Cuando la fuerza encuentra a la Primera Enmienda: el freno judicial al uso de gases lacrimógenos en las protestas de Portland

POR QUÉ IMPORTA: La reciente orden preliminar emitida por el juez federal Michael Simon en Oregón impone restricciones claras al uso de gases lacrimógenos, spray de pimienta y munición proyectil por parte de agentes federales en las protestas frente al edificio de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Portland. Más que una decisión técnica, la resolución plantea preguntas esenciales sobre el equilibrio entre la seguridad y las libertades civiles, sobre el papel de la fuerza en manifestaciones y sobre la protección de periodistas y manifestantes pacíficos.

Contexto y alcance de la orden

Tras una audiencia de tres días, el juez Michael Simon emitió una orden preliminar que limita el uso de agentes químicos y munición por parte de agentes federales en el área de las protestas frente al edificio de ICE en Portland. La decisión responde a una demanda presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU) de Oregón en nombre de manifestantes y periodistas independientes que alegaron haber sido rociados con OC Spray (spray de pimienta), alcanzados por munición tipo “pepper-ball” y objetivo de gas lacrimógeno sin advertencias previas.

Entre las restricciones más relevantes que impuso el juez están:

• Prohibición del uso de gas lacrimógeno y proyectiles como pepper-balls salvo cuando haya una amenaza inminente de daño físico.
• Prohibición de disparar a la cabeza, cuello o torso con munición menos letal, salvo que el uso mortal de la fuerza esté legalmente justificado.
• Limitación del uso de spray de pimienta de forma indiscriminada contra grupos, de modo que solo pueda dirigirse a quienes cometen actos violentos o resisten activamente el arresto.
• Reconocimiento explícito de que acciones como el «trespassing», negarse a moverse o rehusar dispersarse constituyen resistencia pasiva, no resistencia activa.

El trasfondo: protestas, federalización y tácticas de control

Desde 2020, y con renovada intensidad en 2024-2026 debido a cambios en la política migratoria y operativos federales, ciudades como Portland han sido escenarios de confrontaciones entre manifestantes y fuerzas federales. La federalización de la respuesta —es decir, el despliegue de agentes federales en ciudades frente a protestas locales— ha originado debates jurídicos y políticos sobre autoridad, jurisdicción y límites del uso de la fuerza.

Organizaciones de derechos civiles han documentado incidentes en los que se emplearon agentes químicos y munición menos letal contra multitudes donde había periodistas acreditados y manifestantes pacíficos. En el caso que motivó la orden, los demandantes presentaron videos que, según el juez, muestran a oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) rociando OC Spray directamente al rostro de manifestantes no violentos y disparando munición hacia multitudes, sin advertencias de dispersión previas.

Protección de la libertad de expresión y del periodismo

Una clave de la resolución es su alcance provisional de clase: cubre a todos los que hayan protestado pacíficamente o reportado sobre las manifestaciones frente al edificio de ICE en los últimos meses, lo que extiende la protección más allá de los demandantes originales. Esto subraya la dimensión colectiva del derecho a la protesta y del acceso a la información en contextos de conflicto.

Los periodistas freelance han sido víctimas invisibles en muchas confrontaciones. En este caso, su testimonio fue determinante: reporteros que realizaban cobertura fueron alcanzados por sprays y proyectiles, afectando su capacidad de documentar los hechos y, en ocasiones, su seguridad física. La orden del juez reconoce implícitamente que el ataque a la prensa tiene un efecto de chilling —es decir, disuasorio— sobre la circulación de información.

¿Qué criterios establece la orden para el uso de la fuerza?

El juez Simon fijó un umbral más estricto para la utilización de agentes químicos y proyectiles: que exista una amenaza inminente de daño físico. Además, precisó que el uso de munición dirigida al torso o cabeza solo sería permisible cuando el agente tenga autorización legal para emplear fuerza letal. Estos criterios buscan evitar respuesta represiva frente a manifestantes que, aunque desafiantes, no representan un peligro físico inmediato.

Implicaciones jurídicas y prácticas

La orden preliminar tendrá vigencia mientras el proceso judicial avance, y puede sentar precedentes en casos futuros sobre tácticas de control de multitudes. Algunas implicaciones:

• Rendición de cuentas: Obliga a que haya registros y estándares más claros sobre cuándo y cómo se emplean agentes químicos y proyectiles.
• Política operacional: Las agencias federales tendrán que revisar sus protocolos y formación para ajustarse a los criterios judiciales o enfrentar sanciones.
• Protección de derechos civiles: Fortalece la jurisprudencia que protege la protesta pacífica y el trabajo de periodistas en contextos de alto riesgo.

Voces encontradas: seguridad pública vs. libertades civiles

Las autoridades federales, por su parte, han defendido que los agentes siguen sus protocolos y usan la fuerza mínima necesaria para controlar situaciones peligrosas. En declaraciones anteriores, el DHS ha afirmado que actúa en cumplimiento de la ley y de su formación operativa.

Por el otro lado, organizaciones civiles y los propios demandantes sostienen que el empleo de spray y proyectiles en multitudes no solo fue desproporcionado, sino que constituyó una táctica de intimidación destinada a silenciar la disidencia. Como señaló el juez, el material probatorio «unambiguously show[s] DHS officers spraying OC Spray directly into the faces of peaceful and nonviolent protesters»; esta apreciación judicial pone el foco en la evidencia visual como herramienta central del litigio.

Comparaciones históricas y contexto nacional

Históricamente, el uso de agentes químicos y tácticas de control de multitudes ha sido objeto de controversia en Estados Unidos: desde las manifestaciones anti-guerra y los disturbios civiles del siglo XX hasta las protestas contemporáneas por justicia racial y migratoria. En 1991, por ejemplo, el uso de gas lacrimógeno en disturbios estudiantiles y prisiones ya había generado reformas en protocolos policiales. Más recientemente, tras las protestas de 2020, varias jurisdicciones revisaron sus políticas sobre gas y munición menos letal.

Estadísticamente, los datos sobre el uso de fuerza menos letal son fragmentarios a nivel federal. No existe un registro público unificado que documente con consistencia cada uso de gas lacrimógeno o munición a nivel nacional, lo que dificulta evaluaciones cuantitativas amplias. Esta falta de transparencia ha sido una demanda recurrente de grupos de vigilancia y derechos civiles.

Qué buscar en los próximos pasos

El fallo es preliminar, por lo que el litigio continuará y podría llegar a instancias superiores. Algunos puntos a observar en el desarrollo del caso son:

1. Si el gobierno federal apela la orden y en qué términos lo hace.
2. Si otras cortes adoptan criterios similares en casos relacionados con la federalización de respuestas a protestas.
3. Cambios operativos reales en terreno: ¿modifican los agentes su conducta? ¿se documentan menos incidentes contra manifestantes y periodistas?

Reflexión final (sin decir “Conclusión”)

La orden del juez Simon no solo limita tácticas puntuales; propone un marco jurídico para vigilar el equilibrio entre garantía de orden público y respeto a derechos constitucionales fundamentales. En sociedades democráticas, esa tensión es inevitable, pero su resolución —medida por tribunales, políticas y prácticas policiales— determina si la protesta continúa siendo una forma efectiva de expresión ciudadana o se vuelve un riesgo insostenible para quienes se atreven a alzar la voz.

Para quienes siguen los debates sobre libertad civil y seguridad, la señal es clara: las herramientas del control de multitudes estarán bajo mayor escrutinio judicial, y la evidencia audiovisual y los testimonios en primera persona continuarán jugando un papel decisivo en definir los límites de la autoridad.