Órdenes de protección por violencia con armas en Hawái: una herramienta infrautilizada frente al aumento de muertes por fuego

En los últimos años Hawái ha visto un incremento preocupante en las muertes relacionadas con armas de fuego, con un aumento aproximado del 40% en la última década. Frente a ese panorama, existe una herramienta legal diseñada específicamente para prevenir hechos trágicos: la orden de protección por violencia con armas, conocida como "red flag petition". Sin embargo, seis años después de la entrada en vigor de la ley estatal, ese mecanismo ha sido invocado apenas en 13 ocasiones. ¿Por qué una medida potencialmente salvavidas está siendo tan poco utilizada y qué están proponiendo los legisladores para revertirlo?

Qué son las órdenes de protección por violencia con armas

Las órdenes de protección por violencia con armas permiten a un tribunal ordenar la retirada temporal de armas de fuego a una persona cuando existen indicios razonables de que representa un peligro para sí misma o para otros. A diferencia de una orden de restricción común, que suele requerir un acto violento o una amenaza explícita, las órdenes de protección por violencia con armas pueden solicitarse antes de que ocurra cualquier acto, como una medida preventiva.

Un uso sorprendentemente bajo en Hawái

Desde la aprobación de la ley en 2020, solo se han presentado 13 peticiones a nivel estatal. De esas, la mayoría no provino de los departamentos de policía: según registros judiciales consultados, la Policía de Honolulu y la del condado de Kauaʻi nunca han presentado una petición, y solo seis solicitudes han sido presentadas por agentes de la ley (cinco en la Isla Grande y una en Maui). Este bajo uso contrasta con el propósito de la norma y con la gravedad del problema: entre 2018 y 2024, más de 430 personas murieron por armas de fuego en Hawái, y aproximadamente 230 de esas muertes fueron suicidios relacionados con armas (datos del CDC) (fuente: Centers for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov).

¿Por qué hay tan pocas solicitudes?

Las razones son múltiples y complejas. Muchas tienen que ver con falta de conocimiento público, confusión entre los propios policías sobre cómo usar la herramienta, y barreras en la administración judicial que dificultan la tramitación eficiente de las peticiones.

• Desconocimiento público: familiares, compañeros de vivienda o de trabajo y profesionales de la salud a menudo desconocen que pueden solicitar una orden cuando observan señales de crisis.
• Capacitación policial insuficiente: la Policía de Honolulu ha reconocido que no todo el personal recibe formación sobre estas órdenes y que la información sobre el procedimiento puede ser difícil de localizar incluso para agentes (declaraciones públicas de la institución a medios locales).
• Estigma y reticencia a involucrar a la policía: algunas personas temen las consecuencias de llamar a las autoridades, ya sea por desconfianza o por temor a criminalizar a un ser querido con problemas de salud mental.
• Falta de recursos en los tribunales: sin sistemas rápidos y claros para procesar estas órdenes, la medida preventiva pierde eficacia.

Iniciativas legislativas: qué propone el proyecto de ley HB 2062

Ante la evidente brecha entre la existencia de la herramienta y su implementación práctica, representantes en la Cámara estatal han promovido el proyecto HB 2062, que persigue varios objetivos:

1. Financiar campañas de concienciación pública para explicar qué son las órdenes de protección por violencia con armas y cómo usarlas.
2. Asignar fondos a la Department of Law Enforcement y a la judicatura para agilizar el trámite judicial de estas peticiones y facilitar su implementación en todos los condados.
3. Apoyar iniciativas complementarias de prevención, como compra de armas no deseadas (gun buybacks) y programas educativos.

Según la propuesta, el Departamento de Leyes pidió 500.000 dólares para dos años, con un desglose preliminar que incluye alrededor de 100.000 dólares en campañas de concienciación durante el primer año y 150.000 dólares destinados a operaciones de compra de armas (declaraciones del Departamento recogidas por periódicos locales).

¿Es suficiente una campaña informativa?

Expertos en prevención de suicidios y violencia con armas sostienen que informar es necesario, pero no suficiente. Kelly Drane, investigadora del Giffords Law Center —organización especializada en políticas de control de armas— ha dicho que “necesitamos muchas herramientas en nuestra caja: esta es una herramienta, no la única” (declaración pública). Drane subraya que la comunicación debe explicar no solo la existencia de la orden, sino también el proceso práctico: quién puede solicitarla, qué pruebas se requieren y qué consecuencias tiene para la persona afectada.

Además, varios especialistas reiteran que las órdenes deben integrarse en una respuesta holística: retirar temporalmente las armas puede evitar una tragedia inmediata, pero no resuelve las causas subyacentes de la crisis, como problemas de salud mental, aislamiento social o falta de acceso a tratamiento.

El papel de la policía y la experiencia de otros estados

En muchos lugares del país, las órdenes de protección por violencia con armas resultan más efectivas cuando las solicita la policía o un equipo especializado dentro de las fuerzas de seguridad. Investigaciones y experiencias en estados como Washington o condados como Broward en Florida muestran que la probabilidad de que un tribunal conceda una orden aumenta cuando está respaldada por un informe policial bien documentado.

Tim Huyke, exfuncionario de las fuerzas del orden que apoyó la propuesta legislativa de Hawái, afirmó que prefiere “errar por el lado de la precaución” y que estas órdenes pueden servir como un periodo de "enfriamiento" para una situación potencialmente letal (declaración a medios locales). Su argumento es que la formación policial y protocolos claros facilitarían una utilización más frecuente y eficaz de la ley.

Complementar, no sustituir: una mirada desde la salud pública

Jeanelle Sugimoto-Matsuda, profesora de la Universidad de Hawái y codirectora del Prevent Suicide Hawaiʻi Task Force, destaca que la orden es “un gran paso de emergencia”, pero insiste en que desde la salud pública se requieren estrategias adicionales: detección temprana, acceso ampliado a atención de salud mental, intervención en crisis y seguimiento y coordinación con servicios sociales.

“Si un tribunal ordena la retirada temporal de armas, esa situación debería aprovecharse para conectar a la persona con recursos terapéuticos y de contención”, señaló Sugimoto-Matsuda en declaraciones recogidas por medios asociados. En otras palabras: la orden debe ser un punto de entrada a un trayecto de apoyo integral, no un final en sí misma.

Qué debería incluir una campaña pública eficaz

Si Hawái decide invertir en difusión, los expertos recomiendan varias líneas de trabajo:

• Mensajes claros y desmitificadores que expliquen qué hacen y qué no hacen las órdenes (por ejemplo, que son temporales y que no equivalen automáticamente a cargos penales).
• Formación dirigida a policías, fiscales y personal judicial para acelerar y estandarizar la tramitación.
• Materiales específicos para profesionales de la salud mental, trabajadores sociales y comunidades vulnerables, que a menudo son quienes detectan señales tempranas de riesgo.
• Eventos comunitarios y reuniones con organizaciones locales, incluidas las que trabajan con veteranos y personas en situación de vulnerabilidad, donde la posesión de armas puede ser común y las relaciones con las fuerzas del orden tensas.

Medir el impacto: la necesidad de datos y evaluación

Para justificar y mejorar las inversiones públicas, hará falta un sistema de seguimiento riguroso: cuántas peticiones se presentan, quiénes las solicitan, cuántas son concedidas, y sobre todo, si su aplicación se relaciona con una reducción en intentos y muertes por suicidio u otros episodios de violencia.

La vigilancia y la transparencia permitirán identificar barreras administrativas, zonas geográficas con mayor necesidad de capacitación y perfiles demográficos más expuestos al riesgo. Sin datos sólidos, las políticas públicas se basan en buenas intenciones pero carecen de eficacia demostrada.

Reflexión final: una herramienta con potencial pero condicionada a la implementación

Las órdenes de protección por violencia con armas representan una oportunidad real para prevenir muertes evitables en Hawái, especialmente suicidios vinculados a armas de fuego, que constituyen la mayoría de las fatalidades. No obstante, su potencial solo se realizará si se invierte en educación pública, formación policial, capacidad judicial y coordinación con servicios de salud mental. Como resumió un defensor de la medida: no es la única herramienta, pero es una pieza esencial de un enfoque más amplio.

La pregunta que enfrentan legisladores, policías y comunidades es doble: ¿vamos a dejar que una herramienta útil siga en un cajón por falta de conocimiento y recursos, o vamos a integrarla en una estrategia integral para salvar vidas?