Cuando la defensa personal se convierte en necesidad: mujeres sudafricanas frente a la violencia de género

BRONKHORSTSPRUIT, Sudáfrica. En un polígono de tiro cercano a Pretoria, una instructora da la voz de mando: «Comprueba tu empuñadura, mira tu línea de visión». Una fila de mujeres y niñas —algunas con protectores auditivos rosas— disparan cinco proyectiles con pistolas de 9 mm mientras repiten ejercicios que simulan situaciones reales: disparar desde el suelo boca abajo, desde la espalda, recargar con rapidez. La mezcla de edades llega desde adolescentes de 13 años hasta mujeres de 65; la motivación que las reúne es la misma: aprender a protegerse en un país donde la violencia de género fue declarada «catástrofe nacional».

El telón de fondo: cifras que no se pueden ignorar

Sudáfrica registra algunas de las tasas de femicidio más altas del mundo. Según datos de ONU Mujeres, las tasas de homicidios de mujeres son entre cinco y seis veces superiores al promedio mundial. Un estudio nacional publicado en 2022 por el Human Sciences Research Council encontró que más del 35% de las mujeres de 18 años o más han sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida (fuente: Human Sciences Research Council, 2022). Además, organizaciones como Sonke Gender Justice estiman que alrededor de 15 mujeres mueren cada día en Sudáfrica como consecuencia de la violencia de género.

De víctimas a actrices de su propia seguridad

Las historias personales que ilustran estas cifras son conmovedoras y determinantes. Sunette du Toit, una abuela de 51 años, comenzó entrenamiento con armas después de sobrevivir a una invasión domiciliaria donde cinco hombres la ataron y saquearon su casa. «No estaba en condiciones de defenderme en ese momento», cuenta Sunette; «tuve que hacer esto para recuperar mi confianza y poder moverme en público e incluso en mi propia casa sin sentirme vulnerable». Para muchas participantes, las clases representan también una red de apoyo: «es como una familia», dice una de ellas.

Opciones diversas: armas reguladas y artes marciales

En Sudáfrica, la posesión de armas está regulada: para solicitar una autorización con fines de defensa personal, el solicitante debe ser mayor de 21 años, pasar pruebas de aptitud y someterse a controles de antecedentes. Aun así, la frustración con la respuesta estatal impulsa a mujeres a entrenarse por su cuenta. Aparecen así talleres especializados, desde entrenamiento con armas en polígonos como Lone Operator hasta clases de jiujitsu en Johannesburgo donde, como explica Tatiana Leyka, de 33 años, practican escapar de estrangulamientos, evitar ser acorraladas contra paredes y otras maniobras para huir de agresores.

La doble cara de la autodefensa

El movimiento hacia la autodefensa tiene dos caras. Por un lado, dota a muchas mujeres de mayor confianza y herramientas para la evasión y la supervivencia: «Nos da mayor conciencia y nos ayuda a percibir una amenaza más temprano», afirma Stephanie Graham, instructora de jiujitsu. Por otro lado, líderes de organizaciones como Sonke Gender Justice advierten que esta tendencia no puede sustituir la responsabilidad del Estado de investigar, detener y enjuiciar a los agresores. Mpiwa Mangwiro-Tsanga, del área de desarrollo de políticas en Sonke, afirma que cuando las mujeres se ven obligadas a cargar con la solución «esto termina por gravar todavía más a quienes ya están sobrecargadas».

Déficits del sistema: políticas con lagunas entre el papel y la práctica

El presidente Cyril Ramaphosa declaró la violencia contra mujeres y niñas «una catástrofe nacional», lo que permite a las autoridades reasignar fondos y priorizar medidas. Sin embargo, los activistas subrayan una desconexión entre la ambición política y la implementación real. La falta de refugios suficientes y de recursos para las supervivientes demuestra que, muchas veces, las políticas progresistas sólo existen sobre el papel. En palabras de una activista citada por organizaciones sudafricanas, «el Estado gasta más en el agresor arrestado que en la superviviente que lo sufrió».

Problemas en la administración de justicia

El sistema judicial sudafricano presenta serias deficiencias en la persecución de delitos sexuales. Amnesty International indicó que la tasa de condenas por violación es extremadamente baja: en 2021, solo alrededor de un 8% de los casos denunciados acabaron en condena (fuente: Amnesty International). Muchas denuncias se abandonan durante el proceso, y un número significativo no llega a ser procesado, lo que refuerza la desconfianza hacia las instituciones encargadas de la protección ciudadana.

Secretos, estigmas y decisiones personales

La necesidad percibida de protegerse lleva a algunas mujeres a ocultar sus entrenamientos a parejas y familiares por temor a comentarios o desaprobación. En un gimnasio de jiujitsu, el encargado Michael Palin detalla que varias mujeres dicen que reservan su excusa sobre la actividad, alegando que van al centro comercial frente al gimnasio. Otras, como Marguerite Hershensohn, acuden con su hija para sentirse más seguras: «Me alivia saber que mi hija aprende a protegerse con una arma y no depender sólo de la policía», explica Marguerite.

Reflexión ética: ¿empoderamiento o carga?

El fenómeno plantea preguntas profundas. ¿Es moralmente aceptable que la responsabilidad de la seguridad recaiga en quienes son potenciales víctimas? ¿Hasta qué punto la adquisición de armas o habilidades marciales puede reproducir o agravar dinámicas de violencia? Activistas y expertos subrayan que las medidas individuales —por útiles que sean— no abordan las raíces del problema: desigualdades socioeconómicas, actitudes patriarcales arraigadas y deficiencias institucionales.

¿Qué soluciones son necesarias y urgentes?

1. Fortalecer la administración de justicia: mejorar las investigaciones forenses, acortar los plazos procesales y aumentar la tasa de condenas mediante recursos y capacitación policial y judicial.
2. Invertir en refugios y apoyo a supervivientes: aumentar la cantidad y calidad de espacios seguros, atención psicológica y asesoría legal para quienes huyen de agresiones.
3. Programas de prevención: educación en igualdad de género desde la infancia, campañas que confronten actitudes patriarcales y programas de intervención temprana en comunidades vulnerables.
4. Transparencia en políticas públicas: auditorías independientes de los fondos destinados a la violencia de género y seguimiento público de resultados.
5. Acceso responsable a la autodefensa: regulación, formación segura y programas que incluyan no solo técnicas de defensa sino también evaluación de riesgos y apoyo psicosocial.

Voces que reclaman un cambio

La narrativa dominante entre las mujeres que se entrenan es la búsqueda de autonomía: aprender a moverse con menos miedo y recuperar el control sobre su vida cotidiana. Sin embargo, esa autonomía no debe convertirse en una condena silenciosa que exonere al Estado de sus obligaciones. Como resume con crudeza Mpiwa Mangwiro-Tsanga de Sonke Gender Justice: la carga no puede recaer siempre sobre las sobrevivientes.

Mientras tanto, en polígonos y salas de gimnasia, mujeres de todas las edades continúan reuniéndose para practicar técnicas que, esperan, les permitan vivir un poco más seguras. Esa respuesta colectiva contiene tanto dignidad como urgencia: la dignidad de no resignarse a ser víctima y la urgencia de que la sociedad y las instituciones cumplan con su parte para que, algún día, la autodefensa deje de ser una necesidad cotidiana y se convierta en una elección rara.

Fuentes y lectura adicional: ONU Mujeres, Human Sciences Research Council (Sudáfrica), Amnesty International, Sonke Gender Justice.