¿Privatizar el control en los aeropuertos? Lecciones desde San Francisco frente a los cierres de gobierno

Las largas filas en los controles de seguridad y los retrasos en reclamos de equipaje que se vieron en varios aeropuertos de Estados Unidos durante el último fin de semana han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta difícil: ¿debería el país ampliar el uso de contratistas privados para operar los puntos de control bajo la supervisión de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para proteger el flujo de viajeros cuando los fondos federales se interrumpen?

Un modelo poco común que resistió el apagón

San Francisco International Airport (SFO) es uno de los cerca de dos docenas de aeropuertos que participan en el llamado Screening Partnership Program de la TSA, que permite que compañías privadas, seleccionadas por el gobierno federal, administren los controles de seguridad mientras la TSA mantiene la autoridad sobre los procedimientos y la supervisión. Según el portavoz del aeropuerto, Doug Yakel, esa estructura —donde la remuneración de los empleados corre por contrato federal— ha permitido mantener operaciones durante cierres de gobierno recientes porque “el pago ya ha sido asignado y continúa sin interrupción”.

Ese argumento suena especialmente atractivo cuando se considera que la mayoría de los aproximadamente 400 aeropuertos comerciales del país dependen de oficiales de seguridad federales empleados directamente por la TSA. Durante cierres de gobierno esas personas deben seguir acudiendo a trabajar sin recibir salario hasta que se reestablezca el financiamiento, algo que históricamente aumenta el ausentismo y ralentiza los controles conforme se prolonga el impasse.

¿Qué dice el programa y quién lo usa?

El Screening Partnership Program (SPP) exige que los empleados de las empresas privadas cumplan las mismas verificaciones de antecedentes y requisitos médicos que los potenciales oficiales federales, además de someterse a la supervisión de la TSA. Entre los aeropuertos que lo utilizan, además de SFO, se cuentan Kansas City International, Atlantic City y Orlando Sanford, aunque la mayoría de grandes hubs siguen bajo control federal.

La idea de ampliar el SPP vuelve a ganar atención en momentos en que los cierres de gobierno —y sus impactos en la fuerza laboral de seguridad— se repiten. La última paralización parcial que afectó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de la TSA, dejó a muchos empleados sin pago temporal, algo que se ha repetido en tres episodios en menos de un año.

Éxitos, limitaciones y advertencias

Para algunos expertos en seguridad aérea, SFO funciona como un litmus test (prueba de fuego). El investigador Sheldon Jacobson, cuyo trabajo contribuyó al diseño de TSA PreCheck, sostiene que la experiencia del aeropuerto —uno de los 15 más transitados de EE. UU. y un hub internacional importante— demuestra que el modelo privado bajo supervisión federal puede operar con eficiencia a gran escala y reducir la vulnerabilidad a las interrupciones por cierres de gobierno.

No obstante, la privatización no es una panacea. La American Federation of Government Employees (AFGE), que representa a los oficiales de la TSA, se opone de plano a trasladar funciones federales a empresas privadas: "Nunca abogaremos por la privatización de empleados federales. No creemos que eso funcione", dijo Johnny Jones, secretario-tesorero de la unidad negociadora del sindicato. La AFGE ha advertido que la subcontratación podría debilitar la rendición de cuentas, uniformidad y estándares impuestos tras los ataques del 11 de septiembre, además de afectar las condiciones laborales de los trabajadores (salarios, beneficios y formación), lo que podría aumentar la rotación.

Riesgos operativos y de supervisión

• Uniformidad: un sistema con múltiples contratistas podría generar variaciones entre aeropuertos en prácticas operativas, lo que complicaría la supervisión centralizada.
• Incentivos de costos: las empresas privadas enfrentan presiones para reducir gastos; si la factura se traduce en menos formación o plantillas más reducidas, la seguridad y la eficiencia podrían verse afectadas.
• Responsabilidad: aunque la TSA mantenga autoridad, la línea de responsabilidad se vuelve más compleja cuando la ejecución recae en terceros.

Alternativas y soluciones legislativas

Más allá del debate sobre privatizar o no, asociaciones del sector —incluidas la U.S. Travel Association, Airlines for America y la American Association of Airport Executives— han presionado a los legisladores para que aprueben reglas que garanticen el pago a los trabajadores de aviación independientemente del estatus de financiamiento del gobierno. Geoff Freeman, presidente de U.S. Travel Association, señaló que cada vez que Washington no logra financiar al gobierno, "estos trabajadores esenciales pagan el precio. También los viajeros. También la economía".

En otras palabras, hay quien propone soluciones legislativas que protejan la continuidad operativa sin cambiar radicalmente el modelo de empleo: pagos garantizados, fondos puente para empleados claves o mecanismos automáticos que aseguren remuneración durante ceses temporales.

Privatización total: una idea que sigue viva en la política

En el espectro político, algunos legisladores republicanos han abogado por medidas aún más radicales. Propuestas como la "Abolish TSA Act" (presentada por dos senadores) plantearon eliminar la agencia y transferir sus funciones a un nuevo organismo que supervisaría contratistas privados. Aunque esas iniciativas no prosperaron, demuestran que la privatización completa sigue siendo un tema en discusión.

La propia dirección de la TSA ha mostrado cierta apertura a debatir alternativas. La entonces funcionaria en funciones Ha Nguyen McNeill declaró en audiencias que "nada está fuera de la mesa" respecto a esquemas de privatización y que el enfoque no tiene por qué ser todo o nada: si surge un modelo privatizado que ofrezca ventajas demostrables, están dispuestos a considerarlo.

Lo que debería preguntar la sociedad antes de ampliar el modelo

Si Estados Unidos decide ampliar el uso de contratistas en los controles de seguridad, hay preguntas que deben responderse con claridad:

1. ¿Qué garantías contractuales asegurarán que la formación, las pruebas periódicas y los estándares operativos sean equivalentes en todo el país?
2. ¿Cómo se protegerán los salarios y beneficios de los trabajadores para evitar una fuga de talento y una mayor rotación?
3. ¿Qué mecanismos de supervisión y auditoría independientes garantizarán la rendición de cuentas?
4. ¿Se adoptarán medidas legislativas para asegurar la continuidad salarial de los trabajadores de aviación durante cierres de gobierno, aunque no se privatice el servicio?

Datos y contexto

Algunos datos ayudan a dimensionar el debate. Según la Administración Federal de Aviación y las estadísticas de tráfico aéreo, SFO suele ubicarse entre los 15 aeropuertos con mayor número de pasajeros en Estados Unidos, lo que lo convierte en un escenario representativo para probar escalabilidad. Por otro lado, el número de aeropuertos que emplean el SPP es reducido frente al universo total (~400 aeropuertos comerciales), lo que convierte a SFO en una excepción instructiva pero no en una norma nacional.

Además, la historia reciente muestra que los cierres de gobierno —aunque variables en duración— han provocado interrupciones crecientes: las ausencias entre oficiales de la TSA y la reducción de ritmo en los filtros han sido reportadas como causas importantes de filas y cancelaciones cuando el shutdown se prolonga.

Una conversación necesaria

El debate no se reduce a una dicotomía privatización versus servicio federal: involucra seguridad nacional, condiciones laborales, resiliencia operativa y confianza pública. SFO ha demostrado que bajo condiciones contractuales específicas es posible sostener operaciones sin la volatilidad que generan los cierres de financiación federal. Pero también ha puesto en evidencia las preguntas legítimas de sindicatos, analistas y comunidad sobre rendición de cuentas y equidad laboral.

Quizá la conclusión más prudente —y la más difícil políticamente— es que este es un buen momento para una discusión amplia: evaluar modelos mixtos, fortalecer salvaguardas laborales, diseñar contratos que prioricen la seguridad por encima del ahorro y considerar protecciones legislativas que garanticen que los trabajadores esenciales de la aviación no sean la variable de ajuste cada vez que el parlamento y la Casa Blanca no acuerdan un presupuesto.

Las próximas decisiones serán determinantes para determinar si la próxima gran temporada de viajes se vive con largas filas y cancelaciones, o con controles fluidos y una seguridad consistente. En ese cruce están la seguridad nacional, la experiencia del viajero y el futuro del empleo en la aviación.

Fuentes consultadas: sitio de la TSA sobre el Screening Partnership Program, datos públicos de tráfico aeroportuario de la Bureau of Transportation Statistics, y comunicados públicos de la AFGE (American Federation of Government Employees).