Licencia para matar: cómo el sistema de California permitió a conductores peligrosos seguir en la vía

El choque de noviembre de 2022 en Roseville, California, que costó la vida a un niño de 23 meses, destapó más que una tragedia: puso sobre la mesa la insuficiente respuesta institucional ante conductores con historiales reiterados de conducción temeraria. El presunto responsable, Kostas Linardos, tenía delante de sí un registro de infracciones y colisiones que, según la fiscalía del condado de Placer, debería haber motivado una intervención del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV). En cambio, la investigación muestra que ese mismo departamento renovó su licencia apenas un año después de que la fiscalía presentara cargos por homicidio vehicular.

Un historial ignorado

Los expedientes judiciales del caso recogen que los fiscales ya contaban con registros externos que mostraban al menos 16 infracciones previas a Linardos —incluyendo exceso de velocidad, conducción temeraria y carreras— y que estuvo implicado en al menos cuatro colisiones antes del choque mortal. Además, existen indicios en pruebas policiales —como videos de cámara de tablero— que, según los investigadores, muestran comportamientos reiterados de conducción agresiva: seguir de cerca, cambios bruscos de carril a gran velocidad y gestos de ira hacia otros conductores.

La respuesta del DMV: secretismo y negación

Cuando la fiscalía solicitó al DMV todas las grabaciones, cartas y audiencias relacionadas con Linardos, el departamento puso resistencia. Inicialmente respondió con una impresión de una sola página del historial de conducción en la que no constaban las múltiples infracciones que ya estaban en poder de la fiscalía. Luego alegó que muchos documentos podrían haber sido eliminados por cumplir con los periodos de retención (por ejemplo, registros de audiencias que, según el DMV, se conservan solo 12 meses).

La disputa judicial llevó el asunto ante un juez, que finalmente ordenó al DMV entregar lo que tuviera. En audiencia, la abogada del DMV llegó incluso a afirmar que la agencia no tenía registros de ninguna investigación sobre Linardos tras el choque —ni constaba que se hubiera celebrado una audiencia administrativa para evaluar si debía perder su licencia—, lo que generó estupefacción entre los fiscales y observadores.

Datos que confirman una práctica generalizada

El caso de Linardos no es un episodio aislado. CalMatters, en una investigación titulada "License to Kill", encontró que entre 2022 y 2024 el DMV abrió aproximadamente 3.300 investigaciones por conductores involucrados en choques fatales o con lesiones graves. Ese número contrasta con las casi 55.500 colisiones registradas por el Safe Transportation Research and Education Center (SafeTREC) de la Universidad de California, Berkeley, en el mismo periodo.

En términos simples, eso sugiere que el DMV inició pesquisas en solo alrededor del 6% de los incidentes donde hubo muertes o lesiones graves. Esa discrepancia plantea una pregunta urgente: ¿por qué la agencia, que por ley “puede llevar a cabo una investigación” cuando un conductor provoca una colisión grave, ejerce tan poco esa facultad?

Explicaciones y argumentos oficiales

El DMV ha señalado que investiga a los conductores que contribuyeron a choques o cuando la culpabilidad no quedó clara tras la actuación policial. La agencia también sugirió que algunos siniestros no requieren intervención administrativa —por ejemplo, cuando un conductor muere en el choque y no hay posibilidad de sancionarlo— o cuando un autor del siniestro no ha sido identificado (hit-and-run).

No obstante, esos argumentos no alcanzan para explicar la inmensa brecha entre choques graves y casos investigados. Activistas y especialistas en seguridad vial consideran “asombroso” que la agencia abra tan pocas investigaciones. Marc T. Vukcevich, director de políticas estatales de la agrupación Streets For All, declaró que es sorprendente la escasez de actuaciones del DMV ante conductores que matan o lesionan gravemente (Streets For All, comunicado público).

La necesidad probatoria en los juicios por homicidio vehicular

Para que la fiscalía consiga una condena por homicidio vehicular con agravantes —por ejemplo, cuando busca probar "negligencia grave" o conducta consciente de riesgo—, necesita demostrar que el acusado conocía los riesgos y aún así siguió conduciendo de manera extremadamente imprudente. En ese sentido, toda comunicación previa entre el conductor y el DMV, como cartas de advertencia, citaciones a audiencias administrativas o antecedentes de suspensiones, puede ser prueba clave para establecer conocimiento y culpabilidad moral.

En el caso Linardos, los fiscales argumentaban que los documentos del DMV podrían mostrar que el acusado había sido advertido o sancionado previamente, lo que reforzaría la tesis de que actuó con desprecio por la vida ajena. Que el DMV respondiera que no conservaba esas comunicaciones o que no había investigado el caso socavó, a ojos de la fiscalía, la posibilidad de reconstruir la trayectoria administrativa del conductor.

Impacto social y político

El asunto trasciende la arena judicial. Los contribuyentes de California pagan tarifas de registro y multas que, en teoría, deberían respaldar un sistema que protege la seguridad pública. Cuando esa institución clave —el DMV— parece no ejercer plenamente su autoridad para retirar licencias peligrosas, la confianza pública se erosiona.

Morgan Gire, fiscal distrital de Placer, expresó con dureza su visión sobre la postura del DMV: según él, la agencia ha puesto obstáculos posiblemente para evitar revelar que “hay demasiados conductores que han causado tanto daño a nuestra sociedad” y que el DMV pudo haber actuado con más determinación (declaración pública de la fiscalía del condado de Placer).

Comparativas históricas y reformas pendientes

La facultad administrativa de suspender o revocar licencias tiene historia en Estados Unidos como un complemento a las sanciones penales: cuando la acción criminal no resulta en suspensión inmediata, la vía administrativa puede proteger la seguridad vial. Sin embargo, las políticas estatales varían ampliamente. Algunas jurisdicciones activan suspensiones automáticas tras ciertos delitos de tránsito; otras, como California, dejan mayor discrecionalidad al DMV.

Entre las reformas propuestas por especialistas en seguridad vial figuran:

• Establecer criterios más claros y obligatorios para investigar automáticamente choques con muerte o lesiones graves.
• Extender los plazos de retención de registros administrativos relacionados con audiencias y comunicaciones del DMV.
• Crear mecanismos de transparencia que permitan a fiscales y al público conocer cuántos y cuáles casos investiga el DMV y por qué motivos no interviene en otros.

Voces desde la comunidad: familias y defensores exigen rendición de cuentas

Para las familias afectadas, la discusión técnica sobre retenciones y estadísticas tiene un rostro humano. La madre del menor fallecido en Roseville, como otras víctimas, enfrenta no solo el dolor de la pérdida sino también la frustración de ver al presunto responsable recibir un trato que parece inconexo con su historia de infracciones.

Organizaciones de seguridad vial y defensores de víctimas insisten en que no hay excusa para que un historial de múltiples infracciones y colisiones no active una revisión rigurosa por parte del DMV antes de permitir la renovación de una licencia. La exigencia es doble: más acción preventiva y más transparencia sobre las decisiones administrativas.

Qué está en juego

Los datos y el caso Linardos señalan una falla sistémica con consecuencias mortales. Cuando la autoridad encargada de regular quién puede conducir evita investigar o mantiene sus procesos en la opacidad, no solo se afectan procesos judiciales: se pone en riesgo la seguridad cotidiana de los transeúntes y conductores responsables.

Reforzar la capacidad investigativa del DMV, aclarar sus criterios de actuación y elevar la transparencia son pasos indispensables si California quiere transformar la indignación en políticas concretas que eviten que tragedias como la de Roseville se repitan.

Fuentes: investigación "License to Kill" de CalMatters; datos del Safe Transportation Research and Education Center (SafeTREC) de UC Berkeley; declaraciones públicas de la fiscalía del condado de Placer y de la agrupación Streets For All.