger).

Sin embargo, los activistas consideran que la tecnología es experimental e insuficiente como única barrera. “El comité no entiende lo peligrosos que son los PFAS y lo insuficiente que es la tecnología experimental de tratamiento de lixiviados que se está usando ahora mismo”, expresó Stevens (VTDigger). Para muchos residentes, la prioridad es impedir cualquier descarga hacia la cuenca de Memphremagog.

Indicadores en el agua y la biota

Entre las pruebas que citan los defensores figura un reporte estatal de 2021 que registró una medición de 2.8 partes por trillón (ppt) de un compuesto de la familia PFAS en el centro del lago, lo que equivale a cerca del 70% del nivel considerado seguro para agua potable en Vermont (VTDigger). Del mismo modo, un informe de 2020 del United States Geological Survey (USGS) halló que alrededor del 30% de los ejemplares de pez bagre pardo (brown bullhead) en Memphremagog presentaban tumores malignos, una anomalía que no se había observado en otras lagunas de Vermont.

Las autoridades estatales, por su parte, han matizado que los datos no muestran pruebas alarmantes de contaminación proveniente del vertedero. Julie Moore, secretaria de la Agencia de Recursos Naturales (Agency of Natural Resources), afirmó que los antecedentes de PFAS son ubicuos en la actualidad y que las concentraciones encontradas no eran motivo de alarma (VTDigger). Por su parte, Casella declaró: “No estamos viendo descargas hacia el lago” y atribuyó la presencia de PFAS a la contaminación generalizada: “Estamos observando PFAS en el lago porque, como el 98% de los adultos en este país, tenemos PFAS en la sangre” (VTDigger).

Contexto histórico y regulatorio

La crisis de PFAS en Vermont no es nueva. Durante décadas, actividades industriales en el sur del estado —por ejemplo, la producción con recubrimientos que contenían PFOA y otros compuestos relacionados— dejaron legados de contaminación en municipios como Bennington y Shaftsbury. A partir de la última década, Vermont y otros estados han comenzado a imponer restricciones a productos que contienen PFAS (ceras para esquí, utensilios antiadherentes, cosméticos y ciertos usos de espumas contra incendios), reduciendo así las entradas intencionales de estos químicos al flujo de residuos.

Además, la regulación federal en torno a los PFAS ha ido evolucionando. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha catalogado varios PFAS como preocupantes y ha propuesto límites para su presencia en agua potable; mientras tanto, diversos estados han establecido estándares propios más exigentes. Para referencia sobre la presencia de PFAS en la población, los datos del CDC (NHANES) muestran que la mayoría de las personas en EE. UU. presentan trazas de PFAS en la sangre, reflejando la magnitud del problema.

Debate de fondo: ¿proteger una cuenca a costa de otra?

Un argumento recurrente entre críticos de H.652 es que la prohibición de descargas hacia Memphremagog podría simplemente trasladar la carga hacia otras cuencas, como la del río Winooski, que alimenta el lago Champlain. Paul Burns, director del Vermont Public Interest Research Group, señaló que la solución preferible es reducir el uso de PFAS en la producción industrial y el consumo cotidiano, antes que proteger selectivamente una cuenca “a costa” de otra (VTDigger).

Quienes apoyan H.652 replican que la singularidad de Memphremagog —su importancia para la economía local basada en el turismo y su condición de recurso transfronterizo— exige medidas concretas que eviten cualquier riesgo adicional para el lago y las comunidades ribereñas.

Qué puede pasar y por qué importa

• Salud pública: la persistencia de PFAS y su relación con efectos adversos en la salud elevan el riesgo si los compuestos alcanzan fuentes de agua potable.
• Economía local: el turismo y la pesca recreativa se verían afectados por percepciones y realidades de contaminación, impactando economías frágiles en el Northeast Kingdom.
• Justicia ambiental: comunidades rurales con menos poder económico suelen albergar infraestructuras de gestión de residuos que benefician a regiones más urbanas; eso despierta cuestionamientos éticos y políticos.

Reflexión final

El caso del vertedero de Coventry y el lago Memphremagog es un ejemplo claro de cómo la gestión de residuos, la tecnología disponible y las decisiones regulatorias confluyen con intereses económicos y derechos comunitarios. Aunque las soluciones tecnológicas como SAFF pueden mitigar flujos específicos de PFAS, la comunidad exige garantías más sólidas: transparencia en los permisos, monitoreo independiente, y un marco regulatorio que priorice la protección de cuencas vulnerables sin desplazar el problema hacia otros territorios.

Como señaló Peggy Stevens durante su testimonio: “El vertedero está fuera de la vista y de la mente de los municipios... y queremos proteger nuestro lago” (VTDigger). Esa petición resume una demanda mayor: que las políticas ambientales se diseñen con equidad y precaución, reconociendo que, en materia de contaminantes persistentes, las decisiones de hoy pueden pesar durante generaciones.