Crisis de aseguradoras pone en jaque al sistema de acogimiento familiar en California

En los últimos dos años California ha visto cómo un pilar silencioso del sistema de protección infantil se desmorona: las agencias sin ánimo de lucro que reclutan, certifican y acompañan a las familias de acogida están cerrando en masa porque no pueden afrontar primas de seguro que se han disparado tras una oleada de demandas por abusos sexuales. El resultado es una amenaza real de inestabilidad masiva para miles de niños y adolescentes que dependen de esas agencias para recibir atención especializada, continuidad y protección.

¿Qué ocurrió y por qué importa?

Desde 2024 más de dos docenas de organizaciones que sirven como agencias de familia de acogida han cerrado en 13 condados de California, según datos del Departamento de Servicios Sociales del estado. Estas agencias, conocidas en inglés como foster family agencies (FFA), representan un puente fundamental entre los sistemas de bienestar infantil y las familias disponibles para recibir a menores removidos de hogares por abuso o negligencia.

La crisis tiene una raíz clara y reciente: tras la aprobación en 2019 de una legislación que amplió la posibilidad de demandas por abuso sexual (aliviar limitaciones de plazos para presentar reclamaciones), los costos de responsabilidad civil se dispararon. Miles de demandas presentadas contra entidades públicas y privadas han llevado a aseguradoras a reevaluar el riesgo. Una aseguradora clave, la Nonprofits Insurance Alliance of California, que cubría aproximadamente el 90% de las más de 200 agencias del estado, dejó de renovar pólizas tras un veredicto de 25 millones de dólares en un caso concreto. Desde entonces, no ha aparecido un proveedor local que asumiera ese papel con tarifas razonables.

La factura en números

• Más de 24 agencias cerradas en 13 condados (Departamento de Servicios Sociales de California).
• La Nonprofits Insurance Alliance of California aseguraba cerca del 90% de más de 200 agencias antes de retirarse.
• Agencias que contrataron seguros fuera del estado han visto incrementos de entre 200% y 400% en sus coberturas de responsabilidad, con aumentos en prima que superan los 350,000 dólares anuales para algunas organizaciones.
• En respuesta, la Legislatura aprobó en su momento un fondo único de 31.5 millones de dólares, que ya se ha agotado; legisladores han solicitado un paquete adicional de 30 millones de dólares (Assemblymember James Ramos y Sen. María Elena Durazo).
• En California operan aproximadamente 300 agencias de este tipo, que atienden a cerca de 6,500 de los 45,000 niños y adolescentes en sistema de acogida del estado (California Alliance of Child & Family Services y County Welfare Directors Association of California).

Consecuencias inmediatas: interrupciones y desarraigo

Las agencias no solo colocan niños en hogares; también proporcionan seguimiento constante, formación a las familias, gestión de casos y apoyo en crisis. Cuando una agencia cierra, los efectos se sienten a nivel humano y operativo:

1. Traslado forzado: los menores pueden ser reubicados a otros condados o familias, rompiendo vínculos escolares, sociales y de tratamiento.
2. Pérdida de especialización: muchos niños con necesidades médicas o de salud mental (niños con sondas, discapacidades del desarrollo, dependencia neonatal a opiáceos, etc.) requieren hogares con personal y recursos formados para su atención; los condados con frecuencia no cuentan con esa capacidad inmediata.
3. Incremento del hacinamiento en los recursos públicos: si no hay hogares disponibles, los menores pueden acabar en hoteles, hospitales o incluso oficinas administrativas, situaciones claramente inadecuadas para su desarrollo.

“It would be an absolute crisis if the foster family agencies closed,” advirtió Diana Boyer, directora de investigación y políticas de la County Welfare Directors Association of California (traducción propia). (Fuente: CalMatters/Cobertura original publicada por The Associated Press)

Voces desde el terreno: historias que explican la magnitud

Sara y Tony Iagmin, por ejemplo, han acogido 45 niños desde 2013 a través de Angels, una agencia con sede en San Diego que recientemente cerró. Para ellos, los trabajadores de la agencia representaban un soporte constante: “We knew who to turn to and how to get support for everything that came up”, relataron sobre las case managers que los apoyaban semanalmente (CalMatters). Sin esa red, muchas familias de acogida noveles pueden sentirse abandonadas y dejar el sistema, reduciendo aún más la capacidad de colocación.

En Placer County, Sarah y Michael Prince encontraron en Koinonia Family Services no solo formación, sino una comunidad que les permitió adoptar cuatro de los 13 niños que acogieron. “I couldn’t have done it without a foster family agency”, dijo Sarah Prince (CalMatters). Ese tipo de testimonios ilustran que las agencias actúan como un “amortiguador” que reduce riesgos y estabiliza las colocaciones.

Implicaciones financieras y de política pública

Los aumentos de primas —reportados en algunos casos en más del 200%— han forzado a agencias a rescindir licencias en ciudades concretas o a transferir operaciones a oficinas en otras jurisdicciones. Laura Richardson, gerente de Koinonia, señaló un aumento del 242% en su seguro: de 272,000 a 933,000 dólares anuales. Ese salto financiero no es sostenible sin intervención pública o reformas regulatorias que mitiguen el costo del riesgo compartido.

La asignación temporal de 31.5 millones aprobada por la Legislatura fue un parche útil, pero insuficiente para resolver una falla estructural. Legisladores como James Ramos y María Elena Durazo han pedido otros 30 millones, pero los defensores sostienen que lo que se necesita es una solución de largo plazo: un mercado de seguros más estable, mecanismos de reaseguro estatales o reformas legales que equilibren la responsabilidad con la viabilidad operativa de las agencias sin sacrificar la rendición de cuentas.

¿Qué soluciones son posibles?

• Intervención estatal en el mercado de seguros: un programa de reaseguro o un pool estatal que asuma parte del riesgo podría estabilizar las primas mientras se negocian cambios en las prácticas de aseguramiento.
• Incentivos y subsidios a mediano plazo: fondos puente para que las agencias mantengan operaciones mientras se establece una solución permanente.
• Reformas legales equilibradas: ajustar marcos de responsabilidad para proteger a las víctimas y, al mismo tiempo, evitar que indemnizaciones desproporcionadas derrumben proveedores esenciales.
• Fomento de la competencia aseguradora: trabajo conjunto con reguladores para atraer aseguradoras fuera del mercado tradicional e incentivar ofertas específicas para agencias sin ánimo de lucro.
• Fortalecer la supervisión y capacitación preventiva: invertir en prácticas que reduzcan el riesgo de incidentes (formación, protocolos, evaluación continua) y que, a la larga, disminuyan la incidencia de reclamaciones.

“This is the state’s responsibility and really, therefore, all of our collective responsibility to make sure these really vulnerable kids and youth have what they need to thrive,” dijo Pete Weldy, CEO de la California Alliance of Child & Family Services (CalMatters). Esa frase resume la urgencia: si el mercado falla, el Estado debe intervenir porque la protección de menores no puede quedar a la deriva de vaivenes del seguro privado.

Lo que está en juego: más que números

Más allá de los balances y las pólizas, lo que está en juego son vidas infantiles: estabilidad emocional, continuidad educativa, acceso a cuidados médicos adecuados y la posibilidad de formar vínculos duraderos. La evidencia sobre el impacto del desarraigo en menores vulnerables es contundente: cambios frecuentes de hogar y escuela se asocian a peores desenlaces escolares, mayor riesgo de problemas de salud mental y una mayor probabilidad de entrar en situación de calle en la adolescencia y adultez temprana.

Los testimonios de trabajadores sociales, directivos de agencias y familias de acogida convergen en un punto: sin una respuesta coordinada entre el Estado, los condados y el sector asegurador, el sistema de protección infantil de California corre el riesgo de fragmentarse. Recuperar la solidez del sistema exigirá decisiones políticas difíciles y —sobre todo— la voluntad colectiva de priorizar a los niños más expuestos.

Mientras tanto, cada cierre de agencia es una señal de alarma: menos recursos para ubicaciones especializadas, menos apoyo para familias que cuidan y, sobre todo, más niños en la cuerda floja.