Gases lacrimógenos y hogares en el fuego cruzado: el caso de Portland que redefine los límites del control de multitudes

La decisión de una jueza federal en Oregon que restringe el uso de gases lacrimógenos y otros agentes químicos por parte de oficiales federales cerca de un edificio de inmigración en Portland ha abierto un debate clave: ¿puede el Estado emplear dispositivos de control de multitudes sin vulnerar el derecho de quienes viven alrededor? Más allá del caso puntual, la resolución pone en el centro cuestiones médicas, legales y éticas que repercuten en ciudades de todo el país donde protestas y operaciones federales conviven con viviendas, escuelas y ancianos.

El fallo y sus fundamentos

El viernes, la jueza Amy Baggio emitió una medida cautelar preliminar que limita la utilización de municiones químicas por parte de agentes federales cuando su empleo pueda “alcanzar” un complejo de vivienda asequible llamado Gray’s Landing, situado a escasa distancia del edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland. Según la propia jueza, no se trata de un fallo sobre el derecho a protestar, sino de las alegaciones de los residentes: exposición reiterada a agentes químicos que les causó síntomas físicos y psicológicos, contaminación de sus viviendas y confinamiento dentro de sus domicilios.

La orden impide el empleo de dichos químicos en cantidades que probablemente lleguen al complejo, salvo cuando sea necesario para responder a una amenaza inminente a la vida. En sus palabras: “La Corte reconoce que una medida cautelar preliminar es un remedio extraordinario, pero este es un caso extraordinario.” (Orden judicial, marzo 2025).

El relato de los afectados: salud y miedo en casa

Los demandantes —la administración del edificio y varios inquilinos— relataron que, tras meses de manifestaciones frente al edificio federal, los gases y aerosoles liberados penetraban sus apartamentos. Los testimonios incluyeron dificultad para respirar, tos, ojos ardientes, urticaria, ataques de ansiedad e incluso la necesidad de usar mascarillas antigás dentro del hogar. De los 237 residentes del complejo, cerca de un tercio tiene 63 años o más; el 20% de las unidades están reservadas para veteranos de bajos ingresos y el 16% de los inquilinos se identifica como discapacitado, según documentos judiciales.

Este panorama no solo implica molestias temporales: la exposición repetida a agentes como el gas lacrimógeno (CS) o el agente OC (oleorresina de capsicum, base del spray pimienta) puede agravar condiciones respiratorias preexistentes —asma, EPOC— y provocar estrés postraumático, especialmente si la exposición ocurre dentro del hogar, un espacio que legalmente debería ser de refugio y seguridad.

Qué dicen las autoridades y la contraparte legal

Las agencias demandadas —ICE y el Departamento de Seguridad Nacional— argumentaron en sus documentos que los dispositivos de control de multitudes fueron desplegados en respuesta a protestas que, en ocasiones, fueron “violentas, obstructivas o en violación” de órdenes de dispersión. A juicio del gobierno, aceptar la teoría de los demandantes implicaría que “los agentes federales violarían la Constitución siempre que dispositivos aéreos de control de multitudes se desvíen involuntariamente al interior de hogares o negocios, incluso si su uso es legal.”

El juicio plantea, por tanto, una tensión clásica: la facultad del Estado para restablecer el orden frente a la obligación de proteger derechos individuales y la integridad física de personas no implicadas en la protesta.

Historia y uso de agentes químicos en control de multitudes

El empleo de agentes irritantes para dispersar multitudes tiene décadas de uso por fuerzas policiales en el mundo occidental. El gas lacrimógeno CS fue desarrollado en el siglo XX y comenzó a usarse extensamente tras la Segunda Guerra Mundial como herramienta no letal de control civil. Sin embargo, su calificación como “no letal” no implica ausencia de riesgos: según múltiples estudios médicos y reportes de organizaciones de derechos humanos, la exposición masiva y repetida puede causar lesiones o complicaciones graves, sobre todo en niños, ancianos y personas con condiciones médicas crónicas.

En Estados Unidos, durante las protestas de recientes años —incluidas manifestaciones por justicia racial y protestas antiinmigración— se reportaron múltiples episodios donde gases y agentes químicos alcanzaron zonas residenciales, estaciones de transporte y hospitales, lo que alimentó demandas legales y órdenes judiciales que buscan poner límites y protocolos más estrictos para su uso.

Impacto sanitario documentado

Si bien es difícil medir con precisión el daño acumulado en cada caso, la literatura médica describe efectos agudos (lagrimeo intenso, tos, náuseas, broncoespasmo) y potenciales efectos a mediano plazo tras exposiciones repetidas. Un informe del ámbito médico forense y de salud pública establece que las poblaciones vulnerables —niños, embarazadas, mayores y personas con enfermedades respiratorias— pueden experimentar resultados más severos.

Además, el daño psicológico asociado —ansiedad, ataques de pánico, sensación de inseguridad en el propio hogar— tiene efectos sociales y económicos tangibles: pérdida de jornadas laborales, incremento en consultas médicas y desplazamientos temporales.

Implicaciones legales: precedentes y límites constitucionales

El fallo de Baggio añade un precedente relevante: las autoridades pueden ser obligadas a calibrar tácticas de control de multitudes no solo en función de la situación inmediata de la protesta, sino también considerando el impacto incidental sobre terceros. Esto conecta con principios constitucionales sobre el derecho a la vida, la propiedad y el goce pacífico del hogar.

Ya existen procedimientos y limitaciones en otros ámbitos: tribunales han impuesto condiciones a la policía local en el uso de fuerza para evitar daños colaterales (por ejemplo, restricciones en el uso de granadas aturdidoras en espacios cerrados o en presencia de civiles). La novedad aquí es aplicar esa misma lógica frente a agentes federales en el contexto de instalaciones específicas, lo que podría empujar a revisar protocolos operativos y formación sobre dispersión de multitudes y minimización de daños.

¿Qué medidas prácticas pueden adoptar las autoridades?

• Definición estricta de umbrales: limitar el uso de agentes químicos únicamente ante amenazas concretas e inminentes a la vida, documentadas por mando operativo.
• Evaluación de riesgo predespliegue: identificar la presencia de poblaciones vulnerables o instalaciones críticas en la zona de dispersión y ajustar tácticas.
• Comunicación y coordinación local: coordinar con autoridades municipales y servicios de emergencia para minimizar impactos colaterales y permitir evacuaciones seguras si fuera necesario.
• Uso de alternativas menos dañinas: priorizar técnicas de desescalada, barreras físicas y acciones de inteligencia para aislar a los individuos violentos sin exponer a la población general.
• Rendición de cuentas y transparencia: registrar despliegues, unidades utilizadas y evaluaciones posteriores para facilitar supervisión judicial y pública.

Balance político y social

El caso de Portland llega en un momento de alta polarización sobre la presencia federal en ciudades y sobre cómo gestionar protestas masivas. Para muchos residentes y defensores de derechos civiles, la medida cautelar es una victoria que reconoce el dolor y el riesgo al que fueron sometidos vecinos ajenos a la protesta. Para otros, incluidos mandos federales y funcionarios que defienden operaciones en instalaciones sensibles, la decisión plantea una potencial restricción operativa en contextos donde consideran esencial la intervención en la seguridad nacional o migratoria.

El desafío será encontrar reglas operativas que preserven la capacidad de respuesta de las autoridades sin sacrificar la salud y los derechos de quienes, por proximidad geográfica, terminan siendo víctimas colaterales.

Mirada hacia adelante

La medida cautelar permanecerá mientras avanza la demanda, y es probable que el caso sirva como barómetro para litigios similares en otras ciudades. Si los tribunales siguen reconociendo el daño incidental que agentes químicos ocasionan a residentes, las fuerzas federales y locales tendrán que repensar protocolos, equipos y la priorización de alternativas. Al mismo tiempo, el debate público reclamará mayor transparencia y políticas que protejan a los más vulnerables.

En definitiva, el episodio de Portland no es sólo sobre una táctica policial: es sobre el derecho a un hogar seguro, la responsabilidad del Estado y la forma en que una democracia equilibra seguridad y libertades civiles en tiempos de protesta. Las soluciones técnicas (mejores protocolos, equipo y formación) deben ir acompañadas de un marco legal y ético claro que evite que pueblos y barrios queden, literalmente, en el fuego cruzado.