SOFA en Paraguay: análisis de un pacto que reconfigura la presencia militar estadounidense en América Latina

El 10 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por amplia mayoría un Acuerdo de Estatus de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) que permite la presencia temporal de personal militar y civil de Estados Unidos en territorio paraguayo para entrenamientos, ejercicios conjuntos y asistencia humanitaria. Con 53 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones —de un total de 80 legisladores presentes—, el texto quedó a la espera de la firma del presidente Santiago Peña para entrar en vigor.

¿Qué es un SOFA y por qué importa?

Un Acuerdo de Estatus de Fuerzas regula las condiciones legales bajo las cuales fuerzas militares extranjeras operan en un país anfitrión. Entre sus disposiciones habituales se incluyen la clarificación de jurisdicción penal sobre el personal extranjero, reglas para la importación temporal de equipo, procedimientos de visado y garantías para el tránsito del personal. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informa que ese país mantiene acuerdos de estatus similares con múltiples países del mundo, y que estos instrumentos buscan facilitar cooperación militar, logística y humanitaria (fuente: U.S. Department of State).

En el caso paraguayo, el acuerdo firmado en Washington en diciembre y ratificado por el Senado la semana previa a la votación en Diputados establece expresamente que Estados Unidos podrá tener jurisdicción penal sobre su personal durante estancias temporales, una cláusula que encendió el debate público y parlamentario.

Motivaciones declaradas: seguridad, cooperación y combates transnacionales

Los defensores del SOFA, incluidos representantes del Ejecutivo paraguayo, argumentan que la cooperación militar con Estados Unidos fortalecerá la lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y permitirá mayor capacidad de respuesta ante desastres naturales. El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay defendió el acuerdo afirmando que su propósito principal es “fortalecer la cooperación para enfrentar el crimen transnacional y el terrorismo” y negó que el pacto permita la instalación de bases militares estadounidenses en el país.

Estas razones responden a una preocupación real: Paraguay se encuentra en una región por donde transitan rutas del narcotráfico y existen grupos criminales que explotan fronteras permeables y la informalidad institucional. Tener acceso a entrenamiento, intercambio de inteligencia y asistencia logística puede ofrecer beneficios operativos a las fuerzas locales.

Preocupaciones y opositores: soberanía, impunidad y memoria social

Sin embargo, el acuerdo también ha generado rechazo. Varios legisladores y organizaciones civiles consideran que una cláusula que concede inmunidad penal a personal extranjero equivale a una erosión de la soberanía y a la creación potencial de “zonas de impunidad”. El diputado independiente Raúl Benítez resumió esta crítica durante el debate: “Creemos en la cooperación internacional, pero también en Estados fuertes, instituciones respetadas y una soberanía democrática real.” (Intervención en Cámara de Diputados, 10 de marzo de 2026).

Organizaciones sociales y de derechos humanos señalaron además el riesgo simbólico y práctico de normalizar la presencia militar extranjera en una región con historias dolorosas de intervenciones externas durante el siglo XX. En un comunicado previo a la votación, redes regionales de paz y derechos humanos advirtieron que el texto “no representa progreso en seguridad, sino la formalización de una geopolítica de impunidad que socava los pilares de la dignidad nacional”.

Contexto regional: reordenamiento estratégico en América Latina

La aprobación del SOFA en Paraguay se enmarca en un periodo de creciente interés de Washington por consolidar alianzas en América Latina. Desde la Guerra Fría, la presencia militar y la cooperación en seguridad han sido herramientas de la política exterior estadounidense para preservar intereses estratégicos y combatir amenazas percibidas. En años recientes, la Casa Blanca ha intentado revitalizar esos lazos frente a influencias externas y a desafíos como el narcotráfico y la migración irregular.

Es importante recordar precedentes: Estados Unidos mantiene acuerdos militares de diversa índole en la región, pero la forma y extensión de esos acuerdos varían significativamente según la historia, la política interna y la percepción pública de cada país. Para Paraguay, que históricamente no ha tenido bases militares estadounidenses en su suelo, la firma de un SOFA marca un punto de inflexión en su política de seguridad exterior.

Jurisdicción penal: el corazón del debate

La cláusula que autoriza a Estados Unidos a tener la jurisdicción penal sobre su personal mientras esté en Paraguay es la más controversial. En términos jurídicos, los acuerdos de este tipo suelen acordar que el país de origen del personal militar conserve la jurisdicción primaria o exclusiva en ciertos delitos, mientras el país anfitrión puede retener derechos en otros supuestos. Sin embargo, las diferencias terminológicas y de alcance importan: ¿se trata de inmunidad absoluta o de mecanismos de cooperación judicial?

Para buena parte de la sociedad paraguaya crítica del pacto, otorgar una inmunidad ampliada plantea la posibilidad de que agentes extranjeros cometan delitos sin que la justicia local pueda investigarlos o sancionarlos efectivamente, lo que retrotrae a escenarios de tensiones diplomáticas y reclamos de impunidad.

Balance político interno: aliados, riesgos y beneficios

Políticamente, el acuerdo constituye una victoria para el presidente Santiago Peña, considerado por observadores regionales como uno de los mandatarios más alineados con la administración estadounidense en la región en 2025–2026. Peña tiene ahora la oportunidad de validar su política exterior a través de la firma del acuerdo, pero también enfrenta el desafío de gestionar la percepción pública y las demandas por garantías constitucionales y salvaguardas democráticas.

En el Parlamento, la aprobación por amplia mayoría puede interpretarse como una combinación de disciplina partidaria, acuerdos políticos y la percepción de beneficios operacionales inmediatos. No obstante, la ausencia de un debate ciudadano más amplio —o de mecanismos de supervisión civil robustos— podría alimentar protestas y litigios futuros.

Implicaciones prácticas: entrenamiento, logística y respuesta a emergencias

Desde una óptica pragmática, un SOFA puede facilitar ejercicios conjuntos, interoperabilidad técnica y respuestas rápidas ante catástrofes naturales —un aspecto no menor en una región con eventos extremos crecientes por el cambio climático. La posibilidad de desplegar equipos especializados para apoyo logístico, evacuaciones médicas o asistencia humanitaria es atractiva en términos operativos.

Al mismo tiempo, la gestión de ese aparato cooperativo exige transparencia, control civil y cláusulas claras para evitar abusos. Establecer mecanismos públicos de información sobre ejercicios, duración de las estancias y canales de cooperación con instituciones judiciales locales puede reducir tensiones.

¿Qué puede esperarse a corto y mediano plazo?

• Firma presidencial: Se espera la rúbrica del presidente Peña en los días siguientes a la votación. Una firma acelerará la implementación administrativa del acuerdo, pero no disolverá la controversia pública.
• Implementación técnica: Los primeros periodos de la implementación —entrenamientos y ejercicios amistosos— serán decisivos para calibrar percepciones: éxito operativo puede traducirse en aceptación; incidentes o falta de transparencia, en contestación social.
• Supervisión y control: La presión de la sociedad civil y de sectores políticos críticos podría traducirse en pedidos de protocolos adicionales, auditorías y acuerdos complementarios que aclaren jurisdicción y procedimientos de rendición de cuentas.
• Reacción regional: Otros países latinoamericanos observarán con atención el desarrollo del SOFA, evaluando si existe un patrón de acuerdos similares y cómo estos impactan la soberanía y las relaciones intra-regionais.

Reflexión final: soberanía versus seguridad

El caso paraguayo sintetiza un dilema contemporáneo en política exterior: cómo equilibrar la necesidad concreta de capacidades para enfrentar amenazas transnacionales con la exigencia democrática de preservar la soberanía, la transparencia y la rendición de cuentas. Un SOFA puede ser útil si viene acompañado de garantías reales de supervisión civil, transparencia jurídica y límites claros en materia de jurisdicción penal.

Si Paraguay pretende beneficiarse de cooperación estratégica sin sacrificar su autonomía institucional, será imperativo que el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil trabajen en normas y prácticas que hagan operativa la supervisión y la rendición de cuentas. En ausencia de esas salvaguardas, cualquier cooperación, por más benigna en su intención, corre el riesgo de alimentar desconfianzas y fricciones que socaven la misma seguridad que pretende fortalecer.

Fuentes consultadas: Declaraciones parlamentarias de la sesión de la Cámara de Diputados, 10 de marzo de 2026; comunicados oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay (diciembre de 2025); información general sobre acuerdos de estatus de fuerzas, U.S. Department of State (https://www.state.gov/).