El testimonio de Martine Moïse y la larga sombra del asesinato de Jovenel Moïse

El 7 de julio de 2021 cambió para siempre la historia reciente de Haití: el presidente electo Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida. Casi tres años después, el drama que comenzó en una madrugada de violencia continúa desarrollándose en salas de justicia fuera del país. El testimonio de Martine en un juicio federal en Miami —donde cuatro hombres están acusados de conspiración por el asesinato— trae de nuevo al primer plano preguntas sobre responsabilidades, fallos institucionales y la crisis crónica que atraviesa la isla.

Una madrugada que desnudó la fragilidad del Estado

Según el relato presentado en el juicio, Martine Moïse se despertó alrededor de las 1:00 a.m. por los disparos y, al volverse hacia su marido, escuchó una frase cargada de desesperanza que se ha repetido en varias crónicas del caso: “Cariño, estamos muertos”. (Varios reportes internacionales registraron la frase en el testimonio.) La invasión de lo que se ha descrito como un grupo de mercenarios —en su mayoría exmilitares colombianos según las investigaciones— derivó en la muerte del presidente y en heridas graves a Martine, que la obligaron a trasladarse a Miami para recibir atención quirúrgica.

Más allá del hecho puntual del homicidio, lo que reveló el testimonio fue la sensación de traición institucional: Martine esperaba encontrar a los agentes de seguridad muertos junto a la residencia, pero descubrió que “no había nadie”. En su relato, más tarde supo que algunos de los guardias habrían sido pagados para dejar sus puestos, un indicio que alimenta la hipótesis de que al menos parte del ataque fue planificado desde dentro o con colaboradores locales que facilitaron el acceso a la casa presidencial.

El juicio en Miami: imputaciones, defensas y la búsqueda de responsabilidades

En el tribunal federal de Miami se juzga a cuatro hombres —Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages— acusados de conspirar en Florida para secuestrar o asesinar a Moïse. La acusación sostiene que el sur de la Florida fue un centro logístico y financiero para coordinar el plan que desembocó en el asesinato. Todos ellos se declaran inocentes y enfrentan potenciales penas de cadena perpetua si son hallados culpables.

La defensa, por su parte, ha planteado una narrativa alternativa: sus clientes fueron manipulados y usados como chivos expiatorios por actores políticos haitianos interesados en un golpe interno. En el centro de esas defensas aparece el nombre de Joseph Félix Badio, un exfuncionario haitiano arrestado en 2023, a quien los abogados de la defensa señalan como el cerebro detrás de un aparente plan para convertir un operativo de detención en un asesinato.

Adicionalmente, cinco personas ya se han declarado culpables en procesos estadounidenses y cumplen sentencias de por vida; otra figura fue condenada a nueve años por proveer equipo a los atacantes. En Haití, además, hay acusados que incluyen militares colombianos y funcionarios locales, lo que hace del caso un rompecabezas multipartito que enlaza jurisdicciones, actores estatales y no estatales.

¿Por qué el juicio se celebra en Miami?

Varias piezas de la investigación apuntan a que actividades clave del complot —financiación, comunicaciones y logística— pasaron por el sur de la Florida. Por eso fiscales federales estadounidenses sostienen la competencia del tribunal. Celebrar partes del proceso en Estados Unidos también pone en evidencia cómo la diáspora, las redes de seguridad privadas y las empresas con sede en la región se entrecruzaron con la política haitiana.

Impacto en Haití: violencia, vacío de poder y la crisis de seguridad

El asesinato de Moïse no fue un hecho aislado en términos de sus consecuencias. Desde esa madrugada, Haití ha experimentado un aumento notable en la violencia de pandillas que controlan amplias zonas urbanas, especialmente en la capital. Observadores internacionales y organismos de derechos humanos han descrito un deterioro de la seguridad que afecta servicios básicos, movilidad y la capacidad del Estado para administrar justicia. La judicialización del caso en tribunales extranjeros no soluciona por sí sola el vacío institucional que persiste en Haití.

Las investigaciones se han visto además permeadas por limitaciones en el aparato judicial haitiano: amenazas a testigos, filtraciones, y una justicia frágil que, según críticos, ha entorpecido el esclarecimiento total de los hechos. El resultado es una sensación generalizada de impunidad: aunque algunos implicados estén ya condenados o sometidos a juicio, las preguntas sobre quién ordenó el asesinato y por qué siguen abiertas.

Memoria, política y seguridad personal

Martine Moïse, en su testimonio, expresó que no puede volver a Haití por su seguridad y que intenta cooperar de forma remota. Su vida tras los disparos ha estado marcada por secuelas físicas (ella ha declarado que su brazo derecho quedó afectado y que todavía padece dolores) y por una lucha por mantener la memoria de su esposo. La figura de Jovenel, polarizante dentro de Haití, aparece para algunos como un presidente cuya gestión fue cuestionada; para otros, como una víctima más dentro de una compleja lucha por el poder que mezcla intereses locales e internacionales.

El papel de los actores extranjeros y las redes de apoyo

Una de las claves del caso es la presencia de exmilitares colombianos y la manera en que fueron contratados o movilizados. Colombia ha sido citada en muchas investigaciones por la procedencia de varios de los mercenarios. La participación de intermediarios, empresas de seguridad privadas y servicios de consultoría en la región subraya un mercado transnacional de seguridad que, en casos extremos, se convierte en un actor de desestabilización política.

Lecciones y preguntas que quedan abiertas

• Fortalecimiento institucional: El caso evidencia la urgente necesidad de reforzar las instituciones de seguridad y justicia en Haití para evitar que actores armados y redes criminales suplanten funciones estatales.
• Cooperación internacional: Tanto la investigación como el proceso judicial han cruzado fronteras; la coordinación entre países es imprescindible, pero debe equilibrarse con el respeto a la soberanía y a la transparencia.
• Protección de testigos y víctimas: Las declaraciones de supervivientes como Martine Moïse muestran la vulnerabilidad de quienes quedan al centro del caso. Garantizar su seguridad es una obligación para cualquier sistema judicial legítimo.

Mientras el juicio en Miami avanza y se prolongan las audiencias, la atención pública y mediática vuelve a posar su mirada sobre Haití. El país, golpeado por años de inestabilidad, necesita algo más que veredictos para sanar: requiere reformas profundas, reparación para las víctimas y, sobre todo, seguridad real para sus ciudadanos. El testimonio de Martine Moïse es una crónica directa del horror de aquella noche, pero también un recordatorio de la deuda que la comunidad internacional y los propios actores haitianos mantienen con la verdad y la justicia.

Fuentes consultadas para hechos y cronología: reportes internacionales sobre el asesinato de Jovenel Moïse y el proceso judicial en Estados Unidos, incluidas agencias de noticias y comunicados judiciales relevantes.